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Sentencia AA-711-22 — Registro 15495

Resumen

Omisión de decreto que regula la remuneración para todos los puestos ocupados por empleados y funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil relacionado según refiere el reclamante, a la omisión de hecho y derecho de cumplir con el Decreto Legislativo 139-2000 emitido por el Congreso Nacional en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil, que regula entre las diferentes asignaciones presupuestarias, la remuneración para todos los puestos ocupados por empleados y funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil y Excluido basado entre otros, en la antigüedad laboral o quinquenio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numerales 3, 4 y 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haber consentido el acto reclamado ante la autoridad contra la que actúa al no hacer uso de los recursos dispuestos en la ley, y tener expeditas acciones ante la vía administrativa, en consecuencia, procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad indicada"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numerales 3, 4 y 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haber consentido el acto reclamado ante la autoridad contra la que actúa al no hacer uso de los recursos dispuestos en la ley, y tener expeditas acciones ante la vía administrativa, en consecuencia, procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad indicada"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto del año dos mil veintidós. Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, a favor de OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ, REINA ISABEL CALIX LANZA, DULCE MARIA PALACIOS ZELAYA, RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ, JOSÉ EDMUNDO LÓPEZ CASTILLO, DORIS ARACELY SANTOS, MARÍA LIZETH CRUZ SALGADO, FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, CHANTAL SALINAS MARTINEZ, CARLOS ALBERTO ESPINAL, ALBA EDITH ESCALANTE LICONA, ELBA LETICIA ARTEAGA HERNANDEZ, NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS, BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ, TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA, MARIA CONSUELO AYALA FIGUEROA, AMALIA ESTHER GARCIA MALDONADO, OLGA MARITZA FLORES CALIX, DAVID SIMON REYES RIVAS, WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ, ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS, LEONEL BLANCO FUNES, ADILIO JAFFETH URQUIA MEJIA, IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO, MARCO ANTONIO OLIVA MORAZAN, DENNIS ISRAEL DOMINGUEZ MAYORGA, RONALD KILDER BORJAS SIERRA, CARLOS ALBERTO BURGOS, RIGOBERTO LEMUS DIAZ, NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE, DUNIA YAMILETH BACA NAVAS, RUTH ESTHER MARADIAGA PADILLA, WALTER ENRIQUE VASQUEZ, OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ, JORGE FELIX ORTEGA TORRES, CARLOS ARMANDO ROSALES PAVON, MARVIN SAUL MATAMOROS SIERRA, LUZ MARIA LEDEZMA VALDES, MARTIN IGLECIAS REYES, JOSE MARCIAL OYUELA PEREZ, FRANCISCA ELIZABETH BONILLA ARCE, RIGOBERTO PADILLA LAINEZ, GREICY LORENA CERNA MADRID, MARIA TEODORA MEJIA GALINDO, RUTH ARGENTINA SAUCEDA, OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ, GLADIS LETICIA MARTINEZ GARCIA, en su condición de empleados públicos contra la resolución No. A.L.031-2021, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, relacionado según refiere el reclamante, a la omisión de hecho y derecho de cumplir con el Decreto Legislativo 139-2000 emitido por el Congreso Nacional en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil, que regula entre las diferentes asignaciones presupuestarias, la remuneración para todos los puestos ocupados por empleados y funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil y Excluido basado entre otros, en la antigüedad laboral o quinquenio, el cual pide el quejoso sea pagado a sus representados. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone la presente acción a favor de OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ, y 46 más, así como a favor de todos aquellos empleados públicos que tienen derecho de gozar del beneficio que les asiste de forma legal y legítima otorgado vía Decreto Legislativo 139-2000 emitido por el Congreso Nacional en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil; siendo oportuno señalar al quejoso que conforme al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el recurso de amparo es un recurso personalísimo, es decir que debe interponerse a favor de persona determinada y no de forma genérica por lo que el conocimiento de este recuso se limitará a las personas determinadas que ha relacionado el solicitante. CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós, esta Sala, dispuso que previo a la admisión de la presente acción, que la autoridad recurrida dentro del plazo de dos (02) días hábiles se sirva señalar mediante informe circunstanciado sobre: 1. los recursos que tenía disponibles el recurrente y de haber hecho uso de los mismos para obtener la subsanación del acto reclamado, la fecha en que se le notificó de lo resuelto, y 2. Indicar lo pertinente a los alegatos entablados en el presente recurso. CONSIDERANDO: Que la autoridad recurrida presentó lo requerido en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintidós, señalando que el quejoso fue notificado del acto reclamado en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno, contra el cual tenía disponibles los recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, de lo cual no consta que el reclamante haya hecho uso de recurso alguno contra la resolución en mención, asimismo relaciona que del acto reclamado se indicó al recurrente que dicha autoridad denunciada era incompetente de conocer sobre tales pretensiones y que en virtud del Decreto Legislativo No.182-2020 de fecha veintidós (22) de diciembre del año 2020, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que rige para el Ejercicio Fiscal 2021, dentro del cual se aprobó el presupuesto para que todas las instituciones de la Administración Central y sus titulares sean competentes para su afección. CONSIDERANDO: Que el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que la acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle. CONSIDERANDO: Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. En este sentido se aprecia, en primer lugar, que el plazo de dos (02) meses para promover la acción de amparo que hoy intenta el peticionario, comenzó a correr el día siguiente de la notificación del acto reclamado, el que de acuerdo a lo señalado por el ente denunciado se le notificó al impugnante, el día viernes diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno, comenzando dicho término en todo caso el día sábado veinte (20)de febrero del año dos mil veintiuno, que por ser día inhábil se entiende prorrogado al lunes veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno, el que venció a la media noche del día jueves veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno, de forma que al presentarse la acción de amparo el día viernes seis (06) de mayo del año dos mil veintidós, como consta de las diligencias del presente recurso, claramente se hizo de manera extemporánea o sea fuera del término de dos meses que concede la ley para promover la acción constitucional de amparo. CONSIDERANDO: Que al tenor de lo establecido en el Artículo 46 numeral 3 de la Ley sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejecutado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; y en el caso de mérito la autoridad denunciada indica que el recurrente no hizo uso de los recursos dispuestos en la ley, de manera que al no haber sido probada la imposibilidad, del recurrente para la interposición de los mismos, procede la inadmisibilidad por la mencionada causal. CONSIDERANDO: Que por otro lado se advierte del Informe brindado por el ente censurado y de la Resolución No. A.L.031-2021, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno, que acompaña el recurrente a su escrito de interposición, que la autoridad denunciada se declaró incompetente para resolver sobre el reclamo administrativo que fue intentado, toda vez que a la misma no se le otorgó facultades para otorgar dichos valores, ni para que realice ajustes sobre dicho concepto, señalando que dicha competencia recae en la autoridad superior de cada Institución de la administración central, la cual dentro de las asignaciones aprobadas en sus presupuestos son las que determinarán la procedencia o no de lo peticionado, y es hasta entonces, la autoridad recurrida a través de la Dirección General de Presupuesto emitirá dictamen de la disponibilidad presupuestaria, previa la solicitud de la autoridad nominadora de cada Institución conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto. CONSIDERANDO: Que con lo anteriormente expuesto esta Sala aprecia que el recurrente debe agotar a favor de sus representados, la vía administrativa ante las autoridades laborales correspondientes para que estas resuelvan lo pertinente en cuanto al pago de antigüedad laboral (quinquenios) como el de formular la asignación presupuestaria correspondiente en su plan operativo y presupuestario para que así proceda la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la Dirección General de Presupuesto a emitir dictamen de la disponibilidad presupuestaria previa la solicitud de la autoridad nominadora de cada Institución conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto y en su caso, ejecutar la pretensión que en este momento se exige, con lo cual se hace evidente que al quejoso le queda expedita la vía administrativa, no obstante, el reclamante decidió hacer uso del presente recurso de amparo, aun cuando tiene acciones y recursos pendientes, en virtud de lo cual es patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numerales 3, 4 y 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haber consentido el acto reclamado ante la autoridad contra la que actúa al no hacer uso de los recursos dispuestos en la ley, y tener expeditas acciones ante la vía administrativa, en consecuencia, procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad indicada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 8 entre otros de la Ley sobre Firmas Electrónicas; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 4, 9, 41, 45, 46 numerales 3), 4) y 7), 48, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, a favor de OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ, REINA ISABEL CALIX LANZA, DULCE MARIA PALACIOS ZELAYA, RUDITH SOBEYDA RIVERA NUÑEZ, JOSÉ EDMUNDO LÓPEZ CASTILLO, DORIS ARACELY SANTOS, MARÍA LIZETH CRUZ SALGADO, FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA, CHANTAL SALINAS MARTINEZ, CARLOS ALBERTO ESPINAL, ALBA EDITH ESCALANTE LICONA, ELBA LETICIA ARTEAGA HERNANDEZ, NIDIA ROSARIO MONTOYA ARIAS, BENJAMIN EDGARDO VEGA CHAVEZ, TESLA BEATRIZ PANTOJA GARCIA, MARIA CONSUELO AYALA FIGUEROA, AMALIA ESTHER GARCIA MALDONADO, OLGA MARITZA FLORES CALIX, DAVID SIMON REYES RIVAS, WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ, ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS, LEONEL BLANCO FUNES, ADILIO JAFFETH URQUIA MEJIA, IRIS ONEYDA FLORES GALLARDO, MARCO ANTONIO OLIVA MORAZAN, DENNIS ISRAEL DOMINGUEZ MAYORGA, RONALD KILDER BORJAS SIERRA, CARLOS ALBERTO BURGOS, RIGOBERTO LEMUS DIAZ, NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE, DUNIA YAMILETH BACA NAVAS, RUTH ESTHER MARADIAGA PADILLA, WALTER ENRIQUE VASQUEZ, OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ, JORGE FELIX ORTEGA TORRES, CARLOS ARMANDO ROSALES PAVON, MARVIN SAUL MATAMOROS SIERRA, LUZ MARIA LEDEZMA VALDES, MARTIN IGLECIAS REYES, JOSE MARCIAL OYUELA PEREZ, FRANCISCA ELIZABETH BONILLA ARCE, RIGOBERTO PADILLA LAINEZ, GREICY LORENA CERNA MADRID, MARIA TEODORA MEJIA GALINDO, RUTH ARGENTINA SAUCEDA, OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ, GLADIS LETICIA MARTINEZ GARCIA, en su condición de empleados públicos contra la resolución No. A.L.031-2021, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haber consentido el acto reclamado ante la autoridad contra la que actúa al no hacer uso de los recursos dispuestos en la ley, y tener expeditas acciones ante la vía administrativa, como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-711-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL