Sentencia AA-704-22 — Registro 15861
Resumen
mediante el cual señala el recurrente se conculca el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Lenca, lesionando severamente lo estatuido en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta claro para esta Sala, que el acto contra el cual se reclama es un acto de carácter general, emitido por el Poder Ejecutivo, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Esta Sala advierte, del planteamiento del recurrente que si bien su pretensión se funda en la violación de derechos constitucionales y que efectivamente la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que la acción de amparo tiene como finalidad, inter alia, que se declare la inaplicabilidad del acto reclamado por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República; ya el Artículo 46 numeral 8) de la misma ley dispone que resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, que resulta ser el caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado acto reclamado puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que el recurrente dirige su acción de amparo contra un acto de carácter general emitido por la Administración Pública, que, en todo caso, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, razón por la cual, resulta procedente inadmitir el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que sin embargo lo anterior, esta Sala no puede desconocer el tiempo transcurrido durante la tramitación de este recurso, lo cual pondría en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, partiendo de lo que dispone el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el cual establece que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte interesada comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual, esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 222, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 1, 6 y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 8) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: INADMITIR el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO COOPER PÉREZ, a favor de la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH), contra el ACUERDO MINISTERIAL 288-2021, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintiuno, No.35,673 emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, por ser susceptible de ser impugnado el acto reclamado ante la vía Contencioso-Administrativa; SEGUNDO: Conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto reclamado, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D.C., veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO COOPER PÉREZ, a favor de la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH), contra el ACUERDO MINISTERIAL 288-2021, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintiuno, No.35,673 emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, mediante el cual señala el recurrente se conculca el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Lenca, lesionando severamente lo estatuido en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. CONSIDERANDO: Que en providencia de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós, esta Sala dispuso que: “la autoridad recurrida, dentro del plazo de dos (02) días hábiles, se sirva señalar mediante informe circunstanciado sobre: 1. los recursos que tenía disponibles el recurrente y de haber hecho uso de los mismos para obtener la subsanación del acto reclamado el quejoso, la fecha en que se le notificó de lo resuelto, y 2. Indicar lo pertinente a los alegatos entablados en el presente recurso. CONSIDERANDO: Que el ente denunciado presentó lo requerido en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós, mediante el cual señala que con la inscripción de la Junta se dio en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós, con lo cual se puso fin a la vía administrativa y por tanto el recurrente tenía expedita la vía contencioso administrativa para solucionar el conflicto o controversia que expone. CONSIDERANDO: Que conforme con el Artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa. CONSIDERANDO: Que resulta claro para esta Sala, que el acto contra el cual se reclama es un acto de carácter general, emitido por el Poder Ejecutivo, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Esta Sala advierte, del planteamiento del recurrente que si bien su pretensión se funda en la violación de derechos constitucionales y que efectivamente la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que la acción de amparo tiene como finalidad, inter alia, que se declare la inaplicabilidad del acto reclamado por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República; ya el Artículo 46 numeral 8) de la misma ley dispone que resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, que resulta ser el caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado acto reclamado puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que el recurrente dirige su acción de amparo contra un acto de carácter general emitido por la Administración Pública, que, en todo caso, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, razón por la cual, resulta procedente inadmitir el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que sin embargo lo anterior, esta Sala no puede desconocer el tiempo transcurrido durante la tramitación de este recurso, lo cual pondría en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, partiendo de lo que dispone el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el cual establece que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte interesada comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual, esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 222, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 1, 6 y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 8) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: INADMITIR el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO COOPER PÉREZ, a favor de la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA LENCA DE HONDURAS (ONILH), contra el ACUERDO MINISTERIAL 288-2021, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil veintiuno, No.35,673 emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, por ser susceptible de ser impugnado el acto reclamado ante la vía Contencioso-Administrativa; SEGUNDO: Conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto reclamado, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se de estricto cumplimiento a la misma. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-704-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL