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Sentencia AC-1005-21 — Registro 14700

Resumen

Sentencia que confirmó el recurso contra resolución con relación a una orden de pago emitida por la Unidad Municipal de Santos Guardiola. Estimando el recurrente que se le violentaron lo derechos preceptuados en el artículo 80, 82, 90, 103 y 300 de la Constitución de la Republica.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8).- Cuando tuviere expeditos recursos o acciones legales en la vía administrativa.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en el sentido que siendo el acto reclamado en amparo, la imposición de una multa como consecuencia de la solicitud de expedición de permiso de operación, el cual fue denegado por la Alcaldía Municipal de Santos Guardiola, a esa decisión le procede la interposición de los recursos ordinarios establecidos, por esa razón se debe declarar sin lugar la petición de estudio realizada por el recurrente, al haber incurrido en la causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Sin embargo se le hace la observación a la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que la petición de estudio procede únicamente contra sentencias y no contra autos como en el presente caso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTA: En Estudio las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba departamento Atlántida, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, que confirmó el recurso presentado por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMAN a favor de la Sociedad Mercantil BLUE DIAMOND S.A DE C.V., contra resolución de fecha treinta de abril del años dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, con relación a una orden de pago emitida por la UNIDAD MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA, contra la Sociedad Mercantil BLUE DIAMOND S.A DE C.V.. Estimando el recurrente que se le violentaron lo derechos preceptuados en el artículos 80, 82, 90, 103 y 300 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, compareció ante Juzgado de Letras departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BLUE DIAMOND S.A DE C.V., contra la resolución de treinta de abril del años dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, por considerar el recurrente que se le han violentaron los derechos contenidos en el artículos 80, 82, 90, 103 y 300 de la Constitución de la Republica. 2).- Que en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el citado Juzgado decreta: 1.- Admitir la acción de amparo interpuesta por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, actuando en su condición de apoderado legal dela sociedad mercantil BLUE DIAMOND S.A. DE C.V. en relación a la falta de autorización para la actividad de operaciones por parte de la Alcaldía del Municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía; CON SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, bajo la responsabilidad del recurrente, consecuentemente se autoriza por parte de este JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA las operaciones de la sociedad mercantil Blue Diamond S.A de C.V., sin ningún restricciones mientras dure este proceso. 2.- Con las inserciones de estilo procedimental, líbrese atenta comunicación a la Alcaldía del Municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, a efecto de que remita los antecedentes del caso y rinda un informe circunstanciado sobre el asunto, dentro del término de cinco (5) días hábiles. Artículos 49, 51, 52,53 y 58 de La Ley Sobre Justicia Constitucional. 3.- Téngase…” (Folios del 14 al 15 de la pieza primera de los antecedentes). 3) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba departamento Atlántida, dictó sentencia en fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual FALLA: UNICO: CONFIRMANDO LA RESOLUCION VENIDA EN CONSULTA, dictada por el Juzgado de Letras del Letras del Departamento de Isla de la Bahía, donde sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BLUE DIAMOND S.A de C.V. por causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional contra actuaciones de la corporación municipal de Santos Guardiola, Islas de la bahía que se hace merito en las presentes diligencias. (Folios 04 al 08 de la pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNADEZ GUZMAN a favor de la Sociedad Mercantil BLUE DIAMOND S.A DE C.V., en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, conocer en estudio siempre que la parte lo solicite, de aquellas sentencias emitidas en consulta por las Cortes de Apelaciones, en contra de las sentencias de amparo dictadas por los Juzgados Departamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en estudio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, que confirma la resolución que sobresee la acción de amparo interpuesta por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL BLUE DIAMOND S.A. DE C.V., contra actuaciones de la COORPORACION MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA del Departamento de Francisco Morazán, al considerar que se le ha denegado a su representada el permiso de operación a consecuencia de la imposición ilegal de una multa de diciembre de 2019 por supuestos movimientos de material sin los requisitos requeridos municipalmente, señala que no indica específicamente el documento, dictamen o resolución que impone la multa, en virtud que la misma fue impuesta sin la realización de un dictamen ambiental en donde conste la resolución motivada y fundamentada que impone la multa. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo estableciendo que se le han violentado las garantías establecidas en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, en vista que la Corporación Municipal del Municipio de Santos Guardiola, le ha negado a su representada el permiso de operación y le ha impuesto una multa en diciembre del año 2019, por supuestos movimientos de material sin los requisitos exigidos municipalmente, refiere que la multa fue impuesta sin la realización de un dictamen ambiental en donde conste la resolución motivada y fundamentada, aun y cuando el Congreso Nacional vía Decreto 079-2020 autorizo se aplique amnistía a multas de la misma naturaleza sobre la cual se reclama, argumentando que por esa razón se le ha vulnerado el debido proceso, presunción de inocencia y a la libre Empresa. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte De Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), confirma la resolución venida en consulta, dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Roatán, Islas de la Bahía, en la cual había sobreseído la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil BLUE DIAMOND S.A. de C.V., por causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra actuaciones de la Corporación Municipal de Santos Guardiola, Islas de la Bahía. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8).- Cuando tuviere expeditos recursos o acciones legales en la vía administrativa.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en el sentido que siendo el acto reclamado en amparo, la imposición de una multa como consecuencia de la solicitud de expedición de permiso de operación, el cual fue denegado por la Alcaldía Municipal de Santos Guardiola, a esa decisión le procede la interposición de los recursos ordinarios establecidos, por esa razón se debe declarar sin lugar la petición de estudio realizada por el recurrente, al haber incurrido en la causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Sin embargo se le hace la observación a la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que la petición de estudio procede únicamente contra sentencias y no contra autos como en el presente caso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 8) y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la decisión venida en estudio, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-1005-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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