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Sentencia AA-426-21 — Registro 15069

Resumen

Resolución No. SC-310-2020 que resuelve recurso de revisión declarándolo Con Lugar en virtud de no haber dado respuesta a solicitud de información referente a: “Copia íntegra de todas las solicitudes realizadas desde el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia y copia íntegra de todas las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional,con respecto al código penal vigente,en el plazo establecido,manifestando autoridad recurrida que información que solicitó, “solo le enviaron un documento de 186 páginas conteniendo la copia del dictamen aprobado por el pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que si bien esta sala no desconoce el contenido del artículo 52.1 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que al efecto señala que el recurso de revisión procede cuando la autoridad ante la cual se hubiere presentado la solicitud de información (En este caso ante la Corte Suprema de Justicia), se hubiera negado a recibirla o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en la Ley, también es cierto que esta disposición se debe de entender y aplicarse de manera sistemática y homogénea con el resto de disposiciones de la Ley y Reglamentos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Se señala lo anterior, en vista que el recurso en efecto procede cuando la petición de revisión no se haya resuelto dentro del plazo establecido en la Ley; lo que el reglamento señala es que esta petición de información haya sido debidamente canalizada ante la oficina de Transparencia de la Institución obligada a dar la información para que se pueda cumplimentar con los plazos establecidos, es decir que la petición de información para que se pueda cumplir con los plazos legalmente previstos, tuvo que haber reunido los requisitos de competencia y admisibilidad de la misma.- De la lectura del expediente se desprende que el peticionario de la Información Luis Rolando Redondo Guifarro, presento la solicitud directamente ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido el artículo 5 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, claramente señala que en cada Institución necesariamente debe de haber un oficial de información pública, que es la persona encargada de brindar y canalizar la información que los particulares solicitan.- Por tal razón no puede haber una infracción del plazo, ni tampoco procedencia en un recurso de revisión bajo el argumento que la información fue otorgada fuera de los plazos legalmente previstos, cuando quien motivo la dilación fue precisamente el peticionario, al haber canalizado su solicitud de información no directamente ante la oficina que en efecto mantiene la Corte Suprema de Justicia, encargada de recibir y tramitar la solicitud de información, sino directamente ante un órgano que no esta previsto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública como lo es la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual esta Sala es del criterio que no existe la violación contenida en la Resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública conocida en un recurso de revisión, porque se reitera nuevamente, la disposición establecida como causal del recurso en el artículo 52.1 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, aplica cuando la petición haya sido debidamente canalizada a través de la oficina competente, en este caso el oficial de información pública, por lo cual de no hacerlo así, ha sido el peticionario quien motivo la dilación al canalizar su petición por una oficina que no era la competente para conocer y recibir la información de manera inmediata y poderle dar la pronta respuesta solicitada, por lo tanto se debe declarar con lugar la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al ordenar un procedimiento sancionatorio, sin tomar en cuanta, ni dar respuestas a las justificaciones alegadas por el amparista. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, a favor del PODER JUDICIAL, en su condición de apoderado legal del Poder Judicial, contra la resolución No. SC-310-2020 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, que resolvió un recurso de revisión presentado por el señor LUIS ROLANDO REDONDO contra LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1).- Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el señor LUIS ROLANDO REDONDO, actuando en su condición de diputado electo al Congreso Nacional, personal, presentó Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante el Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), en referencia a una solicitud de Información presentada ante LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, quienes no proporcionaron la información solicitada, manifestando que de la información que solicitó, “solo le enviaron un documento de 186 páginas conteniendo la copia del dictamen aprobado por el pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dando fe de ello.”-2).- Que seguido el trámite correspondiente, el INSTITUTO de ACCESO a la INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictó la resolución No. SC-310-2020, mediante la cual resolvió: POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el ingeniero LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO, quien actúa en su condición personal, contra LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRASPARENCIAN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, en relación a la aplicabilidad del articulo 52 numeral 1 del REGLAMENTO DE LA LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por contestada de forma extemporánea la solicitud de información presentada por el Ingeniero LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO, a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), referente a: “Copia íntegra de todas las solicitudes realizadas desde el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia y copia íntegra de todas las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional con respecto al código penal publicado en el diario oficial la Gaceta No 34,390 de fecha 10 de mayo del 2019”. Ya que el artículo 14 de la LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA determina que la Información Publica deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en que se encuentre disponible y que, en caso de inexistencia de la información solicitada, se le comunicara por escrito este hecho al solicitante. TERCERO: Se exhorta a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), a dar trámite en tiempo y forma a todas la solicitudes de información que le sean presentada, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación se le aplicaran las sanciones administrativas que correspondan sin perjuicio de las que establezcan el Código de Ética del Servicio Público y otras leyes. CUARTO: La presente RESOLUCIÓN pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECUROS DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; Artículo 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional…. (Folios del 45 al 48 de la pieza de antecedentes).-3) El recurrente el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor del PODER JUDICIAL, en su condición de apoderado legal, por considerar que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, violentado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito.(Folio 36 de la pieza de amparo). -5) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. - CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ a favor del PODER JUDICIAL, se dirige contra la Resolución No.SC-310-2020 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte, que resolvió el recurso de revisión interpuesto por el señor LUIS ROLANDO REDONDO, contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el debido proceso, en vista que el Ingeniero Luis Rolando Redondo presento solicitud escrita directamente ante la Presidencia del Poder Judicial, dándole respuesta a su solicitud. Lo correcto y conforme al artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud debía de haber sido presentada ante la oficina de Transparencia del Poder Judicial, para lo cual se ha designado un oficial de información pública, siendo este el responsable de dicho subsistema y en suministrar la información que se le solicite, con lo cual se demuestra que el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, no siguió el procedimiento establecido por el IAIP para obtener la información requerida.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que si bien esta sala no desconoce el contenido del artículo 52.1 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que al efecto señala que el recurso de revisión procede cuando la autoridad ante la cual se hubiere presentado la solicitud de información (En este caso ante la Corte Suprema de Justicia), se hubiera negado a recibirla o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en la Ley, también es cierto que esta disposición se debe de entender y aplicarse de manera sistemática y homogénea con el resto de disposiciones de la Ley y Reglamentos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Se señala lo anterior, en vista que el recurso en efecto procede cuando la petición de revisión no se haya resuelto dentro del plazo establecido en la Ley; lo que el reglamento señala es que esta petición de información haya sido debidamente canalizada ante la oficina de Transparencia de la Institución obligada a dar la información para que se pueda cumplimentar con los plazos establecidos, es decir que la petición de información para que se pueda cumplir con los plazos legalmente previstos, tuvo que haber reunido los requisitos de competencia y admisibilidad de la misma.- De la lectura del expediente se desprende que el peticionario de la Información Luis Rolando Redondo Guifarro, presento la solicitud directamente ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido el artículo 5 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, claramente señala que en cada Institución necesariamente debe de haber un oficial de información pública, que es la persona encargada de brindar y canalizar la información que los particulares solicitan.- Por tal razón no puede haber una infracción del plazo, ni tampoco procedencia en un recurso de revisión bajo el argumento que la información fue otorgada fuera de los plazos legalmente previstos, cuando quien motivo la dilación fue precisamente el peticionario, al haber canalizado su solicitud de información no directamente ante la oficina que en efecto mantiene la Corte Suprema de Justicia, encargada de recibir y tramitar la solicitud de información, sino directamente ante un órgano que no esta previsto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública como lo es la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual esta Sala es del criterio que no existe la violación contenida en la Resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública conocida en un recurso de revisión, porque se reitera nuevamente, la disposición establecida como causal del recurso en el artículo 52.1 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, aplica cuando la petición haya sido debidamente canalizada a través de la oficina competente, en este caso el oficial de información pública, por lo cual de no hacerlo así, ha sido el peticionario quien motivo la dilación al canalizar su petición por una oficina que no era la competente para conocer y recibir la información de manera inmediata y poderle dar la pronta respuesta solicitada, por lo tanto se debe declarar con lugar la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al ordenar un procedimiento sancionatorio, sin tomar en cuanta, ni dar respuestas a las justificaciones alegadas por el amparista. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto en contra de la Resolución SC-310-2020 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0426-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL