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Sentencia AA-65-20 — Registro 14740

Resumen

Resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el Tribunal Superior de Cuentas mediante la cual se establece responsabilidad civil,que según el recurrente, paso para ejecución a la Procuraduría General de la República, iniciado contra Impetrante por su desempeño como Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional conoce de la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, a favor de SI MISMO, contra la resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se establece responsabilidad civil, misma que según el recurrente, paso para ejecución a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, según consta, en expediente Regional San Pedro Sula, Cortes, No. 1453-2018, con relación al pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, iniciado contra el señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS por su desempeño como Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). CONSIDERANDO: Que consta en autos las siguientes actuaciones en vía administrativa: 1. El Tribunal Superior de Cuentas, formuló al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en su condición de Secretario de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), un pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00), valor que el ente contralor estimó es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras. 2.- El apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en fecha seis de noviembre de dos mil doce, se notificó en tiempo y forma y dentro del término legal presentó escrito de impugnación cuya pretensión era desvanecer la responsabilidad civil imputada. 3.- El proceso administrativo siguió su curso y en fecha 30 de abril de 2015, se emitió de la Resolución 863-2015 -SG-TSC, mediante la cual el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, por unanimidad de votos confirmó el pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00) al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, y le manifiesta que si dentro del término de diez días no se interpone el recurso de reposición con el cual se da fin a la vía administrativa y posteriormente acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manda que se libre comunicación y se manden los antecedentes a la Procuraduría General de la República para la ejecución de la resolución emitida. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional observó que la Resolución 863-2015 -SG-TSC antes referida, fue notificada en tiempo y forma (ver folios 300 y 301v. p.p.) al apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, quien dejó transcurrir el termino de diez días otorgado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, para la interposición del recurso de reposición, informándolo así la Secretaria de dicho Tribunal Superior de Cuentas, quien declaró firme la resolución y consecuentemente para ejecución. Se debe manifestar que, al momento de la interposición del presente recurso de amparo, la resolución está en proceso de ejecución en la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO: Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. . CONSIDERANDO: Que del análisis del acto administrativo emitido con relación al recurrente, se derivan dos causales de inadmisibilidad de las cuales procede la decisión jurisdiccional de sobreseer el amparo interpuesto: 1.- la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tenía expedito el recurso de reposición en la vía administrativa y que sólo habiéndose agotada ésta, se legitimaría entablar la vía judicial ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente una acción de amparo. Y siendo que no se han acreditado tales presupuestos de actuación previo a la comparecencia del Recurrente ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción de amparo, en aplicación del numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. 2.- Lo anterior, trajo como consecuencia procesal que el caso de mérito ya esté en etapa de ejecución ante la Procuraduría General de la República, constituyéndose en un acto ya consumado de modo irreparable, causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese sentido, y siendo que las causales de inadmisibilidad has sido detectadas dentro del trámite de la acción de amparo, procede el sobreseimiento del mismo"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional conoce de la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, a favor de SI MISMO, contra la resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se establece responsabilidad civil, misma que según el recurrente, paso para ejecución a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, según consta, en expediente Regional San Pedro Sula, Cortes, No. 1453-2018, con relación al pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, iniciado contra el señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS por su desempeño como Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). CONSIDERANDO: Que consta en autos las siguientes actuaciones en vía administrativa: 1. El Tribunal Superior de Cuentas, formuló al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en su condición de Secretario de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), un pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00), valor que el ente contralor estimó es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras. 2.- El apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en fecha seis de noviembre de dos mil doce, se notificó en tiempo y forma y dentro del término legal presentó escrito de impugnación cuya pretensión era desvanecer la responsabilidad civil imputada. 3.- El proceso administrativo siguió su curso y en fecha 30 de abril de 2015, se emitió de la Resolución 863-2015 -SG-TSC, mediante la cual el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, por unanimidad de votos confirmó el pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00) al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, y le manifiesta que si dentro del término de diez días no se interpone el recurso de reposición con el cual se da fin a la vía administrativa y posteriormente acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manda que se libre comunicación y se manden los antecedentes a la Procuraduría General de la República para la ejecución de la resolución emitida. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional observó que la Resolución 863-2015 -SG-TSC antes referida, fue notificada en tiempo y forma (ver folios 300 y 301v. p.p.) al apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, quien dejó transcurrir el termino de diez días otorgado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, para la interposición del recurso de reposición, informándolo así la Secretaria de dicho Tribunal Superior de Cuentas, quien declaró firme la resolución y consecuentemente para ejecución. Se debe manifestar que, al momento de la interposición del presente recurso de amparo, la resolución está en proceso de ejecución en la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO: Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. . CONSIDERANDO: Que del análisis del acto administrativo emitido con relación al recurrente, se derivan dos causales de inadmisibilidad de las cuales procede la decisión jurisdiccional de sobreseer el amparo interpuesto: 1.- la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tenía expedito el recurso de reposición en la vía administrativa y que sólo habiéndose agotada ésta, se legitimaría entablar la vía judicial ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente una acción de amparo. Y siendo que no se han acreditado tales presupuestos de actuación previo a la comparecencia del Recurrente ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción de amparo, en aplicación del numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. 2.- Lo anterior, trajo como consecuencia procesal que el caso de mérito ya esté en etapa de ejecución ante la Procuraduría General de la República, constituyéndose en un acto ya consumado de modo irreparable, causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese sentido, y siendo que las causales de inadmisibilidad has sido detectadas dentro del trámite de la acción de amparo, procede el sobreseimiento del mismo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, a favor de SI MISMO, contra la resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, mediante la cual se establece responsabilidad civil, misma que según el recurrente, paso para ejecución a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, según consta, en expediente Regional San Pedro Sula, Cortes, No. 1453-2018, con relación al pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, iniciado contra el señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS por su desempeño como Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 80, 82, 90, 94, 106, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Superior de Cuentas remitió al Señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en su condición de Ex Secretario de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Pliego de Responsabilidad Civil por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS (L.816,480.00) derivados de la autoría financiera efectuada a la Dirección General de Energía y Dirección de Biodiversidad, perteneciente a dicha Secretaria de Estado. (Folio 02 del antecedente) 2) Que en fecha seis (06) de noviembre de dos mil doce (2012), el Abogado CELSO DONADIN ALVARADO actuando en su condición de Apoderado Legal del Señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, compareció ante el Tribunal Superior de Cuentas, presentando impugnación contra el Pliego de Responsabilidad No.11/06/2008-DASII-A, del que se hace referencia en el numeral anterior. (Folios 97-104 del antecedente) 3) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), el Tribunal Superior de Cuentas dicta Resolución No.863/2015-SG-TSC en la Resolvió: (SIC): “PRIMERO: CONFIRMAR al ciudadano TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en el Pliego de Responsabilidad Civil No.11-06-2008-DASII-A, la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00), valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras.- SEGUNDO: A la cantidad confirmada se le sumaran intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que aplique el Sistema Financiero Nacional, hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil y desde la fecha en que la resolución se torne ejecutoriada, de conformidad al artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- TERCERO: Si en el termino de diez (10) días hábiles no interpone ante este Tribunal Superior de Cuentas el Recurso de Reposición, que pone fin a la vía administrativa, contra la presente resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y artículo 117 de su Reglamento General; ni agotado el mismo, acude ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 119 del mismo ordenamiento jurídico, se procederá a librar certificación de la presente resolución a la Procuraduría General de la República, a efecto de incoar las acciones legales correspondientes, al adquirir la resolución carácter de firme y por tanto titulo ejecutivo.-CUARTO: Proceder a extender la certificación de la resolución de merito al interesado.- NOTIFIQUESE.” (Folios 290-299 del antecedente de la P.G.R.) 4) Que el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS No.863/2015-SG-TSC, de fecha treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 106, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021). (Folio 01–05 y 41 de la presente Recurso) 5) Que en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por visto lo expuesto por el Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, siendo de la opinión porque: (SIC) “SE SOBRESEAN las mismas, por concurrir la causal de inadmisibilidad contenido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo a las consideraciones que preceden. (Folio 44–46 y 48 del presente Recurso) CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional conoce de la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, a favor de SI MISMO, contra la resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, mediante la cual se establece responsabilidad civil, misma que según el recurrente, paso para ejecución a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, según consta, en expediente Regional San Pedro Sula, Cortes, No. 1453-2018, con relación al pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, iniciado contra el señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS por su desempeño como Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). CONSIDERANDO: Que consta en autos las siguientes actuaciones en vía administrativa: 1. El Tribunal Superior de Cuentas, formuló al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en su condición de Secretario de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), un pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00), valor que el ente contralor estimó es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras. 2.- El apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, en fecha seis de noviembre de dos mil doce, se notificó en tiempo y forma y dentro del término legal presentó escrito de impugnación cuya pretensión era desvanecer la responsabilidad civil imputada. 3.- El proceso administrativo siguió su curso y en fecha 30 de abril de 2015, se emitió de la Resolución 863-2015 -SG-TSC, mediante la cual el pleno del Tribunal Superior de Cuentas, por unanimidad de votos confirmó el pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, por la cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.816,480.00) al señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, y le manifiesta que si dentro del término de diez días no se interpone el recurso de reposición con el cual se da fin a la vía administrativa y posteriormente acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manda que se libre comunicación y se manden los antecedentes a la Procuraduría General de la República para la ejecución de la resolución emitida. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional observó que la Resolución 863-2015 -SG-TSC antes referida, fue notificada en tiempo y forma (ver folios 300 y 301v. p.p.) al apoderado legal del señor TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS, quien dejó transcurrir el termino de diez días otorgado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, para la interposición del recurso de reposición, informándolo así la Secretaria de dicho Tribunal Superior de Cuentas, quien declaró firme la resolución y consecuentemente para ejecución. Se debe manifestar que, al momento de la interposición del presente recurso de amparo, la resolución esta en proceso de ejecución en la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO: Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. . CONSIDERANDO: Que del análisis del acto administrativo emitido con relación al recurrente, se derivan dos causales de inadmisibilidad de las cuales procede la decisión jurisdiccional de sobreseer el amparo interpuesto: 1.- la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque ésta tenía expedito el recurso de reposición en la vía administrativa y que sólo habiéndose agotada ésta, se legitimaría entablar la vía judicial ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente una acción de amparo. Y siendo que no se han acreditado tales presupuestos de actuación previo a la comparecencia del Recurrente ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción de amparo, en aplicación del numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. 2.- Lo anterior, trajo como consecuencia procesal que el caso de mérito ya esté en etapa de ejecución ante la Procuraduría General de la República, constituyéndose en un acto ya consumado de modo irreparable, causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En ese sentido, y siendo que las causales de inadmisibilidad has sido detectadas dentro del trámite de la acción de amparo, procede el sobreseimiento del mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS, a favor de SI MISMO, contra la resolución No. 863/2015-SG-TSC dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, que confirma el pliego de responsabilidad civil No. 11/06/2008-DASII-A, iniciado contra el señor TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0065-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL