Sentencia AA-997-20 — Registro 15099
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra Resolución que reformó liquidación de sentencias en relación a los daños y perjuicios a favor de recurrentes en relación a demanda de anulabilidad de acto administrativo de carácter particular, promovida por impetrantes contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)resolución impugnada dejó sin efecto la liquidación practicada en primera instancia y fijando la indemnización que demandada debe abonar a recurrentes en concepto de daños y perjuicios causados por la no devolución de equipo decomisado, en los allanamientos realizados en los inmuebles que estas mismas ocupaban
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que esta Sala es del criterio que a la vista del auto resolutivo dictado por el Juzgado de Primera Instancia.- La condena va orientada a reconocer la situación jurídica individualizada del ahora recurrente a través de los daños y perjuicios respectivos.- Tomando en consideración que la Ley Administrativa no define expresamente estos conceptos, es meritorio remitirse a la Legislación Civil para entender que encierran los mismos, en ese sentido el Código Civil en su artículo 1365 señala que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido (daños emergente), sino que también el daño de la ganancia que el acreedor haya dejado de obtener (Lucro Cesante).- Por lo mencionado y de la lectura de lo referido se desprende, que los únicos dos preceptos reconocidos en la sentencia que le otorgan derechos al recurrente son precisamente los que esta Sala acaba de explicar, excluyéndose el daño moral y los intereses legales surgidos por los daños y perjuicios, cuyo reconocimiento no está incluido en la Sentencia firme de Primera Instancia, y que de manera acertada no otorgó la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva de fecha tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020), que resuelve el recurso de apelación interpuesto en su momento contra el auto resolutivo de Liquidación de Sentencia Definitiva de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, llevando a esta sala al convencimiento que se debe desestimar el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico- jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es dictar sentencia declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado y reformando el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), además de no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe desestimar el amparo demandado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, a favor de las Sociedades Mercantiles PAGENET S. A. DE C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R. L. y COMUNICACIONES H.F.H. S. de R. L., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la demanda de anulabilidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida por las Sociedades Mercantiles PAGENET S. A. DE C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R. L. y COMUNICACIONES H.F.H. S. DE R. L., contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 82, 90, 94 y 304 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (09) de junio de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, actuando en condición de Apoderado del Señor RICARDO ALBERTO FUNEZ RIVERA, PAGENET S. A. DE C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R. L. y COMUNICACIONES H.F.H. S. DE R. L., contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), incoando demanda de anulabilidad de un acto administrativo por no estar dictado conforme a derecho, se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopte como medida el pago de daños y perjuicios. (Folios 01–63 de la Pieza del A-Quo). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dicto Auto Resolutivo en el Incidente de Liquidación de Sentencia en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO (1): Declarar SIN LUGAR la oposición a la liquidación por los motivos expuestos en el numeral quinto (5) de los Fundamentos de Derecho SEGUNDO (2): Aprobar la presente liquidación de sentencia en la cantidad de Daño Emergente en nueve millones ciento noventa y siete mil doscientos veintiún lempiras con veintiún centavos (Lps.9,197,221.21) y Lucro cesante en cuatrocientos dos millones quinientos catorce mil seiscientos cuarenta lempiras con veintiocho centavos (Lps.402,514,640.18), haciendo un total de cuatrocientos once millones setecientos once mil ochocientos sesenta y un lempiras con treinta y nueve centavos (Lps.411,711,861.39); en concepto de Daños y Perjuicios condenados en sentencia definitiva. TERCERO (03): Contra le presente fallo interlocutorio cabe el recurso de apelación, el que deberá interponerse ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo.” (Folios 625–628 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en condición de Apoderada Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia en fecha tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “I. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, actuando en su condición de Apoderada Legal de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). II. REFORMAR el Auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dejando sin efecto la liquidación practicada y fijando la indemnización que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) debe abonar a las sociedades mercantiles PAGENET S. A. de C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R. L. y COMUNICACIONES H.F.H. S. de R. L. en concepto de daños y perjuicios causados por la no devolución del equipo decomisado, en los allanamientos realizados en los inmuebles que las mismas ocupaban en San Pedro Sula, Cortes establecidos en la sentencia definitiva de fecha cinco (5) de mayo de dos mil once (2011) en la cantidad de ochenta y cuatro millones de lempiras (L 84,000,000.00). III. SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 24–36 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de las Sociedades Mercantiles PAGENET S. A. DE C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R. L. y COMUNICACIONES H.F.H. S. de R. L., contra la sentencia de fecha tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 94 y 304 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–05 y 38 del presente Recurso). 5) Que en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera los derechos constitucionales invocados por la recurrente.” (Folios 41–45 y 47 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO a favor de las Sociedades Mercantiles PAGENET S.A. DE C.V., PAGERS DE HONDURAS S. DE R.L. Y COMUNICACIONES H.F.H. S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020),que declaro parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, reformando el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la Liquidación de Sentencia Definitiva, que en su momento promoviera el ahora recurrente ante el Juzgado antes mencionado. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente aduce, que se le ha violentado el derecho a la defensa y el debido proceso, al considerar que es ilegal que no se le haya reconocido la cantidad de L.411,711,861.39 en concepto de daños y perjuicios, ya que estos se han calculado en esa cantidad por así haber determinado el Juez de Primera Instancia en la sentencia definitiva emitida el 05 de mayo de 2011 que declara procedente su acción y que deja diferido para ejecución la determinación de los daños y perjuicios causados, en tal razón, aduce que al momento que se interpuso el reclamo administrativo 28 de diciembre de 2006, el cálculo de los daños y perjuicios ascendían a L.84,000,000.00, esta cantidad vario por la actualización de estos valores señalados como daños y perjuicios y que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional no lo considero de esa manera y por ese motivo interpuso la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, en el sentido que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista que de la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada se encuentra ajustada a derecho, al observar el cumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial, se ha respetado la necesaria correlación que debe de existir entre las pretensiones de las partes y el fallo dictado, respetando los derechos que le asisten a las partes, estimando que la resolución venida en amparo no ha vulnerado los derechos Constitucionales invocados por el amparista. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución. CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala es del criterio que a la vista del auto resolutivo dictado por el Juzgado de Primera Instancia.- La condena va orientada a reconocer la situación jurídica individualizada del ahora recurrente a través de los daños y perjuicios respectivos.- Tomando en consideración que la Ley Administrativa no define expresamente estos conceptos, es meritorio remitirse a la Legislación Civil para entender que encierran los mismos, en ese sentido el Código Civil en su artículo 1365 señala que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido (daños emergente), sino que también el daño de la ganancia que el acreedor haya dejado de obtener (Lucro Cesante).- Por lo mencionado y de la lectura de lo referido se desprende, que los únicos dos preceptos reconocidos en la sentencia que le otorgan derechos al recurrente son precisamente los que esta Sala acaba de explicar, excluyéndose el daño moral y los intereses legales surgidos por los daños y perjuicios, cuyo reconocimiento no está incluido en la Sentencia firme de Primera Instancia, y que de manera acertada no otorgó la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva de fecha tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020), que resuelve el recurso de apelación interpuesto en su momento contra el auto resolutivo de Liquidación de Sentencia Definitiva de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, llevando a esta sala al convencimiento que se debe desestimar el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico- jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es dictar sentencia declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado y reformando el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), además de no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe desestimar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 1365 del Código Procesal Civil; 1, 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de septiembre de dos mil veintidós certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-997-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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