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Sentencia AC-1013-20 — Registro 15709

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación, que falla estimando la excepción de prescripción de la acción, promovida por la parte demandada; ello con relación a la demanda de procedimiento abreviado para el pago de indemnización de daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, además el daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos a la legalidad, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual forma parte integrante del derecho al debido proceso y el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantados, entendiendo éste último como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a los artículos 627.1 del Código Procesal Civil, asimismo en el Artículo 1706 del Código de Comercio. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a los preceptos de la ley sustantiva y adjetiva que se dejan previamente relacionados, el Ad-quem ha procedido a emitir la sentencia que se impugna, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración al derecho al debido proceso y principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, que en nuestra Constitución se encuentra explícitamente reconocido en el artículo 80, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[5], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR a favor de los Señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que falla estimando la Excepción de Prescripción de la acción, promovida por la parte demandada; ello con relación a la demanda de procedimiento abreviado para el pago de indemnización de daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, además el daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida, promovida por el abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de apoderado legal de los señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la EMPRESA DE TRANSPORTE LILA, a través de su representante legal señor Rene Martínez Fiallos y solidariamente contra Irene Fiallos Martínez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos a la legalidad, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR actuando como Apoderado Legal de los Señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA Y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, interponiendo demanda vía proceso declarativo ordinario para el pago de indemnización de daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, además del daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida, acción que se promueve contra la empresa Transportes “Lila” a través de su representante legal Rene Martínez Fiallos y solidariamente contra Irene Fiallos Martínez. (Folios del 01-12 del Tomo I de la Pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que mediante auto de fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1).- Se tienen por subsanados los extremos de la presente demanda, misma que se adecua al proceso Abreviado por ser lo que corresponde como consecuencia de un accidente de transito y no ordinaria como inicialmente se promovió, por consiguiente ADMÍTASE a trámite la “Demanda vía proceso Abreviado para el pago de indemnización de daños y perjuicios…”, junto con los documentos que se acompaña, los cuales se manda a agregar a sus antecedentes; 2).- Por medio del señor Receptor del Despacho cítese en legal y debida forma al señor RENE MARTINEZ FIALLOS en su condición de Propietario, Gerente y Representante Legal de la EMPRESA DE TRANSPORTES LILA, y subsidiariamente contra la señora IRENE FIALLOS MARTINEZ;…” (Folio 139fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que seguido el trámite correspondiente, el referido Juzgado, dictó sentencia definitiva en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Se estima la Excepción de Prescripción de la acción interpuesta por el Abogado FELIX ANTONIO IRIAS RODEZNO, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada al contestar la demanda por haber transcurrido el plazo de ley para interponer la demanda; en consecuencia, SE DESESTIMA la demanda vía proceso abreviado para el Pago de daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, el daño psicológico, daño moral, daño al proyecto de vida, promovida por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de Apoderado Legal de los Señores VIRGILIA PASTRANA AVILA, FILADELFO GARCIA VASQUEZ y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE LILA, S. DE R.L. a través del Gerente General Señor RENE MARTINEZ FIALLOS, también demandado de forma subsidiaria.- SEGUNDO: SE ABSUELVE a la Parte Demandada de la acción deducida en su contra por la Parte Demandante.- TERCERO: SIN COSTAS, abonando cada parte las costas causadas a su instancia.- CUARTO: Contra la presente sentencia cabe Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada en el plazo de ley, debiendo para tal efecto la Secretaria del Despacho proceder a la notificación y archivo en la Secretaria de la resolución, como dispone el art. 202 del CPC y extienda certificación integra a las partes en juicio…” (Folios del 319-324fv del Tomo II de la Pieza de antecedentes del A-Quo). 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, actuando como Apoderado Legal de los señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la sentencia definitiva relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de representante procesal Filadelfo García Vásquez, Virgilia Pastrana Ávila y Gustavo Adolfo Calix Medina. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia dictada el diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: Con costas en segunda instancia, a la parte apelante…” (Folios del 23-28fv de la Pieza de antecedentes del Ad-Quem) 5) Que el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho de legalidad, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; teniendo este Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021). (Folios del 01-07 y 42 de los autos) 6) Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, en virtud de no constar la violación a los derechos constitucionales alegados por el demandante, de acuerdo a las motivaciones que preceden”; argumenta la Fiscal del Despacho que del examen de la foliada de mérito y del estudio de la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, esa representación fiscal estima que el Ad-quem fundamentó su resolución de conformidad con las disposiciones contenidas en el Libro VI del Código de Comercio, que contiene los presupuestos que regulan la prescripción y caducidad de las acciones mercantiles, la cual está sujeta a términos distintos que los fijados en materia civil, para ello el artículo 1706 señala que prescribirán en un (1) año las acciones concernientes al contrato de transporte, entre otras; entendiéndose como tal, aquel por medio del cual, el porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio de un precio. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del Contrato de Transporte, el artículo 1070 del Código de Comercio establece que dicho contrato será mercantil cuando se preste por empresas dedicadas a ofrecer al público ese servicio; en armonía con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Comercio que define como actos de comercio los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa; distinguiendo aquellos actos que sean de naturaleza esencialmente civil, de los llamados actos mercantiles, que se caracterizan por ser realizados en masa que, al realizarse en serie, requieren de un derecho especial, como lo es el Derecho mercantil. (Folios del 46–49 y 51 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de representante procesal de los señores Filadelfo García Vasquez, Virgilia Pastrana Ávila y Gustavo Adolfo Calix Medina, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dicinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que resuelve estimando la Excepción de Prescripción de la Acción, interpuesta por el apoderado legal de la Parte Demandada, en relación a la demanda de procedimiento abreviado para el pago de indemnización de daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, además el daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida, promovida por el abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de apoderado legal de los señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la EMPRESA DE TRANSPORTE LILA, a través de su representante legal señor Rene Martínez Fiallos y solidariamente contra Irene Fiallos Martínez. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del año dos mil veinte, argumentando que la sentencia por la cual se recurre en Amparo, viola el derecho de legalidad, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Sostiene el impetrante que en el presente caso el Ad Quem en su considerando sexto de su sentencia, implícitamente se adhiere de manera errónea al criterio del A Quo, afirmando que el artículo 1706 del Código de Comercio que señala el plazo de prescripción en un contrato de transporte y con ello consecuentemente confirma la prescripción de la sentencia del A-quo, disposición legal que no tiene relación alguna con la acción invocada o interpuesta por los demandantes, pues no aparece en ninguna de las pretensiones de la misma, el reclamo de un incumplimiento de contrato de transporte o nulidad del mismo, sino que a daños y perjuicios que comprenden los conceptos de daño emergente, lucro cesante, además el daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida, derivados de un accidente de transito y que ocasionaron profundos daños físicos a la persona natural de los demandantes, como fue probado en juicio. Por lo tanto, de tratarse de estos conceptos, sus acciones prescriben en el plazo ordinario, es decir de 10 años, violentando al utilizar otra norma que no es aplicable al caso que nos ocupa. CONSIDERANDO (4): Que, continuando con sus alegaciones, el impetrante aduce que el Ad-quem hizo apreciación errónea de normas que no son vinculantes al caso en concreto que se dirimen en los órganos jurisdiccionales como de alzada, puesto que es distinto las obligaciones que se derivan de un incumplimiento de contrato de transporte de personas, a las obligaciones que se derivan por culpa o negligencia por un accidente de tránsito, puesto que esta obligación de manera procesal esta contenida expresamente en el artículo 400 literal h)[2] del Código de Procedimientos Civiles[3], que se refiere a pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, en relación con el artículo 627 numeral 1[4] de ese mismo ordenamiento legal; y sin embrago en relación a la parte demandada se sustanció como si se tratara de una demanda por incumplimiento de transporte terrestre, contaminando de manera inequívoca el proceso y que conllevó a sustanciar una excepción de prescripción que no debió ser admitida, puesto que se relacionaba con una circunstancia o pretensión que no era parte del proceso u hechos controvertidos. Asimismo, el amparista sostiene que deben aplicarse las normas contenidas en los artículos 1346, 1360 y 2292 y demás aplicables del Código Civil, en cuanto a la prescripción y no el artículo 1706 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”; artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, lo que implica el derecho a defenderse. En ese orden de ideas el artículo 3 del CPC establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, que en nuestra Constitución se encuentra explícitamente reconocido en el artículo 80, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[5], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de –libre acceso a los tribunales- que toda persona tiene –para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes-. Ese libre acceso a los tribunales para que sea efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccional cautelar.[6] CONSIDERANDO (9): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[7]. CONSIDERANDO (10): Que el impetrante en los argumentos planteados en relación a la vulneración de derechos constitucionales, enfoca los mismos en advertir a este Alto Tribunal que la sentencia de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán y que confirma la Sentencia dictada a su vez por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), interpreta de forma errónea referida, artículo 1706 del Código de Comercio que señala el plazo de prescripción del contrato de transporte, por cuanto se esta aplicando a hechos distintos a la pretensión y a los motivos que originan la obligación, porque el motivo que origina la obligación es un accidente de tránsito que se traduce en culpa o negligencia, siendo las normas aplicables a este caso las obligaciones que se encuentran en el Título de las Obligaciones y Contratos del Código Civil, especialmente los artículos 1346[8], 1360[9] y 2292[10] y demás aplicables. CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes que forman la pieza de antecedentes de primera instancia, se advierte que el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, apoderado legal de los señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, quien es el recurrente en Amparo, presentó demanda para el pago de indemnización de daños y perjuicios, que comprenden los conceptos de daño emergente y lucro cesante, además daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida, contra la Empresa de Transportes “Lila”, a través de su representante legal Rene Martínez Fiallos, por ser el que aparece como responsable de explotación del rubro y subsidiariamente contra Irene Fiallos Martínez, por ser la que aparece como propietaria de la unidad de transporte que causo los daños. Seguido que fue el trámite se interpusieron defectos procesales, como ser falta de personalidad del demandado, el cual fue subsanado por la parte demandante, resolviendo el A-quo mediante providencia de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis en los términos siguientes: “PRIMERO: Tiene por subsanada en tiempo y forma la pretensión que antecede, en consecuencia continúese con el trámite respectivo para las presentes diligencias, mismas que fueron promovidas por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, contra la empresa TRANSPORTE LILA S. DE R. L. y como demandado subsidiario y propietario, gerente y representante de la empresa aludida al señor RENE MARTINEZ FIALLOS…” (Folios del 201-203fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) CONSIDERANDO (12): Que la resolución recurrida se fundamenta inter alia, en los siguientes fundamentos de derecho: “…. SEPTIMO: El tercer agravio no es de recibo. La causa tramitada en expediente de merito no se trata del incumplimiento a contrato de transporte, si no de un daño y perjuicio, daño psicológico, daño moral y daño al proyecto de vida de los demandantes, derivado de un contrato de transporte y las empresas de transporte responden por disposición legal por los accidentes y daños que sufran las personas transportadas. En efecto, en aplicación del artículo 627 del Código Procesal Civil, la pretensión de los demandantes procesalmente se tramita bajo la materia o especialidad de las pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, lo cual no es un hecho controvertido, pues en efecto el accidente vehicular ocurrió, pero al ser una empresa de transporte, el acto se regirá por las disposiciones del código de comercio (artículo 5 código de comercio). La parte demandada en efecto planteó la excepción de prescripción y consta en autos que la misma se debatió en juicio. OCTAVO: La juez no ha disminuidos, restringido o tergiversado el derecho de las demandantes, pues lo que realizó es aplicar la ley al caso concreto, y de los hechos se constató que existió entre las partes un contrato de transporte de personas, debiendo haber instado su pretensión en el plazo de un año. No se ha aplicado norma sustantiva distinta al caso concreto. El hecho es que el Abogado Ocampo Zaldívar pretende que los demandados y el órgano jurisdiccional no vean que su pretensión derivada de un contrato de transporte de personas, para así acogerse a los plazos de prescripción del Código Civil. Lo cierto es, que en efecto entre las partes existió un contrato de transporte de personas y el accidente vehicular se dio durante su vigencia, pues si los demandantes no hubieran comprado boleto y tuvieran recibo de éste, no hubieras abordado el autobús que durante su ruta tuvo el accidente. La compra del boleto dio vida al contrato de transporte y la pretensión de la parte demandante no puede desvincularse