Sentencia AA-992-19 — Registro 14886
Resumen
Providencia declaró sin lugar personamiento de profesional del derecho de recurrente en el expediente que contiene Resolución No. 749/2013-SG-TSC que declaró responsabilidad civil No. 03-01-2010-DCSD derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA); La Autoridad recurrida consideró que la causa paso a ser conocida por la Procuraduría General de la República y es en esa Institución donde deberá solicitarse lo que el peticionario considere pertinente, en tal virtud se ordenó archívar sin más trámite dicha diligencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los autos esta Sala advierte que se ha recurrido en amparo, contra un acto emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el planteamiento expuesto por el recurrente Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en su condición de Representante Procesal del señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, ex Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) Y ex Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Hondureño de mercadeo Agrícola (IHMA), acto que fue concretizado a través de la Providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve que se relaciona en el acápite número 2 de los antecedentes..."..."revisados que han sido los antecedentes que conforman la pieza de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que la acción constitucional se ha interpuesto contra un acto consumado de modo irreparable, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional...ello porque la garantía de amparo fue promovida contra la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se resuelve que es improcedente lo peticionado por el recurrente, ello porque el trámite administrativo en relación al Pliego de Responsabilidad Civil N° 03-01-2010-DCSD, correspondiente al ciudadano Mario Ramón López Gómez, ha concluido en el Tribunal Superior de Cuentas, procediendo éste ente a remitirlo a la Procuraduría General de la República mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis..."..."aunado a ello y como bien lo argumenta la Fiscal del Despacho en su Dictamen, el mismo recurrente expresa en la demanda de Amparo promovida, que la Procuraduría General de la República ejerció la respectiva acción civil en contra de su representado, como lo acredita con el anexo N°5 en la petición formulada ante el Tribunal Superior de Cuentas, que contiene la copia de la Demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudicial, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, por la Procuraduría General de la República. ..."..."sin entrar a examinar el fondo del asunto, por advertirse una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo promovida, el acto que se recurre en Amparo, la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, declara improcedente lo peticionado, ello porque el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría General de la República, indicando la referida providencia que es ante dicha institución que el peticionario tienen que avocarse a efecto de solicitar cualquier acción administrativa..."..."la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 5) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional...causal que se evidencia, en virtud que el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias en relación al Pliego de Responsabilidad Civil del ciudadano Mario Ramón López Gómez, fue remitido a la Procuraduría General de la República en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante oficio N°597/2016-SG-TSC a efecto de seguir el trámite legal correspondiente..."..."en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la providencia emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró de plano Sin Lugar una petición de personamiento, cese de representación e interposición de recurso de reposición contra la Resolución número 749/2013-SG-TSC de fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, con relación a la responsabilidad civil No.03-01-2010-DCSD derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representado los derechos de petición, defensa, protección judicial, debido proceso y el derecho a ser oído, contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; asimismo considera vulnerados los principios constitucionales de libertad, supremacía constitucional, igualdad, legalidad y subordinación, contenidos en los artículos 70, 64, 60, 321 y 323 respectivamente.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante el Tribunal Superior de Cuentas, presentando personamiento, cese de representación por causa de muerte y recurso de reposición, contra la resolución N°749/2013-SG-TSC de fecha veinticinco de julio del años dos mil trece, mediante la cual el Tribunal Superior de Cuentas resuelve: “…CONFIRMAR al ciudadano MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ en el pliego de Responsabilidad Civil No. 03-01-2010 DCSD, la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.2,479,064.14) valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras…”. (Folio con número 230 de la pieza de antecedentes remitidas por el Tribunal Superior de Cuentas).-2) Que en fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, resolvió lo siguiente: (Sic) “Téngase por recibido el escrito que antecede, y en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente en virtud que el Artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que firme que sea la resolución, que tendrá el carácter de título ejecutivo, el Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la Procuraduría General de la Republica, para que inicie las acciones civiles que sean procedentes, tal como sucede en el caso de autos, en el cual ha concluido el trámite administrativo correspondiente a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que se procedió a remitir a la Procuraduría General de la Republica el Pliego de Responsabilidad Civil N°03-01-2010-DCSD, correspondiente al ciudadano MARIO RAMÓN LOPEZ GÓMEZ, mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito…” .-3) El recurrente Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, por considerar que la providencia emitida por Tribunal Superior de Cuentas de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, violenta los derechos, garantías y principios constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 94, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha nueve de marzo del año dos mil veinte. (Folio 49 de los autos) .-4) Que en fecha uno de octubre del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE SOBRESEAN la acción de amparo interpuesta. Argumenta la Fiscal del Despacho que del examen de las diligencias se estima que la inadmisión del personamiento pretendido por el Amparista se encuentra ajustado a derecho, ya que se constata de la foliada que el mismo resulta infructuoso pues la finalidad perseguida con dicha acción, es con el objetivo de ser parte en el proceso a fin de ejercer las acciones legales correspondientes, no obstante al haber culminado dicho proceso en dicha entidad (TSC) y encontrarse las diligencias investigativas concluidas en el pliego de responsabilidad civil N° 03-01-2010-DCSD contra el señor Mario Ramón López Gómez, consta en autos que este fue remitido a la Procuraduría General de la República mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha 30 de noviembre de 2016, por lo que dicho personamiento ante la instancia del TSC resulta improcedente, en tal sentido lo resuelto por la entidad recurrida es conforme a derecho. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que se aprecia de los autos que concurre la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, considerando que tal y como lo señala el amparista en su escrito de Amparo, la Procuraduría General de la República ejerció la respectiva acción civil en contra de su representado. (Folios del 52-61 de los autos).-CONSIDERANDO(1): Que del estudio de los autos esta Sala advierte que se ha recurrido en amparo, contra un acto emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el planteamiento expuesto por el recurrente Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en su condición de Representante Procesal del señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, ex Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) Y ex Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Hondureño de mercadeo Agrícola (IHMA), acto que fue concretizado a través de la Providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve que se relaciona en el acápite número 2 de los antecedentes.- CONSIDERANDO (2): Que revisados que han sido los antecedentes que conforman la pieza de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que la acción constitucional se ha interpuesto contra un acto consumado de modo irreparable, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 5). Contra los actos consumados de modo irreparable;”; ello porque la garantía de amparo fue promovida contra la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se resuelve que es improcedente lo peticionado por el recurrente, ello porque el trámite administrativo en relación al Pliego de Responsabilidad Civil N° 03-01-2010-DCSD, correspondiente al ciudadano Mario Ramón López Gómez, ha concluido en el Tribunal Superior de Cuentas, procediendo éste ente a remitirlo a la Procuraduría General de la República mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (3): Que aunado a ello y como bien lo argumenta la Fiscal del Despacho en su Dictamen, el mismo recurrente expresa en la demanda de Amparo promovida, que la Procuraduría General de la República ejerció la respectiva acción civil en contra de su representado, como lo acredita con el anexo N°5 en la petición formulada ante el Tribunal Superior de Cuentas, que contiene la copia de la Demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudicial, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, por la Procuraduría General de la República. (Folios con número del 281-284 de la pieza de antecedentes remitidas por el Tribunal Superior de Cuentas) .-CONSIDERANDO (4): Que, sin entrar a examinar el fondo del asunto, por advertirse una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo promovida, el acto que se recurre en Amparo, la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, declara improcedente lo peticionado, ello porque el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría General de la República, indicando la referida providencia que es ante dicha institución que el peticionario tienen que avocarse a efecto de solicitar cualquier acción administrativa.-CONSIDERANDO(5): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 5) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…: 2)…; 3)…; 4)…; 5). Contra los actos consumados de modo irreparable; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inamisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”, causal que se evidencia, en virtud que el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias en relación al Pliego de Responsabilidad Civil del ciudadano Mario Ramón López Gómez, fue remitido a la Procuraduría General de la República en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante oficio N°597/2016-SG-TSC a efecto de seguir el trámite legal correspondiente.-CONSIDERANDO (7): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer Fiscal del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 183, 303, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 9, 41, Numeral 5 y párrafo último del artículo 46, 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0992-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la providencia emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró de plano Sin Lugar una petición de personamiento, cese de representación e interposición de recurso de reposición contra la Resolución número 749/2013-SG-TSC de fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, con relación a la responsabilidad civil No.03-01-2010-DCSD derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representado los derechos de petición, defensa, protección judicial, debido proceso y el derecho a ser oído, contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; asimismo considera vulnerados los principios constitucionales de libertad, supremacía constitucional, igualdad, legalidad y subordinación, contenidos en los artículos 70, 64, 60, 321 y 323 respectivamente.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante el Tribunal Superior de Cuentas, presentando personamiento, cese de representación por causa de muerte y recurso de reposición, contra la resolución N°749/2013-SG-TSC de fecha veinticinco de julio del años dos mil trece, mediante la cual el Tribunal Superior de Cuentas resuelve: “…CONFIRMAR al ciudadano MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ en el pliego de Responsabilidad Civil No. 03-01-2010 DCSD, la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.2,479,064.14) valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras…”. (Folio con número 230 de la pieza de antecedentes remitidas por el Tribunal Superior de Cuentas).-2) Que en fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, resolvió lo siguiente: (Sic) “Téngase por recibido el escrito que antecede, y en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente en virtud que el Artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que firme que sea la resolución, que tendrá el carácter de título ejecutivo, el Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la Procuraduría General de la Republica, para que inicie las acciones civiles que sean procedentes, tal como sucede en el caso de autos, en el cual ha concluido el trámite administrativo correspondiente a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que se procedió a remitir a la Procuraduría General de la Republica el Pliego de Responsabilidad Civil N°03-01-2010-DCSD, correspondiente al ciudadano MARIO RAMÓN LOPEZ GÓMEZ, mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito…” .-3) El recurrente Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, por considerar que la providencia emitida por Tribunal Superior de Cuentas de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, violenta los derechos, garantías y principios constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 94, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha nueve de marzo del año dos mil veinte. (Folio 49 de los autos) .-4) Que en fecha uno de octubre del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE SOBRESEAN la acción de amparo interpuesta. Argumenta la Fiscal del Despacho que del examen de las diligencias se estima que la inadmisión del personamiento pretendido por el Amparista se encuentra ajustado a derecho, ya que se constata de la foliada que el mismo resulta infructuoso pues la finalidad perseguida con dicha acción, es con el objetivo de ser parte en el proceso a fin de ejercer las acciones legales correspondientes, no obstante al haber culminado dicho proceso en dicha entidad (TSC) y encontrarse las diligencias investigativas concluidas en el pliego de responsabilidad civil N° 03-01-2010-DCSD contra el señor Mario Ramón López Gómez, consta en autos que este fue remitido a la Procuraduría General de la República mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha 30 de noviembre de 2016, por lo que dicho personamiento ante la instancia del TSC resulta improcedente, en tal sentido lo resuelto por la entidad recurrida es conforme a derecho. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que se aprecia de los autos que concurre la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, considerando que tal y como lo señala el amparista en su escrito de Amparo, la Procuraduría General de la República ejerció la respectiva acción civil en contra de su representado. (Folios del 52-61 de los autos).-CONSIDERANDO(1): Que del estudio de los autos esta Sala advierte que se ha recurrido en amparo, contra un acto emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el planteamiento expuesto por el recurrente Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en su condición de Representante Procesal del señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, ex Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) Y ex Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Hondureño de mercadeo Agrícola (IHMA), acto que fue concretizado a través de la Providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve que se relaciona en el acápite número 2 de los antecedentes.- CONSIDERANDO (2): Que revisados que han sido los antecedentes que conforman la pieza de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que la acción constitucional se ha interpuesto contra un acto consumado de modo irreparable, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 5). Contra los actos consumados de modo irreparable;”; ello porque la garantía de amparo fue promovida contra la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se resuelve que es improcedente lo peticionado por el recurrente, ello porque el trámite administrativo en relación al Pliego de Responsabilidad Civil N° 03-01-2010-DCSD, correspondiente al ciudadano Mario Ramón López Gómez, ha concluido en el Tribunal Superior de Cuentas, procediendo éste ente a remitirlo a la Procuraduría General de la República mediante oficio N°597/2016-SG-TSC de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (3): Que aunado a ello y como bien lo argumenta la Fiscal del Despacho en su Dictamen, el mismo recurrente expresa en la demanda de Amparo promovida, que la Procuraduría General de la República ejerció la respectiva acción civil en contra de su representado, como lo acredita con el anexo N°5 en la petición formulada ante el Tribunal Superior de Cuentas, que contiene la copia de la Demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudicial, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, por la Procuraduría General de la República. (Folios con número del 281-284 de la pieza de antecedentes remitidas por el Tribunal Superior de Cuentas) .-CONSIDERANDO (4): Que, sin entrar a examinar el fondo del asunto, por advertirse una causal de inadmisibilidad de la garantía de Amparo promovida, el acto que se recurre en Amparo, la providencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, declara improcedente lo peticionado, ello porque el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría General de la República, indicando la referida providencia que es ante dicha institución que el peticionario tienen que avocarse a efecto de solicitar cualquier acción administrativa.-CONSIDERANDO(5): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 5) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…: 2)…; 3)…; 4)…; 5). Contra los actos consumados de modo irreparable; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inamisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”, causal que se evidencia, en virtud que el trámite administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido y las diligencias en relación al Pliego de Responsabilidad Civil del ciudadano Mario Ramón López Gómez, fue remitido a la Procuraduría General de la República en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante oficio N°597/2016-SG-TSC a efecto de seguir el trámite legal correspondiente.-CONSIDERANDO (7): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer Fiscal del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 183, 303, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 9, 41, Numeral 5 y párrafo último del artículo 46, 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0992-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL