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Sentencia AA-985-18 — Registro 15864

Resumen

Acción de amparo conocida en pleno de la Corte Suprema de Justicia ,con relación a iniciativa privada del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo, Valle" comunicando la existencia un tercero interesado en el Proyecto de Iniciativa Privada; en apego a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento General de la ley de Promoción de Alianza Publico Privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

9): Que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y su Reglamento, en concordancia con el artículo 339 constitucional, establecen la prohibición de establecer, promover o permitir monopolios u oligopolios en una determinada actividad industrial, mercantil o económica, en este caso concreto los puertos.- Es así que los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley disponen: "ARTICULO 3.- PRINCIPIOS. Los contratos de participación público-privada deben sujetarse a los principios siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Promoción de la búsqueda de la competencia a fin de asegurar la eficacia, eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio;…” "ARTICULO 23.- La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas tiene las atribuciones siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4) Prevenir en cuanto corresponda, conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes; 5)…; …10.)…" Del Reglamento: "TITULO III. CAPITULO III, SECCION VI. FUNCION DE PROMOCION DE COMPETENCIA Articulo 91.- Definición de la función de promoción de la competitividad económica.- La superintendencia deberá promover la competitividad económica y prevenir, en cuanto corresponda, las conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes para el bienestar de los consumidores." En cumplimiento a los artículos antes citados, en el contrato celebrado entre ICTSI, y el Estado de Honduras a través de COALIANZA se estableció lo siguiente: “2.11 … Consecuentemente con lo anterior, el OPERADOR, sus accionistas o socios de este, no deberán ser a su vez titulares de acciones o participaciones sociales, de manera directa o indirecta, de sociedades titulares de concesiones en materia de infraestructura portuaria, carretera o aeroportuaria otorgada por el Gobierno de la República de Honduras a efecto de evitar se restrinja, disminuya, dañe, impida o vulnere la libre competencia en los términos de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia.- Cualquier abuso del operador o sus empresas vinculadas de su posición dominante en Puerto Cortés que constituya alguna de las prácticas prohibidas por la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, será denunciada y sancionada por las autoridades gubernamentales en la materia, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales establecidas en el anexo 12" (folios 70 y 71 de la pieza de Amparo). Siendo que la empresa ICTSI se encuentra en una imposibilidad legal de contratar, tampoco puede participar en la invitación a presentar expresión de interés del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo", por lo que no puede darle un rango de tercero interesado, ya que jurídicamente no tiene opción de contratación. Por ello cuando COALIANZA emite el OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), acto objeto de la acción de amparo que nos ocupa (folio 25 de la pieza del recurso), violenta el debido proceso, incluyendo las formalidades inherentes a la emisión de los actos de la administración pública; establecidos en los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley y 91 del Reglamento antes mencionados, en relación con los artículos 116 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 90 y 331 Constitucional, referido éste último a la libertad de contratación, ya que el oferente ICTSI por su imposibilidad legal de contratar, tampoco puede ofertar.- CONSIDERANDO (10): Que si bien la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, establece en su artículo 35, que "Los conflictos que surjan de las solicitudes de la Alianza Público-Privada (APP), iniciadas por particulares, así como los procesos de adjudicación de la Alianza Público-Privada (APP), y las asociaciones de este tipo que se aprueben, incluyendo la impugnación de los procesos de adjudicación se sujeta obligatoriamente al Procedimiento de Arbitraje y bajo las reglas que se señalen al efecto en el Pliego de Condiciones."; no es posible, en ese contexto normativo, impugnar el acto de comunicación que motiva la acción de amparo de mérito <<OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018)>>, por lo que a fin determinar la procedencia de la acción de amparo y con ello mantener incólume el principio de supremacía de la Constitución de la República, se hace observancia de los principios de subsidiariedad y definitividad del asunto; criterio que se dejó establecido en la sentencia de garantía de amparo identificado con No. SCO-0762-2017, proferida en fecha seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), en los términos siguientes: "CONSIDERANDO (15): Que este alto Tribunal de Justicia ha expresado que para determinar la procedencia de la acción de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNAH y en segunda instancia la jurisdicción ordinaria; otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus límites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio judicial idóneo, este no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, este no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados. - ". CONSIDERANDO (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, este tribunal, al revisar el acto contra la cual se reclama, estima que se ha conculcado el derecho fundamental del debido proceso, al permitir y dar la calidad de tercero interesado a la empresa ICTSI respecto del proyecto “Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo”, pues se reitera, jurídicamente no tiene opción de contratación en este ámbito; consecuentemente es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo.-

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 331 (Rango Constitucional)
  • Ley General de la Administración Pública, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

9): Que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y su Reglamento, en concordancia con el artículo 339 constitucional, establecen la prohibición de establecer, promover o permitir monopolios u oligopolios en una determinada actividad industrial, mercantil o económica, en este caso concreto los puertos.- Es así que los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley disponen: "ARTICULO 3.- PRINCIPIOS. Los contratos de participación público-privada deben sujetarse a los principios siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Promoción de la búsqueda de la competencia a fin de asegurar la eficacia, eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio;…” "ARTICULO 23.- La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas tiene las atribuciones siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4) Prevenir en cuanto corresponda, conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes; 5)…; …10.)…" Del Reglamento: "TITULO III. CAPITULO III, SECCION VI. FUNCION DE PROMOCION DE COMPETENCIA Articulo 91.- Definición de la función de promoción de la competitividad económica.- La superintendencia deberá promover la competitividad económica y prevenir, en cuanto corresponda, las conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes para el bienestar de los consumidores." En cumplimiento a los artículos antes citados, en el contrato celebrado entre ICTSI, y el Estado de Honduras a través de COALIANZA se estableció lo siguiente: “2.11 … Consecuentemente con lo anterior, el OPERADOR, sus accionistas o socios de este, no deberán ser a su vez titulares de acciones o participaciones sociales, de manera directa o indirecta, de sociedades titulares de concesiones en materia de infraestructura portuaria, carretera o aeroportuaria otorgada por el Gobierno de la República de Honduras a efecto de evitar se restrinja, disminuya, dañe, impida o vulnere la libre competencia en los términos de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia.- Cualquier abuso del operador o sus empresas vinculadas de su posición dominante en Puerto Cortés que constituya alguna de las prácticas prohibidas por la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, será denunciada y sancionada por las autoridades gubernamentales en la materia, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales establecidas en el anexo 12" (folios 70 y 71 de la pieza de Amparo). Siendo que la empresa ICTSI se encuentra en una imposibilidad legal de contratar, tampoco puede participar en la invitación a presentar expresión de interés del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo", por lo que no puede darle un rango de tercero interesado, ya que jurídicamente no tiene opción de contratación. Por ello cuando COALIANZA emite el OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), acto objeto de la acción de amparo que nos ocupa (folio 25 de la pieza del recurso), violenta el debido proceso, incluyendo las formalidades inherentes a la emisión de los actos de la administración pública; establecidos en los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley y 91 del Reglamento antes mencionados, en relación con los artículos 116 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 90 y 331 Constitucional, referido éste último a la libertad de contratación, ya que el oferente ICTSI por su imposibilidad legal de contratar, tampoco puede ofertar.- CONSIDERANDO (10): Que si bien la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, establece en su artículo 35, que "Los conflictos que surjan de las solicitudes de la Alianza Público-Privada (APP), iniciadas por particulares, así como los procesos de adjudicación de la Alianza Público-Privada (APP), y las asociaciones de este tipo que se aprueben, incluyendo la impugnación de los procesos de adjudicación se sujeta obligatoriamente al Procedimiento de Arbitraje y bajo las reglas que se señalen al efecto en el Pliego de Condiciones."; no es posible, en ese contexto normativo, impugnar el acto de comunicación que motiva la acción de amparo de mérito <<OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018)>>, por lo que a fin determinar la procedencia de la acción de amparo y con ello mantener incólume el principio de supremacía de la Constitución de la República, se hace observancia de los principios de subsidiariedad y definitividad del asunto; criterio que se dejó establecido en la sentencia de garantía de amparo identificado con No. SCO-0762-2017, proferida en fecha seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), en los términos siguientes: "CONSIDERANDO (15): Que este alto Tribunal de Justicia ha expresado que para determinar la procedencia de la acción de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNAH y en segunda instancia la jurisdicción ordinaria; otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus límites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio judicial idóneo, este no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, este no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados. - ". CONSIDERANDO (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, este tribunal, al revisar el acto contra la cual se reclama, estima que se ha conculcado el derecho fundamental del debido proceso, al permitir y dar la calidad de tercero interesado a la empresa ICTSI respecto del proyecto “Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo”, pues se reitera, jurídicamente no tiene opción de contratación en este ámbito; consecuentemente es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el expediente SCO-0985-2018 que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022). El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, Magistrado Presidente: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA y los Magistrados Integrantes EDIN YOBANY DE LA O RAMOS, RUBÉN RIVERA FLORES, BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, ROXANA LICETH MORALES TORO. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor del consorcio de las sociedades mercantiles TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPOSITO SAN LORENZO S.A. DE C.V. (TPSML S.A.) Y ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES S.A. (ESTIR S.A.), contra el OFICIO-COALIANZA No. 511-2018, dictada por la COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO—PRIVADA (COALIANZA), de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), con relación a una iniciativa privada del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo, Valle". Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representadas, los derechos consignados en los artículos 59, 60, 61, 63 y 90 de la Constitución de la Republica; 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1, 8, 11 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 6 del Convenio de Roma, y; 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ANTECEDENTES 1) En fecha nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA), el Abogado JOSE TIJERINO INESTROZA, actuando en representación del Consorcio de las sociedades mercantiles TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPOSITO SAN LORENZO S.A. DE C.V. (TPSML S.A.) Y ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES S.A. (ESTIR S.A.), interponiendo una solicitud de proyecto de alianza publico privada por iniciativa privada, en la que solicitó que se declarara de interés público y se incorporara al sistema nacional de inversión pública, el proyecto de alianza público privada denominado "Proyecto de Modernización y Desarrollo de la Terminal del Puerto de San Lorenzo, Valle"; misma que fue otorgada mediante el acta especial de la Sesión Extraordinaria celebrada por COALIANZA, en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Tomo III de los antecedentes). 2) En fecha veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se publicó en el diario oficial "La Gaceta", el Decreto Ejecutivo no. PCM-076-2017, dictado en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en el cual se declara de interés nacional la iniciativa privada presentada por, ante COALIANZA, del "Proyecto de modernización y desarrollo de la terminal del puerto de San Lorenzo, Valle". (Tomo III de los antecedentes y folios 52 al 57 de la pieza de amparo). 3) En fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), se publicó en los diarios de mayor circulación, la invitación para presentar la expresión de interés en el "Proyecto de Modernización y Desarrollo de la Terminal del Puerto de San Lorenzo, Valle"; razón por la cual, en fecha ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la sociedad mercantil ICTSI AMERICAS B.V., presentó los documentos solicitados para su consideración. (Tomo contentivo de los documentos de expresión de interés de la sociedad mercantil ICTSI AMERICAS B.V., Tomo IV de los antecedentes y folios 26 al 44 y 61 de la pieza de amparo). 4) En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la Dirección legal de la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico-Privada emitió opinión legal sobre la consulta solicitada por el comité evaluador de expresiones de interés del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal del Puerto de San Lorenzo” presentado por la sociedad mercantil ICTSI AMERICAS B.V.; y el veintidós (22) de ese mismo mes y año, dicho comité remitió al Secretario Ejecutivo, un informe de evaluación sobre la expresión de interés antes relacionada, en el cual dictaminaron que la sociedad mercantil ICTSI AMERICAS B.V. cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, para la participación en el proyecto en referencia; hecho que le fue notificado al recurrente, en la misma fecha, mediante el OFICIO-COALIANZA No. 511/2018. (Tomo IV de la pieza de antecedentes). 5) No estando conforme con lo anterior, la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del consorcio conformado por las sociedades mercantiles TERMINAL PORTUARIA. MULTIPROPOSITO SAN LORENZO S.A. DE C.V. (TPSML S.A.) Y ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES S. A. (ESTIR S.A.), contra el OFICIO-COALIANZA No. 511-2018, que se deja relacionado en el numeral anterior, por considerar que contiene una decisión violatoria de diversos derechos fundamentales de sus representadas, consagrados en los Artículos 59, 60, 61, 63 y 90 de la Constitución de la Republica; 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1, 8, 11 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 6 del Convenio de Roma, y; 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, señalando como derechos constitucionales violados: debido proceso, igualdad y libre competencia; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019). (folios 1-76 y 218 del presente Recurso). 6) En fecha nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) "El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista." (folios 220-227 y 230 del presente Recurso) 7) En fecha ocho (08) de enero de dos mil veinte (2020) la Sala de lo Constitucional discutió y se pronunció sobre el presente recurso, y al no resultar votación por unanimidad de votos, los autos se remitieron a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para conocimiento y decisión del pleno del tribunal supremo, conforme lo disponen los artículos 316 de la Carta Magna y 8 de la Ley sobre justicia constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Articulo 313 numeral 5 en relación con el Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3.2), 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, a favor del consorcio de las sociedades mercantiles TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPOSITO SAN LORENZO S.A. DE C.V. (TPSML S.A.) Y ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES S.A. (ESTIR S.A.), se dirige contra el OFICIO - COALIANZA No. 511-2018, emitido por la COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (COALIANZA), en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), con relación a una iniciativa privada del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo, Valle"; y, dirigido al Abogado José Roberto Tijerino, como apoderado legal del Consorcio: Terminal Portuaria Multipropósitos de San Lorenzo, S.A. de C.V.; y, Empresa Estribadores y Reparaciones Industriales S.A de C.V.; comunicando la existencia un tercero interesado en el Proyecto de Iniciativa Privada; en apego a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento General de la ley de Promoción de Alianza Publico Privada. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente aduce, en su escrito de interposición y formolización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que con ese acto de comunicación, COALIANZA, violentó el debido proceso, incluyendo el derecho a la igualdad y libre competencia, al no aplicar, ni respetar, ni razonar, ni fundamentar, ni rechazar de plano la incompleta, falta de cumplimiento de requisitos; y, además por la violación contractual de la Empresa ICTSI con el Estado de Honduras, ya que de forma expresa o literal tiene imposibilidad legal y jurídica de participar como tercero interesado en este proceso de iniciativa privada. CONSIDERANDO (5): Que en el informe remitido a esta Sala por Zonia Margarita Morales Romero, Erasmo Virgilio Padilla y Miguel Ángel Gámez; Comisionados de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada, (COALIANZA); se indica que en ningún momento se puede considerar como un incumplimiento al debido proceso, la notificación de la existencia de terceros interesados en la ejecución, que únicamente cumple la función de poner en conocimiento del proponente de la iniciativa privada, y el inicio de la fase del procedimiento de selección y las implicaciones legales que esto supone; refiere que COALIANZA en sus decisiones se ha enmarcado en el respeto de los procedimientos establecidos en la Ley para la Promoción de la Alianza Público Privada y su reglamento, cumpliendo con todas las garantías que procuran la obtención de decisiones justas; y se reitera que el Secretario Ejecutivo, encargado de la sustanciación del Proceso conforme lo dispuesto en la Ley para la Promoción de la Alianza Público Privada en su artículo 14, enmarcó sus decisiones y actuaciones en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable, quien después de haber dilucidado y solicitado los dictámenes técnicos, financieros y legales correspondientes que permitan su correcta decisión, sometió el procedimiento a consideración del Pleno de la Comisión. Citando a su vez lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Asociación Público Privada, mismo que establece que establece que los conflictos que surjan de las solicitudes de la alianza Público-Privada (APP), iniciadas por particulares, así como los procesos de adjudicación de la alianza Público-Privada (APP); y, las asociaciones de este tipo que se aprueben, incluyendo la impugnación de los procesos de adjudicación, se sujetan obligatoriamente al procedimiento de Arbitraje; y, bajo las reglas que se señalen al efecto en el Pliego de Condiciones. CONSIDERANDO (6): Que en fecha nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Publico a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) "El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista." Al concluir que se observa que la autoridad recurrida hasta el momento ha seguido con las fases que comprende el proceso de adjudicación de un Proyecto de Adjudicación de Iniciativa Privada, en el sentido que cuando exista un tercero interesado lo procedente es la aplicación del contenido del artículo 48 del Reglamento General de la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada y pues será COALIANZA finalmente en base a la ley y su Reglamento que decida a quien adjudica el referido Proyecto de Inversión, para lo cual las partes tendrán derecho a hacer use de los medios impugnativos que franquea la ley. CONSIDERANDO (7): Que queda debidamente definido que la comunicación (OFICIO-COALIANZA No. 511/2018), recurrida vía amparo, dictada por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), un ente desconcentrado, no se constituye como un acto de la administración pública al no revestir las formalidades que la ley exige. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso se encuentra regulada por los artículos 90 de la Constitución de la República, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en los procesos, indistintamente su naturaleza, es decir, debe observarse no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. En palabras de Rodríguez Rescia (1998) <<el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”>>. En ese sentido, el debido proceso alcanza a los procesos que se desarrollen en el ámbito administrativo, entre ellos, los de expresión de interés, como en el caso de la iniciativa privada del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo, Valle".- CONSIDERANDO (9): Que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y su Reglamento, en concordancia con el artículo 339 constitucional, establecen la prohibición de establecer, promover o permitir monopolios u oligopolios en una determinada actividad industrial, mercantil o económica, en este caso concreto los puertos.- Es así que los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley disponen: "ARTICULO 3.- PRINCIPIOS. Los contratos de participación público-privada deben sujetarse a los principios siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) Promoción de la búsqueda de la competencia a fin de asegurar la eficacia, eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como evitar cualquier acto anticompetitivo y/o colusorio;…” "ARTICULO 23.- La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas tiene las atribuciones siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4) Prevenir en cuanto corresponda, conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes; 5)…; …10.)…" Del Reglamento: "TITULO III. CAPITULO III, SECCION VI. FUNCION DE PROMOCION DE COMPETENCIA Articulo 91.- Definición de la función de promoción de la competitividad económica.- La superintendencia deberá promover la competitividad económica y prevenir, en cuanto corresponda, las conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes para el bienestar de los consumidores." En cumplimiento a los artículos antes citados, en el contrato celebrado entre ICTSI, y el Estado de Honduras a través de COALIANZA se estableció lo siguiente: “2.11 … Consecuentemente con lo anterior, el OPERADOR, sus accionistas o socios de este, no deberán ser a su vez titulares de acciones o participaciones sociales, de manera directa o indirecta, de sociedades titulares de concesiones en materia de infraestructura portuaria, carretera o aeroportuaria otorgada por el Gobierno de la República de Honduras a efecto de evitar se restrinja, disminuya, dañe, impida o vulnere la libre competencia en los términos de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia.- Cualquier abuso del operador o sus empresas vinculadas de su posición dominante en Puerto Cortés que constituya alguna de las prácticas prohibidas por la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, será denunciada y sancionada por las autoridades gubernamentales en la materia, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales establecidas en el anexo 12" (folios 70 y 71 de la pieza de Amparo). Siendo que la empresa ICTSI se encuentra en una imposibilidad legal de contratar, tampoco puede participar en la invitación a presentar expresión de interés del proyecto "Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo", por lo que no puede darle un rango de tercero interesado, ya que jurídicamente no tiene opción de contratación. Por ello cuando COALIANZA emite el OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), acto objeto de la acción de amparo que nos ocupa (folio 25 de la pieza del recurso), violenta el debido proceso, incluyendo las formalidades inherentes a la emisión de los actos de la administración pública; establecidos en los artículos 3.5 y 23.4 de la Ley y 91 del Reglamento antes mencionados, en relación con los artículos 116 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 90 y 331 Constitucional, referido éste último a la libertad de contratación, ya que el oferente ICTSI por su imposibilidad legal de contratar, tampoco puede ofertar.- CONSIDERANDO (10): Que si bien la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, establece en su artículo 35, que "Los conflictos que surjan de las solicitudes de la Alianza Público-Privada (APP), iniciadas por particulares, así como los procesos de adjudicación de la Alianza Público-Privada (APP), y las asociaciones de este tipo que se aprueben, incluyendo la impugnación de los procesos de adjudicación se sujeta obligatoriamente al Procedimiento de Arbitraje y bajo las reglas que se señalen al efecto en el Pliego de Condiciones."; no es posible, en ese contexto normativo, impugnar el acto de comunicación que motiva la acción de amparo de mérito <<OFICIO-COALIANZA N° 511/2018 del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018)>>, por lo que a fin determinar la procedencia de la acción de amparo y con ello mantener incólume el principio de supremacía de la Constitución de la República, se hace observancia de los principios de subsidiariedad y definitividad del asunto; criterio que se dejó establecido en la sentencia de garantía de amparo identificado con No. SCO-0762-2017, proferida en fecha seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), en los términos siguientes: "CONSIDERANDO (15): Que este alto Tribunal de Justicia ha expresado que para determinar la procedencia de la acción de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNAH y en segunda instancia la jurisdicción ordinaria; otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus límites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio judicial idóneo, este no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, este no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados. - ". CONSIDERANDO (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, este tribunal, al revisar el acto contra la cual se reclama, estima que se ha conculcado el derecho fundamental del debido proceso, al permitir y dar la calidad de tercero interesado a la empresa ICTSI respecto del proyecto “Modernización y Desarrollo de la Terminal Portuaria de San Lorenzo”, pues se reitera, jurídicamente no tiene opción de contratación en este ámbito; consecuentemente es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA DE VOTOS, por haber disentido los magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, EDÍN YOBANY DE LA O RAMOS y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT; y haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313.5, 316, 321 y 339 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3.2, 7, 8, 9.3), 41, 45, 63, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, a favor del consorcio de las sociedades mercantiles TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPOSITO SAN LORENZO S.A. DE C.V. (TPSML S.A.) Y ESTIBADORES Y REPARACIONES INDUSTRIALES S.A. (ESTIR S.A.).- Y MANDA: Que, con la certificación de estilo, la secretaria del tribunal devuelva los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Integrante Brenda Celina Hernández. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, Magistrado Presidente; REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, Magistrado; JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, Magistrado; RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Magistrado; EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, Magistrado; WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, Magistrado; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado; ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, Magistrada; EDIN YOBANY DE LA O RAMOS, Magistrado Integrante; RUBÉN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante; BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO, Magistrada Integrante; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, Magistrada Integrante; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante; ROXANA LICETH MORALES TORO, Magistrada Integrante, FIRMA Y SELLO: REINA MARIA LÓPEZ CRUZ, Secretaria General.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, Certificación de la sentencia de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo que se registra bajo el número SCO-0985-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL