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Sentencia AA-454-22 — Registro 15502

Resumen

Sobreseimiento de acción de amparo en relación a Comunicado de Paralela a la Declaración de Impuesto Sobre la Renta jurídica número 35740288990 correspondiente al año fiscal de 2019 que otorgan el beneficio de Regularización Tributaria a los grandes contribuyentes, al que ha optado impetrante de manera voluntaria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que la Ley Sobre Justicia Constitucional exige como requisito de admisibilidad que se indique y se pueda constatar los recursos de los cuales se ha hecho uso para obtener la subsanación (del acto que le perjudica y le ha ocasionado una violación de derechos fundamentales), en el sentido que se debe interponer la acción de amparo, contra cualquier resolución, acto o hecho de autoridad administrativa DEFINITIVOS, es decir que ya no se tuvieren otros recursos o acciones legales que interponer. Sin embargo, en el caso de mérito, el impetrante manifiesta que intentó impugnar el acto contra el cual se reclama (20 de agosto del 2021), pero no pudo realizar dicha acción por estar suspendidos los plazos en vía administrativa tributaria a causa del Covid y del PCM 146-2020, según comunicado por el mismo SAR, quedando su mandante en indefensión. Para lo cual presenta acta notarial en donde se puede constatar fácilmente dicha situación; no obstante, dicha suspensión de plazos legales es temporal, porque se declaró tal inhabilitación a raíz de la pandemia. Es por ello que mediante Decreto Legislativo 110-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta #35,809 de fecha 29 de diciembre de 2021, se estableció en el artículo 3 habilitar los días y reanudar todos los plazos legales en materia Tributaria, que se encontraban suspendidos ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Administración Tributaria y Administración Aduanera. Por consiguiente, la parte interesada debió de interponer los recursos que procedían al momento de la habilitación de los plazos legales para darles el curso que correspondan, con el objeto de cumplir con los requisitos de admisión de la acción de amparo, extremo que no ocurrió de tal manera, sino que se interpuso el recurso sin haber agotado los recursos u otras acciones pertinentes en instancia administrativa. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que el peticionario de Amparo no agotó los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición en sede administrativa, a efecto de revisar el acto que recurre en Amparo, ello en atención al Principio de Definitividad a que alude la sentencia que se revisa, atendiendo a que la demanda de Amparo solo procede contra actos definitivos, es decir respecto de aquellos que no admiten recurso o medio ordinario para revocarlo, anularlo o modificarlo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que la Ley Sobre Justicia Constitucional exige como requisito de admisibilidad que se indique y se pueda constatar los recursos de los cuales se ha hecho uso para obtener la subsanación (del acto que le perjudica y le ha ocasionado una violación de derechos fundamentales), en el sentido que se debe interponer la acción de amparo, contra cualquier resolución, acto o hecho de autoridad administrativa DEFINITIVOS, es decir que ya no se tuvieren otros recursos o acciones legales que interponer. Sin embargo, en el caso de mérito, el impetrante manifiesta que intentó impugnar el acto contra el cual se reclama (20 de agosto del 2021), pero no pudo realizar dicha acción por estar suspendidos los plazos en vía administrativa tributaria a causa del Covid y del PCM 146-2020, según comunicado por el mismo SAR, quedando su mandante en indefensión. Para lo cual presenta acta notarial en donde se puede constatar fácilmente dicha situación; no obstante, dicha suspensión de plazos legales es temporal, porque se declaró tal inhabilitación a raíz de la pandemia. Es por ello que mediante Decreto Legislativo 110-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta #35,809 de fecha 29 de diciembre de 2021, se estableció en el artículo 3 habilitar los días y reanudar todos los plazos legales en materia Tributaria, que se encontraban suspendidos ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Administración Tributaria y Administración Aduanera. Por consiguiente, la parte interesada debió de interponer los recursos que procedían al momento de la habilitación de los plazos legales para darles el curso que correspondan, con el objeto de cumplir con los requisitos de admisión de la acción de amparo, extremo que no ocurrió de tal manera, sino que se interpuso el recurso sin haber agotado los recursos u otras acciones pertinentes en instancia administrativa. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que el peticionario de Amparo no agotó los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición en sede administrativa, a efecto de revisar el acto que recurre en Amparo, ello en atención al Principio de Definitividad a que alude la sentencia que se revisa, atendiendo a que la demanda de Amparo solo procede contra actos definitivos, es decir respecto de aquellos que no admiten recurso o medio ordinario para revocarlo, anularlo o modificarlo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez, a favor de la sociedad mercantil SOCIEDAD GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A., conocida por su abreviatura (SOGIMEX, S.A.), contra el Comunicado de Paralela a la Declaración de Impuesto Sobre la Renta jurídica número 35740288990 correspondiente al año fiscal de 2019, emitido con el número 25 por la Dirección Regional de Grandes Contribuyentes-RNO de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que es una dependencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos de petición, defensa, debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90 y 351 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres de septiembre del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil SOCIEDAD GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. (SOGIMEX, S.A.), contra el Comunicado de Paralela a la Declaración de Impuesto Sobre la Renta jurídica número 35740288990 correspondiente al año fiscal de 2019, emitido con el número 25 por la Dirección Regional de Grandes Contribuyentes-RNO de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que es una dependencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y puesto en conocimiento de su representada por medio de correo electrónico del nueve (9) de agosto del mismo año dos mil veintiuno. (Folios del 3-9 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Esta Sala de lo Constitucional, en fecha (Sic) veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez, a favor de la sociedad mercantil SOCIEDAD GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. (SOGIMEX, S.A.), asimismo, dispuso remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional y con sede en Tegucigalpa M.D.C., por ser éste el Tribunal competente. (Folios 25-26 de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) En fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, tuvo por recibidas las diligencias con procedencia de la Sala de lo Constitucional, que contienen el recurso de mérito. (Folio 28fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, dictó sentencia por unanimidad de votos, mediante la cual resolvió: (Sic) “ÚNICO: SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado JAIME SALVADOR RODRIGUEZ GÓMEZ, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A (SOGIMEX, S.A.), por existir una causa de inadmisibilidad. Y MANDA: Que, efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíen los autos en trámite de Consulta Obligatoria de la presente resolución a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE…” (Folios del 83-88fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que en fecha catorce de marzo del año dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado JAIME SALVADOR RODRIGUEZ GOMEZ, a favor de la sociedad mercantil SOCIEDAD GENERAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. (SOGIMEX S.A.), contra el Comunicado de Paralela a la Declaración de Impuesto Sobre la Renta jurídica número 35740288990 correspondiente al año fiscal de 2019, emitido con el número 25 por la Dirección Regional de Grandes Contribuyentes-RNO de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que es una dependencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR). CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, contra el Comunicado de Paralela a la Declaración de Impuesto Sobre la Renta jurídica número 35740288990 correspondiente al año fiscal de 2019, emitido con el número 25 por la Dirección Regional de Grandes Contribuyentes-RNO de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que es una dependencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR), es violatoria de los derechos constitucionales de petición, defensa, debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90 y 351 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal b) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de los requisitos de admisibilidad de la acción. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Agente de Tribunales Tania Cano emitió Dictamen en fecha trece de diciembre del año dos mil veintiuno, a través del cual concluye que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto; arguye la Fiscal del Ministerio Público inter alia que el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez, ha realizado una errónea interpretación de los decretos antes descritos y que otorgan el beneficio de Regularización Tributaria a los grandes contribuyentes, al que ha optado su representada de manera voluntaria; lo que implica que al someterse a ese ejercicio fiscal, automáticamente queda sujeto a la norma contenida en el artículo 213 del decreto 170-2016, mismo que ha sido interpretada en múltiples ocasiones, dejando muy en claro su alcance; por lo tanto la sociedad mercantil Sociedad General de Importaciones y Exportaciones S.A. (SOGIMEX S.A.) no tiene derecho a que se le aplique a la declaración de impuesto sobre renta jurídica con numero 35740288990 correspondiente al periodo fiscal 20191, el excedente correspondiente al período fiscal 201701 por la cantidad de L. 19,210,883.91, por haber gozado del beneficio de regularización tributaria en años anteriores, lo que implica según lo contempla la norma, que una vez extendido el finiquito, desaparecen los derechos y obligaciones tanto del Obligado Tributario como del Servicio de Administración de Rentas (SAR), por lo que al realizar el análisis de los antecedentes, en relación con el comunicado y la norma aplicada, se concluye que no se han vulnerado al impetrante las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que la Ley Sobre Justicia Constitucional exige como requisito de admisibilidad que se indique y se pueda constatar los recursos de los cuales se ha hecho uso para obtener la subsanación (del acto que le perjudica y le ha ocasionado una violación de derechos fundamentales), en el sentido que se debe interponer la acción de amparo, contra cualquier resolución, acto o hecho de autoridad administrativa DEFINITIVOS, es decir que ya no se tuvieren otros recursos o acciones legales que interponer. Sin embargo, en el caso de mérito, el impetrante manifiesta que intentó impugnar el acto contra el cual se reclama (20 de agosto del 2021), pero no pudo realizar dicha acción por estar suspendidos los plazos en vía administrativa tributaria a causa del Covid y del PCM 146-2020, según comunicado por el mismo SAR, quedando su mandante en indefensión. Para lo cual presenta acta notarial en donde se puede constatar fácilmente dicha situación; no obstante, dicha suspensión de plazos legales es temporal, porque se declaró tal inhabilitación a raíz de la pandemia. Es por ello que mediante Decreto Legislativo 110-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta #35,809 de fecha 29 de diciembre de 2021, se estableció en el artículo 3 habilitar los días y reanudar todos los plazos legales en materia Tributaria, que se encontraban suspendidos ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), Administración Tributaria y Administración Aduanera. Por consiguiente, la parte interesada debió de interponer los recursos que procedían al momento de la habilitación de los plazos legales para darles el curso que correspondan, con el objeto de cumplir con los requisitos de admisión de la acción de amparo, extremo que no ocurrió de tal manera, sino que se interpuso el recurso sin haber agotado los recursos u otras acciones pertinentes en instancia administrativa. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que el peticionario de Amparo no agotó los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición en sede administrativa, a efecto de revisar el acto que recurre en Amparo, ello en atención al Principio de Definitividad a que alude la sentencia que se revisa, atendiendo a que la demanda de Amparo solo procede contra actos definitivos, es decir respecto de aquellos que no admiten recurso o medio ordinario para revocarlo, anularlo o modificarlo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jaime Salvador Rodríguez Gómez. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal b), 46.7, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0454-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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