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Sentencia AA-690-21 — Registro 15714

Resumen

Se interpuso recurso de amparo que resolvió un recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala es del criterio, que de la revisión del expediente se desprende inicialmente que el recurrente en primera instancia presento una demanda ordinaria para la declaración de nulidad e ilegalidad de un acto administrativo emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad, así como la resolución emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad conociendo en un recurso de apelación; la referida demanda ha sido interpuesta para impugnar dichas resoluciones en vista que dentro del acto impugnado lo que se pretende es el reconocimiento del demandante al derecho que tiene a una marca específicamente, en ese sentido tanto el Juzgado de primera instancia como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, señalan que esa demanda no puede ser conocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, porque en la norma procesal civil a partir del artículo 520 ya existe una regulación; en ese sentido esta Sala es del criterio que si bien no desconoce la regulación contenida en el artículo 520 del Código Procesal Civil, en donde en efecto establece un procedimiento para impugnar dentro del Derecho Privado temas de Propiedad Industrial, en el presente caso esto no sucede así, porque el ahora recurrente, si bien impugna actos que tienen relación con propiedad industrial, está atacando directamente la decisión adoptada por parte de la autoridad pública en este caso el Instituto de la Propiedad, es decir que ha sido el Instituto de la Propiedad a través de los actos que se impugnan por la demanda ordinaria, quien ha generado un perjuicio para el demandante, en ese sentido la actividad del Estado en ese momento reúne los requisitos requeridos por el derecho administrativo y no por el derecho privado, es decir, la norma contenida en el artículo 520 del Código Procesal Civil es exclusiva para cuando lo que se demanda es el derecho de propiedad industrial del actor o demandante contra otro particular.- En el presente caso de autos se reitera, que la decisión que perjudica inicialmente a la parte demandante la adopta el Instituto de la Propiedad ejerciendo su autoridad pública, es decir dentro del ámbito del derecho administrativo, por consiguiente el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, define la competencia objetiva de este tribunal, en el sentido que es menester de este tribunal, conocer de todas aquellas demandas que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos sujetos al derecho administrativo, como lo es en efecto el presente caso, por consiguiente esta Sala es del criterio que se conceda el amparo impetrado por el Abogado Cristian Geraldo Medina, en su condición de apoderado legal de la parte demandante o recurrente, ya que es evidente que la demanda interpuesta inicialmente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa debe de ser conocida por dicho Juzgado.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, a favor de la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES SOCIEDAD ANONIMA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular promovida por la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES S.A., contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno (01) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN JOSE ALCERRO, actuando en su condición de Apoderada de la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES S.A., incoando demanda ordinaria para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en la resolución No.434-2017 emitida por la Dirección General de Propiedad Intelectual y la Resolución No.102-SR-17 emitida por la Superintendencia de recursos del Instituto de la Propiedad, por infringir el ordenamiento jurídico, con quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, por contener vacíos de nulidad y anulabilidad como el exceso de poder y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten medidas necesarias para su pleno restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado. (Folios 01–15 de la Pieza del A-Quo) .-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dicto Auto Resolutivo en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: 1) Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes, téngase por subsanadas los defectos del escrito de demanda señalados; 2) en cuanto a la causal de inadmisión observada de oficio por este Juzgado y relacionada a la falta de Jurisdicción de este juzgado, SE ORDENA la inadmisión de la presente demanda, por no corresponder su conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como se estableció en los fundamentos de Derechos de esta resolución, y una vez firme la presente Resolución, se ordena la devolución de los documentos acompañados con el escrito de demanda y el archivo correspondiente. SEGUNDO: SE SEÑALA como Jurisdicción competente para conocer del presente litigio la Jurisdicción Civil correspondiente, para lo cual si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días hábiles se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inicio el plazo para la presentación de la demanda. TERCERO: Contra el presente auto procede recurso de apelación, dentro de los términos establecidos en la ley.” (Folios 124–125 de la Pieza del A-Quo).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, contra el Auto Resolutivo de fecha veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018); asimismo, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), dicto sentencia en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES SOCIEDAD ANONIMA (ALTENVASA). SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), en la demanda promovida por el abogado JUAN JOSE ALCERRO, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES SOCIEDAD ANONIMA. TERCERO: Sin Costas.” (Folios 07-12 de la Pieza del Ad-Quem).-4) Que el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES SOCIEDAD ANONIMA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–23 y 82 del presente Recurso).-5) Que en fecha cinco (05) de enero de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, al no concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por la impetrante.” (Folios 85–87 y 89 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se esta conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, a favor de la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES SOCIEDAD ANONIMA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular promovida por la Sociedad Mercantil ALTA TECNOLOGIA EN ENVASES S.A., contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, que se le ha violentado el derecho al debido proceso, al señalar que el presente caso se trata de una demanda ordinaria que pretende la nulidad de actos administrativos, no se pretende la nulidad de acciones civiles por ser improcedentes, pues no se está ante la impugnación de una resolución emanada de un litigio derivado de derecho privado, forma inexacta que califica el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- De igual manera refiere que conformidad con el último párrafo del artículo 520 del Código Procesal Civil, este indica que las pretensiones referidas en este artículo están expresamente establecidas en el artículo 522 del mismo cuerpo legal, es decir que solo el titular de un derecho sobre signos distintivos que sea lesionado puede reclamar y solicitar en vía civil cualquiera de las pretensiones establecidas en el citado artículo 522 del Código Procesal Civil y no se refiere acciones de nulidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Recursos que denegó la solicitud, cuyo procedimiento se tramita por la vía del procedimiento administrativo, como lo disponen los artículos 85 y 176 de la Ley de Propiedad Industrial; en ese sentido el órgano administrativo en el acto de la notificación de la resolución impugnada le estableció a su representada como competencia la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por esa razón argumenta que tiene aplicación el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al señalar que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es el encargado de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo, teniendo competencia objetiva para conocer del presente caso. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el sentido que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista que la pretensión presentada por el recurrente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, no corresponde al conocimiento de la vía Contenciosa Administrativa, a pesar que la petitoria de nulidad derive de una resolución definitiva dictada por la Administración Pública y al tener un procedimiento especial en el Código Procesal Civil, limita a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocerlo, por formar parte del derecho privado. -CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución .CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que

compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala es del criterio, que de la revisión del expediente se desprende inicialmente que el recurrente en primera instancia presento una demanda ordinaria para la declaración de nulidad e ilegalidad de un acto administrativo emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad, así como la resolución emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad conociendo en un recurso de apelación; la referida demanda ha sido interpuesta para impugnar dichas resoluciones en vista que dentro del acto impugnado lo que se pretende es el reconocimiento del demandante al derecho que tiene a una marca específicamente, en ese sentido tanto el Juzgado de primera instancia como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, señalan que esa demanda no puede ser conocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, porque en la norma procesal civil a partir del artículo 520 ya existe una regulación; en ese sentido esta Sala es del criterio que si bien no desconoce la regulación contenida en el artículo 520 del Código Procesal Civil, en donde en efecto establece un procedimiento para impugnar dentro del Derecho Privado temas de Propiedad Industrial, en el presente caso esto no sucede así, por que el ahora recurrente, si bien impugna actos que tienen relación con propiedad industrial, está atacando directamente la decisión adoptada por parte de la autoridad pública en este caso el Instituto de la Propiedad, es decir que ha sido el Instituto de la Propiedad a través de los actos que se impugnan por la demanda ordinaria, quien ha generado un perjuicio para el demandante, en ese sentido la actividad del Estado en ese momento reúne los requisitos requeridos por el derecho administrativo y no por el derecho privado, es decir, la norma contenida en el artículo 520 del Código Procesal Civil es exclusiva para cuando lo que se demanda es el derecho de propiedad industrial del actor o demandante contra otro particular.- En el presente caso de autos se reitera, que la decisión que perjudica inicialmente a la parte demandante la adopta el Instituto de la Propiedad ejerciendo su autoridad pública, es decir dentro del ámbito del derecho administrativo, por consiguiente el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, define la competencia objetiva de este tribunal, en el sentido que es menester de este tribunal, conocer de todas aquellas demandas que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos sujetos al derecho administrativo, como lo es en efecto el presente caso, por consiguiente esta Sala es del criterio que se conceda el amparo impetrado por el Abogado Cristian Geraldo Medina, en su condición de apoderado legal de la parte demandante o recurrente, ya que es evidente que la demanda interpuesta inicialmente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa debe de ser conocida por dicho Juzgado.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se otorgue el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 520 del Código Procesal Civil; FALLA: OTORGANDO el RECURSO DE AMPARO, revocando la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0690-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL