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Sentencia AA-686-21 — Registro 15494

Resumen

Promoción de venta en subasta de bien inmueble asegurado relacionadas según el recurrente a una subasta en relación a medida cautelar de Aseguramiento de un bien inmueble, consecuencia jurídica del proceso penal de lavado de activos,considerando recurrente que Juez que ordeno medida cautelar no era el competente no habiendo recurrido dicha resolución,siendo considerado como un hecho consentido no haber uso de los recurso que la ley le otorga y como causa de inadmisibilidad de la acción de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.-CONSIDERANDO (6): Que, del análisis del acto administrativo emitido con relación a la recurrente, se deduce la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tendría expeditos los recursos de apelación que le franquea la ley contra las decisiones emitidas por un Juez de Letras en materia Penal. Por todo ello, resulta procedente para esta Sala de lo Constitucional, sobreseer el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.-CONSIDERANDO (6): Que, del análisis del acto administrativo emitido con relación a la recurrente, se deduce la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tendría expeditos los recursos de apelación que le franquea la ley contra las decisiones emitidas por un Juez de Letras en materia Penal. Por todo ello, resulta procedente para esta Sala de lo Constitucional, sobreseer el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor del señor ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA, Contra actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) relacionadas según el recurrente a una subasta señalada para el veintiséis de junio del dos mil veintiuno, en cuya publicación aparece el lote numero 61 el bien inmueble descrito como casa de habitación en residencial La foresta de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, lote 29, bloque I , segunda etapa con matrícula 452107 cuyo titular dominical es RAUL ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA. Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 80, 82, 90, 92 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDEN TES:1) Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021),la Secretaría de Estado de la Presidencia, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); PROMOVIO la venta del inmueble según avaluó con fecha nueve (9)de abril del año dos mil veintiuno (2021), por un valor total de L. 4,595,810.00, (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Diez Lempiras Exactos), a la OABI le correspondería la cantidad DEL 5% del monto de la venta por administración, que corresponde a la cantidad de L. 229,790.50 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 50/100).-El monto resultante de esta operación es la cantidad de L.4,366,019.50 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE LEMPIRAS 50/100), el cual producirán intereses mensuales por la cantidad de L10, 915.05 (DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 05/100) a una tasa de interés del mercado actual de 3.00%, en un periodo de 12 meses se proyecta un monto total de L. 130,980.59 (CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 59/100), del total de los intereses, a la OABI le corresponden un promedio del 5% en base a la tasa de cuentas de ahorro promedio ponderado, según reporte del Banco Central de Honduras (BCH) tasa del 2.86% a marzo 2021.-2) En fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, interpuso ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia Recurso de Amparo a favor del señor ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA, Contra actuaciones de la oficina administradora de bienes incautados (OABI) relacionadas según el recurrente a una subasta señalada para el veintiséis de junio del dos mil veintiuno, en cuya publicación aparece el lote numero 61 el bien inmueble descrito como casa de habitación en residencial La Foresta de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, lote 29, bloque I, segunda etapa, con matrícula 452107, cuyo titular dominical es RAUL ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA. (Folio del 1 al 5 de la pieza de amparo).-3) En fecha dieciocho 18 de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibieron en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, antecedentes del caso de mérito (Folio 77 de la pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala declara caducado de derecho y perdido irrevocable el termino dejado de utilizar por el amparista para formalizar el recurso de mérito , asimismo y conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual estimó procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, en consecuencia, omitió la vista la vista de las presentes diligencias al Fiscal del despacho para que emitiera su dictamen de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folios 80 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que, de la revisión de los antecedentes traídos a la vista, la Sala de lo Constitucional observa que se trata de una decisión administrativa dentro del procedimiento administrativo de imposición de medida cautelar de Aseguramiento de un bien inmueble, consecuencia jurídica del proceso penal de lavado de activos en el caso denominado RELEVO II, medida cautelar de aseguramiento de un bien inmueble, impuesta por el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. Dentro de este procedimiento es menester recordar que, todas las personas que ostenten la titularidad de bienes, ya sean personas naturales o jurídicas, por ser entes de derecho público son susceptibles de adquirir derechos y obligaciones y pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio sobre su patrimonio, siempre y cuando se demuestre que fueron beneficiadas, directamente o indirectamente, a través de sus personeros o representantes legales, a partir de una actividad ilícita por lo tanto solo el Juez de Privación de Dominio está legitimado para ordenar las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los bienes que incluye la incautación, a solicitud del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (4): Que, la finalidad de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito es lograr la legítima protección del interés público, en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena fe, mediante el desapoderamiento de bienes, productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o derivados en contravención a la Ley. No obstante, si bien un Juez de Letras en materia Penal es el legitimado para la aplicación de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en el caso de mérito, impuso una medida cautelar sobre un bien inmueble, el legislador decidió que la ejecución de esa medida cautelar la ejecute la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). En ese sentido, el artículo 73 de del Decreto N0. 144 de 2014, que contiene la Ley Especial contra el Lavado de Activos, determina que la OABI es un órgano adscrito al Despacho de la Presidencia de la República, es decir del Poder Ejecutivo. Ahora, si éste órgano ejecutor incumple, cumple a medias, o abusa de su autoridad interpretando erróneamente lo dispuesto por el Juez competente, el que se estima violentado en sus derechos fundamentales, por tratarse del tema procesal de medidas cautelares, debe ser conocido en apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, con ello se garantiza el derecho reconocido constitucional y convencionalmente a la doble instancia, por lo que el no haber recurrido vía apelación, debe considerarse como un hecho consentido por la parte que recurre, debiendo subsumir la presenta acción en la causa de inadmisibilidad contenida en el numeral tercero del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.-CONSIDERANDO (6): Que, del análisis del acto administrativo emitido con relación a la recurrente, se deduce la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tendría expeditos los recursos de apelación que le franquea la ley contra las decisiones emitidas por un Juez de Letras en materia Penal. Por todo ello, resulta procedente para esta Sala de lo Constitucional, sobreseer el recurso de amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de ALBERTO RODRIGUEZ VENTURA, contra las actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0686-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL