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Sentencia AA-576-21 — Registro 15258

Resumen

Sentencia en consulta revocó la resolución de amparo dictado por juzgado de primera instancia que otorgó acción de amparo contra actuaciones en la acción de amparo promovida por recurrente con relación a un Acto Administrativo emitido por la Corporación Municipal de Yoro, Departamento de Yoro, relacionados a la no aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-025-2020 promulgado en el marco de los impactos de la pandemia Covid-19; La Corte de Apelaciones consideró que no existen indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran por la autoridad denunciada de forma selectiva y disciminatoria por lo que no se acredita la violación a derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual REVOCA la sentencia de amparo dictada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), venida en Consulta Obligatoria; el cual se pronuncia, a la vez, DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los impetrantes; teniendo como consideraciones motivadoras las relacionadas en el Antecedente 2) de la presente sentencia..."..."en lo concerniente al contenido material de la resolución venida en petición de estudio, debe ponerse de manifiesto, ante todo, el carácter tutelar extraordinario que objetiva la resolución del amparo, aún en el grado de consulta; lo cual no podría ser de otra manera, tomando en cuenta que es su objeto primordial mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias..."..."en aras de diligenciar apropiadamente la garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, conviene aquí citar anteriores pronunciamientos de esta Sala de lo Constitucional, los que guardan relación a la legitimación de los pueblos originarios de Honduras para ocurrir; como acontece en la presente garantía constitucional, en defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de los pueblos indígenas ante la Jurisdicción Constitucional: “Considerando (28): Que, aunque la regulación constitucional de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) no ha sido tan detallada, desde las Constituciones de 1924 y 1936 se inició el reconocimiento de la protección a sus tierras. En la actual Constitución de la República se dan aspectos de protección a la cultura, el patrimonio, los intereses, tierras y bosques de las comunidades indígenas. Que adicional a la regulación específica sobre los PIAH, también en aplicación al sistema de introducción del derecho internacional, es aplicable lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es de obligatoria observancia en nuestro país desde el cinco de septiembre de 1994, fecha en la cual entró en vigor en Honduras. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre la tierra, territorios y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y de participación constituyen la piedra angular del convenio, de acuerdo a lo que establece en su artículo 6 y 7..."..."Considerando (29): Que la OIT ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos, que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado unos Criterios Subjetivos y Objetivos sobre Pueblos indígenas: referente al Criterio Subjetivo: habrá que determinar la Conciencia de su identidad indígena; y con relación al Criterio Objetivo: Basta con descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los habitantes de las zonas supra mencionadas, cumplen con el requisito de la descendencia, por tanto, se trata de un grupo indígena.[2] (…)”.[3]..."..."la motivación principal de la sentencia que conoció de la consulta de amparo, consiste en el parecer vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional respecto a que no han existido indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran de forma selectiva y de acuerdo a fines político partidarios; concluyendo que, debido a la falta de documentación, no se ha acreditado la violación a tales derechos fundamentales por parte del Municipio..."..."la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifiesta la razonabilidad de la petición de traer a estudio la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que revocó la resolución de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés; lo cual da lugar a su revocatoria, por no encontrarse fundada en derecho. En consecuencia, es procedente otorgar la presente garantía de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual REVOCA la sentencia de amparo dictada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), venida en Consulta Obligatoria; el cual se pronuncia, a la vez, DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los impetrantes; teniendo como consideraciones motivadoras las relacionadas en el Antecedente 2) de la presente sentencia..."..."en lo concerniente al contenido material de la resolución venida en petición de estudio, debe ponerse de manifiesto, ante todo, el carácter tutelar extraordinario que objetiva la resolución del amparo, aún en el grado de consulta; lo cual no podría ser de otra manera, tomando en cuenta que es su objeto primordial mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias..."..."en aras de diligenciar apropiadamente la garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, conviene aquí citar anteriores pronunciamientos de esta Sala de lo Constitucional, los que guardan relación a la legitimación de los pueblos originarios de Honduras para ocurrir; como acontece en la presente garantía constitucional, en defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de los pueblos indígenas ante la Jurisdicción Constitucional: “Considerando (28): Que, aunque la regulación constitucional de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) no ha sido tan detallada, desde las Constituciones de 1924 y 1936 se inició el reconocimiento de la protección a sus tierras. En la actual Constitución de la República se dan aspectos de protección a la cultura, el patrimonio, los intereses, tierras y bosques de las comunidades indígenas. Que adicional a la regulación específica sobre los PIAH, también en aplicación al sistema de introducción del derecho internacional, es aplicable lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es de obligatoria observancia en nuestro país desde el cinco de septiembre de 1994, fecha en la cual entró en vigor en Honduras. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre la tierra, territorios y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y de participación constituyen la piedra angular del convenio, de acuerdo a lo que establece en su artículo 6 y 7..."..."Considerando (29): Que la OIT ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos, que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado unos Criterios Subjetivos y Objetivos sobre Pueblos indígenas: referente al Criterio Subjetivo: habrá que determinar la Conciencia de su identidad indígena; y con relación al Criterio Objetivo: Basta con descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los habitantes de las zonas supra mencionadas, cumplen con el requisito de la descendencia, por tanto, se trata de un grupo indígena.[2] (…)”.[3]..."..."la motivación principal de la sentencia que conoció de la consulta de amparo, consiste en el parecer vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional respecto a que no han existido indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran de forma selectiva y de acuerdo a fines político partidarios; concluyendo que, debido a la falta de documentación, no se ha acreditado la violación a tales derechos fundamentales por parte del Municipio..."..."la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifiesta la razonabilidad de la petición de traer a estudio la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que revocó la resolución de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés; lo cual da lugar a su revocatoria, por no encontrarse fundada en derecho. En consecuencia, es procedente otorgar la presente garantía de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual REVOCA la sentencia de amparo dictada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), venida en Consulta Obligatoria; el cual se pronuncia, a la vez, DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los impetrantes; teniendo como consideraciones motivadoras las relacionadas en el Antecedente 2) de la presente sentencia..."..."en lo concerniente al contenido material de la resolución venida en petición de estudio, debe ponerse de manifiesto, ante todo, el carácter tutelar extraordinario que objetiva la resolución del amparo, aún en el grado de consulta; lo cual no podría ser de otra manera, tomando en cuenta que es su objeto primordial mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias..."..."en aras de diligenciar apropiadamente la garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, conviene aquí citar anteriores pronunciamientos de esta Sala de lo Constitucional, los que guardan relación a la legitimación de los pueblos originarios de Honduras para ocurrir; como acontece en la presente garantía constitucional, en defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de los pueblos indígenas ante la Jurisdicción Constitucional: “Considerando (28): Que, aunque la regulación constitucional de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) no ha sido tan detallada, desde las Constituciones de 1924 y 1936 se inició el reconocimiento de la protección a sus tierras. En la actual Constitución de la República se dan aspectos de protección a la cultura, el patrimonio, los intereses, tierras y bosques de las comunidades indígenas. Que adicional a la regulación específica sobre los PIAH, también en aplicación al sistema de introducción del derecho internacional, es aplicable lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es de obligatoria observancia en nuestro país desde el cinco de septiembre de 1994, fecha en la cual entró en vigor en Honduras. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre la tierra, territorios y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y de participación constituyen la piedra angular del convenio, de acuerdo a lo que establece en su artículo 6 y 7..."..."Considerando (29): Que la OIT ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos, que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado unos Criterios Subjetivos y Objetivos sobre Pueblos indígenas: referente al Criterio Subjetivo: habrá que determinar la Conciencia de su identidad indígena; y con relación al Criterio Objetivo: Basta con descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los habitantes de las zonas supra mencionadas, cumplen con el requisito de la descendencia, por tanto, se trata de un grupo indígena.[2] (…)”.[3]..."..."la motivación principal de la sentencia que conoció de la consulta de amparo, consiste en el parecer vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional respecto a que no han existido indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran de forma selectiva y de acuerdo a fines político partidarios; concluyendo que, debido a la falta de documentación, no se ha acreditado la violación a tales derechos fundamentales por parte del Municipio..."..."la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifiesta la razonabilidad de la petición de traer a estudio la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que revocó la resolución de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés; lo cual da lugar a su revocatoria, por no encontrarse fundada en derecho. En consecuencia, es procedente otorgar la presente garantía de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del dos mil veintidós.-VISTO: En Consulta a petición de parte, las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha seis (6) de mayo del dos mil veintiuno (2021), que revocó la resolución de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA CORTES, en la acción de amparo interpuesta por: a) el Abogado JOSE MARIA PINEDA CARDONA, INDIGENA TOLUPAN en su condición personal y como presidente del Consejo Preventivo de la Tribu (CPT) SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA, b) VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN actuando a título personal como militante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y como Director de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos (BED); y c) MARTIN FERNANDEZ GUZMAN en su condición personal y en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y de RUTH ILEANA MORALES VELASQUEZ en su condición personal y como presidenta de FUNDAMBIENTE, a favor de LAS PERSONAS Y FAMILIAS DE LA TRIBU TOLUPAN SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA; con relación a un acto administrativo emitido por la CORPORACION MUNICIPAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, relacionados a la no aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-025-2020 promulgado en el marco de los impactos de la pandemia Covid-19.-Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 64, 80 y 96 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha siete (7) de abril del dos mil veintiuno (2021), la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, tiene por recibido para su consulta, el recurso de Amparo que contiene la sentencia de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA CORTES, que resolvió el recurso de amparo interpuesto por: a) el Abogado JOSE MARIA PINEDA CARDONA, INDIGENA TOLUPAN en su condición personal y como presidente del Consejo Preventivo de la Tribu (CPT) SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA, b) VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN actuando a título personal como militante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y como director de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos (BED); y, c) MARTIN FERNANDEZ GUZMAN en su condición personal y en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y de RUTH ILEANA MORALES VELASQUEZ en su condición personal y como Presidenta de FUNDAMBIENTE a favor de LAS PERSONAS Y FAMILIAS DE LA TRIBU TOLUPAN SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA, ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA CORTES; contra actuaciones de la CORPORACION MUNICIPAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, relacionados a la no aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-025-2020 promulgado en el marco de los impactos de la pandemia Covid-19.- 2) Que conociendo en consulta la Sentencia dictada en fecha cinco (5) de febrero del dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “REVOCAR la sentencia de amparo de fecha cinco (5) de febrero del dos mil veintiuno (2021), venida en Consulta Obligatoria, en consecuencia DENEGAR la acción de amparo interpuesta por los impetrantes…”; lo cual tuvo como consideraciones motivadoras la no existencia de indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran por la autoridad denunciada de forma selectiva y discriminatoria, de acuerdo a fines políticos partidistas; concluyendo que, debido a la falta de documentación, no se ha acreditado tal violación a los derechos fundamentales. (Folio 06 al 12 de la pieza de Corte de apelaciones).-3) Que en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, a petición de parte el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que las funciones que la Ley Sobre Justicia Constitucional atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por ésta, a través de la Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional. En este sentido, será únicamente la Sala de lo Constitucional, la encargada de definir el, o los procedimientos, para conocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Justicia Constitucional, en los casos no previstos por ley; facultada para dictar acordadas y circulares en la administración de la Justicia Constitucional y brindar una adecuada tutela a los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (3): Que congrua jurisprudencia de la Sala,[1] ha establecido que tal positivización reglamentaria, necesariamente implica, que al definir los procesos pertinentes a ser observados por los órganos de la justicia Constitucional en lo no previsto por la Ley, la Sala deberá observar como reglas fundamentales, las establecidas taxativamente por la ley, siendo estas las de economía procesal, la informalidad, la sumariedad, la oficiosidad, la independencia, la publicidad, la gratuidad, la celeridad, la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia y el debido proceso. Siendo estos tres últimos, los de mayor relevancia para efectos de definir que considera esta Sala como una norma que garantiza la efectiva tutela adjetiva, a ser observada en lo no previsto por la ley.- CONSIDERANDO (4): Que el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, bajo autorización del artículo 68, párrafo primero, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual atribuye a la Sala resolver discrecionalmente sobre su admisión; considerándose favorabilidad a la misma, dada la relevancia constitucional y convencional que reviste el resolutivo bajo estudio.- CONSIDERANDO (5): Que el fallo de la consulta se conoce en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, es el dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual REVOCA la sentencia de amparo dictada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), venida en Consulta Obligatoria; el cual se pronuncia, a la vez, DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los impetrantes; teniendo como consideraciones motivadoras las relacionadas en el Antecedente 2) de la presente sentencia.- CONSIDERANDO (6): Que según prescribe el artículo 90 de la Constitución de la República, con desarrollo en lo normativizado en los artículos 1, 2, 3, 11.2.b) y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los Juzgados de Letras, en sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán y resolverán del recurso de amparo en el caso, de violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miembros, inclusive los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares y que; dentro de la esfera del Derecho Público, el Estado y sus instituciones, incluyendo las Corporaciones Municipales y los Jueces de Policía, son objeto de responsabilidad cuando a través de sus resoluciones, sea por acción u omisión, agravian los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (7): Que, visto el fallo de la consulta conocido en la Sala de lo Constitucional, a petición de estudio, y examinadas que fueron las diligencias de mérito, las encuentra conforme al contenido formal de las resoluciones y a lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República, contentivo del principio de legalidad administrativa, con relación a lo normativizado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que a la letra dice: “DE LA SENTENCIA QUE RECAIGA EN LA CONSULTA. El órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior fallará con sólo la vista de autos, dentro de seis (6) días de haberlos recibido, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.”- CONSIDERANDO (8): Que, no obstante, en lo concerniente al contenido material de la resolución venida en petición de estudio, debe ponerse de manifiesto, ante todo, el carácter tutelar extraordinario que objetiva la resolución del amparo, aún en el grado de consulta; lo cual no podría ser de otra manera, tomando en cuenta que es su objeto primordial mantener y/o restituir a la persona humana en el goce y disfrute de los derechos y libertades que la Constitución establece, ante actuaciones lesivas, restrictivas, tergiversadoras o nugatorias por parte de la autoridad constituida y aun de entidades que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida; antes que formalizar una determinada organización y distribución de competencias.-CONSIDERANDO (9): Que, para en aras de diligenciar apropiadamente la garantía constitucional de amparo en su grado de consulta, conviene aquí citar anteriores pronunciamientos de esta Sala de lo Constitucional, los que guardan relación a la legitimación de los pueblos originarios de Honduras para ocurrir; como acontece en la presente garantía constitucional, en defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de los pueblos indígenas ante la Jurisdicción Constitucional: “Considerando (28): Que, aunque la regulación constitucional de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) no ha sido tan detallada, desde las Constituciones de 1924 y 1936 se inició el reconocimiento de la protección a sus tierras. En la actual Constitución de la República se dan aspectos de protección a la cultura, el patrimonio, los intereses, tierras y bosques de las comunidades indígenas. Que adicional a la regulación específica sobre los PIAH, también en aplicación al sistema de introducción del derecho internacional, es aplicable lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es de obligatoria observancia en nuestro país desde el cinco de septiembre de 1994, fecha en la cual entró en vigor en Honduras. El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre la tierra, territorios y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y de participación constituyen la piedra angular del convenio, de acuerdo a lo que establece en su artículo 6 y 7.-Considerando (29): Que la OIT ofrece una serie de criterios subjetivos y objetivos, que se utilizan conjuntamente para identificar quiénes son estos pueblos en un país determinado unos Criterios Subjetivos y Objetivos sobre Pueblos indígenas: referente al Criterio Subjetivo: habrá que determinar la Conciencia de su identidad indígena; y con relación al Criterio Objetivo: Basta con descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Los habitantes de las zonas supra mencionadas, cumplen con el requisito de la descendencia, por tanto, se trata de un grupo indígena.[2] (…)”.[3]- CONSIDERANDO (10): Que, la motivación principal de la sentencia que conoció de la consulta de amparo, consiste en el parecer vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional respecto a que no han existido indicios suficientes para la presunción de que las entregas alimentarias y médico integral se realizaran de forma selectiva y de acuerdo a fines político partidarios; concluyendo que, debido a la falta de documentación, no se ha acreditado la violación a tales derechos fundamentales por parte del Municipio.-CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos.- CONSIDERANDO (12): Que, con base a las argumentaciones expuestas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifiesta la razonabilidad de la petición de traer a estudio la sentencia en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que revocó la resolución de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés; lo cual da lugar a su revocatoria, por no encontrarse fundada en derecho. En consecuencia, es procedente otorgar la presente garantía de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3, 4, 59, 60, 70, 80, 82, 90, 99, 103, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 320 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) REVOCANDO el fallo de consulta obligatoria conocido a petición de estudio en la Sala de lo Constitucional, según fuera proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021); 2) OTORGANDO la garantía de amparo promovida por parte legitimada contra actuaciones de la Corporación Municipal de Yoro, departamento de Yoro, y; 3) ORDENANDO que la Corporación Municipal de Yoro, departamento de Yoro, realice y cumplimente la aplicación debida al Decreto Ejecutivo PCM-025-2020 promulgado en el marco de los impactos de la pandemia Covid-19; en lo conducente a respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa; y, particularmente, la garantía al derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Colegiado Constitucional de su procedencia. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. –NOTIFIQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós ( 2022) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo venido a petición de estudio, registrado en este Tribunal bajo el número 0576-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Seguimos aquí la Resolución recaída en Petición de Estudio a solicitud de parte del AA 248=13 en fecha nueve de diciembre del dos mil trece, emitida por esta Alta Sala de Justicia Constitucional.

[2] Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. - Ginebra: OIT, 201, pp. 2-3.

[3] Ver sentencia de la Sala Constitucional con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el Recurso de Amparo Contencioso - Administrativo SCO 0122=2019, venido en estudio a solicitud de parte.