Sentencia AA-920-21 — Registro 14834
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra las resoluciones dictadas que confirmó la resolución con relación a la solicitud de cambio de nombre. Alega el recurrente que el Registro Nacional de las Personas a través de un reglamento va más allá de lo establecido en su propia Ley, puesto que la ley no prohíbe el cambio de nombre, violentando derechos internacionales de los derechos humanos, a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, dejando de un lado la importancia de la cual se deriva la pretensión de una persona transexual de cambiar su nombre legal asignado al nacer, por el asumido en su identidad de género Trans.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que, del informe remitido a esta Sala por la autoridad recurrida, que con la emisión del acto reclamado en amparo se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el informe remitido por la autoridad recurrida.
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que, del informe remitido a esta Sala por la autoridad recurrida, que con la emisión del acto reclamado en amparo se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el informe remitido por la autoridad recurrida.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 43 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1) (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad administrativa recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., siete de marzo de dos mil veintidós. ISTOS: el presente Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, a favor del señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA contra las resoluciones 007-VSG-20, 008-VSG-20,009-VSG-20 Y 010-VSG-20 dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que confirmó la resolución de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, con relación a la solicitud de cambio de nombre promovida por el señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO: Que se alega por parte del quejoso la existencia de violaciones a la garantías del derecho de la igualdad, derecho a la no discriminación, reconocidas en los Artículos 60, 64 y 70 de la Constitución de la República, mismas que han resultado, según afirma el impetrante de las resoluciones 007-VSG-20, 008-VSG-20,009-VSG-20 Y 010-VSG-20 dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte; que dicha Institución a través de un reglamento va más allá de lo establecido en su propia Ley, puesto que la ley no prohíbe el cambio de nombre, violentando derechos internacionales de los derechos humanos, a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, dejando de un lado la importancia de la cual se deriva la pretensión de una persona transexual de cambiar su nombre legal asignado al nacer, por el asumido en su identidad de género Trans. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante providencia de fecha nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), dispuso que previo a pronunciarse sobre la admisión del presente amparo, que la autoridad recurrida rindiera informe circunstanciado del acto reclamado, así como también los recursos disponibles por la parte recurrente para obtener la subsanación del acto reclamado, si hizo uso de ellos, y de haberlo hecho la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que del informe remitido a esta Sala por la autoridad recurrida, que con la emisión del acto reclamado en amparo se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el informe remitido por la autoridad recurrida. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad administrativa recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 1,2,3,4,5,6,17 numeral 8, 50 y 131 de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 37 numeral 12,38 numerales 4) y 6), 70,71,72 y 182 del Reglamento del Registro Nacional de las Personas. RESUELVE: INADMITIR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, a favor del señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA contra las resoluciones 007-VSG-20, 008-VSG-20,009-VSG-20 Y 010-VSG-20 dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que confirmó la resolución de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, toda vez que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de mayo de dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL a favor del señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), mediante la cual se inadmitió el recurso de amparo interpuesto el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, a favor del señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA contra las resoluciones 007-VSG-20, 008-VSG-20,009-VSG-20 Y 010-VSG-20 dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que confirmó la resolución de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, con relación a la solicitud de cambio de nombre promovida por el señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir el recurso de amparo que fue promovido. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, a favor del señor DAVID ERNESTO CARRANZA O´HARA contra las resoluciones 007-VSG-20, 008-VSG-20,009-VSG-20 Y 010-VSG-20 dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, de que se ha hecho mérito, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas siete de marzo de dos mil veintidós y cinco de mayo de dos mil veintidós, recaídas en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0920-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.