Sentencia AC-1003-20 — Registro 14589
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo dictado por juzgado de letras de inquilinato que declaró sin lugar demanda para que se decrete expiración de contrato de arrendamiento por incumplimiento del mismo y mora en el pago de la renta y servicios públicos promovida por recurrente contra demandados, absolviendo a un demandado rebelde de pagar a recurrente determinada cantidad correspondiente a treinte y seis meses de renta; El Tribunal de Alzada considera que recurrente incumplió la técnica del recurso e incurre en falta de precisión en la pretensión de cada agravio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), motivó la resolución descrita y circunstanciada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, sobre la base de las consideraciones formales y de fundamentación jurídico - legal que han quedado allí expresadas; censurando la técnica recursiva del agraviado, quien habría incurrido en falta de precisión en la pretensión esgrimida, en cada uno de los tres (3) agravios que motivaron su recurso; particularmente, al esgrimir simultáneamente la mala aplicación e interpretación de errónea de las normas legales, lo que viciaría la sustanciación de su reclamo legal contra la decisión autoritativa de la autoridad jurisdiccional competente. Por todo lo cual, por mayoría de votos de sus miembros, declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal demandante, contra la sentencia definitiva de primera instancia en referencia; decisión jurisdiccional que es ahora conocida en sede de amparo por esta Sala de lo Constitucional..."..."encuentra esta Sala que no se cumplen todos los presupuestos procesales, para tener como motivada y razonada en Derecho, la desestimación de la pretensión interesada por la parte agraviada recurrente, lo cual precave su enmienda, supliendo los aspectos argumentativos soslayados; como consecuencia y efecto útil del otorgamiento de la presente acción de amparo..."..."se desprende la procedencia de la acción de amparo de la cual se ha hecho mérito, en cuanto pone de manifiesto la infracción al principio de debido proceso normado en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, en que habría incurrido el Ad Quem; al no resultar suficientemente razonada y sustentada en compatibilidad al estándar constitucional, su resolución colegiada de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020); por lo cual se ordena la devolución de los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva emitir una nueva resolución en apego al debido proceso, subsanando el déficit de motivación que se ha puesto de manifiesto en el voto colegiado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, a favor del señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), que declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de desahucio promovida por el señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, contra los señores FILIBERTO FLORES y JONNY CRUZ.- Estima el recurrente que considera violentados los derechos y garantías constitucionales reconocidas en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, en su condición de Apoderado Legal del señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, interponiendo DEMANDA DE DESAHUCIO POR LA VÍA DE PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO DISPOSITIVO, para que se decrete la expiración de un contrato de arrendamiento por incumplimiento del mismo y mora en el pago de la renta y servicios públicos. (Folio 01 al 03 de la pieza de antecedentes).-2) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal referido dictó sentencia mediante la cual resuelve: “PRIMERO (1): DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE DESAHUCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO DISPOSITIVO PARA QUE SE DECRETE LA EXPIRACION DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO Y MORA EN EL PAGO DE LA RENTA Y SERVICIOS PÚBLICOS SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES CONDENA EN COSTAS.- SEGUNDO: ABSUELVE al señor FILIBERTO FLORES como parte demandada rebelde de pagar al señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, como parte demandada rebelde de pagar al señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, como parte demandante la cantidad de ciento ochenta mil lempiras (L 180,000.00) correspondientes a treinta y seis (36) meses de renta, que abarca desde el mes de octubre del año dos mil dieciséis, al mes de octubre del año dos mil diecinueve a razón de cinco mil lempiras mensuales (L 5,000.00).- TERCERO: ABSUELVE: Al señor FILIBERTO FLORES, como parte demandada rebelde de pagar al señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, como parte demandante por un valor de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (l 1,540.30) correspondiente a la fecha de veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecinueve (2019).- CUARTO: …” (Folio 92 al 97 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, en su condición de Apoderado Legal del señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, contra la Resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, en su condición de representante procesal del señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán,.- TERCERO: Con Costas en segunda instancia a la parte apelante…”; motivando como parte fundamental de su resolución, la Corte de Alzada, por mayoría de votos de sus miembros; que en el presente caso el recurrente ha incumplido con la técnica del recurso, incurriendo en falta de precisión en la pretensión esgrimida en cada uno de los tres (3) agravios. Refiere, puntualmente, que el recurrente señala mala aplicación e interpretación de los artículos 238 punto 1 y 2 y, 271 numerales 3 y 6 del Código Procesal Civil y 24 de la Ley de Inquilinato, pues siendo estas contradictorias, pretende alegarlas de forma conjunta. (Folio 7 al 9 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente abogado HERNAN PLANAS QUESADA, compareció ante este alto Tribunal en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veinte (2020), interponiendo recurso de amparo a favor de señor JOAQUIN YNSTROZA RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), violenta los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho (48) horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 26 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por presentado el dictamen de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión SE OTORGARE LA PRESENTE ACCION DE AMPARO promovida en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos del articulado 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; pues al estudiar el escrito de recurso de apelación sometido al conocimiento de la Alzada, sí ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículos 704 del Código Procesal Civil, referente a la regla general de los recursos devolutivos; [1] coligiéndose de tal planteamiento recursivo que la Juzgadora no valoró los medios probatorios evacuados en el proceso bajo las reglas de la Lógica, la experiencia y el sentido común. Finalmente, en aras garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, la Corte debe pronunciar de forma motivada cuáles son las razones por las que considera le asiste, o no, derecho al recurrente. Sustenta legalmente el dictamen, que el artículo 701.3 del Código Procesal Civil establece que el órgano jurisdiccional deberá entrar a conocer los defectos procesales apreciables de oficio, aunque estos no se hubiesen denunciado por el recurrente; mientras que el artículo 715 del Código Procesal Civil, por su parte, ya establece cuáles son los alcances de la decisión de apelación. (Folios 29 al 38 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.-CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, a favor del señor JOAQUIN YNSTROZA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada, por mayoría de votos de sus miembros, por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), que declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de desahucio promovida por el señor JOAQUIN YNESTROZA RODRIGUEZ, contra los señores FILIBERTO FLORES y JONNY CRUZ.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la garantía de amparo, se expresó lo expuesto a continuación, en párrafos separados y consecutivos. 1. Con relación al derecho a un debido proceso, sostiene el amparista que la desestimación de la demanda se fundamenta en que no se probaron las pretensiones de la demanda, violentándose así el artículo 90 de la Constitución de la República que manda al Juzgado a actuar respetando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al fallarse en forma arbitraria y sin argumentación jurídica suficiente; bajo el cuestionado argumento que el apelante incumplió la técnica del recurso. 2. Con relación al derecho de propiedad, porque el fallo emitido por la sentencia de marras le despoja prácticamente del mismo, en atropello a lo que establece el artículo 103 de la Constitución de la República, tomándose en cuenta que los demandados debían a su representado la suma de L 180, 000.00, más el incremento de las rentas adeudadas hasta la fecha actual, sin que ninguna autoridad haga justicia, revirtiendo tal violación al derecho de defensa y garantizando su legítimo derecho de propiedad. Finalmente, hace suyos el amparista, los conceptos jurídicos contenidos en el voto disidente de la sentencia de apelaciones objeto de amparo; el cual concede el otorgamiento del recurso en aras de mantener la libertad de contratación, siendo válida, inclusive, la celebración del contrato de arrendamiento de forma verbal; haciendo mención, asimismo, a la asignación de la carga probatoria respecto a la existencia de mora, tanto en las rentas, como en los servicios públicos; la cual recaería en la persona del demandado; así como la revocatoria de tal sentencia trae aparejada la condena por todos los conceptos reclamados por el demandante.-CONSIDERANDO (5): Que, por lo anteriormente expuesto, solicita se dicte sentencia otorgando el presente recurso de amparo contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio de dos mil veinte, y de la cual se ha efectuado sucinta relación, solicitando se enmiende por haber quedado totalmente evidenciada la violación a los derechos y garantías constitucionales de la parte agraviada recurrente.-CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (7): Que, siguiendo consistente jurisprudencia constitucional, así como no es dable esperar el acierto en todos los actos y resoluciones emanadas en el quehacer cotidiano de la Administración Pública y la Jurisdicción, tampoco puede exigírseles vinculación estricta para con las peticiones establecidas por las partes en el decurso del proceso, bien sea en nombre de los altos intereses del Estado, o de la parte procesalmente representada; lo cual no obsta a las exigencias de razonabilidad y validez del acto o resolución, sin menoscabo al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.[2] La garantía del debido proceso, no consiste pues, necesariamente, en que el órgano jurisdiccional comparta el criterio de la parte interesada, o que le se deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada; sino que tutelar el cumplimiento de un conjunto de garantías para que los ciudadanos obtengan una recta y cumplida decisión sobre la determinación de sus derechos y obligaciones.[3]-CONSIDERANDO (8): Que, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; función ésta que compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto.[4]-CONSIDERANDO (9): Que la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), motivó la resolución descrita y circunstanciada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, sobre la base de las consideraciones formales y de fundamentación jurídico - legal que han quedado allí expresadas; censurando la técnica recursiva del agraviado, quien habría incurrido en falta de precisión en la pretensión esgrimida, en cada uno de los tres (3) agravios que motivaron su recurso; particularmente, al esgrimir simultáneamente la mala aplicación e interpretación de errónea de las normas legales, lo que viciaría la sustanciación de su reclamo legal contra la decisión autoritativa de la autoridad jurisdiccional competente. Por todo lo cual, por mayoría de votos de sus miembros, declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal demandante, contra la sentencia definitiva de primera instancia en referencia; decisión jurisdiccional que es ahora conocida en sede de amparo por esta Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la Republica normativiza que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe mantenerse la inviolabilidad del derecho de defensa en el curso del proceso; lo que implica el derecho de ser oído y el conocimiento de la imputación, así como la necesaria correlación entre la imputación y el fallo;[5] la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes.-CONSIDERANDO (11): Que, al estudiarse la foliada a la luz de los alegatos formalizados por el Letrado amparista se manifiesta la existencia de tal infracción, consistente en el desajuste entre lo alegado por la parte recurrente en contra de la desestimación de la prueba, misma que le fuere legalmente admitida y evacuada en audiencia de juicio; y la falta de argumentación jurídica y factico probatoria que denota el voto colegiado, el cual soslaya referirse expresamente a la cuestión planteada, remitiéndose únicamente a aspectos formales que atienden la redacción apropiada de los agravios en sede recurso de apelación. Por tal concepto, encuentra esta Sala que no se cumplen todos los presupuestos procesales, para tener como motivada y razonada en Derecho, la desestimación de la pretensión interesada por la parte agraviada recurrente, lo cual precave su enmienda, supliendo los aspectos argumentativos soslayados; como consecuencia y efecto útil del otorgamiento de la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, se desprende la procedencia de la acción de amparo de la cual se ha hecho mérito, en cuanto pone de manifiesto la infracción al principio de debido proceso normado en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, en que habría incurrido el Ad Quem; al no resultar suficientemente razonada y sustentada en compatibilidad al estándar constitucional, su resolución colegiada de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020); por lo cual se ordena la devolución de los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva emitir una nueva resolución en apego al debido proceso, subsanando el déficit de motivación que se ha puesto de manifiesto en el voto colegiado.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 70, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo promovido por el Abogado HERNAN PLANAS QUESADA, a favor del señor JOAQUIN YNSTROZA RODRIGUEZ, del cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva emitir una nueva resolución en apego al debido proceso, subsanando el déficit de motivación puesto de manifiesto en el voto colegiado. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidos (22) marzo del año dos mil veintidos (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1003-2020 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Agregado a folios 99 al 101 de la primera pieza.
[2] Ilustrativo el parecer de la doctrina constitucionalista española, conforme a la cual el derecho a una resolución judicial fundada en derecho no garantiza ningún supuesto derecho al acierto judicial, ni en la selección ni en la aplicación de las disposiciones legales; bastándole la proscripción de la arbitrariedad, la carencia de irrazonabilidad desde un punto de vista lógico o no verse incursa en un error patente; “… pues todos estos defectos comportarían la lesión del mismo”. Vid. GARBERÍ LLOBREGAT, J. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal (2009). Madrid: Cuadernos Civitas - Thomson Reuters. pp. 169-170.
[3] En tal sentido, resulta también ilustrativa la línea jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, en cuanto a que: “El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales –que representa el parámetro normativo a utilizar- se salvaguarda, como veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer en el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, (…).” MORENO CATENA, Víctor y CORTES DOMINGUEZ, Valentín. Introducción al Derecho Procesal. Valencia; Editorial Tirant lo Blanch, 2010, pág. 197.
[4] El cual atiende, en vía recursiva ordinaria de apelación, a lo establecido en el artículo 705.1 del Código Procesal Civil establece como finalidad: “… lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente”.
[5] En este punto resulta ilustrativa la sentencia STC 222/1994 del 18 de julio, del Tribunal Constitucional español, que dice en lo conducente: “(…) se ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con lo pedido, evitando desajustes o desviaciones entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones; (…).” MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Valencia; Editorial Tirant lo Blanch, 1998, pág. 72.