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Sentencia AA-611-22 — Registro 15117

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Resolución No. 099-2020 emitida por el Instituto Nacional Agrario que declaró sin lugar reclamo administrativo para que se paguen unos predios de naturaleza privada concedidos a grupos campesinos; La Sala del Informe de la Autoridad recurrida aprecia que existe falta de legitimación del recurrente por no existir agravio constitucional y tener acciones y recursos pertinentes para que se reconozcan los intereses que alega el recurrente por lo que procede rechazar la acción de merito por ser inadmisible

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del informe emitido por la autoridad recurrida, esta Sala advierte, que con el acto reclamado en amparo no se concretiza una existencia real de una afectación al recurrente, pues este se ha emitido en cumplimiento a lo establecido en la Ley…"…"esta Sala luego del análisis de los argumentos del recurrente como de la pieza remitida como expuestos los articulados anteriores, estima necesari indicar al recurrente que, en el caso de estudio, la autoridad que denuncia se ha declarado incompetente de conocer sobre sus pretensiones, toda vez que las mismas recaen en un requerimiento de pago, siendo evidente que dicho asunto no tiene que ver con actos de administración sea de carácter particular o pública, sino a una transacción realizada entre un tercero y el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, que en todo caso de estimar el reclamante perjuicio relacionada a dicha transacción tiene las acciones y recursos pertinentes para que se reconozcan los intereses de su representada..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representada, y que, no obstante, el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."esta Sala concluye que al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente, procede rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de julio del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, a favor de WALDINA MATAMOROS ALVARADO, contra la resolución dictada en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno, por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte, en relación al reclamo administrativo para que se pague el valor de unos predios de naturaleza privada que fueron adquiridos irregularmente por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y concedidos a grupos campesinos, y a título de daños y perjuicios se paguen los intereses legales sobre el valor de dichos bienes inmuebles. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso, se desprende que el recurrente estima que con el acto reclamado, se confirma la resolución No.099-2020 emitida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, mediante la cual se declara sin lugar el reclamo administrativo que presentó para que se le pague el valor de unos predios de naturaleza privada que fueron adquiridos irregularmente por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y concedidos a grupos campesinos, y a título de daños y perjuicios se paguen los intereses legales sobre el valor de dichos bienes inmuebles. CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con la emisión del acto reclamado se vulneran en perjuicio de su representada los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 90, 103, 104, 321 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintidós, dispuso que previo a resolver sobre la admisión de la presente acción, que la autoridad recurrida emitiera un informe circunstanciado sobre los recursos que tenía disponible el recurrente y de la fecha en que le fue notificada la resolución emitida, si fuese el caso, así como relacionara lo pertinente sobre los alegatos expuestos por el recurrente. CONSIDERANDO: Que la autoridad recurrida en su informe, indica que confirma la decisión del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por encontrarla ajustada a derecho y por ser incompetente para emitir pronunciamiento sobre las pretensiones expuestas por el quejoso. CONSIDERANDO: Que del informe emitido por la autoridad recurrida, esta Sala advierte, que con el acto reclamado en amparo no se concretiza una existencia real de una afectación al recurrente, pues este se ha emitido en cumplimiento a lo establecido en la Ley. CONSIDERANDO: Que el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, estipula que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por la ley. CONSIDERANDO: Que el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que los actos de los órganos de la Administración Pública, adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. CONSIDERANDO: Que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo, determina que se considera parte interesada en un procedimiento a los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan (es decir cuando se inicia un procedimiento) y a quienes pueden afectar la resolución que se hubiera de dictarse (ya existe un procedimiento). CONSIDERANDO: Que esta Sala luego del análisis de los argumentos del recurrente como de la pieza remitida como expuestos los articulados anteriores, estima necesari indicar al recurrente que, en el caso de estudio, la autoridad que denuncia se ha declarado incompetente de conocer sobre sus pretensiones, toda vez que las mismas recaen en un requerimiento de pago, siendo evidente que dicho asunto no tiene que ver con actos de administración sea de carácter particular o pública, sino a una transacción realizada entre un tercero y el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, que en todo caso de estimar el reclamante perjuicio relacionada a dicha transacción tiene las acciones y recursos pertinentes para que se reconozcan los intereses de su representada. CONSIDERANDO: Que en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrida, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute, y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representada, y que, no obstante, el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que en virtud de todo lo anterior, esta Sala concluye que al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente, procede rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 7), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 76 y 81 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, a favor de WALDINA MATAMOROS ALVARADO, contra la resolución dictada en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno, por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte, al apreciar esta Sala que el recurrente al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representada, y tener el quejoso acciones y recursos pertinentes para que se reconozcan los intereses de su representada; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-611-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL