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Sentencia AA-942-21 — Registro 15487

Resumen

Recurso de amparo que resolvió denegando recurso de apelación interpuesto contra resolución con relación al reclamo administrativo para el pago de prestación económica

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que esta Sala, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE SOBRESEA la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8).- Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Administrativo.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de las presentes diligencias se aprecia que el acto reclamado en amparo, lo constituye el auto emitido en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintiuno (2021) por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, departamento de Olancho, a través del cual inadmiten a trámite el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, al considerarlo extemporáneo. Del análisis realizado a la presente causa observamos que el impetrante presento en su momento recurso de reposición en contra de la resolución 003-JDU-UNAG-2021 proferida por la Junta Directiva Nacional de Agricultura, siendo declarada sin lugar el veinte de abril del dos mil veintiuno mediante resolución 006-JDU-UNAH-2021, con lo cual de conformidad con el artículo 138 segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo ponía fin a la vía administrativa, debiendo proceder a presentar la demanda ante el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo dentro del plazo legal establecido en el artículo 48 letra a) de la Ley de dicha Jurisdicción y no mediante esta acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, es del criterio que se debe sobreseer el presente recurso de amparo, por existir una causa de inadmisibilidad de la acción como lo es el hecho de tener expeditas acciones legales en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; impidiendo a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia- Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recuro de Amparo interpuesto por el Abogado Roberto Antonio Cruz, a favor de los señores Luz Idalia Solís Cruz, Amparo Alicia Cruz Pacheco, Angela Victoriana Cruz Pacheco, Angela de Jesús Pacheco, representada por el señor Huber Francisco Cruz Pacheco y Dominga Consuelo Cruz Pacheco representada por Roberto Cruz Pacheco, contra la resolución dictada por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), de Catacamas, Olancho, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 003-JDU-UNAH-2021, con relación al reclamo administrativo para el pago de prestación económica, identificado bajo No. SG-012-2019-UNAG. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Roberto Antonio Cruz, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Luz Idalia Solís Cruz, Amparo Alicia Cruz Pacheco, Angela Victoriana Cruz Pacheco, Angela de Jesús Pacheco, representada por el señor Huber Francisco Cruz Pacheco y Dominga Consuelo Cruz Pacheco representada por Roberto Cruz Pacheco, contra la resolución dictada por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), de Catacamas, Olancho, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 003-JDU-UNAH-2021, con relación al reclamo administrativo para el pago de prestación económica, identificado bajo No. SG-012-2019-UNAG. (Folios 1-9 del amparo de mérito) 2).- En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…1.-DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ, accionando en representación de los señores LUZ IDALIA SOLÍS CRUZ, AMPARO ALICIA CRUZ PACHECO, ANGELA VICTORIANA CRUZ PACHECO, ANGELA DE JESUS PACHECO, … 2.-Remitir los antecedentes…” (Folio 32 vuelto del amparo de mérito).3).- En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de amparo impetrado por el Abogado Roberto Antonio Cruz, a favor de los señores Luz Idalia Solís Cruz, Amparo Alicia Cruz Pacheco, Angela Victoriana Cruz Pacheco, Angela de Jesús Pacheco, representada por el señor Huber Francisco Cruz Pacheco, Dominga Consuelo Cruz Pacheco representada por Roberto Cruz Pacheco. (Folio 37 del recurso de mérito) 4).- Ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), de Catacamas, Olancho, desprendiéndose de su parte dispositiva lo siguiente: “…PRIMERO: EN CONSECUENCIA SE INADMITE A TRÁMITE el RECURSO DEVOLUTIVO DE APELACIÓN PARA Y ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SE DENUNCIA INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DESVIACIÓN DE PODER interpuesto por el Abogado JUAN MANUEL ASFURA SABONGE en su condición de representante legal de las señoras ANGELA VICTORINA, AMPARO ALICIA Y DOMINGA CONSUELO todas de Apellidos CRUZ PACHECO y LUZ IDALIA SOLIZ CRUZ en su condición de Cesionaria de Derechos de su difunta madre FRANCISCA ELENA CRUZ PACHECO POR SER EXTEMPORÁNEO EN VIRTUD DE HABERLES CADUCADO EL PLAZO RESPECTIVO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE EL RECURSO QUE LOS PETICIONARIOS DEJARON DE UTILIZAR, artículos No. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 87, 88, 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Firma y sello, M.SC. GUSTAVO ALONSO ARDON.- Director Presidente Junta Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura, Firma y sello M.SC. CARLOS ROBERTO MELGAR. Director Secretario Junta Dirección Universitaria NOTIFÍQUESE.-” (Folios 272-275 de los antecedentes) 5).- Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 43 del recurso de mérito) 6).- En fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por el Abogado Roberto Antonio Cruz, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 51 del recurso de mérito) 7).- Esta Sala, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que resulta de importancia iniciar señalando que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos reconocidos por el control de convencionalidad, no obstante, han aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, cuyas formalidades están establecidas en la Ley. En este sentido, el artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: "Contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la administración conozca en única o en segunda instancia, procederá el recurso de reposición, ante el órgano que lo hubiere dictado...". Asimismo, el último párrafo del artículo 138 establece: ". La resolución del recurso de reposición pondrá fin a la vía administrativa". Que del contenido de la norma transcrita y del estudio de los antecedentes, esta representación fiscal estima que la resolución recurrida se encuentra dictada conforme a derecho, puesto que el recurrente ha tenido las oportunidades procesales e hizo uso del recurso que la ley le permite en el asunto controvertido, el que de conformidad con el citado artículo 138 dio por agotado la instancia administrativa ante la Universidad Nacional de Agricultura, tal como dispuso Resolución No. 006-JDU-UNAG-2021, de fecha veinte (20) de abril del año 2021, emitida por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura, el cual le fue notificado vía correo electrónico en fecha veintiuno (21) de abril del año 2021 (F.245), de cuyo recurso resultado es la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. Siguiendo este orden de ideas, el Ministerio Público coligue de la motivación de la resolución venida en amparo, que el fundamento jurídico de la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura para denegar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 003-JDU-UNAG- 2021, se encuentra contenido en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 139, el cual señala el plazo de quince (15) días para la interposición del recurso de apelación contra la resolución que pretende sea revisada por el órgano superior y enmiende los errores del inferior, que en el caso particular se refiere al Consejo Superior Universitario, no obstante, en el caso sub-judice, el recurrente interpuso el recurso de reposición referido, cuyo efecto jurídico no es otro que poner fin a la vía administrativa y, por ende, el acto que deberá dilucidarse por la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, siendo que el caso que nos ocupa se trata de un acto de la Administración pública sujeto al Derecho Administrativo; quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho. En consecuencia, tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debe rechazarse de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad señalada, debiendo sobreseerse las diligencias. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE SOBRESEA la presente Acción de Amparo, por concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 54-59 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ROBERTO ANTONIO CRUZ a favor de LUZ IDALIA SOLIS CRUZ, AMPARO ALICIA CRUZ PACHECO, ANGELA VICTORINA CRUZ PACHECO, ANGELA DE JESUS CRUZ PACHECO, representada por el señor HUBER FRANCISCO CRUZ PACHECO, DOMINGA CONSUELO CRUZ PACHECO, representada por ROBERTO CRUZ PACHECO, se dirige contra la Resolución emitida por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), de Catacamas, Olancho, de fecha diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 003-JDU-UNAG-2021, con relación al reclamo administrativo para el pago de prestación económica. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el derecho de defensa, en vista que a sus representados se les vulnero el derecho a la interdicción de defensa dentro del expediente de conocer y alegar, así como probar y desvirtuar alguna conducta sancionatoria impuesta en su contra en primera instancia.- De igual manera señala que se violentó el debido proceso, al haberle vedado a sus representados al denegarles ilegalmente el Recurso de Apelación que ha señalado, cuyo control se ha traído a sede constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE SOBRESEA la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8).- Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Administrativo.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de las presentes diligencias se aprecia que el acto reclamado en amparo, lo constituye el auto emitido en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintiuno (2021) por la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, departamento de Olancho, a través del cual inadmiten a trámite el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, al considerarlo extemporáneo. Del análisis realizado a la presente causa observamos que el impetrante presento en su momento recurso de reposición en contra de la resolución 003-JDU-UNAG-2021 proferida por la Junta Directiva Nacional de Agricultura, siendo declarada sin lugar el veinte de abril del dos mil veintiuno mediante resolución 006-JDU-UNAH-2021, con lo cual de conformidad con el artículo 138 segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo ponía fin a la vía administrativa, debiendo proceder a presentar la demanda ante el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo dentro del plazo legal establecido en el artículo 48 letra a) de la Ley de dicha Jurisdicción y no mediante esta acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, es del criterio que se debe sobreseer el presente recurso de amparo, por existir una causa de inadmisibilidad de la acción como lo es el hecho de tener expeditas acciones legales en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; impidiendo a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60, 61, 70, 90, 106, 183, 303 Y 313.5 de la Constitución de la República; 1, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 46.8 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 48 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: SOBRESEER la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0942-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.