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Sentencia AA-610-18 — Registro 14879

Resumen

Resolución No. FGR-386-2018, emitida por la Fiscalia General de la República que confirmó resolución dictada por la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC) en la denuncia No. 1455042755-2016 contra recurrentes por la supuesta comisión de delitos de corrupción pública, lavado de activos, malversación de caudales públicos, cohecho, soborno y otros en perjuicio de la Administración Pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que en sus argumentos el recurrente dejó entrever su intención de impugnar lo resuelto por la unidad fiscal que conoce del asunto, estando en desacuerdo con el hecho que se hayan desestimado los mismos por haber peticionado una reconsideración de la decisión emanada de la misma, considerando la autoridad recurrida que consintió lo resuelto por la Unidad Fiscal Especial, dado que no hizo uso del recurso que por ley correspondía, entendiendo que éste era el recurso de reposición, conforme con el Código Procesal Penal y no el de reconsideración como fue planteado por el hoy recurrente, malentendiendo la posibilidad de reconsideración prevista en el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público como un medio de impugnación..."..."la Fiscalía General de la República en la resolución venida en amparo, determinó denegar la solicitud de reconsideración presentada por el impetrante, al considerar que, conforme con la jurisprudencia constitucional originada de esta misma Sala, en materia de instrucción a procedimientos administrativos internos del Ministerio Público, procede la aplicación análoga de las disposiciones del Código Procesal Penal, de ahí que el recurso que debió ser interpuesto por el interesado era el de reposición, previsto y regulado por la legislación procesal de dicha materia, estableciéndose que la reconsideración solamente puede ser opuesta por agentes de tribunales, infiriéndose con ello que no es viable que la misma pueda ser invocada por particulares en procedimientos administrativos ante el Ministerio Público..."..."el Ministerio Público determinó que contra la resolución dictada por la precitada Unidad Fiscal procedía el recurso de reposición y no una solicitud de reconsideración como planteó el recurrente, llegando a esta conclusión, no como resultado de un estudio de las alegaciones presentadas en el escrito presentado por el compareciente ante la referida Unidad Fiscal, sino porque éste designó el mismo como una solicitud de reconsideración, la cual, según se sostiene en la resolución impugnada, solamente puede ser ejercida por agentes de tribunales..."..."Esta Sala, considera que cuando en un procedimiento se prevé la posibilidad de pedir que se reconsidere una decisión, es lógico asumir que esta petición, al igual como acontece con el recurso de reposición, debe elevarse ante el órgano o persona que emitió la decisión, pues reconsiderar no es otra cosa que reexaminar lo decidido, y en su caso, invertir, variar o corregir tal determinación, de ahí que no pueda pedirse a una autoridad que reconsidere lo que hizo otra, lo que parece ser el caso que nos ocupa, en el que, el recurrente peticiona al superior jerárquico que reconsidere lo que decidió su subalterno..."..."la autoridad recurrida sostuvo que la figura de la reconsideración es exclusiva de los agentes de tribunales, sin embargo, al menos en los casos de las “salidas” o medidas de simplificación procesal, se prevé que la reconsideración pueda ser planteada por el peticionario, a quien inclusive se le reconoce la posibilidad de recurrir posteriormente, aunque no se establezca mediante qué recurso. Además, no se aprecia que la Ley del Ministerio Público ni el Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, como normativas que contemplan la figura de la reconsideración, sean lo suficientemente determinantes en cuanto a su regulación y trámite, a pesar de que el propio Artículo 35 del Reglamento en mención, establezca que ésta procede (sic) “de conformidad con la ley”. Pudiendo concluir en que si lo que se busca es que el superior revise lo actuado por el inferior, no podríamos considerar esto como una reconsideración, sino como una impugnación..."..."se aprecia que el amparista reprocha el hecho de que su impugnación haya sido desestimada como un acto consentido por haberla designado como una reconsideración, estimando que la autoridad recurrida debió hacer una interpretación extensiva y no restringida de los derechos que asisten a sus representados, ya que en materia constitucional, la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva incorporan inter alia, el derecho de acceso al proceso y a los recursos legalmente previstos, por lo que no deben prevalecer obstáculos excesivos o irrazonables de acceso al proceso. Asimismo, ya el articulo 131 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece en su párrafo segundo que el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo, como en el presente caso, donde queda evidenciado en la interposición del presente recurso así como en la formalización del mismo, que lo que el recurrente pretende es impugnar ante el superior (Fiscalía General) la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial..."..."en la resolución objeto del presente recurso, no emana ningún pronunciamiento de fondo en el que se establezca si el escrito presentado por el recurrente ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, consistió en una impugnación del acto o no, puesto que de lo dicho por la Fiscalía General se infiere que el mismo no constituye un medio de impugnación, no porque así se establezca en el escrito partiendo de los alegatos del impetrante, sino porque simplemente se lo designó como una solicitud de reconsideración. A criterio de esta Sala, esta conclusión, desprovista de un análisis de fondo, se contrapone con el principio pro homine y el principio del favor actionis, al advertirse una desproporción entre la decisión de la Fiscalía General y la consecuencia de lo resuelto, puesto que se hacen cesar las posibilidades de defensa de los investigados, sin ofrecer un análisis exhaustivo de su petitorio, viéndose la autoridad denunciada escasa en sus argumentos, al estimar la inexistencia de un medio impugnatorio sin ofrecer razonamientos que vayan más allá de señalar la designación del escrito, un hecho que insinúa una insuficiente motivación en la resolución que se denuncia mediante esta acción de amparo..."..."se advierte que la resolución objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso en la forma del derecho de acceso al proceso y al recurso, por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo, siendo además que la resolución denunciada adolece, por las mismas causas, de una debida y exhaustiva motivación. Así entonces, analizada que ha sido dicha resolución, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, por lo que procede el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación precisa, exhaustiva y coherente, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo en relación a los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI..."..."en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la abogada Lucila Cruz Menéndez, en su condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, y dando cumplimiento al auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, emite informe en el cual expone que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho se recibió requerimiento fiscal registrado bajo número VP 102-18 en contra de veintiún personas, entre ellas YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON exceptuando a ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por suponerlos responsables del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras..."..."visto el informe ya relacionado en el considerando anterior, esta Sala aprecia que los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI se encuentran excluidos del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho tal como queda demostrado en dicho informe, por consiguiente, para esta Sala resulta procedente el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018 a favor de los señores ya referidos, puesto que la resolución impugnada se traduce en una afectación al debido proceso, ya que ha quedado evidenciado tanto en la interposición como en la formalización del presente recurso, que el recurrente ha pretendido impugnar ante el superior (Fiscalía General), la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial en favor de los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI..."..."del informe ya relacionado se desprende que se presentó requerimiento fiscal contra los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, por suponerlos responsables del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, en consecuencia, esta Sala aprecia que la concurrencia de la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 5º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en virtud del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante este Supremo Tribunal en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, registrado bajo número VP 102-18..."..."esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que impugnaron los recurrentes YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, al advertirse en este momento procesal la causal de inadmisibilidad ya relacionada, por lo que procede sobreseer las presentes diligencias conforme lo dispone la ley..."..."esta Sala concluye que el acto contra el cual se reclama es un ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, al no ser factible en este momento, ni física ni materialmente retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban al momento de realizarse el acto, el mismo no puede en este tiempo y momento ser reparado por el juicio de garantías, por ende, al advertirse en este momento procesal la causal de inadmisibilidad relacionada en la anterior consideración, procede sobreseer las presentes diligencias conforme lo dispone la ley en relación a los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que en sus argumentos el recurrente dejó entrever su intención de impugnar lo resuelto por la unidad fiscal que conoce del asunto, estando en desacuerdo con el hecho que se hayan desestimado los mismos por haber peticionado una reconsideración de la decisión emanada de la misma, considerando la autoridad recurrida que consintió lo resuelto por la Unidad Fiscal Especial, dado que no hizo uso del recurso que por ley correspondía, entendiendo que éste era el recurso de reposición, conforme con el Código Procesal Penal y no el de reconsideración como fue planteado por el hoy recurrente, malentendiendo la posibilidad de reconsideración prevista en el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público como un medio de impugnación..."..."la Fiscalía General de la República en la resolución venida en amparo, determinó denegar la solicitud de reconsideración presentada por el impetrante, al considerar que, conforme con la jurisprudencia constitucional originada de esta misma Sala, en materia de instrucción a procedimientos administrativos internos del Ministerio Público, procede la aplicación análoga de las disposiciones del Código Procesal Penal, de ahí que el recurso que debió ser interpuesto por el interesado era el de reposición, previsto y regulado por la legislación procesal de dicha materia, estableciéndose que la reconsideración solamente puede ser opuesta por agentes de tribunales, infiriéndose con ello que no es viable que la misma pueda ser invocada por particulares en procedimientos administrativos ante el Ministerio Público..."..."el Ministerio Público determinó que contra la resolución dictada por la precitada Unidad Fiscal procedía el recurso de reposición y no una solicitud de reconsideración como planteó el recurrente, llegando a esta conclusión, no como resultado de un estudio de las alegaciones presentadas en el escrito presentado por el compareciente ante la referida Unidad Fiscal, sino porque éste designó el mismo como una solicitud de reconsideración, la cual, según se sostiene en la resolución impugnada, solamente puede ser ejercida por agentes de tribunales..."..."Esta Sala, considera que cuando en un procedimiento se prevé la posibilidad de pedir que se reconsidere una decisión, es lógico asumir que esta petición, al igual como acontece con el recurso de reposición, debe elevarse ante el órgano o persona que emitió la decisión, pues reconsiderar no es otra cosa que reexaminar lo decidido, y en su caso, invertir, variar o corregir tal determinación, de ahí que no pueda pedirse a una autoridad que reconsidere lo que hizo otra, lo que parece ser el caso que nos ocupa, en el que, el recurrente peticiona al superior jerárquico que reconsidere lo que decidió su subalterno..."..."la autoridad recurrida sostuvo que la figura de la reconsideración es exclusiva de los agentes de tribunales, sin embargo, al menos en los casos de las “salidas” o medidas de simplificación procesal, se prevé que la reconsideración pueda ser planteada por el peticionario, a quien inclusive se le reconoce la posibilidad de recurrir posteriormente, aunque no se establezca mediante qué recurso. Además, no se aprecia que la Ley del Ministerio Público ni el Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, como normativas que contemplan la figura de la reconsideración, sean lo suficientemente determinantes en cuanto a su regulación y trámite, a pesar de que el propio Artículo 35 del Reglamento en mención, establezca que ésta procede (sic) “de conformidad con la ley”. Pudiendo concluir en que si lo que se busca es que el superior revise lo actuado por el inferior, no podríamos considerar esto como una reconsideración, sino como una impugnación..."..."se aprecia que el amparista reprocha el hecho de que su impugnación haya sido desestimada como un acto consentido por haberla designado como una reconsideración, estimando que la autoridad recurrida debió hacer una interpretación extensiva y no restringida de los derechos que asisten a sus representados, ya que en materia constitucional, la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva incorporan inter alia, el derecho de acceso al proceso y a los recursos legalmente previstos, por lo que no deben prevalecer obstáculos excesivos o irrazonables de acceso al proceso. Asimismo, ya el articulo 131 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece en su párrafo segundo que el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo, como en el presente caso, donde queda evidenciado en la interposición del presente recurso así como en la formalización del mismo, que lo que el recurrente pretende es impugnar ante el superior (Fiscalía General) la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial..."..."en la resolución objeto del presente recurso, no emana ningún pronunciamiento de fondo en el que se establezca si el escrito presentado por el recurrente ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, consistió en una impugnación del acto o no, puesto que de lo dicho por la Fiscalía General se infiere que el mismo no constituye un medio de impugnación, no porque así se establezca en el escrito partiendo de los alegatos del impetrante, sino porque simplemente se lo designó como una solicitud de reconsideración. A criterio de esta Sala, esta conclusión, desprovista de un análisis de fondo, se contrapone con el principio pro homine y el principio del favor actionis, al advertirse una desproporción entre la decisión de la Fiscalía General y la consecuencia de lo resuelto, puesto que se hacen cesar las posibilidades de defensa de los investigados, sin ofrecer un análisis exhaustivo de su petitorio, viéndose la autoridad denunciada escasa en sus argumentos, al estimar la inexistencia de un medio impugnatorio sin ofrecer razonamientos que vayan más allá de señalar la designación del escrito, un hecho que insinúa una insuficiente motivación en la resolución que se denuncia mediante esta acción de amparo..."..."se advierte que la resolución objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso en la forma del derecho de acceso al proceso y al recurso, por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo, siendo además que la resolución denunciada adolece, por las mismas causas, de una debida y exhaustiva motivación. Así entonces, analizada que ha sido dicha resolución, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, por lo que procede el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación precisa, exhaustiva y coherente, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo en relación a los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI..."..."en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la abogada Lucila Cruz Menéndez, en su condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, y dando cumplimiento al auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, emite informe en el cual expone que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho se recibió requerimiento fiscal registrado bajo número VP 102-18 en contra de veintiún personas, entre ellas YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON exceptuando a ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por suponerlos responsables del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras..."..."visto el informe ya relacionado en el considerando anterior, esta Sala aprecia que los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI se encuentran excluidos del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho tal como queda demostrado en dicho informe, por consiguiente, para esta Sala resulta procedente el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018 a favor de los señores ya referidos, puesto que la resolución impugnada se traduce en una afectación al debido proceso, ya que ha quedado evidenciado tanto en la interposición como en la formalización del presente recurso, que el recurrente ha pretendido impugnar ante el superior (Fiscalía General), la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial en favor de los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ CALDERON a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI (REG. 610 al 619-2018), contra la Resolución No. FGR-386-2018, emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), que confirmó la resolución dictada por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC) DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a las diligencias investigativas contenidas en la denuncia No. 1455042755-2016, iniciada contra los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 82 y 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor de YAJAIRA ELIZABETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON Y YAUDET BURBARA CANAHUATI, recursos de amparo registrados bajos los números del 610 al 619-2018, respectivamente, contra la Resolución No. FGR-386-2018, emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), que confirmó la resolución dictada por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC) DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a las diligencias investigativas contenidas en la denuncia No. 1455042755-2016, iniciada contra los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por estimar que dicha resolución es violatoria de los artículos 82 y 183, de la Constitución de la República. 2) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Sala de lo Constitucional dispuso que, previo a su admisión se librara comunicación a la autoridad recurrida, para que en el plazo dos días hábiles rindiera un informe circunstanciado, sobre el acto reclamado en amparo. 3) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Fiscalía General de la República, rindió su informe en el cual establece lo siguiente: a) Que en su informe la Fiscalía General de la República hace una relación de los hechos relacionados a la citada denuncia, la cual se recibió en fecha 20 de febrero de 2017 bajo el número 001-2017, en donde se informa la supuesta comisión de delitos de corrupción pública, lavado de activos, malversación de caudales públicos, cohecho, soborno y otros en perjuicio de la Administración Pública, indicando los denunciantes en la misma, que algunos diputados al Congreso Nacional han utilizado subsidios destinados a la realización de proyectos de interés social y a través de Órganos No Gubernamentales logran que éstos fondos lleguen a manos de diferentes funcionarios y políticos en un contexto de importantes decisiones en la Cámara Legislativa. En fecha 11 de diciembre de 2017, se dispuso ordenar la SECRETIVIDAD de la línea de investigación identificada como LINEA B, a fin de evitar la obstrucción y protección de la investigación, de toda persona que no formara parte de las mismas, mientras los resultados no se presentaren ante los órganos jurisdiccionales, y con ello, guardar el absoluto respeto a los derechos individuales consagrados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos de los que Honduras forma parte. En fecha 20 de febrero de 2018, el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, presentó personamiento ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), junto con copia simple de instrumentos públicos autenticados, en donde los señores GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, EDWIN ROBERTO PAVÓN LEÓN, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, ROMAN VILLEDA AGUILAR, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO Y YAUDET BURBARA CANAHUATI, le confieren Poder General para Pleitos y Gestiones Administrativas al abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, informando que los citados señores, estaban a la orden y disposición de la Fiscalía para los efectos investigativos, y a la vez solicitando se le informara sobre los cargos en contra de sus representados, y se le pusiera en conocimiento cualquier actividad probatoria que se esté realizando para ejercer la defensa material. En fecha 23 de febrero de 2018 admitió el escrito presentado, señalando el 9 de marzo de 2018, para hacer del conocimiento al Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, de los hechos de la investigación. En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, el abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, compareció ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), quien la fiscal delegada, en presencia de un Agente de Investigación, le dio a conocer los hechos contendidos en la denuncia, informándole que sus representados no se consideran aún investigados, y que solamente figuran haber tenido relación con la ONG BITAL y Planeta Verde, y que una vez concluidas las investigaciones se sabría quiénes serían los involucrados y apreciar algún grado de responsabilidad, sería cuando a sus representados, se les citaría y notificaría en legal y debida forma. En fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, presentó escritos ante la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción (UFECIC), solicitando la reconsideración del informe vertido mediante acta de comparecencia, por estimar el peticionario, que se contrapone al Derecho de Defensa consagrado en la Constitución de la República. El 24 de mayo de 2018, el Jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, luego de estudiar actuaciones y conforme las normas legales y constitucionales, señala que la Abogada Tania Pavón, dio cumplimiento a la resolución de fecha 23 de febrero de 2018, quien informó sobre los hechos y la inexistencia de cargos en contra de sus poderdantes y la indagación que se estaba realizando conforme a la denuncia presentada, la cual le fue notificada el 28 de mayo de 2018. En fecha 5 de junio de 2018, el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, solicitó ante la Fiscalía General de la República, Reconsideración a la resolución de fecha 24 de mayo de 2018, emitida por la UFECIC, por considerar falta real de dicho conocimiento, en contraposición al Derecho de Defensa. En fecha 27 de julio de 2018, el Fiscal General de la República, emitió su resolución, señalando que, en la actuación penal, no es viable aplicar normas de orden interno, previstas para quienes forman parte de la Fiscalía, como es la Reconsideración, la cual se encuentra enmarcada en los artículos 11 y 12 de la Ley del Ministerio Público. En consecuencia, las decisiones del 23 de febrero y 24 de mayo de 2018, han cobrado ejecutoría, ante la no interposición de los recursos que establece la norma aplicable (Norma Procesal Penal). b) Que conforme lo establece el Código Procesal Penal, en su artículos 352 y 353, son susceptibles de recurso de reposición, todas las providencias y autos proferidos durante el proceso, el cual debe pedirse en el acto de notificación, o por escrito separado dentro del día hábil siguiente al de la notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento (en este caso la etapa administrativa de investigación), por lo cual, los recurrentes, según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley del Ministerio Público y 35 del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, utilizaron el procedimiento de reconsideración, el cual es propio a los servidores y funcionarios del Ministerio Público, para obtener la enmienda a lo decidido por sus superiores, cuando éstos no estén de acuerdo con la resolución emanada por esa superioridad jerárquica; siendo evidente que el recurrente no actuó en carácter de Agente de Tribunales, por ende su actividad recursiva debió regirse por lo que establece la norma procesal penal y no conforme a los términos de la Ley del Ministerio Público. c) La actuación de la Fiscalía ha sido transparente y en cumplimiento de las normas procesales, se ha cumplido informando al peticionario, como lo indica la Ley, siendo notificado personalmente el accionante, quien no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente, quedando firme y consentido los actos del 23 de febrero y 24 de mayo de 2018, por ello estima la Fiscalía que su omisión en el ejercicio del Derecho, ser motivo para argumentar un amparo administrativo, el cual sería improcedente, y como una forma de impedir las investigaciones, por lo cual dichas acciones de amparo deben ser declaradas inadmisibles. (Folios 304 al 307 del expediente de Amparo). 4) Que en fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala admitió la presente acción de amparo, asimismo se ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la Fiscalía General de la República para que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo; los cuales fueron recibidos en esta Sala el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. (Folio 327 del expediente de Amparo). 5) Que en fecha once de abril de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional, ordenó que previo a pronunciarse sobre la vista, se librara comunicación a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que informara a la Sala, si contra los mencionados señores se había presentado requerimiento fiscal por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, COHECHO, SOBORNO Y OTROS, en perjuicio de la Administración Pública.- En consecuencia, en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, remitió su informe en el cual establece, que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, se presentó requerimiento fiscal por parte de la Abogada TANIA ARACELY PAVON, en su condición de Agente de Tribunales asignada a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), contra 21 personas, entre ellas: YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVÓN LEÓN, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, exceptuando a ROMAN VILLEDA AGUILAR Y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por suponerlos responsables de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 338 del expediente de amparo). 6) Que en fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional de amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que son hechos relevantes conocidos a través de la presente acción de amparo acumulada, las solicitudes de reconsideración presentadas por el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ CALDERON a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI (REG. 610 al 619-2018), a las cuales se refirió la Resolución No. FGR-386-2018, emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), confirmando la resolución dictada por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC) DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la declaratoria sin lugar de las solicitudes de reconsideración antes relacionadas y, ratificando el informe vertido por la Fiscal asignada a la causa de investigación contenida en la denuncia No. 1455042755-2016, iniciada contra los señores agraviados; considerando el garantista que tal informe, vertido mediante Acta de Comparecencia de fecha nueve (9) de marzo de 2018, por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), no puso en conocimiento a sus representados, en forma clara y precisa, los hechos que se les atribuye; ni la actividad probatoria que se está realizando para ejercer la defensa técnica y procesal. CONSIDERANDO (4): Que según formaliza la demanda de amparo el garantista delegado, Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, el acto administrativo en mención es violatorio al artículo 82 de la Constitución de la República, en sus distintas manifestaciones, como son las que regulan la inviolabilidad del derecho a la defensa; la evitación de la indefensión material; así como el derecho a una tutela judicial efectiva. Desarrollando así las garantías constitucionales que se estiman violentadas y el concepto de su violación: a) Transcribiendo el artículo 82 de la Constitución de la República, relacionado a lo estipulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal; ámbito del derecho no desarrollado con amplitud en el procedimiento de investigación llevado a cabo por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), para determinar preliminarmente la existencia de un delito de índole penal y la identificación de su autor, impidiéndose a la persona sometida a investigación la posibilidad de desvirtuar los cargos; lo cual conlleva a daño en la imagen personal de los investigados, erogación de gastos, privación de libertad provisional de la libertad, evitando la aportación y ejercicio de la defensa material suficiente para abstraerse del proceso. En tal sentido, el agravio consiste en que la información proporcionada por dicha unidad del Ministerio Público no es clara, ni precisa, en cuanto a los hechos que se les atribuye a sus representados; generando una sospecha de falsedad y ocultamiento en la actividad procesal del Ministerio Público; omitiendo informar con relación a lo que ellos llaman “línea B”, con auto de reserva; bajo la justificación de preservar la eficacia de las investigaciones. b) La evitación de la indefensión material, a que conlleva la actividad clandestina y cómoda del Ministerio Público, caracterizada por el entorpecimiento o limitación sustancial en la defensa de intereses y derechos, donde existe una situación de efectivo y real menoscabo del derecho de defensa contradictoria, lo cual determinaría la nulidad procedimental (Sic.), o nulidad absoluta de lo actuado; con especial mención de los medios de prueba obtenidos con violación a los derechos constitucionales, habiéndolo invocado en las diferentes etapas recursivas dentro del agotamiento del procedimiento administrativo, dentro del Ministerio Público, y que culmina con la interposición de este recurso. CONSIDERANDO (5): Finalmente, se expone en el literal c) de la formalización del presente recurso, que en cuanto a que tal omisión y ocultamiento le facilita al Ministerio Público colocarse en una situación de ventaja frente a los investigados, para que este no pueda entorpecer las investigaciones en su contra y poder así, cómodamente, realizar actividad probatoria de cargo; evidenciado así la deslealtad procesal y el menoscabo a la igualdad de armas con que actúa el ente acusador, por el dominio absoluto que este adquiere de la investigación que servirá como insumo para interponer un requerimiento fiscal en su contra. En tal virtud, la Tutela Judicial Efectiva, en el sentido de tener oportunidad de acceso a la actividad probatoria del ente persecutor a efecto de contradecir, objetar o proponer prueba en relación de descargo, genera indefensión, muy a pesar del principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público; por todo lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional se otorgue la presente demanda de amparo. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que en sus argumentos el recurrente dejó entrever su intención de impugnar lo resuelto por la unidad fiscal que conoce del asunto, estando en desacuerdo con el hecho que se hayan desestimado los mismos por haber peticionado una reconsideración de la decisión emanada de la misma, considerando la autoridad recurrida que consintió lo resuelto por la Unidad Fiscal Especial, dado que no hizo uso del recurso que por ley correspondía, entendiendo que éste era el recurso de reposición, conforme con el Código Procesal Penal y no el de reconsideración como fue planteado por el hoy recurrente, malentendiendo la posibilidad de reconsideración prevista en el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público como un medio de impugnación. CONSIDERANDO (7): Que la Fiscalía General de la República en la resolución venida en amparo, determinó denegar la solicitud de reconsideración presentada por el impetrante, al considerar que, conforme con la jurisprudencia constitucional originada de esta misma Sala, en materia de instrucción a procedimientos administrativos internos del Ministerio Público, procede la aplicación análoga de las disposiciones del Código Procesal Penal, de ahí que el recurso que debió ser interpuesto por el interesado era el de reposición, previsto y regulado por la legislación procesal de dicha materia, estableciéndose que la reconsideración solamente puede ser opuesta por agentes de tribunales, infiriéndose con ello que no es viable que la misma pueda ser invocada por particulares en procedimientos administrativos ante el Ministerio Público. CONSIDERANDO (8): Que el Ministerio Público determinó que contra la resolución dictada por la precitada Unidad Fiscal procedía el recurso de reposición y no una solicitud de reconsideración como planteó el recurrente, llegando a esta conclusión, no como resultado de un estudio de las alegaciones presentadas en el escrito presentado por el compareciente ante la referida Unidad Fiscal, sino porque éste designó el mismo como una solicitud de reconsideración, la cual, según se sostiene en la resolución impugnada, solamente puede ser ejercida por agentes de tribunales. CONSIDERANDO (9): Esta Sala, considera que cuando en un procedimiento se prevé la posibilidad de pedir que se reconsidere una decisión, es lógico asumir que esta petición, al igual como acontece con el recurso de reposición, debe elevarse ante el órgano o persona que emitió la decisión, pues reconsiderar no es otra cosa que reexaminar lo decidido, y en su caso, invertir, variar o corregir tal determinación, de ahí que no pueda pedirse a una autoridad que reconsidere lo que hizo otra, lo que parece ser el caso que nos ocupa, en el que, el recurrente peticiona al superior jerárquico que reconsidere lo que decidió su subalterno. CONSIDERANDO (10): Que la autoridad recurrida sostuvo que la figura de la reconsideración es exclusiva de los agentes de tribunales, sin embargo, al menos en los casos de las “salidas” o medidas de simplificación procesal, se prevé que la reconsideración pueda ser planteada por el peticionario, a quien inclusive se le reconoce la posibilidad de recurrir posteriormente, aunque no se establezca mediante qué recurso. Además, no se aprecia que la Ley del Ministerio Público ni el Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, como normativas que contemplan la figura de la reconsideración, sean lo suficientemente determinantes en cuanto a su regulación y trámite, a pesar de que el propio Artículo 35 del Reglamento en mención, establezca que ésta procede (sic) “de conformidad con la ley”. Pudiendo concluir en que si lo que se busca es que el superior revise lo actuado por el inferior, no podríamos considerar esto como una reconsideración, sino como una impugnación. CONSIDERANDO (11): Siguiendo este orden de ideas, se aprecia que el amparista reprocha el hecho de que su impugnación haya sido desestimada como un acto consentido por haberla designado como una reconsideración, estimando que la autoridad recurrida debió hacer una interpretación extensiva y no restringida de los derechos que asisten a sus representados, ya que en materia constitucional, la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva incorporan inter alia, el derecho de acceso al proceso y a los recursos legalmente previstos, por lo que no deben prevalecer obstáculos excesivos o irrazonables de acceso al proceso. Asimismo, ya el articulo 131 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece en su párrafo segundo que el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo, como en el presente caso, donde queda evidenciado en la interposición del presente recurso así como en la formalización del mismo, que lo que el recurrente pretende es impugnar ante el superior (Fiscalía General) la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial. CONSIDERANDO (12): De las consideraciones anteriores, podemos afirmar que, en la resolución objeto del presente recurso, no emana ningún pronunciamiento de fondo en el que se establezca si el escrito presentado por el recurrente ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, consistió en una impugnación del acto o no, puesto que de lo dicho por la Fiscalía General se infiere que el mismo no constituye un medio de impugnación, no porque así se establezca en el escrito partiendo de los alegatos del impetrante, sino porque simplemente se lo designó como una solicitud de reconsideración. A criterio de esta Sala, esta conclusión, desprovista de un análisis de fondo, se contrapone con el principio pro homine y el principio del favor actionis, al advertirse una desproporción entre la decisión de la Fiscalía General y la consecuencia de lo resuelto, puesto que se hacen cesar las posibilidades de defensa de los investigados, sin ofrecer un análisis exhaustivo de su petitorio, viéndose la autoridad denunciada escasa en sus argumentos, al estimar la inexistencia de un medio impugnatorio sin ofrecer razonamientos que vayan más allá de señalar la designación del escrito, un hecho que insinúa una insuficiente motivación en la resolución que se denuncia mediante esta acción de amparo. CONSIDERANDO (13): De lo anteriormente expuesto, se advierte que la resolución objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso en la forma del derecho de acceso al proceso y al recurso, por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo, siendo además que la resolución denunciada adolece, por las mismas causas, de una debida y exhaustiva motivación. Así entonces, analizada que ha sido dicha resolución, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, por lo que procede el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación precisa, exhaustiva y coherente, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo en relación a los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI. CONSIDERANDO (14): Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la abogada Lucila Cruz Menéndez, en su condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, y dando cumplimiento al auto de fecha once de abril de dos mil diecinueve, emite informe en el cual expone que en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho se recibió requerimiento fiscal registrado bajo número VP 102-18 en contra de veintiún personas, entre ellas YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON exceptuando a ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por suponerlos responsables del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (15): Que visto el informe ya relacionado en el considerando anterior, esta Sala aprecia que los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI se encuentran excluidos del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho tal como queda demostrado en dicho informe, por consiguiente, para esta Sala resulta procedente el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada en los recursos SCO-612-2018 y SCO-619-2018 a favor de los señores ya referidos, puesto que la resolución impugnada se traduce en una afectación al debido proceso, ya que ha quedado evidenciado tanto en la interposición como en la formalización del presente recurso, que el recurrente ha pretendido impugnar ante el superior (Fiscalía General), la decisión tomada por la Unidad Fiscal Especial en favor de los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI. CONSIDERANDO (16): Que del informe ya relacionado se desprende que se presentó requerimiento fiscal contra los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, por suponerlos responsables del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, en consecuencia, esta Sala aprecia que la concurrencia de la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 5º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en virtud del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante este Supremo Tribunal en fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, registrado bajo número VP 102-18. CONSIDERANDO (17): Que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) LOS ACTOS CONSUMADOS DE MODO REPARABLE y 2) LOS ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, LOS ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías. CONSIDERANDO (18): Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala concluye que para determinar si se está en la presencia de un ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se dé en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO (19): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 5), es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable. CONSIDERANDO (20): Que esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que impugnaron los recurrentes YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, al advertirse en este momento procesal la causal de inadmisibilidad ya relacionada, por lo que procede sobreseer las presentes diligencias conforme lo dispone la ley. CONSIDERANDO (21): En consecuencia y, tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo, de la misma Ley, que establece:” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (22): Que de todo lo anterior esta Sala concluye que el acto contra el cual se reclama es un ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, al no ser factible en este momento, ni física ni materialmente retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban al momento de realizarse el acto, el mismo no puede en este tiempo y momento ser reparado por el juicio de garantías, por ende, al advertirse en este momento procesal la causal de inadmisibilidad relacionada en la anterior consideración, procede sobreseer las presentes diligencias conforme lo dispone la ley en relación a los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 70, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 46 numeral 5); 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 131 de la Ley de Procedimiento Administrativo. FALLA: 1. OTORGAR la presente garantía constitucional de amparo a favor de los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI, por las razones expuestas. 2. SOBRESSER el recurso de amparo presentado a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA Y GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON en virtud de advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que el acto contra el cual se reclama es un ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITICIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil veintidós. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, que otorgó la garantía de amparo a favor de los señores ROMAN VILLEDA AGUILAR y YAUDET BURBARA CANAHUATI y sobreseyó el mismo a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON, el cual fue interpuesto por el abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ CALDERON contra la Resolución No. FGR-386-2018, emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), que confirmó la resolución dictada por la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC) DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, sin exponer los motivos ni fundamentos por los cuales no está conforme con dicha resolución. CONSIDERANDO (2): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 13, 14, 15, 16 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RESUELVE: 1. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS a favor de los señores YAJAIRA LISBETH TALBOTT VILLATORO, WESLY MILENA VASQUEZ LOPEZ, ROMAN VILLEDA AGUILAR, HERNAN ENRIQUE VINDEL MOURRA, GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, EDWIN ROBERTO PAVON LEON, ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON y YAUDET BURBARA CANAHUATI, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. 2. Se autoriza a la Secretaría del Despacho, extender a costo del peticionario, copia autenticada del expediente de mérito. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y la resolución de fechas diecinueve de enero y siete de marzo de dos mil veintidós, recaída en los Recursos de Amparo Administrativo Acumulados registrados en este Tribunal con los números SCO-610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 618 y 619-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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