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Sentencia AC-1009-20 — Registro 14590

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó fallo recurrido dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar demanda de partición judicial de bien inmueble promovida por recurrente contra Ramón Arturo Erazo Fuentes; Además, declaró sin lugar excepción de litispendencia interpuesta por demandada y condenó en costas a demandante por principio de vencimiento; El Tribunal de Apelaciones consideró que la parte actora debió acompañar dictamen pericial privado que acredite la existencia del inmueble objeto de partición, ya que se valió únicamente de prueba documental pública consistente en certificación de traspaso de derechos hereditarios a favor de demandantes y el interrogatorio de parte; Afirma dicho Tribunal que el el juez partidor dejó de tener existencia jurídica y argumenta que el perito debe realizar el dictamen sobre la partición y sobre el valor del inmueble, además efectuar la partición observando las reglas reguladoras de la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"según lo expresado por el amparista lo que éste pretende es que la Sala de lo Constitucional disponga la suficiencia de la prueba documental consistente en el tracto sucesivo de la propiedad; sin embargo, es imperativo señalar que no le corresponde a este alto tribunal de justicia hacer valoración probatoria alguna...el alegato basado en la suficiencia de la prueba documental aportada y la violación supuesta del principio de tracto sucesivo no es de recibo en el ámbito constitucional...este alto tribunal de justicia tampoco hace pronunciamiento alguno con relación a la presunta violación del derecho de propiedad en razón de un supuesto desconocimiento del principio de fe pública registral, en virtud de que el censor se limita a señalar la utilidad de dicho principio y el exhaustivo estudio realizado por el Instituto Nacional Agrario al momento de otorgar a favor del causante el título definitivo de propiedad en dominio pleno.-Este alto tribunal de justicia ya ha señalado con anterioridad que demostrar y convencer la violación que se denuncia es una carga procesal insoslayable para el amparista; y, en este caso consta en el escrito de formalización que el impetrante se ha limitado nada más a enunciar principios, pero sin brindar argumentos que expliquen y demuestren la presunta violación del derecho de propiedad...La Sala de lo Constitucional estima que no es de recibo la presunta violación del derecho de petición, en virtud de que el censor no hizo ningún alegato que justificara dicha aseveración. Como ya se expresó antes, corresponde a quien alega una violación de derecho constitucional, justificarla y demostrarla...consta en autos que el peticionario ha obtenido respuesta a sus pretensiones, en ese sentido, el hecho concreto de que dichas respuestas de autoridad no le hayan sido favorables, no pueden considerarse por sí mismas, una violación al derecho de petición. Razón por la cual no es de recibo el motivo de amparo alegado...Para la Sala de lo Constitucional, como ya se expresó antes, el tema de valoración probatoria es en principio una cuestión de instancia; sin embargo, en el presente caso, el reproche a los órganos de instancia, no radica realmente en la valoración probatoria, sino especialmente en que el juez a quo como director del proceso debió tomar en cuenta algunas normas que habrían permitido reconducir la prueba a satisfacer las necesidades del proceso y especialmente, el acceso a la justicia para las partes litiantes.- Con respecto a lo anterior, este alto tribunal reitera que la carga de la prueba corresponde en primer término al actor y en este caso particular, la parte demandante acredita que existe un inmueble inscrito del cual se han ido vendiendo partes, quedando un remanente; y que en virtud de derechos hereditarios inscritos a su favor y de sus hermanos, dicho remanente se encuentra indiviso, por cuanto pide su partición judicial.- Dichos hechos fueron acreditados mediante fotocopias de documentos públicos cuyo contenido no fueron objeto de disputa o controversia. - Sin embargo, la parte demandada introduce al debate un hecho que debe acreditarse, el señalamiento concreto de que, si bien el remanente existe en dichos documentos, no existe en la realidad; por lo que, no hay ciertamente un objeto de partición o de demanda.-De lo anterior se puede deducir que, el juez a quo no podía ordenar como requisito de admisión la acreditación física del remanente, en virtud de que, en dicho momento procesal, desconocía que el elemento del debate sería la existencia o inexistencia del remanente. Es decir, el objeto del debate se conoció después de la etapa de admisión de la demanda...la importancia de individualizar el inmueble o sea acreditar su existencia real, con sus colindancias, límites y dimensiones exactas, nace a raíz del alegato de la parte demandada, quien hizo ver en la audiencia de juicio o proceso abreviado, que lo dispuesto en los documentos presentados por la parte actora, no eran fiel reflejo o testimonio de la realidad, lo cual descarta también la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 287.2 del Código procesal civil...Obviamente, la parte actora estaba en la imposibilidad de saber previo a la audiencia que la parte demandada cuestionaría la existencia real del remanente...pero eso habría sido asumir demasiado por parte del juez, quien sólo debe tomar en cuenta para su decisión lo que le consta, partiendo de los alegatos y las pruebas aportadas en el juicio...este alto tribunal de justicia observa que, no existía ninguna obligación por parte del juez a quo de dictar una resolución que supeditara la admisión de la demanda a la previa acreditación detallada y concreta del inmueble remanente (individualizada mediante pericia), por lo que no es de recibo el alegato de marras del amparista...el amparista, quien reprocha de la autoridad judicial el que haya exigido de forma obligatoria, y además arbitraria e innecesaria, una prueba determinada (pericia), para dilucidar y declarar la existencia del objeto litigioso, o un derecho o interés legítimo.-Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que, de acuerdo con el acta de la audiencia de procedimiento abreviado se discutió la existencia en físico del inmueble. Por una parte, los demandantes insisten en que existe un remanente de terreno después de sucesivos desmembramientos que fueron vendidos en fechas anteriores, inclusive por el causante cuando estaba con vida; y, por otra parte, el demandado insiste en que dicho remanente, aunque aparece documentalmente acreditado, en realidad no existe físicamente y que en todo caso debe acreditarse en el terreno. -De lo anterior, se desprende que el juez a quo al momento de dictar sentencia, simplemente hace la valoración de la prueba aportada por las partes en el proceso y al final determina que no existe certeza de la existencia de dicho remanente, por lo que le concede la razón a la parte demandada.- Hasta aquí, lo que la Sala observa es que los órganos jurisdiccionales, nada más hicieron lo que les corresponde, valorar la prueba evacuada en juicio y dictar sentencia conforme al grado de convencimiento que dichas pruebas le permitieron, por ende, no existe violación de los derechos invocados por la parte garantista...este alto tribunal de justicia procede a referirse a lo expresado por el peticionario de amparo, en cuanto a que, según éste, ya no existe ninguna posibilidad futura de proceder a la división del inmueble, condenando a los presuntos comuneros a la indivisión perpetua, quedando lo decidido bajo la autoridad incontrastable e imperativa de la cosa juzgada. - Al respecto, la Sala de lo Constitucional, partiendo del derecho de tutela judicial efectiva, estima que el alegato del amparista mediante el cual denuncia que la decisión de la corte de apelaciones condena a su poderdante a continuar de forma permanente con el inmueble indiviso, se aparta totalmente de lo que dispone el artículo 1225 del Código civil, el cual de manera clara y contundente no permite que la sentencia de la corte de apelaciones cierre de manera definitiva la posibilidad de una partición futura...Por lo que para este alto tribunal de justicia la sentencia que se conoce en amparo no cierra la posibilidad de una partición futura, siendo una excepción a lo estipulado en el artículo 210 del Código procesal civil en relación con la cosa juzgada material.-Finalmente, este alto tribunal de justicia, estima que la decisión de los órganos jurisdiccionales en el caso particular de la presente partición judicial, es correcta, en razón de que es totalmente imprescindible que dicho inmueble esté bien acotado e individualizado, porque en materia de derechos reales el bien litigioso debe estar bien individualizado para dar a cada quien lo suyo sin afectación de terceros.-En virtud de todo lo cual es procedente denegar la garantía constitucional de mérito.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL .-Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado KEVIN MANUEL MEDINA SALGADO a favor de los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ todos de apellidos ERAZO CÁCERES, contra la sentencia definitiva de fecha siete de agosto de dos mil veinte dictada por la honorable Corte de apelaciones de la sección judicial del departamento de Copán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de letras seccional del departamento de Copán, con relación a la demanda de partición judicial de un bien inmueble promovida mediante proceso abreviado por los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ todos de apellidos ERAZO CÁCERES, contra el señor RAMÓN ARTURO ERAZO FUENTES. Estima el amparista que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 64, 80, 82 90 y 103 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ todos de apellidos ERAZO CÁCERES, actuando en su condición de personal, comparecieron ante el Juzgado de letras seccional del departamento de Copán, interponiendo demanda de partición judicial de un bien inmueble por la vía del proceso abreviado, contra el señor RAMÓN ARTURO ERAZO FUENTES.- 2. El Juzgado de letras seccional del departamento de Copán, dictó sentencia en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual falla: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, LA DEMANDA DE PARTICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, promovida por los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ, todos de apellidos ERAZO CÁCERES; contra el señor RAMÓN ARTURO ERAZO FUENTES. SEGUNDO: Declarar sin lugar la excepción de litispendencia interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandada. TERCERO: En base al principio de vencimiento se condena en costas a la parte demandante.” (Folios 68 al 71 de la primera pieza de los antecedentes).-3. La honorable Corte de apelaciones de la sección judicial del departamento de Copán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada GRECIA NICOL CASTELLANOS VILLEDA, dictó sentencia el siete de agosto de dos mil veinte, mediante la cual falla: “PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación planteado por la abogada GRECIA NICOL CASTELLANOS VILLEDA, en su condición de representante procesal de JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ, de apellidos ERAZO CÁCERES; SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de letras seccional de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve. TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS en esta instancia a la parte demandada en base al principio de vencimiento establecido en el artículo 221 del Código procesal civil. (Folios 4 y 7 de la segunda pieza de los antecedentes).-4. El abogado KEVIN MANUEL MEDINA SALGADO en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte comparece ante este alto tribunal de justicia interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ, todos de apellidos ERAZO CÁCERES, contra la sentencia de fecha, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el amparo en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. (Folios 1–12 y 36 de la presente garantía constitucional de amparo).-5. En fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, actuando en su condición de fiscal del despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado.-ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo, dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 80, 82, 90 y 304 de la Constitución de la República. El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado en perjuicio de sus poderdantes, los derechos de propiedad privada, debido proceso, defensa, petición y tutela judicial efectiva.-Cita para ello, los artículos 7, 8, 10 11 y 23 de la Declaración universal de los derechos humanos; 8.1, 21, 24 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; 14.1 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; 15, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 80, 82, 90, 304, 316 párrafo segundo No. 1, 320, 321, 323, 324 y 325 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nos. 2 y 3, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64 y 65 de la Ley sobre justicia constitucional; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 85.1 115.2.2.3., 119, 124, 125.1, 129, 130, 135, 136, 137, 151. 1.2.3, 174, 211, 212, 213.2.3, 215, 229, 447, 690, 691, 692, 693 del Código Procesal Civil; 1, 3 Nos. 2 y 3, 9, 12, 40 No. 1 reformado, 129, 131, 137, 142 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Código modelo iberoamericano de ética judicial; 1 literal c, 2, literales a y f, 4 literales a, b, y c, 5 literal c y 9 del Código de ética de funcionarios y empleados judiciales; 37 del Estatuto del juez Iberoamericano; valores, principios aplicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de los Principios de Bangalore sobre conducta judicial y los que fueren aplicables.-El amparista denuncia que, en el acápite tercero de la fundamentación jurídica de la sentencia que impugna, la corte de apelaciones aseveró que la pretensión no tenía éxito desde el inicio, ya que no se acompañó una prueba pericial consistente en dictamen sobre partición del bien inmueble.-Al respecto el amparista argumenta que el juez de primera instancia tiene como atribución lo siguiente:“El juez en el proceso es considerado como un filtro al momento de admitir o inadmitir la demanda y en el caso de haber un error subsanable o insubsanable el juez mediante auto debe resolver y hacer saber a la parte pertinente lo que en derecho proceda y en este caso, si el dictamen pericial era un documento indispensable o idóneo para ejecutar el derecho que mis mandantes declararon, debía acompañarse a la demanda, es así que el juez al momento de admitirla tuvo que haber analizado estos aspectos y enviado a subsanar, cuestión que no sucedió y el proceso continuó.” .-Luego, el censor agrega que, su poderdante entendió que era innecesaria la presentación de prueba documental o pericial para acreditar el sustento de la demanda, en virtud de que el juez a quo admitió su demanda sin exigirle dicha prueba mediante mandamiento de subsanación (tal como lo establecen los artículos 425 y 426 del Código procesal civil). El hecho de no mandar a subsanar exigiendo dicha prueba significa que dicho juez consideró suficiente las pruebas aportadas en ese momento para resolver el asunto.-En ese sentido, para el censor es violatorio de ciertos derechos constitucionales el que la corte de apelaciones de manera oficiosa exija la presentación de la prueba consistente en un dictamen pericial privado que acredite la existencia del inmueble.-Agrega el censor que dicha prueba es infundada en virtud de que la existencia del inmueble se acreditó con prueba documental pública, como ser la certificación íntegra donde consta la cabida original del inmueble y la cabida actual del mismo, restándole las ventas realizadas y que constan en las notas marginales.-La exigencia de presentar un documento innecesario y que por ello se haya desestimado la demanda es violatorio de los derechos de debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva, por cuanto el Código civil y el Código procesal civil dictan que los documentos públicos son indubitados y obligan al juzgador a darle sólo valoración legal o tasada según el artículo 13 del Código procesal civil.-Por otro lado, el censor denuncia la violación del artículo 1234 del Código procesal civil, el cual en su segundo párrafo literalmente manda: “Si no se acordaren en el nombramiento, el juez a petición de cualquiera de ellos nombrará un partidor a su arbitrio, con tal que no sea consignatorio, ni de los propuestos por las partes.”.-Por lo que la corte de apelaciones expresó en su sentencia: “que el juez partidor dejó de tener existencia jurídica, por lo cual la parte actora debió acompañar el peritaje, …”.- Según el amparista, en virtud de lo arriba transcrito, la corte de apelaciones contradijo lo que dispone en el artículo 1234 del Código civil, el cual muy claramente establece que al designar al juez para que sea él quien de manera justa e imparcial nombre un tercero para que de forma equitativa haga efectiva la partición según los parámetros de los artículos 1225 al 1253.-En el presente caso, denuncia el amparista, que la no observancia de lo anterior ha hecho que se violente el derecho de defensa de sus poderdantes. Al respecto señala que, sus representados se hicieron valer de dos documentos públicos y del interrogatorio de parte. Los documentos públicos son: a) la certificación íntegra del asiento número 85 del tomo 1974, con el cual se acreditó el traspaso de derechos hereditarios a sus representados; y b) la certificación íntegra del asiento número 93 del tomo 46 con sus respectivas anotaciones marginales.-El censor detalla que, en esta última certificación se puede visualizar que se encuentran dos lotes, siendo el lote número 1 el objeto del proceso en que recae este caso y con el cual se acredita las propiedades del señor Salvador Erazo Pineda quien en este caso es el causante. Asimismo en las notas marginales que forman parte del asiento, se comprueban las ventas que el causante realizó en vida, enumeradas desde el numero 1 hasta la nota número 11; y, posteriormente se encuentra la nota marginal número 12, concerniente al traspaso de derechos hereditarios a favor del señor Arturo Erazo Fuentes de fecha 9 de noviembre de dos mil once y la nota marginal número 13 concerniente al traspaso de derechos hereditarios de sus representados, los hermanos Erazo Cáceres, en fecha seis de noviembre de dos mil quince (siendo esta la última).-El censor indica que:“con estas notas marginales se puede observar que el señor Erazo Pineda realizó ventas en vida y después de su muerte, el señor Arturo Erazo Fuentes (demandado) fue el primero en declararse heredero y traspasar los derechos hereditarios, posteriormente realizó dos ventas, las cuales están inscritas bajo el número 99 tomo 1688 documento aportado por la parte demandada (véase folio 41, 42 y 47 de la primera pieza), el cual trata sobre el traspaso de derechos hereditarios del señor Arturo Erazo Fuentes (demandado), documento inscrito en el Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones del departamento de Copán, hoy Instituto de la propiedad, dichas ventas ascendían siendo equivalentes a un total de 7.003 manzanas, situación que llevó a que mis representados incoaran un proceso de nulidad absoluta de dos instrumentos públicos, los cuales se conciliaron por la cantidad de trescientos mil lempiras, posteriormente presentando una renuncia a la pretensión presentada concerniente a la nulidad de los dos instrumentos públicos, sin embargo aun conciliando esas dos ventas, aun sobra un remanente, el cual se pretende partir, en resumen el traspaso de derechos hereditarios de mis representados en cuanto al auto girado por el Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas del departamento de Copán, hoy Instituto de la propiedad, (véase folio 14 de la primera pieza) claramente expresa en cuanto a la cantidad de extensión superficial de los inmuebles que se le traspasó a mis mandantes que literalmente dice: Traspasados los derechos hereditarios de los presentes inmuebles (el remanente del lote descrito en el numeral 1 veinticinco punto cero cinco de manzana... (la negrita y el subrayado es mío). Es así que al verificar el asiento de donde se desprende el lote (véase folio 23 al 26 de la primera pieza) el causante adquirió el terreno con un área de 37.86 hectáreas, las cuales equivalen a 54.1784172 manzanas (mediante título definitivo de propiedad emitido por el Instituto Nacional Agrario por ser terreno nacional), el causante vendió en vida un área de 26.25 manzanas de extensión superficial, al día de su muerte quedando un remanente de 27.9284 manzanas, posteriormente el señor Arturo (demandado) vendió 7.003 manzanas las cuales se conciliaron, quedando un remanente de 20.9254 de manzanas que son las que se pretenden partir, siendo esto comprobable por medio de las notas marginales que forman parte de cada asiento antes mencionado y de las cuales se presentan certificaciones íntegras extendidas por el Instituto de la propiedad, dichas certificaciones pertenecientes a número 93 tomo 46 (véase folios 23 al 26 de la primera pieza) (presentada por la parte demandante) y número 99 tomo 1688 (presentada por la parte demandada) (véase folios 40 al 47 de la primera pieza), los cuales constan en el expediente de mérito y los mismos son documentos públicos y por ende tienen un valor probatorio legal según el artículo 13 del Código procesal civil, con ello se comprueba la existencia legal del inmueble objeto de partición, cuestión que la corte de apelaciones no la tomó de esa forma, ya que, no tomó en cuenta las notas marginales que forman parte de las certificaciones íntegras de los asientos antes descritos, expresando que esta parte no había probado el derecho que le asiste consignándolo en su numeral cuarto penúltimo párrafo del acápite fundamentación jurídica.”- Por otro lado, sigue manifestando el censor que, con el medio de prueba interrogatorio de parte, el demandado reconoció al momento de contestar las preguntas realizadas por la parte demandada que había llegado a un acuerdo conciliatorio por una cantidad de cinco manzanas de extensión territorial, por la cantidad de trescientos mil lempiras, las cuales eran de dos inmuebles. Dicha aceptación concuerda con las notas marginales establecidas a folio 47 del expediente en su primera pieza, sin embargo, sus poderdantes también reconocen conciliadas las 7.003 manzanas y no sólo cinco como lo expresó el demandado.-El censor reclama que todo lo anterior, no fue tomado en cuenta al momento de valorar la prueba y dictar sentencia. Ni siquiera se hizo mención de ello, violentando el derecho a la defensa y al debido proceso por haberle dado una valoración incorrecta a la prueba.-El impetrante afirma que sus representados probaron que, de forma legal existe el terreno objeto de partición y accionaron su derecho declarado con anterioridad. Pero que el órgano jurisdiccional disminuyó su derecho ya declarado con anterioridad a casi no reconocerlo, dictando una sentencia que es perjudicial para sus mandantes, porque los obliga a permanecer en indivisión restringiendo sus derechos, específicamente al artículo 103 de la Constitución de la Republica, donde se reconoce, fomenta y garantiza la existencia de propiedad privada en relación con el artículo 1225 del Código civil; ya que, le están vedando el derecho a que cada uno de sus representados tenga su propia parte del derecho declarado.-El impetrante reitera que la corte de apelaciones violentó los derechos constitucionales que invoca al exigir que sus representados debieron acompañar un dictamen pericial para acreditar la existencia jurídica del inmueble.-Asimismo, adiciona que dicho tribunal de alzada violenta tres principios registrales fundamentales, como ser: a) tracto sucesivo; b) publicidad registral; y, c) fe pública registral.- El primero de estos principios establece que: “… la secuencia de las notas marginales cronológicamente determinan el remanente existente en el inmueble observando que no existe en dicho tracto ninguna nota marginal que manifieste que el remanente de dicho inmueble fue vendido, asimismo el tracto sucesivo consiste en un encadenamiento de las sucesivas trasmisiones de dominio, de tal manera que la nueva transmisión se apoye en la anterior, de esto se determina que si el registrador de la propiedad procedió a anotar como nota marginal el traspaso de derechos hereditarios a favor de mis representados es porque existe remanente de dicho inmueble según el tracto sucesivo y consecuentemente cabida registral, SIENDO ESTE ELEMENTO CONSISTENTE EN PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, LA QUE DETERMINA LA EXISTENCIA JURÍDICA DEL INMUEBLE Y NO UN DICTAMEN PERICIAL PRIVADO COMO LO ESTABLECIÓ ERRÓNEAMENTE LA CORTE DE APELACIONES…” -En relación con el principio de publicidad registral el impetrante establece que: “… para efectos de derechos de terceros la información que se encuentre en las notas marginales de un asiento registral, es la realidad jurídica de los inmuebles, ya que, dicho principio hace referencia al anuncio o noticia que asegura las relaciones jurídicas y protege a las personas ausentes, a las notificaciones a los terceros, con el fin de amparar la buena fe, favorecer la circulación de la riqueza y dar seguridad al tráfico inmobiliario…”En cuanto al principio de fe pública registral, este dispone que: “… sirve para proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los terceros adquirientes que se hayan producido confiados en el contenido del registro; por otro lado agregar que el causante adquirió dichos inmuebles por medio de título definitivo de propiedad en dominio pleno por medio del Instituto Nacional Agrario, el cual para otorgarlo se lleva a cabo un proceso muy minucioso acreditando requisitos exigidos por la ley (haciendo inspecciones, ubicando en ortofoto mapas, levantando planos, etc.) que rigen en materia para la adjudicación de tierras en la reforma agraria según en diligencias contenidas en el expediente No. 5149 del INA, incoadas con fecha 9 de septiembre, 1987 extendiéndola a favor del causante señor Salvador Erazo Pineda, (extremos establecidos en el mismo título definitivo de propiedad en dominio pleno y del cual se presenta su certificación íntegra.”-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. -La fiscal estima que el amparista no acreditó en el juicio lo aseverado respecto a la existencia de un remanente de 20.9254 de manzana sobre las cuales se pretende la partición, es decir las pruebas aportadas no demostraron con certeza la existencia del remanente alegado, por lo que estima procedente que se haya desestimado la demanda por falta de elementos probatorios. En ese sentido, señala la fiscal que no es como aduce el amparista en cuanto a que debió subsanarse la demanda mediante la aportación del dictamen pericial.-La fiscal además es de la opinión que no corresponde restaurar por la vía constitucional la insuficiencia probatoria. -Por otra parte, la fiscal opina que la condena en costas fue realizada de conformidad al principio de vencimiento regulado en el artículo 221 del Código procesal civil.-En virtud de todo lo cual la fiscal concluye que la resolución traída a estudio fue dictada con observancia a la ley, en atención a un debido proceso y principio de legalidad por lo que no advierte vulneración de ningún derecho constitucional, tal como alega el impetrante. -CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen del objeto de impugnación mediante la vía de amparo, la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinte por la honorable Corte de apelaciones seccional del departamento de Copán. A continuación, se resume la sentencia de segunda instancia que ha sido impugnada mediante la garantía constitucional de amparo.-El tribunal de alzada decidió desestimar por unanimidad de votos el recurso de apelación, confirmando la sentencia dictada en primera instancia mediante la cual se declaró sin lugar la demanda de partición de un bien inmueble; asimismo se declaró sin lugar la excepción de litispendencia interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandada y con base al principio de vencimiento se condenó en costas a la parte demandante.-Para fundamentar su decisión el tribunal de alzada argumenta que la parte demandante, para demostrar su pretensión, se vale únicamente de prueba documental pública consistente en la certificación de traspaso de derechos hereditarios a favor de los demandantes y el interrogatorio de parte. Que dicha pretensión consiste en la partición judicial de un inmueble de veinticinco, punto, cero, cinco manzanas de extensión superficial, ubicado en el lugar denominado Torihuaque jurisdicción del municipio de San Juan de Opóa, departamento de Copán.-La corte de apelaciones en su argumentación afirma que, de entrada, se visualizaba que dicha pretensión no tendría éxito, porque los demandantes no adjuntaron a su demanda la prueba pericial; esto, en razón de que el juez partidor dejó de tener existencia jurídica.-Al respecto, la corte de apelaciones argumenta que el perito debe realizar el dictamen sobre la partición y sobre el valor del inmueble, además efectuar la partición observando las reglas reguladoras de la misma, como ser: Las contempladas en los numerales 7 y 8 del artículo 1247 del Código civil, debiendo observar equidad en la proporción que ha de corresponder a cada uno de los comuneros, adjudicándole a los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad, a manera de ejemplo, el tribunal señala que, sí en la partición se destina a uno de los comuneros una proporción menor de los terrenos, esto se compensa con una mejor ubicación de dicho terreno, o con la calidad o cantidad de mejoras existentes en él. Agrega el tribunal que, el partidor debe observar lo contemplado en los artículos 165-978 del Código civil.-Es decir, expresa el tribunal de alzada, la división de los terrenos debe efectuarse de manera equitativa, proporcional, por lo que los métodos y medios utilizados por el perito para cumplir su cometido deben ser: “profesionales, de alta calidad, en acatamiento a lo dispuesto en la normativa civil de efectuar dicha partición observándose las reglas de igualdad ecuanimidad, siendo alícuota cada porción distribuida.”-Por otra parte, señala que deben conjugarse las reglas contempladas en el Código civil y en el Código procesal civil. Por lo que al no haberse presentado el respectivo peritaje no se han aplicado las regulaciones referidas a los peritos establecidas en los artículos del 315 al 343 del Código procesal civil y los artículos 1225 al 1253 del Código civil y los artículos 955 al 978 del mismo Código civil. Por lo tanto, no puede prosperar una pretensión sin prueba idónea como la descrita.- La corte de apelaciones en adición a lo anterior hace la observación de que inclusive la demandada argumentó que no existe remanente de terreno en físico, ya que dichos terrenos cuya partición se pide ya fueron vendidos, por lo que resulta más necesaria la aportación de dicho dictamen pericial.-La corte de apelaciones en respuesta al agravio que se sustenta en la falta de hechos probados, establece que: “Si bien es cierto no existe un apartado sobre los hechos probados, en acápites separados y numerados, ha dado por probado que el señor Salvador Erazo Pineda, padre de los intervinientes, era dueño de un terreno de cincuenta y tres punto setenta manzanas de extensión superficial ubicado en el lugar conocido como Torihuaque jurisdicción del municipio de San Juan de Opoa, departamento de Copán; y que, en vida realizó varias ventas como consta en notas marginales, quedando un remanente de veinticuatro manzanas un cuarto, por el cual los demandantes solicitan la partición.” .- Luego la corte de apelaciones agrega: “Da por probado el juez que "de dicha área que se está solicitando partición no hay discusión alguna que se llegó a un arreglo conciliatorio en el cual el demandado Ramón Arturo Erazo Fuentes, les otorgó a los demandantes la cantidad de trescientos mil lempiras para quedarse con ese derecho hereditario... no es motivo de discusión ya que los demandantes aceptan que se llevó a cabo esa conciliación".-Partiendo de lo anterior, la corte de apelaciones dedujo lo siguiente: “Por ello se recalca [que,]si existiera un remanente de terreno a ser partido y que fuese aparte de lo conciliado, sólo un perito podía verificar este extremo, por lo que ante tal falencia probatoria no queda más que desestimar la demanda porque como dice un apotegma "no probar el derecho es como no tenerlo."-Sobre la condena en costas, la corte de apelaciones argumentó que el artículo 219 del Código procesal civil, adopta el principio de vencimiento, apartándose de criterios como "razones para litigar, buena fe, temeridad etc,"; por lo que, es cuando se desestima la demanda lo que procede es condenar en costas en primera instancia; y, al ser desestimado el recurso de apelación procede la condena en segunda instancia conforme al artículo 221 del mismo código.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo, con fundamento en los siguientes puntos.-Este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el impetrante invoca como infringidos los derechos de propiedad privada, debido proceso, defensa, petición y tutela judicial efectiva.-A continuación, se analizan cada uno de los derechos invocados como violentados.- 1.-Motivos alegados por el impetrante en relación con la violación del derecho de propiedad privada. -Puntualmente, el censor estima que se violentó el derecho de propiedad privada alegando que aun cuando se acreditó de forma legal la existencia del terreno que es objeto de partición, los órganos jurisdiccionales vedaron dicho derecho porque con su decisión le niegan a sus representados que tengan su propia parte de la propiedad, es decir les obligan a que dicho inmueble permanezca siempre indiviso, lo cual, dicho sea de paso, no es cierto tal como se explicará más adelante. -En lugar de ahondar sobre lo anterior, el censor deriva a señalar que el tribunal de alzada violenta tres principios registrales fundamentales, como ser: a) el tracto sucesivo; b) la publicidad registral; y, c) la fe pública registral.- Luego, para explicar la violación del principio de tracto sucesivo, el censor señala que el remanente existente y sobre el cual se pide amparo, se determina con las notas marginales del inmueble original. Por otra parte, señala que no existe ninguna nota marginal que informe que dicho remanente haya sido vendido. - Posteriormente, el censor arguye que el registrador de la propiedad anotó la nota marginal del traspaso de derechos hereditarios a favor de sus representados porque existe todavía un remanente de dicho inmueble.-Al respecto cabe señalar que según lo expresado por el amparista lo que éste pretende es que la Sala de lo Constitucional disponga la suficiencia de la prueba documental consistente en el tracto sucesivo de la propiedad; sin embargo, es imperativo señalar que no le corresponde a este alto tribunal de justicia hacer valoración probatoria alguna. Es claro que las partes a quien deben de convencer de sus posiciones es al juez de instancia, porque es el juez quien debe valorar la prueba y con ella juzgar y dar la razón a quien le haya convencido de conformidad con los alegatos y las pruebas evacuadas.-Si el juzgador estima que las pruebas aportadas no fueron suficientes para tomar una decisión favorable a sus pretensiones, la parte afectada podrá acudir al recurso de apelación para que un juzgador jerárquicamente superior revise el asunto. Estas dos son las únicas instancias que nuestro sistema jurídico permite, siendo la jurisdicción constitucional una vía de impugnación muy distinta que no revisa la procedencia de las pretensiones deducidas con base en la prueba aportada, sino que su ámbito de conocimiento o competencia se limita a los casos expuestos en el artículo 183 constitucional y 41 de la Ley sobre justicia constitucional.- De tal suerte que el alegato basado en la suficiencia de la prueba documental aportada y la violación supuesta del principio de tracto sucesivo no es de recibo en el ámbito constitucional.- Con relación al principio de publicidad registral, siempre en vinculación con la supuesta violación del derecho de propiedad, el impetrante en lugar de argumentar explicando dicha violación, se limita a señalar las consecuencias o efectos que causan las inscripciones en un asiento registral con relación a los derechos de terceros, en virtud de lo cual, este alto tribunal no hace ningún pronunciamiento sobre la existencia o no de dicha violación, dado que no existe ningún reproche que analizar.-En virtud de la misma razón, este alto tribunal de justicia tampoco hace pronunciamiento alguno con relación a la presunta violación del derecho de propiedad en razón de un supuesto desconocimiento del principio de fe pública registral, en virtud de que el censor se limita a señalar la utilidad de dicho principio y el exhaustivo estudio realizado por el Instituto Nacional Agrario al momento de otorgar a favor del causante el título definitivo de propiedad en dominio pleno.-Este alto tribunal de justicia ya ha señalado con anterioridad que demostrar y convencer la violación que se denuncia es una carga procesal insoslayable para el amparista; y, en este caso consta en el escrito de formalización que el impetrante se ha limitado nada más a enunciar principios, pero sin brindar argumentos que expliquen y demuestren la presunta violación del derecho de propiedad. – 2. Motivos alegados por el impetrante en relación con la violación del derecho de petición.- La Sala de lo Constitucional estima que no es de recibo la presunta violación del derecho de petición, en virtud de que el censor no hizo ningún alegato que justificara dicha aseveración. Como ya se expresó antes, corresponde a quien alega una violación de derecho constitucional, justificarla y demostrarla. Por otra parte, consta en autos que el peticionario ha obtenido respuesta a sus pretensiones, en ese sentido, el hecho concreto de que dichas respuestas de autoridad no le hayan sido favorables, no pueden considerarse por sí mismas, una violación al derecho de petición. Razón por la cual no es de recibo el motivo de amparo alegado.- 3.Motivos alegados por el impetrante en relación con la violación del derecho de debido proceso por vía de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva.- Puntualmente, el censor estima que se violentó el derecho al debido proceso por vía de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, porque siendo el juez a quo quien controla la admisión de la demanda, éste debió en el presente asunto dictar mandamiento de subsanación ordenando la presentación de la prueba pericial junto con la demanda. El censor se plantea lo siguiente: Sí para dicho órgano jurisdiccional esa prueba era de suma importancia, a tal punto de que sin ella no podía declarar con lugar la acción deducida, ¿por qué entonces no exigió su presentación antes de admitir la demanda, ordenándole a la parte actora subsanar la demanda adjuntando dicha prueba? De manera que, el censor cuestiona que el juez a quo no haya procedido oportunamente a ordenar la subsanación que se señala. Más bien, todo lo contrario, el amparista agrega que, lo que ocurrió fue que el juez a quo dio entrada a la demanda y ordenó continuar con el curso del proceso, por lo que su poderdante entendió que era innecesaria la presentación de la prueba documental o pericial exigida como imprescindible después al momento de dictar sentencia. -En síntesis, para el censor existe violación a los derechos de debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva en el momento en que la corte de apelaciones exige ex officio, y cuando ya no era posible, la presentación de un dictamen pericial privado que acredite la existencia de la porción litigiosa del inmueble.- Para la Sala de lo Constitucional, como ya se expresó antes, el tema de valoración probatoria es en principio una cuestión de instancia; sin embargo, en el presente caso, el reproche a los órganos de instancia, no radica realmente en la valoración probatoria, sino especialmente en que el juez a quo como director del proceso debió tomar en cuenta algunas normas que habrían permitido reconducir la prueba a satisfacer las necesidades del proceso y especialmente, el acceso a la justicia para las partes litiantes.- Con respecto a lo anterior, este alto tribunal reitera que la carga de la prueba corresponde en primer término al actor y en este caso particular, la parte demandante acredita que existe un inmueble inscrito del cual se han ido vendiendo partes, quedando un remanente; y que en virtud de derechos hereditarios inscritos a su favor y de sus hermanos, dicho remanente se encuentra indiviso, por cuanto pide su partición judicial.- Dichos hechos fueron acreditados mediante fotocopias de documentos públicos cuyo contenido no fueron objeto de disputa o controversia. - Sin embargo, la parte demandada introduce al debate un hecho que debe acreditarse, el señalamiento concreto de que, si bien el remanente existe en dichos documentos, no existe en la realidad; por lo que, no hay ciertamente un objeto de partición o de demanda.-De lo anterior se puede deducir que, el juez a quo no podía ordenar como requisito de admisión la acreditación física del remanente, en virtud de que, en dicho momento procesal, desconocía que el elemento del debate sería la existencia o inexistencia del remanente. Es decir, el objeto del debate se conoció después de la etapa de admisión de la demanda.-Por otra parte, en este caso ocurre que, la importancia de individualizar el inmueble o sea acreditar su existencia real, con sus colindancias, límites y dimensiones exactas, nace a raíz del alegato de la parte demandada, quien hizo ver en la audiencia de juicio o proceso abreviado, que lo dispuesto en los documentos presentados por la parte actora, no eran fiel reflejo o testimonio de la realidad, lo cual descarta también la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 287.2 del Código procesal civil, que literalmente dispone: Artículo 287. Momento de presentación de los documentos. 1. … 2. No obstante, el actor podrá presentar en la audiencia preliminar del proceso ordinario, o en la audiencia del proceso abreviado los documentos cuya relevancia se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones efectuadas por el demandado al contestar la demanda.- Obviamente, la parte actora estaba en la imposibilidad de saber previo a la audiencia que la parte demandada cuestionaría la existencia real del remanente. Aunque es dable pensar que, en los encuentros y reclamos previos a la presentación de la demanda, el demandado haya adelantado su oposición a la participación por la inexistencia del remanente, pero eso habría sido asumir demasiado por parte del juez, quien sólo debe tomar en cuenta para su decisión lo que le consta, partiendo de los alegatos y las pruebas aportadas en el juicio.-En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia observa que, no existía ninguna obligación por parte del juez a quo de dictar una resolución que supeditara la admisión de la demanda a la previa acreditación detallada y concreta del inmueble remanente (individualizada mediante pericia), por lo que no es de recibo el alegato de marras del amparista.- Una vez aclarado este extremo, se pasa a otro asunto, siempre en relación con los derechos invocados por el amparista, quien reprocha de la autoridad judicial el que haya exigido de forma obligatoria, y además arbitraria e innecesaria, una prueba determinada (pericia), para dilucidar y declarar la existencia del objeto litigioso, o un derecho o interés legítimo.-Sin embargo, la Sala de lo Constitucional observa que, de acuerdo con el acta de la audiencia de procedimiento abreviado se discutió la existencia en físico del inmueble. Por una parte, los demandantes insisten en que existe un remanente de terreno después de sucesivos desmembramientos que fueron vendidos en fechas anteriores, inclusive por el causante cuando estaba con vida; y, por otra parte, el demandado insiste en que dicho remanente, aunque aparece documentalmente acreditado, en realidad no existe físicamente y que en todo caso debe acreditarse en el terreno. -De lo anterior, se desprende que el juez a quo al momento de dictar sentencia, simplemente hace la valoración de la prueba aportada por las partes en el proceso y al final determina que no existe certeza de la existencia de dicho remanente, por lo que le concede la razón a la parte demandada.- Hasta aquí, lo que la Sala observa es que los órganos jurisdiccionales, nada más hicieron lo que les corresponde, valorar la prueba evacuada en juicio y dictar sentencia conforme al grado de convencimiento que dichas pruebas le permitieron, por ende, no existe violación de los derechos invocados por la parte garantista. -Habiendo llegado a este punto de la discusión, este alto tribunal de justicia procede a referirse a lo expresado por el peticionario de amparo, en cuanto a que, según éste, ya no existe ninguna posibilidad futura de proceder a la división del inmueble, condenando a los presuntos comuneros a la indivisión perpetua, quedando lo decidido bajo la autoridad incontrastable e imperativa de la cosa juzgada. - Al respecto, la Sala de lo Constitucional, partiendo del derecho de tutela judicial efectiva, estima que el alegato del amparista mediante el cual denuncia que la decisión de la corte de apelaciones condena a su poderdante a continuar de forma permanente con el inmueble indiviso, se aparta totalmente de lo que dispone el artículo 1225 del Código civil, el cual de manera clara y contundente no permite que la sentencia de la corte de apelaciones cierre de manera definitiva la posibilidad de una partición futura. Al respecto dicho artículo literalmente dispone: “Ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión: la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los consignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de cinco años; pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas.”-Como puede constatarse, el artículo anteriormente transcrito asegura que nadie esté permanentemente obligado a la indivisión de un inmueble, lo cual es compatible con lo dispuesto por el artículo 2294 del Código civil, que en función de permitir a los condueños de una propiedad solicitar en cualquier tiempo la división o partición, dispone: “No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas.”-Por lo que para este alto tribunal de justicia la sentencia que se conoce en amparo no cierra la posibilidad de una partición futura, siendo una excepción a lo estipulado en el artículo 210 del Código procesal civil en relación con la cosa juzgada material.-Finalmente, este alto tribunal de justicia, estima que la decisión de los órganos jurisdiccionales en el caso particular de la presente partición judicial, es correcta, en razón de que es totalmente imprescindible que dicho inmueble esté bien acotado e individualizado, porque en materia de derechos reales el bien litigioso debe estar bien individualizado para dar a cada quien lo suyo sin afectación de terceros.-En virtud de todo lo cual es procedente denegar la garantía constitucional de mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO..-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 41, 46 No. 9, y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado KEVIN MANUEL MEDINA SALGADO a favor de los señores JOSÉ SANTOS, JOSÉ SALVADOR y JUAN JOSÉ todos de apellidos ERAZO CÁCERES, contra la sentencia definitiva de fecha siete de agosto de dos mil veinte dictada por la honorable Corte de apelaciones de la sección judicial del departamento de Copán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1009-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”