de él, mucho menos bajo el argumento que la norma adjetiva regula la forma de tramitar su pretensión y bajo este argumento pretender la inaplicabilidad de la norma sustantiva, pretendiendo que, al no sustentar la acción en el contrato de transporte, ésta no puede ser alegada por la parte demandada, pretensión errada del recurrente…” CONSIDERANDO (13): Que el Título Preliminar del Código de Comercio, desarrolla las disposiciones generales en relación a esta materia, específicamente el artículo 1 de la norma en comento comienza definiendo que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de ese Código y de las demás leyes mercantiles; en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles; y a falta de éstos, por las normas del Código Civil, concluye el referido precepto. Seguidamente el artículo 3 refiere que son actos de comercio, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa, y los que sean análogos. Siguiendo esta idea el Tribunal Ad-quem confirma la sentencia dictada por el A-quo, que estima la excepción de prescripción de la acción con fundamento en el artículo 1706 del Código de Comercio que a la letra dice: “Prescribirán en un (1) año las siguientes acciones: la de nulidad de las asambleas sociales; las de enriquecimiento indebido con motivo del giro de títulos-valores; las derivadas del cheque de viajero; las de reclamación por vicios de las cosas vendidas; las concernientes al contrato de transporte y las de reclamación de responsabilidad a los administradores, comisarios e interventores de las sociedades”. CONSIDERANDO (14): Que, en orden lógico y coherente, siguiendo las disposiciones contenidas en la ley sustantiva, el artículo 1070 del Código de Comercio define que por contrato de transporte el porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio de un precio. Este contrato será mercantil cuando se preste por empresas dedicadas a ofrecer al público ese servicio. Como bien lo expresa la sentencia recurrida en Amparo, entre las partes existió un contrato de transporte de personas y el accidente vehicular se produjo durante su vigencia, aunado a ello y de los antecedentes esta Sala advierte que la demanda se dirigió contra la Empresa de Transportes “Lila”, elemento que cobra mayor fuerza en cuanto al fundamento que sirvió al Ad-quem para confirmar la sentencia del A-quo, que estima la prescripción de la acción en atención al artículo 1706 del Código de Comercio, pues si bien es cierto como indica el recurrente en Amparo, la pretensión era el pago de indemnización de daños y perjuicios, esta obligación corresponde al porteador, quien responderá de los daños que sufran las personas transportadas, y de las pérdidas o averías de sus equipajes, según lo indica el artículo 1075 del Código de Comercio; en ese orden de ideas el procedimiento a seguir es el establecido en el artículo 627.1 del Código Procesal Civil, para resolver sobre la reclamación de daños y perjuicios con ocasión de la circulación de vehículos automotores, debiendo observarse las disposiciones de la ley sustantiva -Código de Comercio- como bien lo indica el Tribunal recurrido, por tratarse de una empresa que se dedica al transporte de personas en masa, según lo expone la Fiscal del Despacho, en el Dictamen emitido. CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual forma parte integrante del derecho al debido proceso y el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantados, entendiendo éste último como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a los artículos 627.1 del Código Procesal Civil, asimismo en el Artículo 1706 del Código de Comercio. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a los preceptos de la ley sustantiva y adjetiva que se dejan previamente relacionados, el Ad-quem ha procedido a emitir la sentencia que se impugna, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración al derecho al debido proceso y principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 627.1 del Código Procesal Civil; 1, 3, 1070, 1071, 1075 y 1706 del Código de Comercio; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, a favor de los Señores FILADELFO GARCIA VASQUEZ, VIRGILIA PASTRANA AVILA y GUSTAVO ADOLFO CALIX MEDINA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha CATORCE (14) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1013-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] Artículo 400. “ÁMBITO DEL PROCESO ABREVIADO. 1. Se decidirán por los tramites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pueden ocurrir entre comuneros conforme al código civil, pago por consignación, derechos de servidumbre y las relativas a las siguientes materias: … h) Pretensiones derivadas de accidentes de tránsito…”

[3] Entiéndase Código Procesal Civil, en adelante CPC.

[4] Artículo 627. “OBJETO. 1. A través del proceso abreviado se conocerán las demandas que se funden en reclamación de daños y perjuicios personales y materiales civiles producidos con ocasión de la circulación de vehículos automotores…”

[5] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[6] L. Alfredo De Diego Díez, Teoría general de los recursos, OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 15.

[7] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.

[8] “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier genero de culpa o negligencia.”

[9] “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

[10] “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial, prescriben a los diez años.”