Sentencia AC-1004-22 — Registro 15675
Resumen
Acto recurrido que denegó la acción de amparo contra actuaciones dictadas por el a-quo, con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por agregados y concretos s.a. (agrecon), en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala estima que la sentencia dictada por unanimidad de votos de los miembros que conforman la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en su sentencia de fecha diez de junio del dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en Amparo se encuentra debidamente sustentada y apegada a derecho..." ..." Que esta Sala, observa que en la Sentencia que se revisa, se han respetado los derecho que aduce el amparista le ha sido vulnerados, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, pues la parte recurrente ha podido accionar en el proceso, ha planteado sus peticiones, se le han dado respuesta a las mismas de forma motivada, se le ha garantizado su derecho de defensa, denotándose que el A-quo en todo momento ha actuado como garante del debido proceso y del derecho de defensa, como director y contralor del proceso..." ..." Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, es del parecer que conforme a lo expuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la Sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha ocho (8)de marzo del año dos mil veintidós(2022), con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. (AGRECON) contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil vendidos.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha ocho (8)de marzo del año dos mil veintidós(2022), con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. (AGRECON) contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN.- Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se infringen los derechos Constitucionales recaídos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte(2020), la Abogada LESLY JOHANNA LOPEZ HERNANDEZ, comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, interponiendo demanda dineraria vía proceso ordinario, se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios causados de conformidad con su obligaciones contractuales se solicita adopción de medida cautelar urgente, inaudita parte de embargo precautorio de cuenta bancarias designadas por el acreedor y embargo de frutos productos o recaudaciones de unidad productiva o comercial de la empresa demandada, mediante el nombramiento de un interventor judicial.- (folio 01 al 14 de la pieza del Juzgado).-2) Que fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dicho Juzgado RESOLVIO: “… Admitir a la parte demandada los medios de prueba documentales en su totalidad, se admite el interrogatorio de parte que deberá rendir el señor KYLE PICKARD, en su condición de representante legal de la compañía Minera CERROS DEL SUR, se inadmite a la parte demandante los medios de prueba reconocimiento judicial, testifical y medios electrónicos de archivo de texto, por estar acreditado los extremos que pretende evacuar.- se inadmite a la parte demandada los medios de prueba documentales.- Se inadmite el medio de prueba denominado peritaje oficial por ser esta una facultar única del Tribunal…”(folios 375 al 380 la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, interponiendo Recurso de Amparo a favor LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA MINERA CERROS DEL SUR S.A DE C.V, LA SOCIEDAD MERCANTIL AGREGADOS Y CONCRETOS S.A DE C.V, contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN, por lo que la referida corte de Apelaciones en fecha diez (10)de junio del año dos mil veintidós (2022) FALLÓ: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, presentada por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en postulación procesal, condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL AGREGADOS Y CONCRETOS S.A (AGRACON), contra la resolución proferida por el Juzgado de letras de la Sección Judicial de Choluteca en audiencia preliminar de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) en LA DEMANDA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS causados de conformidad con sus obligaciones contractuales por la vía del proceso declarativo ordinario, promovida por la Abogada LESLY JOHNA LOPEZ HERNANDEZ, actuando en su condición de representante procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRAGADOS Y CONCRETO S.A (AGRECON), representada por el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN, en su condición de presidente del Consejo de Administración, representación legal y postulación procesal contra LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA MINERA CERROS DEL SUR S.A DE C.V, a través de su actual representante legal el señor KYLE GEOGE PICKARD.(Folios 50 al 60 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, es la dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha ocho (8)de marzo del año dos mil veintidós(2022), con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. (AGRECON) contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN.- En el fallo objeto de examen, la Alzada estimó DENEGAR la acción de amparo.-SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO (6): Que de la vista de los antecedentes consta que el acto impugnado en amparo, lo constituye la resolución proferida por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de Choluteca en la audiencia preliminar de fecha 0cho (08) de marzo del año dos mil veintidós (2022), y no de fecha siete (7) de marzo del año dos mil vestidos (2022), como lo alega el recurrente; en donde consta que el demandante recurrente solicitó en la audiencia preliminar, el allanamiento parcial del demandado por haber pronunciado como objeto de debate que su representada le adeuda a la demandante reconvenida la cantidad de diez millones ochenta y cuatro mil, setecientos sesenta y nueve lempiras (L10,084,769.00), cantidad que incluye capital, más intereses, pago de clausula novena del contrato, (ver folio 379 frente y vuelto), dicha petición fue declarada sin lugar porque lo manifestado por el demandado reconveniente no se debe entender como un allanamiento, sino como el objeto del debate.-RAZONAMIENTO DE LA SALA-CONSIDERANDO (7): Que del examen del antecedente se revela que la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en su sentencia de fecha diez de junio del dos mil veintidós, argumento, (SIC) “CONSIDERANDO (8): Que el artículo 434 del Código Procesal Civil dispone: “1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la acumulación de pretensiones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida. 2. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como aceptación tácita de los hechos que le sean perjudiciales. Como podemos ver, para abordar el tema del allanamiento, el artículo en referencia de la posibilidad al demandado de allanarse parcial o totalmente a los hechos de la demanda, siendo importante este pronunciamiento para fijar el objeto del debate. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 485 del Código Procesal Civil señala: “El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del actor, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario a la ley, orden público o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso. 2. El allanamiento podrá limitarse solo a una parte de la pretensión planteada por el actor. En tal caso, el juez, siempre a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan sido objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, y podrá ejecutarse conforme a lo establecido en este Código. En caso de allanamiento parcial, el proceso continuará adelante para discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por el actor que no hubieran sido objeto de allanamiento.-En sentido interpretativo, el artículo en referencia, con claridad establece que la figura del allanamiento procede cuando así lo exprese el demandado, ya que es una muestra del principio dispositivo. Es conocida la clásica definición que del allanamiento se ha hecho por la doctrina procesalista, al decir que constituye una declaración de voluntad del demandado por la que éste muestra su conformidad con la pretensión del actor. Viene a reconocer que la acción que el actor ejercita es fundada y que por lo tanto debe concedérsele la tutela que solicita. Es el reverso de la renuncia y determina una sentencia condenatoria. El allanamiento por ser una muestra del principio dispositivo exige que sea expreso y o tácito. Se ha señalado la posibilidad de que el actor en contestación de la demanda acepte total o parcialmente las pretensiones del demandante mediante la figura del allanamiento. “Para ORTELLS RAMOS, es un acto del demandado en el que muestra su conformidad con la pretensión procesal interpuesto por el actor, reconociendo que debe ser estimada y que tiene como efecto, en virtud del principio dispositivo y siempre que no exceda de los límites de éste, vincular al juez a dictar una sentencia estimatoria de la pretensión. El allanamiento como manifestación del poder de disposición de las partes sobre el objeto del proceso, tiene ciertas similitudes con figuras afines. La primera de ellas es la admisión de los hechos. Para RAMOS MENDEZ es una de las posibilidades que ofrece la defensa del demandado, que no implica ni mucho menos el éxito de la demanda, sino solo la fijación de un determinado hecho como incontrovertido. El allanamiento sin embargo va mas allá, pues afecta a todo el objeto del proceso y produce unos efectos que tienen ciertas similitudes con la admisión de los hechos efectuado por el actor en la demanda o el reconocimiento de hechos en el interrogatorio de parte. CONSIDERANDO (10): El caso de mérito no se observa pronunciamiento expreso del demandado respecto al allanamiento, sino que se entiende que el objeto de debate debe recaer sobre la suma de diez millones ochenta y cuatro mil, setecientos sesenta y nueve lempiras (L10,084,769.00), y por su parte la demandante alega que la deuda es de veintidós millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, ciento setenta y cuatro punto treinta y nueve lempiras (L22,454,174.39), situación que genera controversia y debe probarse en juicios; es decir, en el caso objeto de estudio hay un reconocimiento parcial de los hechos por el demandado en la contestación de la demanda, pero al no manifestar en ningún momento su propósito de allanarse, conlleva al actor a proponer prueba, y definir en sentencia el objeto de la controversia. El recurrente alega que la decisión del A-quo de negar el allanamiento parcial y no dejarle interponer recurso, violenta derechos constitucionales como ser: Derecho a petición, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, debido proceso, señalando los artículos constitucionales 80, 82 y el articulo 92 para señalar la violación al debido proceso. El artículo 80 de la Constitución de la República, dice: Toda persona o asociación de personas tiene derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal” El artículo 82 de la Constitución de la Republica, dice: El Derecho a la Defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales de la república para ejercitar sus acciones en las formas que señalan las leyes. El articulo 90 del citado texto constitucional señala de manera puntual y genérica el derecho al debido proceso, que a su letra dice: nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la le establece…” A la luz de los artículos anteriores, este Tribunal Superior no observa que dichos derechos se hayan lesionados o menoscabados, habida cuenta que no hay prueba de que se le haya negado interposición del recurso de reposición, y trae como consecuencia fatal para el recurrente que al n agotar los recursos consintió el acto procesal, siendo una razón para denegar el amparo; asimismo la decisión del A-quo de inadmitir la solicitud del allanamiento parcial, es un asunto que se ha analizado sin que se aprecie violación a los derechos constitucionales señalados, ya que el proceso se ha llevado a cabo bajo las formalidades derecho y garantías que señala la ley, donde tuvo la oportunidad el amparista a recurrir la decisión em reposición y no lo hizo y bajo la luz de los artículos 434.1 en relación al 447 y 485 del Código Procesal Civil, la decisión del A-quo esta apegada a derecho, por no haberse manifestado expresamente por el demandado reconveniente un allanamiento parcial de la demanda, siendo este el segundo motivo para denegar el amparo.”-CONSIDERANDO (8) : Que esta Sala estima que la sentencia dictada por unanimidad de votos de los miembros que conforman la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en su sentencia de fecha diez de junio del dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en Amparo se encuentra debidamente sustentada y apegada a derecho.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala, observa que en la Sentencia que se revisa, se han respetado los derecho que aduce el amparista le ha sido vulnerados, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, pues la parte recurrente ha podido accionar en el proceso, ha planteado sus peticiones, se le han dado respuesta a las mismas de forma motivada, se le ha garantizado su derecho de defensa, denotándose que el A-quo en todo momento ha actuado como garante del debido proceso y del derecho de defensa, como director y contralor del proceso.[1]-CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, es del parecer que conforme a lo expuesto en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la Sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha ocho (8)de marzo del año dos mil veintidós(2022), con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. (AGRECON) contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 4, 5,7,8, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha ocho (8)de marzo del año dos mil veintidós(2022), con relación a la demanda de pago de daños y perjuicios promovida por AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. (AGRECON) contra el señor CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redacto Magistrado Ortez Cruz. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1004-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Codigo Porcesal Civil.Artículo 12.- Facultades procesales.
La dirección del proceso está a cargo del juez, quien ejerce tal potestad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en este Código.
El juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia.