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Sentencia AA-912-21 — Registro 15122

Resumen

Resolución No. TD-S2-034-2021 impuso sanción disciplinaria de suspensión sin goce de sueldo por dos (2) días por incurrir en el incumplimiento de los deberes inherentes del cargo de Fiscal del Ministerio Público al no informar de la audiencia inicial al Coordinador de la Fiscalía contra imputado a quien se le suponía responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor de edad, ocacionando que se dejara en libertad; Consta que la garantista reconoce que contra la resolución administrativa le quedaría la vía contenciosa administrativa, por lo que se subsume en causal de inadmisibilidad según ordenamiento constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se observa que el acto administrativo que se conoce en sede de amparo, se encuentra actualmente en proceso de impugnación. Tal ha reconocido la garantista, en formalización de su acción de amparo, manifestando, a la vez, no encontrarse firme la resolución administrativa que estima lesiva a sus derechos, y que, agotado que sea el trámite administrativo, le quedaría expedita la vía contenciosa administrativa. Asumiendo tal supuesto de hecho, se deduciría que la cuestión planteada subsumiría, el caso concreto, en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; según se desprende efectivamente del estudio de los antecedentes,[1] en la garantía constitucional de amparo que se ha planteado, procediendo el dictado de sentencia de sobreseimiento..."..."de lo anterior se reafirman para la Sala de lo Constitucional, los criterios establecidos en pacífica jurisprudencia, donde se ha expresado,[2] que, para determinar la procedencia de la garantía de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, antes de que se legitime ser conocido por el juez constitucional; y, por otra parte, en observancia del principio de la definitividad del asunto, que se vincula con que la respuesta fundada en derecho que dé la autoridad próxima se haya obtenido, en ejercicio del derecho de petición; con las lógicas y plausibles excepciones del caso, cuando la persona quejosa no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar que se dispongan de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, se interponga la acción de amparo para evitar un perjuicio irremediable,[3] lo cual no es, señaladamente, la tesitura del presente caso. Por lo tanto, corresponde a esta Sala dictar sentencia sobreseyendo la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto la Abogada JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR quien actúa a favor de SI MISMA, contra la resolución No.TD-S2-034-2021 dictada por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), que impone una sanción disciplinaria de suspensión en el servicio del cargo de Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Cortes, sin goce de sueldo por dos (2) días y se ordenó la aplicación de la sanción de manera inmediata. (Exp. No. TD-201-2019). ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiuno (2021), vía correo electrónico, la Abogada JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, interpuso ante la Sala de lo Constitucional recurso de amparo a favor de SI MISMA, contra la Resolución No. TD-S2-034-2021, emitida por el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), que impone a la recurrente, una sanción disciplinaria de suspensión en el servicio del cargo de Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, sin goce de sueldo por dos (2) días y se ordenó la aplicación de la sanción de manera inmediata. (Exp. No. TD-201-2019). (Folios 01–31 del presente Recurso) 2) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Sala admitió el presente recurso de amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera informe o remitieran los antecedentes del caso, dentro del término de un (01) día hábil. (Folio 38 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), la Sala tiene por recibido el informe solicitado al TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, en el cual se establece: (SIC): “El Procedimiento en el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público en contra de la Servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, dio inicio mediante Solicitud de Imposición Disciplinaria presentada por el Abogado Mario Dubon Moreno, Supervisor Regional Noroccidental (Supervisión Nacional), del Ministerio Público en fecha 18 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo importante mencionar que dicha servidora se encontraba con licencia de estudio, habiendo sido imposible citarla para que compareciera a audiencia y fue hasta en fecha 8 de abril del año 2021, que se celebro la audiencia de descargo de la servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, a la una de la tarde (1:00 p.m.), en el salón de juntas de la Fiscalía General de la República, en presencia del pleno del Tribunal Disciplinario, Abogada Loany Patricia Alvarado, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario, Abogado Juan Fernando Paz, Miembro del Tribunal Disciplinario, Abogado Jorge Adalid Rodríguez, Secretario del Tribunal Disciplinario, asimismo el agente delegado de Supervisión Nacional Eduardo Luis Sevilla Cáceres y el testigo de honor Daniel Emilio Rubí, habiéndose suspendido dicha audiencia y dejado citado en dicho acto a las partes para efecto de continuar la celebración de la audiencia para el día 13 de abril de 2021, a la una con cuarenta minutos de la tarde (1:40 p.m.) misma que se celebro con el pleno del Tribunal Disciplinario. Que en fecha 21 de abril de 2021, el Tribunal Disciplinario emitió Resolución TD-S2-034-2021; contra la servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, en la cual se resolvió sancionarla con la suspensión sin goce de sueldo por dos (02) por haber incurrido en la falta tipificada en el artículo 58 numeral 4 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público el cual establece “Incumplir los deberes inherentes del cargo o a su asignación especifica…” Lo anterior, en virtud de no haber informado de la audiencia inicial al Coordinador de la Fiscalía a la cual está asignada de la audiencia inicial, contra José Agustín Martínez Corea, a quien se le suponía responsable del delito por violación especial en perjuicio de la menor Alejandra Bejarano Sorto ocasionado con esto que se dejara en libertad al imputado. Habiendo en fecha 6 de mayo de 2021, este Tribunal Disciplinario notificado TD-S2-034-2021, por lo que, en fecha 7 de mayo de 2021, dicha servidora presento Recurso de Reposición contra la resolución TD-S2-034-2021, habiendo este Tribunal Disciplinario emitido resolución TD-S2-071-2021, de fecha 10 de mayo de 2021, siendo en fecha 21 de mayo de 2021, notificada dicha servidora de dicha resolución. Por lo que, fue en fecha 24 de mayo de 2021, presentado el recurso de impugnación ante el Tribunal Disciplinario, por la servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, y dirigido ante el Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público, mismo que fue remitido junto a las diligencias administrativas a dicha dependencia en fecha 27 de mayo de 2021, a efecto que se pronunciara sobre el recurso de Impugnación, de conformidad a lo establecido en el Artículo 65 numeral 8) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. El Consejo de Personal del Ministerio Público, emitió RESOLUCION CP-033-2021, en fecha 10 de agosto de 2021, mediante la cual declaró Sin Lugar la Impugnación presentada por la Servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR. Cabe mencionar que el Artículo 184-D del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, establece que la Resolución que emita el Consejo de la Carrera del Ministerio Público, podrá confirmar la Resolución del Tribunal Disciplinario o en su caso revocarla en forma motivada; solicitando en ambos casos al Fiscal General la emisión de la Resolución Definitiva, en el sentido de ordenar la aplicación de la sanción que corresponda o se proceda al archivo del expediente disciplinario formado para conocer el proceso. Advirtiéndose en ese sentido, que el Consejo de Personal remitió los antecedentes a la Fiscalía General de República, mediante oficio No.CP-SR-281-2021, en fecha 24 de septiembre de dos mil veintiuno (2021), para los efectos establecidos en el artículo 184-D antes mencionado.” (Folio 42 de la presente Recurso) 4) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y dispuso omitir la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 53 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, acorde lo expresado por la garantista, Abogada JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, se conoce en vías de Amparo la resolución proferida por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), y subsiguientes actuaciones que le imponen una sanción disciplinaria de suspensión en el servicio del cargo de Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Cortes, sin goce de sueldo por dos (2) días; ordenándose la aplicación de la sanción de manera inmediata. (Exp. No. TD-201-2019); según se ha desarrollado, in extenso, en informe disciplinario presentado por la autoridad recurrida, el cual obra transcrito en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, al formalizar el recurso de amparo, invoca la amparista como violentadas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 80, 82, 89 y 94 de la Constitución de la República. Operando tal lesión a su derecho fundamental a través de la resolución proferida por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), y subsiguientes actuaciones que le imponen una sanción disciplinaria de suspensión en el servicio del cargo de Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Cortes, sin goce de sueldo por dos (2) días; entre las cuales, la RESOLUCION CP-033-2021, proferida por el Consejo de Personal del Ministerio Público en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual declaró Sin Lugar la Impugnación presentada por la Servidora JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, y posterior remisión de la misma al fiscal General de la República a efecto que ratifique o modifique la sanción anteriormente descrita y circunstanciada; persistiendo la resolución dictada contrario a derecho por la Institución, en desmedro de la Suprascrita Servidora Pública; al someterla a procedimientos disciplinarios previamente prescritos, al haber transcurrido el término de 10 días hábiles que establece la normativa interna de la entidad. CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización del recurso, señala la garantista que el artículo 71, párrafo último del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público establece que: “Sólo se dispondrá la ejecución de la sanción y su incorporación al expediente personal cuando esta adquiera firmeza”; lo cual no es el caso, dado que ha seguido la recurrente todos los parámetros internos de impugnación para agotar la vía administrativa interna, por lo cual estima no se encuentra firme tal resolución hasta el momento; estableciendo inclusive la ley, que agotado el trámite administrativo queda expedita la vía contenciosa administrativa. Considera fundamental la recurrente, hacer ver que lo recurrible, a través de esta acción de amparo, es precisamente, el acto propio que ordena la ejecución de manera inmediata de la sanción, sin que ésta ostentaré el carácter de firme, a través de los recursos establecidos conforme a ley; infracción que tuvo lugar en fecha 28 de junio de 2021, notificada a la recurrente mediante el memorándum FLPC 37-2021, el oficio girado por parte del departamento de personal DP No. 1616-2021; acto ejecutado por parte de ese departamento de personal al deducirle arbitrariamente dos (2) días de salario, obviando que la resolución del Tribunal disciplinario no se encuentra firme. – Por todo lo cual, solicita se tenga por formalizada la presente acción de amparo, a efecto se declare la no aplicabilidad del artículo 71 D del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, sobre la ejecución de la deducción por planilla del porcentaje salarial deducido; al conculcársele garantías constitucionales como el estado de inocencia y el debido proceso; resolviendo, en definitiva, conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que, de conformidad a los antecedentes del caso, la Letrada recurrente ha reclamado la tutela judicial efectiva de esta alta sede de Justicia Constitucional, solicitando se declare la no aplicabilidad del artículo 71 D del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, con relación a la ejecución de la deducción por planilla del porcentaje salarial previamente deducido, asegurando así las garantías precavidas en los artículos 82, 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. No obstante, se observa que el acto administrativo que se conoce en sede de amparo, se encuentra actualmente en proceso de impugnación. Tal ha reconocido la garantista, en formalización de su acción de amparo, manifestando, a la vez, no encontrarse firme la resolución administrativa que estima lesiva a sus derechos, y que, agotado que sea el trámite administrativo, le quedaría expedita la vía contenciosa administrativa. Asumiendo tal supuesto de hecho, se deduciría que la cuestión planteada subsumiría, el caso concreto, en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; según se desprende efectivamente del estudio de los antecedentes,[1] en la garantía constitucional de amparo que se ha planteado, procediendo el dictado de sentencia de sobreseimiento. CONSIDERANDO (8): Que, de lo anterior se reafirman para la Sala de lo Constitucional, los criterios establecidos en pacífica jurisprudencia, donde se ha expresado,[2] que, para determinar la procedencia de la garantía de amparo se debe observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, antes de que se legitime ser conocido por el juez constitucional; y, por otra parte, en observancia del principio de la definitividad del asunto, que se vincula con que la respuesta fundada en derecho que dé la autoridad próxima se haya obtenido, en ejercicio del derecho de petición; con las lógicas y plausibles excepciones del caso, cuando la persona quejosa no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar que se dispongan de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, se interponga la acción de amparo para evitar un perjuicio irremediable,[3] lo cual no es, señaladamente, la tesitura del presente caso. Por lo tanto, corresponde a esta Sala dictar sentencia sobreseyendo la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 94, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 8), 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano administrativo de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto de dos mil veintidós. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR quien actúa a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022), la cual falla SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo promovida por la recurrente contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual se le impone una sanción disciplinaria de suspensión en el servicio del cargo de Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Cortes, departamento de Cortés, sin goce de sueldo por dos (2) días; ordenándose la aplicación de la sanción de manera inmediata. (Exp. No. TD-201-2019). CONSIDERANDO (1): Que conforme a lo establecido en el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente al de su notificación, por tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad, según resulta de la notificación y consiguiente interposición del recurso de reposición en el siguiente día hábil, en fecha seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022), según consta en la pieza principal. CONSIDERANDO (2): Que, el recurso de reposición se interpone, en tiempo y forma, contra la referida sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022); solicitando se reconsidere lo fallado y se tutele con efectividad el estado de inocencia y el debido proceso, ya que las precitadas actuaciones del TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO fueron contrarias a derecho, dando origen a que se aplicara en forma inmediata la sanción de dos (2) días de salario, contrariando el artículo 71, párrafo último, del Estatuto de Carrera del Ministerio Público establece que sólo se dispondrá la ejecución de la sanción y su incorporación al expediente personal, cuando ésta adquiriera firmeza; lo cual no fue el caso, por haber seguido la compareciente los parámetros internos de la impugnación para agotar la vía administrativa interna, a efecto se declare sin lugar la sanción; la cual no se encuentra firme hasta el momento. CONSIDERANDO (3): Que, al formalizarse la presente garantía constitucional, por parte de la amparista, en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), pide se declare la no aplicabilidad del artículo 71 D del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, sobre la ejecución de la deducción por planilla del porcentaje salarial deducido; al conculcársele garantías constitucionales como el estado de inocencia y el debido proceso. Mientras que, en reposición del fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional, señala la recurrente, que se amerita la reconsideración del mismo, en vista que, si bien la resolución emitida por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO no se encuentra firme, al faltar el pronunciamiento del Fiscal General de la República como máxima autoridad institucional para el agotamiento del trámite administrativo interno; no obsta se impugne que el acto que ordena, dentro de la resolución emitida por el Tribunal Disciplinario bajo el número TD-S2-034-2021, fuera ejecutado y notificado en fecha 28 de junio de 2021 por el Departamento de Personal del Ministerio Público, a cargo de la Licenciada KESEY ALEJANDRA MARTÍNEZ, quien realiza la deducción de cantidades de dinero correspondiente a dos (2) días de salario; lo que vulnera las garantías constitucionales al debido proceso y a la presunción de inocencia, en virtud que este acto volvería inicua la interposición de recursos correspondientes ante las resoluciones emitidas; permitiéndose la afectación inmediata de los días laborados, bajo la aplicación de resoluciones no firmes en el momento de la ejecución, tal como es el presente caso; dando pie a evitar que deducciones arbitrarias y contrarias a derecho, ocultas bajo resoluciones disciplinarias sin el carácter de firme, puedan conllevar a inestabilidad laboral y a la vulneración de las garantías constitucionales invocadas; lo cual hace indispensable acudir ante la Sala de lo Constitucional, haciendo acopio a lo establecido en el artículo 41 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual transcribe. Por todo lo cual, solicita se declare con lugar la reposición del fallo dictado por la Sala de lo Constitucional, ampliando el petitorio original formalizado en su garantía de amparo, en el sentido que se aplique lo establecido en el artículo 71 párrafo último del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en cuanto a que el acto de autoridad realizado por la Licenciada KESEY ALEJANDRA MARTÍNEZ, en su calidad precitada, no obliga a su persona, ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar los derechos fundamentales. Asimismo, manteniendo en la tesitura del presente recurso, su petición por que se declare la no aplicabilidad del artículo 71 D del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en virtud que el acto de ejecución de deducción por planilla del porcentaje salarial vulnera las garantías constitucionales del estado de inocencia y del debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que, el planteamiento recursivo de la Abogada garantista, fue sometido a estudio por la Sala; encontrándolo reiterativo, en alto grado, a las razones anteriormente promovidas en sustanciación del respectivo recurso de amparo; considerándose, a contrario sensu, que la sentencia dictada por la Sala, establece la no firmeza de la resolución administrativa conocida por la vía de amparo, lo cual reconoce paladinamente la propia Letrada garantista; de lo que se colige no es un acto dotado de definitividad. Cabe mencionar que, aunado a lo anterior y en el marco del principio de subsidiariedad, el establecimiento de tal supuesto de hecho da pie a considerar se trata de un asunto apto para ser conocido y resuelto por la autoridad más próxima en competencia, cuyo pronunciamiento definitivo sobre la cuestión aún está pendiente, tal como es el Fiscal General de la República; lo cual impide se proceda a conocer en el fondo, sobre la plausibilidad de la vulneración de las garantías constitucionales alegada a su favor por la garantista, en aplicación de la causal de inadmisibilidad expresamente prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; no ocurriendo, por tanto, razón suficiente para dictar revocatoria a la sentencia, según ha solicitado la Abogada garantista, en el ejercicio franco del recurso de reposición que le concede el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO A LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada JENNIFER TOMASA ORTEGA SALAZAR, quien actúa a favor de SI MISMA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fechas diez de mayo de dos mil veintidós y tres de agosto de dos mil veintidós, recaídas en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0912-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver el informe rendido por el Tribunal Disciplinario a esta Sala de lo Constitucional en fecha 22 de noviembre de 2021, el cual obra foliado con el número 42 en la pieza de amparo.

[2] Ver considerando (17) de la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-0126-2017, resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[3] Ver considerando (15) de la sentencia de la garantía de amparo con registro SCO-0762-2017, resolución de fecha seis de junio de dos mil dieciocho.