Sentencia AA-816-21 — Registro 14832
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la Resolución No.SO-167-2021 que resolvió un recurso de revisión, con relación a una solicitud de información. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 62, 70, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público hace un análisis erróneo del segundo párrafo del artículo 275 del Código Procesal Penal, en cuya supuesta inaplicación por parte del IAIP, acusa de vulneración al debido proceso y de violación al principio de ponderación en la omisión de la aplicación de la norma. En ese sentido, se debe mencionar que el supra mencionado segundo párrafo del artículo 275 del CPP, determina que las informaciones obtenidas por el Ministerio Público, como consecuencia del monopolio del ejercicio de la acción penal pública otorgado por el legislador, sólo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos. Esta advertencia el legislador la establece para los funcionarios del Ministerio Público y para los entes investigativos, quienes con el poder de la información obtenida en el ejercicio de sus cargos, podrían utilizarla para su beneficio, por ejemplo: chantajear personas, obstaculizar un nombramiento, un ascenso etc., es por ello por lo que el legislador pondera el poder otorgado al Ministerio Público, advirtiéndole que con la información que se obtenga, está obligado a guardar reserva, pero no para el investigado, a quien debe darle información sobre la denuncia interpuesta. CONSIDERANDO (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Así, de lo expuesto en los considerandos anteriores no se evidencia la existencia de una vulneración al debido proceso, por el contrario, ha funcionado el sistema de pesos y contrapesos administrativo, la resolución emitida por el IAIP es garante del derecho de defensa de los denunciados, quien tiene derecho conocer los hecho por los cuales se le está investigando, sin que esto signifique que se le pondrá en conocimiento los medios probatorios que ya se tengan como resultado de la investigación, mismos que se mostraran solamente en juicio; por lo demás y al haber vulneración de derechos fundamentales es procedente DENEGAR el presente recurso de amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 275 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PÙBLICO, contra la Resolución No.SO-167-2021 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de revisión, con relación a una solicitud de información, presentada por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS contra el MINISTERIO PUBLICO. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 62, 70, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), presentó ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS, actuando en su condición personal, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinte (2020), quedando registrado bajo el número 184-2020-R, presentando Recurso de Revisión, en contra el MINISTERIO PUBLICO. (Folios 01–23 de la Pieza del I.A.I.P. Exp. No. 184-2020-R) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), dictó la Resolución No.SO-167-2021 mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS, quien actúa de Asesora en Derechos Humanos de la Fundación San Alonzo Rodríguez (FSAR) y el Comité Municipal de Bienes y el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa tal y como lo acredita con el Poder General de Representación Procesal autorizado por el Notario VICTOR ORLANDO MARTINEZ ROZALEZ, mediante Testimonio de Escritura Pública No.241 de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veinte (2020), en virtud de que la información solicitada por la recurrente NO está comprendida como información reservada, por ende, no aplica lo que dispone el artículo 16 numeral 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública SEGUNDO: Se ordena al Ministerio Público (MP), a hacer entrega de la información referente a: “información sobre el registro y tramite seguido en atención a la comunicación de fecha 27 de agosto de 2020, enviada por la FETCOOP con copia a la fiscalía del ambiente, para la investigación de oficio de un acto administrativo emitido por MI AMBIENTE concediendo una prorroga de 12 meses a una licencia operativa de proyecto minero categoría de impacto 4 en Tocoa Colon.” Específicamente al número de expediente y el tramite que se le ha dado al mismo, tal y como lo solicita la peticionaria en su solicitud. TERCERO: Se EXHORTA al MINISTERIO PÙBLICO (MP), a entregar a todos aquellos solicitantes la información que requieran en tiempo y forma según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la constitución de la República; Artículos 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional; artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y, la misma quedara firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Se emite hasta la fecha la presente resolución, por la alta carga de trabajo que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública.” (Folios 64–68 de la Pieza del antecedente) 3) Que el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, compareció ante este Tribunal en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PÙBLICO, contra la Resolución No.SO-167-2021 de fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 70, 90 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha siete (07) de febrero de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–09 y 27 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado por el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PÚBLICO, ha sido interpuesta contra la Resolución No.SO-167-2021 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de revisión, con relación a una solicitud de información, presentada por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS contra el MINISTERIO PUBLICO. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo que: …en la referida resolución número SO-167-2021, dictada en fecha 14 de abril del 2021, emitida por el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que hoy se ataca vía acción de amparo, se observa que en el apartado de los fundamentos legales, hicieron caso omiso a lo determinado en el segundo párrafo del artículo 275 del Código Procesal Penal, vulnerando con ello las garantías constitucionales señaladas, en virtud que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al afirmar que no debe de existir reserva, en su resolución esta relacionando Únicamente el artículo 275 del Código Procesal Penal, en su primer párrafo, desconociendo que el segundo párrafo establece una prohibición taxativa para develar la información en los procesos en los cuales se encuentran en curso las investigaciones, so pena de incurrir en el delito de: Violación de Secretos. Asimismo en la resolución impugnada, la autoridad recurrida no aplica el Principio de Ponderación relacionado con los artículos 62 y 70 de la Constituci6n de la República, al no haber establecido los presupuestos de hecho y de derecho que lo motivan a la no aplicación del contenido literal de dicha norma, siendo que su omisión representa un perjuicio grave en los procesos de investigación desarrollados por el Ministerio Publico; y exponiendo con su omisión (propiciada por el IAIP) que sus resultados sean exitosos y en franca vulneración del Principio de Reserva de Ley y el Derecho al Debido Proceso que establecen los artículos 70 y 90 de la Constitución de la Republica respectivamente; y con ello el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), incumplen el mandato constitucional previsto en el artículo 321 que preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo..” al haberse excedido en el uso de sus facultades legales, en virtud que dichas facultades de conceder acceso a la información pública, no pueden desconocer la taxatividad del artículo 275 del Código Procesal Penal, vulnerando con ello las potestades institucionales del Ministerio Publico como representante de los intereses generales de la sociedad hondureña, siendo en consecuencia su omisión de aplicar dicha norma nula y sujeta a las responsabilidades legales. Tal y como puede apreciarse en la resolución número SO-167-2021, recaída en el expediente administrativo número 184-2020-R, mediante la cual resuelven el recurso de revisión de la peticionaria Rita Isabel Romero Renderos no se aplicó el Principio de Ponderación que se relaciona en los artículos 62 y 70 constitucionales, al no haber sido analizado el contenido del segundo párrafo del artículo 275 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de la Ley del Ministerio Publico que establece: “Los servidores y funcionarios del Ministerio Publico no podrán divulgar bajo ninguna circunstancia información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien del mando jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General de la Republica.” los cuales determinan las más absoluta reserva de las investigaciones efectuadas; por lo que la omisión de lo determinado en esta norma legal podría traer como resultado la vulnerabilidad en los procesos y estrategias investigativas desarrolladas por el Ministerio Publico, poniendo en riesgo la efectividad de la persecución penal; incumpliendo en dicha resolución el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el mandato constitucional previsto en el artículo 321 de la Constitución de la Republica que señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo”, en virtud que en la resolución recurrida han desconocido el Principio de reserva de ley y Debido Proceso, previstos en los artículos 70 y 90 de la Constitución de la Republica respectivamente, ya que sus facultades de conceder el acceso a la información pública, no pueden desconocer la textualidad prevista en el artículo 275 del Código Procesal Penal, vulnerando además como se indicé las potestades institucionales del Ministerio Publico; pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que conlleva a emitir resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar. En la resolución recurrida, se vulnera el Principio de reserva de ley, contenido en el artículo 70 de la Constitución de la República, donde se establece que ninguna persona natural o jurídica estará obligada hacer lo que no estuviera legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no le prohíbe; y conforme a lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional la decisión de la autoridad delegada en materia de acceso a la información pública, debe observar cómo limite a su facultad, los procedimientos determinados en la materia de su competencia en este caso reserva penal vinculando las disposiciones adjetivas que rigen dentro del proceso penal en lo que respecta a la taxatividad del artículo 275 del Código Procesal Penal, que se encuentra en concordancia a lo preceptuado en el artículo 321 constitucional, por ende las facultades del (IAIP) tienen como limite la correcta aplicación de la ley en este caso la aplicable a la materia de la reserva legal determinada para el acceso a la información de los procesos penales y en caso de ser excedido dicho limite y por mandato constitucional (artículo 321) convierte nulas sus actuaciones pues la arbitrariedad de sus actos no obliga como se pretende so pena de imponernos las sanciones determinadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habiendo omitido la autoridad recurrida en su resolución el estricto cumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 275 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 7 de la Ley del Ministerio Publico. Pues de la textualidad del artículo 275 del Código Procesal Penal, se aprecia que dicha norma procesal determina las razones de excepcionalidad en las que se funda nuestra acción de amparo, asimismo el artículo 7 de la ley del Ministerio público se encuentra directamente relacionado, constituyendo una obligación para todos los funcionarios, servidores y empleados del Ministerio público, pues como se ha indicado el artículo 275 del Código Procesal Penal determina la prohibición de develar información relacionada a las investigaciones, so pena de incurrir en el delito de: “Violación de Secretos”, por lo que dicha advertencia legal debe ser considerada al momento de presentarse solicitudes que se encuentran directamente relacionadas con actividades de índole penal que puedan vincularse de forma directa e indirecta con los procesos de investigación ya que dichas actuaciones son determinantes a efecto de garantizar la efectividad de las actividades investigativas propias del Ministerio Publico; a su vez hay que recordar que la reserva es un deber de prudencia que facilita el éxito en la persecución de la acción penal publica, tomando en consideración el tipo de actividad que desarrolla el Ministerio público como represente de los intereses generales de la sociedad al tener la facultad constitucional de ejercer de manera oficiosa la acción penal publica, por lo cual con la reserva se garantiza el interés protegido por la Constitución de la Republica y las leyes, pues las condiciones de reserva contribuyen a garantizan un desarrollo efectivo de las actuaciones del Ministerio Publico, en combate contra la criminalidad para cumplir con los fines inherentes al mantenimiento de la seguridad y bienestar general (artículo 62 del texto constitucional) y en caso contrario omitir tales valoraciones aplicando criterios generales de apertura en materia de información pública no resulta atendible, pues tal actuación menoscabaría los intereses generales de la sociedad. Por tal razón lo establecido en el artículo 275 referente a la violación de secretos aplica a cualquier persona que vulnere la reserva de las actuaciones del Ministerio Publico, siendo que el interés particular se ve sometido al interés general por un mandato constitucional, legal y una prohibición de tipo penal que establece el citado artículo en razón de lo cual el interés particular de quien solicite determinada información propia de investigaciones, debe ponderarse artículo 62 constitucional garantizando el interés protegido por nuestra Constitución y el ejercicio oficioso de la acción penal publica con las reservas determinadas por la ley, ya que el interés particular está sometido al interés general; y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la resolución recurrida ha inobservando el contenido de los artículos citados, vulnerando el Derecho al Debido Proceso, que tiene el Ministerio Publico, por lo que es procedente que esta honorable Sala Constitucional otorgue la presente acción de amparo, contrario acarrearía un antecedente nefasto en los procesos investigativos que realiza el Ministerio publico ya que dar trámite a las peticiones de acceso a la información supondría la inaplicabilidad de reserva contenida en el artículo 275 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 7 de la ley del Ministerio Publico y supondría la comisión de un delito (Violación de Secretos) excediéndose el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en sus facultades legales y en lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, que limita sus competencias al estricto cumplimiento de la legalidad, mediante la cual se les impone el deber de respeto a las facultades y competencias del Ministerio público cuya divulgación prohíbe el artículo 275 del Código Procesal Penal, obviando en la resolución recurrida el (IAIP), el deber de reserva que tiene el Ministerio en fecha tico al imponerse mediante la resolución recurrida un deber irrestricto de Acceso a la Información Pública, a través de un acto nulo, conforme a lo dispuesto en el artículo 321 constitucional, habiéndose omitido el contenido del artículo 275 del código Procesal Penal y 7 de la ley del Ministerio público, propiciando con dicho acto que se incurre en el delito de: Violación de Secretos, a todo aquel servidor o funcionario del Ministerio público, que acate lo resuelto en el acto arbitrario contenido en la resolución recurrida, en la que se señala imponer las sanciones determinadas por la ley de transparencia y acceso a la información pública en caso de no acatar su orden ilegal. Oportunamente se presentó el recurso de reposición a fin de que la autoridad recurrida enmendara su proceder conforme a ley, lo cual no sucedió por lo que mediante este acto se interpone la presente acción de amparo contra dicha actuación violatoria de nuestra Constitución de la Republica ante esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (5): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Publica en cumplimiento a lo ordenado en la Comunicación de fecha primero de febrero de dos mil dieseis, remitió los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, a través de su Secretaria General YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ, en el cual consta la resolución recurrida de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió: “Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS, quien actúa de Asesora en Derechos Humanos de la Fundación San Alonzo Rodríguez (FSAR) y el Comité Municipal de Bienes y el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa tal y como lo acredita con el Poder General de Representación Procesal autorizado por el Notario VICTOR ORLANDO MARTINEZ ROZALEZ, mediante Testimonio de Escritura Pública No.241 de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veinte (2020), en virtud de que la información solicitada por la recurrente NO está comprendida como información reservada, por ende, no aplica lo que dispone el artículo 16 numeral 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública SEGUNDO: Se ordena al Ministerio Público (MP), a hacer entrega de la información referente a: “información sobre el registro y tramite seguido en atención a la comunicación de fecha 27 de agosto de 2020, enviada por la FETCOOP con copia a la fiscalía del ambiente, para la investigación de oficio de un acto administrativo emitido por MI AMBIENTE concediendo una prórroga de 12 meses a una licencia operativa de proyecto minero categoría de impacto 4 en Tocoa Colon.” Específicamente al número de expediente y el trámite que se le ha dado al mismo, tal y como lo solicita la peticionaria en su solicitud. TERCERO: Se EXHORTA al MINISTERIO PÙBLICO (MP), a entregar a todos aquellos solicitantes la información que requieran en tiempo y forma según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).” CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (8): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO (9): Que, en la ley especial consta la facultad sancionatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública, exigiendo en sus resoluciones que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, deben ser dictados con la debida motivación, entendiéndose como una forma precisa y congruente de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso, tomando en consideración la lealtad para con el obligado por su confianza de acudir a la administración pública exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, como ha ocurrido en el caso de autos. CONSIDERANDO (10): Que, se observa en el caso de autos, que la vulneración al debido proceso sostenida por el recurrente se centra en la omisión por parte del IAIP, de aplicar el segundo párrafo del artículo 275 del Código Procesal Penal disposición que a la letra dice: Artículo 275. Obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar. En la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la Constitución de la República, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte y por este Código. “Las informaciones obtenidas sólo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos.” Asimismo, el artículo 276 del Código Procesal Penal determina: “Artículo 276. Presentación voluntaria para ser investigado. La persona que tenga conocimiento de que está investigada, podrá presentarse voluntariamente al Ministerio Público, a fin de que se le oiga en relación con los hechos investigados.” CONSIDERANDO (11): Que, para encontrar el espíritu de la ley, no debemos realizar interpretaciones sesgadas ni análisis de artículos individuales sin estudiar el contexto de la ley. En los casos de denuncias penales, y máxime si estamos en la etapa preparatoria, la que inicia en el momento de recibir el ente investigador -Ministerio Público- una notitia criminis, es desde ese momento arranca la protección del derecho de defensa del denunciado. Debemos recordar que se trata de toda una maquinaria del Estado en contra de un ciudadano, igualando y equilibrando la balanza al garantizarsele el debido proceso como su máximo derecho fundamental genérico, pues dentro de él se encuentran el derecho a ser intimado de la denuncia y una vez teniendo conocimiento de los hechos por los cuales está siendo investigado, nace su derecho a ser oído, de ahí lo determinado por el legislador en el Artículo 276 del Código Procesal Penal, referente a que el denunciado podrá presentarse voluntariamente al Ministerio Público, a fin de que se le oiga en relación con los hechos investigados. Surge una interrogante, ¿cómo va a conocer un ciudadano común y corriente de los hechos investigados? Pues acudiendo al Ministerio Público y solicitar información al respecto. No proporcionarla sería violentar su derecho a la intimación de la denuncia, su derecho a la defensa, su derecho a interponer recursos y un largo etc. de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público hace un análisis erróneo del segundo párrafo del artículo 275 del Código Procesal Penal, en cuya supuesta inaplicación por parte del IAIP, acusa de vulneración al debido proceso y de violación al principio de ponderación en la omisión de la aplicación de la norma. En ese sentido, se debe mencionar que el supra mencionado segundo párrafo del artículo 275 del CPP, determina que las informaciones obtenidas por el Ministerio Público, como consecuencia del monopolio del ejercicio de la acción penal pública otorgado por el legislador, sólo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos. Esta advertencia el legislador la establece para los funcionarios del Ministerio Público y para los entes investigativos, quienes con el poder de la información obtenida en el ejercicio de sus cargos, podrían utilizarla para su beneficio, por ejemplo: chantajear personas, obstaculizar un nombramiento, un ascenso etc., es por ello por lo que el legislador pondera el poder otorgado al Ministerio Público, advirtiéndole que con la información que se obtenga, está obligado a guardar reserva, pero no para el investigado, a quien debe darle información sobre la denuncia interpuesta. CONSIDERANDO (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Así, de lo expuesto en los considerandos anteriores no se evidencia la existencia de una vulneración al debido proceso, por el contrario, ha funcionado el sistema de pesos y contrapesos administrativo, la resolución emitida por el IAIP es garante del derecho de defensa de los denunciados, quien tiene derecho conocer los hecho por los cuales se le está investigando, sin que esto signifique que se le pondrá en conocimiento los medios probatorios que ya se tengan como resultado de la investigación, mismos que se mostraran solamente en juicio; por lo demás y al haber vulneración de derechos fundamentales es procedente DENEGAR el presente recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 275 y 276 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PÙBLICO, contra la Resolución No.SO-167-2021 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de revisión, con relación a una solicitud de información, presentada por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS contra el MINISTERIO PUBLICO; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0816-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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