Sentencia AA-405-18 — Registro 16123
Resumen
Resolución No. 292-2018 resolvió solicitud de Reconsideración en relación a denuncia contra recurrente, y confirmó denegatoria de la solicitud de información peticionada por recurrente a quien se le supone responsable de los delitos de Lavado de Activos, Malversación de Caudales Públicos, Cohecho, Soborno y otros delitos en perjuicio de la Administración Pública; La Autoridad recurrida consideró que no se agotó la vía recursiva según la norma procesal penal, quedando firmes y consentidos todos los autos recurridos, determinó que se debió interponer reposición y no reconsideración pues éste sólo puede ser opuesto por agentes de tribunales; El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoció de la petición de amparo y otorgó bajo responsabilidad del recurrente la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Reclamado, resolvió que se pusieran en conocimiento los hechos imputados al investigado (recurrente) y que luego la Autoridad recurrida continuara las investigaciones contra él
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.- En el caso objeto de examen, se afirma por parte de la reclamante que la resolución emitida por el Ministerio Público a través del Fiscal General de la República violentó la dignidad humana del señor MAURICIO OLIVA HERRERA, su derecho a la defensa, la garantía a un debido proceso y el principio de legalidad. – Estas afirmaciones se fundan en alegaciones que presentó la quejosa en su escrito de interposición y de formalización del presente recurso de amparo, las que analizaremos a continuación. III. Se sostuvo que el hecho de que la persona investigada no tenga acceso al expediente contentivo de tales investigaciones resulta lesivo a la dignidad humana del investigado según la recurrente, quien sostuvo que, cuando el ente investigador niega el acceso a tales pesquisas, se lesiona la dignidad de la persona humana.- IV. Esta Sala discrepa de este argumento, pues no encuentra que limitar el acceso a diligencias investigativas previas, resultantes de la función de perseguir y castigar las conductas criminales, que legalmente le corresponde al Estado, irrespete, lesione o desvalorice a la persona humana como tal, siempre que se hayan respetado sus garantías judiciales y derechos fundamentales. -Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia, y esta potestad debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas[1].-Esta resulta ser una postura con la que la Sala asiente, puesto que, efectivamente, el acceso irrestricto al expediente investigativo podría, en determinados casos, obstaculizar las investigaciones, afectar la regular obtención y preservación de la prueba, así como la protección de sus fuentes; con ello se menoscabaría el objeto del proceso penal que se insta contra individuos en favor de la sociedad, cuyo interés prevalece en el caso de violaciones a la ley penal. Por supuesto que cualquier determinación que restringa o avale este acceso debe hacerse de manera tal que asegure la eficacia de los derechos procesales de las partes...VII. Con respecto a las alegadas violaciones al derecho de defensa y a la garantía a un debido proceso, se observa que en sus argumentos la recurrente dejó entrever su intención de impugnar lo resuelto por la unidad fiscal que conoce del asunto, estando en desacuerdo con el hecho que se hayan desestimado sus argumentos por el hecho de haber peticionado una reconsideración de la decisión emanada de la misma...IX. Para esta Sala, cuando en un procedimiento se prevé la posibilidad de pedir que se reconsidere una decisión, es lógico asumir que esta petición—al igual como acontece con el recurso de reposición—debe elevarse ante el órgano o persona que emitió la decisión, pues reconsiderar no es otra cosa que reexaminar lo decidido, y en su caso, invertir, variar o corregir tal determinación, de ahí que no pueda pedirse a una autoridad que reconsidere lo que hizo otra, lo que parece ser el caso que nos ocupa, en el que, la recurrente peticiona al superior jerárquico que reconsidere lo que decidió su subalterno. –Si lo que se busca es que el superior revise lo actuado por el inferior, no podríamos considerar esto como una reconsideración, sino como una impugnación...XII. En el asunto objeto de examen, la autoridad recurrida sostuvo que la figura de la reconsideración es exclusiva de los agentes de tribunales, sin embargo, como vemos en el supuesto antes citado, este no es siempre el caso, pues puede inferirse del Artículo 54 ya citado, que, al menos en los casos de las “salidas” o medidas de simplificación procesal, se prevé que la reconsideración pueda ser planteada por el peticionario, a quien inclusive se le reconoce la posibilidad de recurrir posteriormente, como queda dicho, aunque no se establezca mediante qué recurso. -Además, no se aprecia que las normativas que contemplen la figura de la reconsideración (Ley del Ministerio Público y el Reglamento de la DGF) sean lo suficientemente determinantes en cuanto a su regulación y trámite, a pesar de que el propio Artículo 35 del Reglamento de la DGF establezca que ésta procede (sic) “de conformidad con la ley”.- XIII . En el presente caso, la amparista censura el hecho que su impugnación haya sido desestimada como un acto consentido por el hecho de haberla designado como una reconsideración, estimando que debió privar en el presente asunto el principio pro homine, reclamando de la autoridad recurrida una interpretación extensiva y no restringida de los derechos que asisten a su representado...XVI. Esta Sala encuentra que estos conceptos son ampliamente reconocidos en algunas de nuestras normativas procesales, como el principio de subsanación en el Código Procesal Civil, el de la conservación de la eficacia de los actos procesales en el Código Procesal Penal e inclusive en la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde se establece, para el caso, que el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.[5]-Estas premisas normativas están encaminadas a asegurar el derecho al proceso y el acceso a los recursos que franquea la Ley, que son parte integral del principio constitucional por actione que hemos mencionado, con el cual se procura a su vez avalar el derecho a una tutela judicial efectiva la cual esta Sala está llamada a garantizar por medio de la acción constitucional de amparo...Del examen de la resolución emitida por la Fiscalía General de la República se desprende que la misma desestima la petición de la reclamante por considerar que ésta consintió lo resuelto por la Unidad Fiscal Especial, dado que no hizo uso del recurso que por ley correspondía, entendiendo que éste era el recurso de reposición, conforme con el Código Procesal Penal.-La máxima autoridad del Ministerio Público determinó que contra la resolución dictada por la precitada Unidad Fiscal procedía dicho recurso de reposición y no una solicitud de reconsideración, llegando a esta conclusión, no como resultado de un estudio de las alegaciones presentadas en el escrito presentado por la compareciente ante la referida Unidad Fiscal, sino porque ésta designó el mismo como una solicitud de reconsideración, la cual, según se sostiene en la resolución impugnada, solamente puede ser ejercida por agentes de tribunales.- XX . De las consideraciones previamente esgrimidas en el presente fallo, y la aplicación de los principios que se han citado podemos afirmar que, en la resolución objeto del presente recurso, no emana ningún pronunciamiento de fondo en el que se establezca si el escrito presentado por la recurrente ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, consistió en una impugnación del acto o no, puesto que de lo dicho por la Fiscalía General se infiere que el mismo no constituye un medio de impugnación, no porque así se establezca en el escrito partiendo de los alegatos de la impetrante, sino porque simplemente se lo designó como una solicitud de reconsideración. A criterio de esta Sala, esta conclusión, desprovista de un análisis de fondo, se contrapone con el principio del favor actionis al que nos hemos referido, al advertirse una desproporción entre la decisión de la Fiscalía General y la consecuencia de lo resuelto, puesto que se hacen cesar las posibilidades de defensa del investigado, sin ofrecer un análisis exhaustivo de su petitorio.-Aquí la autoridad denunciada se ve escasa en sus argumentos, al estimar la inexistencia de un medio impugnatorio sin ofrecer razonamientos que vayan más allá de señalar la designación del escrito, un hecho que insinúa una insuficiente motivación en la resolución que se denuncia mediante esta acción de amparo.-La Sala no alcanza a determinar si la Unidad Fiscal que conoció del reclamo inicial presentado por la recurrente basó su desestimatoria en los mismos argumentos que la Fiscalía General; tampoco sabemos si su decisión se fundó en razonamientos jurídicos y proporcionados, pues se ha decidido que el acto fue consentido por no haberse promovido el recurso establecido en la ley, pero únicamente basándose en la mera designación del escrito sin que se haya analizado el mismo.- XXI. Esta Sala considera que resulta desproporcionado y excesivamente rigorista, contrario al principio pro actione y una disminución del derecho de acceso al proceso, la desestimación de una impugnación por parte de la autoridad, partiendo únicamente de una formalismo como lo puede ser el encabezado o la designación que se emplee en un escrito, que pudiese resultar de un error por parte de quien reclama, el cual, a nuestro juicio podría ser subsanable...XXII.- Esta Sala considera que un recurso, reclamo o impugnación no puede ser desechado basándose únicamente en el encabezado del escrito que lo contiene, y del pronunciamiento de la Fiscalía General se infiere que esta ha sido la razón de la desestimatoria, pues de sus consideraciones no se advierte que haya verificado si el escrito presentado ante a Unidad Fiscal llenaba o no los requisitos formales y de contenido, para poder ser calificado o no como un medio de impugnación conforme a la ley, o en su caso, que éste fue debidamente denegado por la autoridad inferior. -El pronunciamiento de la autoridad recurrida se asemeja más a una sanción que a un medio de preservación de la integridad del procedimiento, que es lo que se debe contemplar en la desestimación legal de un recurso...XXV. Por todo lo anterior, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso en la forma del derecho de acceso al proceso y al recurso, por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo, siendo además que la resolución denunciada adolece, por los mismas causas, de una debida y exhaustiva motivación...esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, por lo que procede el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por la recurrente, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación precisa, exhaustiva y coherente, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de Ministerio Público, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 12 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de febrero de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del señor MAURICIO OLIVA HERRERA, contra la resolución emitida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que decidió una solicitud de reconsideración, presentada en la denuncia tramitada bajo el No. 1455042755-2016, en la “Línea B” de investigación, ante la Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad y la corrupción UFECIC. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 59, 60, 69, 82, 84, 89 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor del Señor MAURICIO OLIVA HERRERA, contra la Resolución No. 292-2018 emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió una solicitud de Reconsideración, presentada en la denuncia tramitada bajo el No. 1455042755-2016, en la “Línea B” de investigación, ante la Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad y la corrupción UFECIC, por estimar que dicha resolución es violatoria de los artículos 59, 60, 69, 82, 84, 89 y 90, de la Constitución de la República.-2) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Sala admitió por mayoría de votos admitió la presente acción de amparo, pero de en virtud de que no hubo unanimidad, sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado, se resolvió remitir los antecedentes al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que resolvieran sobre la misma; asimismo se ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la Fiscalía General de la República para que en el Término de un (01) día remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 18 del presente recurso).-3) Que en fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Corte Suprema de Justicia, falló: “…PRIMERO: OTORGAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA RECURRENTE, la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Reclamado, la cual consiste en la Resolución emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, que resuelve la solicitud de reconsideración presentada en la denuncia tramitada bajo el número 1455042755-2016 en la Línea “B” de investigación, ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC), mediante la cual confirmó la resolución de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho, en la que dicha unidad Fiscal denegó la solicitud de información solicitada a favor del Ciudadano MAURICIO OLIVA HERRERA; SEGUNDO: EL ALCANCE DE ESTA MEDIDA DE SUSPENDER PROVISIONALMENTE LAS INVESTIGACIONES, POR SU PROVISIONALIDAD, SE EXTIENDE HASTA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS IMPUTADOS AL INVESTIGADO CIUDADANO MAURICIO OLIVA HERRERA, Y UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR EL MINISTERIO PÚBLICO, PODRÁ CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS REFERIDAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN CONTRA DEL CIUDADANO ANTES INDICADO, QUIEN HA RECURRIDO EN AMPARO ANTE ESTA INSTANCIA….”. (Folios 25 al 28 del presente recurso).-4) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la Fiscalía General de la República, rindió el Informe correspondiente, en el cual establece lo siguiente: “…I. Que se abrió expediente en la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), contentivo de la denuncia con No. 001-2017 dándole apertura a una línea de investigación denominada como “Línea B”, con auto de las reservas de las investigaciones, de la que ha resultado un cúmulo de investigación por lo que ha sido necesario la apertura de otras líneas de investigación para un mejor manejo de las investigaciones. Y en virtud de haber existido una reestructuración administrativa a lo interior de la UFECIC, todo lo relacionado con el señor Mauricio Oliva Herrera, paso de denominarse “Línea B” a “Línea D). II. En fecha 07 de mayo de 2018, la Abogada Karla Patricia García Arita, en su condición de apoderada legal del señor Mauricio Oliva Herrera, presentó ante la UFECIC, un escrito denominado: “SE SOLICITA CESE DE LAS INVESTIGACIONES Y CIERRE ADMINISTRATIVO DE DENUNCIA POR INCOMPETENCIA Y FALTA DE ACCIÓN”; mediante auto de fecha 11 de mayo de 2018, la Fiscal actuante resolvió declarando NO HA LUGAR lo solicitado, motivando el mismo de conformidad con el mandato constitucional del Ministerio Público y según lo establecido en el Artículo 272 del Código Procesal Penal, siendo notificada la misma en fecha 15 de mayo de 2018. Posteriormente en fecha 16 de mayo de 2018, la Abogada Karla Patricia García Arita, presentó ante la UFECIC, un escrito solicitando se Reconsiderara lo dictado en el Auto de fecha 11 de mayo de 2018, y se decretara el cierre de las diligencias, resolviendo el ente fiscal mediante auto de fecha 28 de mayo de 2018, en cual ratifican lo resuelto en el auto de fecha 11 de mayo de 2018. III. Que la Abogada Karla Patricia García Arita, presentó ante la Secretaría General del Ministerio Público, el escrito “RECONSIDERACIÓN DE AUTO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2018…” emitido por la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, peticionando: “la corrección de la decisión de la entidad Fiscal, ordenando que en atención al principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público y el derecho de defensa que asiste a mi cliente dentro de la investigación, a efecto de plantear estrategia de defensa y pidiendo además que en caso de figurar como investigado se me informe de los hechos por los cuales se les investiga…”; resolviendo la Fiscalía General en SIN LUGAR, el escrito presentado al haberse constatado que la peticionaria no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente. En fecha 29 de mayo de 2018 la apoderada legal del señor Mauricio Oliva, presentó ante la Fiscalía General de la República, un escrito titulado: “SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018” dictada por la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, resolviéndose mediante resolución FGR-311-2018 de fecha 07 de junio de 2018, en la cual declaró SIN LUGAR ratificando la resolución impugnada. IV. En fecha 25 de julio de 2018, la Defensa presentó escrito titulado: “SE SOLICITA INFORMACIÓN AVANCES DE INVESTIGACIÓN”, mismo que fue resuelto mediante Auto Motivado de fecha 26 de julio de 2018, resolviendo lo siguiente: “En cuanto a lo solicitado se indica, que esta Unidad Fiscal, ya ha informado y notificado los hechos de la denuncia mediante Auto Motivado; referente a informar sobre los avances de la investigación, se indica que la misma se encuentra con Auto de Reserva a fin de garantizar el buen éxito de las mismas…”. V. Que mediante Oficio No. 264-SCSJ emitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en referencia al Recurso de Amparo No. SCO-405-2018, interpuesto por la Abogada Karla Patricia García Arita a favor del señor Mauricio Oliva Herrera, en contra de la resolución de fecha 23 de mayo de 2018, remitió certificación de la resolución de fecha 13 de septiembre de 2018, en la cual falla: “PRIMERO: OTORGAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA RECURRENTE, la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Reclamado,(…) SEGUNDO: EL ALCANCE DE ESTA MEDIDA DE SUSPENDER PROVISIONALMENTE LAS INVESTIGACIONES, POR SU PROVISIONALIDAD, SE EXTIENDE HASTA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS IMPUTADOS AL INVESTIGADO CIUDADANO MAURICIO OLIVA HERRERA, Y UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR EL MINISTERIO PÚBLICO, PODRÁ CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS REFERIDAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN CONTRA DEL CIUDADANO ANTES INDICADO,…” Que en cumplimiento del auto de fecha 13 de septiembre de 2018, emitido por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, remitió a la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) a efecto de que girara la correspondiente citación en legal y debida forma al señor Mauricio Oliva Herrera, para que compareciera el día viernes 8 de marzo de 2018, a fin de poderle informar los hechos de la investigación y pudiera ser escuchado en declaración, si ese hubiese sido su deseo. Que la Abogada Karla Patricia García Arita, presentó Manifestación a la mencionada unidad fiscal, solicitando se abstuviera de emitir la citación, aduciendo que la Corte Suprema de Justicia, no había librado comunicación a la Fiscalía General de la República, en relación al Amparo Administrativo de mérito, en donde se emitió auto de Suspensión del Acto Reclamado, y por ende, el procedimiento no había seguido el cauce normal, presentando dicha manifestación sin documentación que sustentara lo expresado. En consecuencia, se procedió a emitir Auto Motivado en fecha 8 de marzo de 2019, en el cual se declaró SIN LUGAR lo solicitado por la defensa, por ser IMPROCEDENTE, ordenándose practicar nueva citación al señor Mauricio Oliva Herrera, en virtud de no haberse practicado en la fecha señalada previamente, practicándose nueva citación para el día 02 de abril de 2019, a fin de poderle informar sobre los hechos de la investigación. Ante esta segunda citación, nuevamente la defensa del señor Mauricio Oliva Herrera, presentó nueva manifestación solicitando se dejara sin valor y efecto dicha citación, aduciendo que en atención al auto fecha 27 de febrero de 2019, emitido por la Sala de lo Constitucional, en la que ordena se librara comunicación a la Autoridad Recurrida, para que remitiera un informe circunstanciado sobre los hechos narrados en el recurso de amparo. En virtud de la nueva manifestación el Ente Fiscal, emitió Auto Motivado declarando SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE, lo solicitado por la defensa, dándose por agotado, por la Unidad Fiscal Especial su intento reiterativo de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente recurso de amparo, no habiéndose logrado el mismo por razones imputables al investigado, sin justificación legal alguna, pese a que fue citado en legal y debida forma en dos ocasiones por el Ministerio Público. VI. Manifiesta la Fiscalía General de la República, que con los escritos presentados y carentes de fundamento legal, se demostró que la intención del señor Mauricio Oliva Herrera, es no querer ser informado sobre los hechos de la investigación, debido a lo que se menciona en la última manifestación, es para trámite normal del Recurso de Amparo Administrativo, en cambio la actuación de girar citación por parte del Ministerio Público, es para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en el auto de fecha 13 de septiembre de 2019, consistente en el otorgamiento bajo la responsabilidad del recurrente, de la medida cautelar de Suspensión del Acto Reclamado, en donde el alcance de la misma consiste en suspender provisionalmente las investigaciones, hasta que se pusiera en conocimiento de los hechos imputados al señor Mauricio Oliva Herrera, para posteriormente continuar con el trámite de las investigaciones. VII. Que al haberse constatado, que la recurrente no hizo uso del Recurso de Reposición, sino que presentó un escrito de “Reconsideración”, el cual conforme lo establecen los Artículos 11 y 12 de la Ley del Ministerio Público y 35 del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalías, el procedimiento de Reconsideración, es uno propio de los servidores y funcionarios del Ministerio Público, para obtener la enmienda de lo decidido por sus superiores, cuando éstos no estén de acuerdo con la resolución que dicten. Siendo evidente que la recurrente no actúa en tal carácter (Agente de Tribunales), por ende su actividad recursiva debe regirse por lo que establece la norma procesal penal, y no conforme a los términos de la Ley del Ministerio Público; siendo claro para la Fiscalía General, que la recurrente no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal penal vigente, quedando firmes y consentidos todos los autos contra los cuales dirigió su petición de recurso, por las razones de derecho ampliamente expuestas en las resoluciones impugnadas.-Que con dicho actuar la recurrente pretende desconocer la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que reconoce la jurisprudencia administrativa como principio de la jerarquía normativa; en tal sentido las actuaciones dentro de una institución de garantía autónoma y con independencia funcional, como lo es el Ministerio Público, debe analizarse no solo la aplicación de la jurisprudencia constitucional, sino que debe vincularse con el principio de jerarquía normativa que determina su reconocimiento por la propia jurisprudencia establecida por el titular del Ministerio Público, habiéndose reiterado en innumerables precedentes, el criterio que pretenden desconocer y al cual acusan de no ser aplicable como jurisprudencia. Manifiesta además la Fiscalía General de la República, que resulta evidente, que la acción de amparo carece de sustento, tanto si se considera el procedimiento adjetivo, como los principios sustantivos en materia de administración pública, por lo cual estima, que la acción interpuesta debe ser denegada, pues no existe argumento de fondo o de forma, para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo, ya que la actuación de la Fiscalía ha sido transparente y en cumplimiento de la regularidad procesal que indica la Ley, siendo además notificada personalmente a la accionante, resaltando que la recurrente no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente, quedando firme y consentido el contenido de los autos de fecha 11 de mayo de 2018, 16 de mayo de 2018, por ello no puede su omisión en el ejercicio del Derecho, motivo para argumentar un amparo administrativo, que a todas luces se nota improcedente. (Folios 45 al 47 del recurso).5) Que en fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, formalizando su recurso de amparo; en consecuencia, en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional, omitiendo la vista de los autos al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 del Ministerio Público. (Folios 51 al 60 y 65 del recurso de amparo) .-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1.-La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2.- La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.- De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.- 3.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer y resolver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por funcionarios con autoridad en toda la República, que es el caso del Señor Fiscal General de la República.-OBJETO DEL RECURSO .- 1. El acto reclamado por vía de la acción constitucional de amparo promovida por la impetrante lo constituye la precitada resolución emanada de la Fiscalía General de la República en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante la que se declara sin lugar un escrito mediante el que se solicitó la “reconsideración” de una resolución pronunciada en fecha 3 de mayo de 2018 por parte de la Jefatura de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, emitida en las diligencias de investigación instruidas en contra del señor MAURICIO OLIVA HERRERA por suponerlo responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, COHECHO, SOBORNO Y OTROS DELITOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 2. decisión de la autoridad recurrida se denuncia de ser violatoria a garantías y derechos constitucionales del supuesto agraviado, entre ellos el derecho de defensa, la garantía a un debido proceso y el principio de legalidad.- 3. La impetrante estima que el Ministerio Público no ha tutelado los derechos de su representado al hacer una interpretación de la ley y de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en el amparo con número de registro 48-10 en detrimento de sus derechos constitucionales, negándole la posibilidad de enmendar lo resuelto por la Unidad Especial antes referida, lo que a su parecer lesiona su derecho a la defensa. 4. La amparista invoca en el caso de su representado la aplicación del principio pro homine por considerar que el Ministerio Fiscal ha hecho una interpretación restrictiva de sus derechos.- 5. Por su parte, en la resolución de mérito, la Fiscalía General de la República determinó denegar la solicitud de reconsideración presentada por la compareciente, al considerar que, conforme con la jurisprudencia constitucional originada de esta misma Sala, en materia de instrucción a procedimientos administrativos internos del Ministerio Público, procede la aplicación análoga de las disposiciones del Código Procesal Penal, de ahí que el recurso que debió ser interpuesto por la interesada era el de reposición, previsto y regulado por la legislación procesal de dicha materia, estableciéndose que la reconsideración solamente puede ser opuesta por agentes de tribunales, infiriéndose con ello que no es viable que la misma pueda ser invocada por particulares en procedimientos administrativos ante el Ministerio Público.-RAZONAMIENTO DE LA SALA: I .-Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.- En el caso objeto de examen, se afirma por parte de la reclamante que la resolución emitida por el Ministerio Público a través del Fiscal General de la República violentó la dignidad humana del señor MAURICIO OLIVA HERRERA, su derecho a la defensa, la garantía a un debido proceso y el principio de legalidad. – Estas afirmaciones se fundan en alegaciones que presentó la quejosa en su escrito de interposición y de formalización del presente recurso de amparo, las que analizaremos a continuación. III. Se sostuvo que el hecho de que la persona investigada no tenga acceso al expediente contentivo de tales investigaciones resulta lesivo a la dignidad humana del investigado según la recurrente, quien sostuvo que, cuando el ente investigador niega el acceso a tales pesquisas, se lesiona la dignidad de la persona humana.- IV. Esta Sala discrepa de este argumento, pues no encuentra que limitar el acceso a diligencias investigativas previas, resultantes de la función de perseguir y castigar las conductas criminales, que legalmente le corresponde al Estado, irrespete, lesione o desvalorice a la persona humana como tal, siempre que se hayan respetado sus garantías judiciales y derechos fundamentales. -Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia, y esta potestad debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas[1].-Esta resulta ser una postura con la que la Sala asiente, puesto que, efectivamente, el acceso irrestricto al expediente investigativo podría, en determinados casos, obstaculizar las investigaciones, afectar la regular obtención y preservación de la prueba, así como la protección de sus fuentes; con ello se menoscabaría el objeto del proceso penal que se insta contra individuos en favor de la sociedad, cuyo interés prevalece en el caso de violaciones a la ley penal. Por supuesto que cualquier determinación que restringa o avale este acceso debe hacerse de manera tal que asegure la eficacia de los derechos procesales de las partes. V. No hay duda de que, en el ámbito de la vigencia del Estado de Derecho, ninguna persona o autoridad puede actuar al margen de la ley y que, en ejercicio de sus potestades, todas las autoridades se encuentran sometidas a la misma e igual obligación se exige a los ciudadanos.-El respeto a la dignidad humana conlleva el otorgar valor a la persona, su trato igualitario ante la sociedad y el goce de sus derechos fundamentales, de ahí que cuando una autoridad como el Ministerio Público ejerce su función de investigar conductas relacionadas con la comisión de delitos, y en determinados casos decide, bajo parámetros legales y razonables, restringir el acceso a ciertas investigaciones con el afán de asegurar la eficacia del proceso mismo, podemos decir que actúa dentro de su mandato constitucional y ello de ninguna manera desvaloriza la dignidad de la persona humana. -Este argumento de la recurrente resulta improcedente, y es criterio de esta Sala que, con su resolución, Ministerio Público no ha puesto en precario ni ha lesionado la dignidad humana del presunto agraviado.- VI. Se sostiene a su vez una supuesta transgresión al principio de legalidad por la aplicación análoga de disposiciones del Código Procesal Penal al trámite administrativo de investigación ya antes referido.-Este argumento también debe ser desestimado sin mayor discusión, en tanto que, por un lado, la propia ley penal adjetiva regula la investigación como parte integral del proceso penal, y por el otro, el ente fiscal, ha aplicado y citado en su resolución la jurisprudencia dictada por esta misma Sala, la que se orienta a ese mismo criterio, la cual no podría ser contradicha en este fallo.- VII. Con respecto a las alegadas violaciones al derecho de defensa y a la garantía a un debido proceso, se observa que en sus argumentos la recurrente dejó entrever su intención de impugnar lo resuelto por la unidad fiscal que conoce del asunto, estando en desacuerdo con el hecho que se hayan desestimado sus argumentos por el hecho de haber peticionado una reconsideración de la decisión emanada de la misma.- VIII. De los argumentos de la reclamante parece evidente que ha dejado claramente establecido su propósito de recurrir lo resuelto en el trámite de investigación, pero quizás ha malentendido la posibilidad de reconsideración prevista en el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público como un medio de impugnación.- IX. Para esta Sala, cuando en un procedimiento se prevé la posibilidad de pedir que se reconsidere una decisión, es lógico asumir que esta petición—al igual como acontece con el recurso de reposición—debe elevarse ante el órgano o persona que emitió la decisión, pues reconsiderar no es otra cosa que reexaminar lo decidido, y en su caso, invertir, variar o corregir tal determinación, de ahí que no pueda pedirse a una autoridad que reconsidere lo que hizo otra, lo que parece ser el caso que nos ocupa, en el que, la recurrente peticiona al superior jerárquico que reconsidere lo que decidió su subalterno. –Si lo que se busca es que el superior revise lo actuado por el inferior, no podríamos considerar esto como una reconsideración, sino como una impugnación. – X. Es discutible para esta Sala que en el curso de un procedimiento administrativo interno en el que se accede a la participación de un investigado no se prevean con expresa claridad medios impugnatorios contra las decisiones de la administración o de la autoridad, es por ello que—sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal—el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía (en adelante Reglamento de la DGF) establece determinados supuestos en los que el investigado o la victima pueden recurrir de decisiones emanadas del procedimiento de investigación dentro del Ministerio Público, pero se advierte que este cuerpo legal adolece de términos precisos en torno a la regulación de estas acciones. XI. No cabe duda de que el referido reglamento no es ajeno a la intervención de las partes en el procedimiento pues así se declara, entre otros, en su Artículo 2, como tampoco lo es en establecer amplias potestades de supervisión, dirección y control de la actividad de los agentes del Ministerio Público por parte de sus superiores jerárquicos. No obstante, se aprecia cierta ambigüedad en su terminología en torno a las regulaciones de los medios y de las posibilidades de impugnación, como se observa en el caso del Artículo 54, referente a las (sic) “salidas de simplificación procesal”, que prevé la posibilidad que el peticionario pueda solicitar, en el caso de inconformidad, la reconsideración ante un superior jerárquico identificado por el reglamento como el “Jefe de Fiscalía” e inclusive la norma anuncia la facultad del peticionario de (sic) “recurrir” ante la Dirección General de Fiscalía, sin embargo, no refiere qué recurso puede ser empleado y cuál es el que cabe en este determinado caso, entre otras imprecisiones.- XII. En el asunto objeto de examen, la autoridad recurrida sostuvo que la figura de la reconsideración es exclusiva de los agentes de tribunales, sin embargo, como vemos en el supuesto antes citado, este no es siempre el caso, pues puede inferirse del Artículo 54 ya citado, que, al menos en los casos de las “salidas” o medidas de simplificación procesal, se prevé que la reconsideración pueda ser planteada por el peticionario, a quien inclusive se le reconoce la posibilidad de recurrir posteriormente, como queda dicho, aunque no se establezca mediante qué recurso. -Además, no se aprecia que las normativas que contemplen la figura de la reconsideración (Ley del Ministerio Público y el Reglamento de la DGF) sean lo suficientemente determinantes en cuanto a su regulación y trámite, a pesar de que el propio Artículo 35 del Reglamento de la DGF establezca que ésta procede (sic) “de conformidad con la ley”.- XIII. En el presente caso, la amparista censura el hecho que su impugnación haya sido desestimada como un acto consentido por el hecho de haberla designado como una reconsideración, estimando que debió privar en el presente asunto el principio pro homine, reclamando de la autoridad recurrida una interpretación extensiva y no restringida de los derechos que asisten a su representado.- XIV. En materia constitucional, la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva incorporan inter alia, el derecho de acceso al proceso y a los recursos legalmente previstos, con ello se patentiza que no deben prevalecer obstáculos excesivos o irrazonables de acceso al proceso.-Cierto es que resulte perfectamente válido que la legislación prevea requisitos de acceso a la jurisdicción y a los recursos, pero estos deberán resultar necesarios, más no excesivos o carentes de racionalidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.[2] Estos obstáculos legítimos incluyen, por supuesto, el cumplimiento de los plazos legales y los trámites previos al proceso, entre otros. XV.- Como se dijo anteriormente, la recurrente hace referencia al principio pro homine en su escrito, pero su pretensión parece acercarse más al principio pro actione, vigente en el derecho de acceso al proceso y que incluye, como se lo ha señalado en ampliamente conocida jurisprudencia constitucional[3] (con la cual esta Sala asiente plenamente) el antiformalismo y la subsanabilidad de los defectos procesales.-El primero supone que el ordenamiento jurídico contemple una serie de reglas formales orientadas a alcanzar la seguridad jurídica, con la salvedad de que ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, que esos obstáculos deben ser justificados y proporcionados conforme a las finalidades para los que se establecen.-El segundo se orienta hacia la conservación de los actos procesales o la subsanación de los defectos susceptibles de reparación sin quebrantamiento del proceso. Esto implica que la inadmisión de demandas, incidentes o recursos no debe contemplarse como una sanción sino como un medio de preservar la integridad objetiva del proceso. En todo caso el juzgador deberá efectuar un juicio de proporcionalidad entre el defecto observado y su entidad real[4], lo que implica entonces apartarse del formalismo excesivo que conlleve a una desproporción entre los fines que se preservan y los intereses que afectan.- XVI. Esta Sala encuentra que estos conceptos son ampliamente reconocidos en algunas de nuestras normativas procesales, como el principio de subsanación en el Código Procesal Civil, el de la conservación de la eficacia de los actos procesales en el Código Procesal Penal e inclusive en la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde se establece, para el caso, que el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.[5]-Estas premisas normativas están encaminadas a asegurar el derecho al proceso y el acceso a los recursos que franquea la Ley, que son parte integral del principio constitucional por actione que hemos mencionado, con el cual se procura a su vez avalar el derecho a una tutela judicial efectiva la cual esta Sala está llamada a garantizar por medio de la acción constitucional de amparo. XVII.- Dicho lo anterior, no podemos dejar de lado a su vez que la garantía a un debido proceso comporta como elemento esencial el deber de motivación, que, como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[6]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”..- XVIII.-Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.- XIX.- Del examen de la resolución emitida por la Fiscalía General de la República se desprende que la misma desestima la petición de la reclamante por considerar que ésta consintió lo resuelto por la Unidad Fiscal Especial, dado que no hizo uso del recurso que por ley correspondía, entendiendo que éste era el recurso de reposición, conforme con el Código Procesal Penal.-La máxima autoridad del Ministerio Público determinó que contra la resolución dictada por la precitada Unidad Fiscal procedía dicho recurso de reposición y no una solicitud de reconsideración, llegando a esta conclusión, no como resultado de un estudio de las alegaciones presentadas en el escrito presentado por la compareciente ante la referida Unidad Fiscal, sino porque ésta designó el mismo como una solicitud de reconsideración, la cual, según se sostiene en la resolución impugnada, solamente puede ser ejercida por agentes de tribunales.- XX . De las consideraciones previamente esgrimidas en el presente fallo, y la aplicación de los principios que se han citado podemos afirmar que, en la resolución objeto del presente recurso, no emana ningún pronunciamiento de fondo en el que se establezca si el escrito presentado por la recurrente ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción, consistió en una impugnación del acto o no, puesto que de lo dicho por la Fiscalía General se infiere que el mismo no constituye un medio de impugnación, no porque así se establezca en el escrito partiendo de los alegatos de la impetrante, sino porque simplemente se lo designó como una solicitud de reconsideración. A criterio de esta Sala, esta conclusión, desprovista de un análisis de fondo, se contrapone con el principio del favor actionis al que nos hemos referido, al advertirse una desproporción entre la decisión de la Fiscalía General y la consecuencia de lo resuelto, puesto que se hacen cesar las posibilidades de defensa del investigado, sin ofrecer un análisis exhaustivo de su petitorio.-Aquí la autoridad denunciada se ve escasa en sus argumentos, al estimar la inexistencia de un medio impugnatorio sin ofrecer razonamientos que vayan más allá de señalar la designación del escrito, un hecho que insinúa una insuficiente motivación en la resolución que se denuncia mediante esta acción de amparo.-La Sala no alcanza a determinar si la Unidad Fiscal que conoció del reclamo inicial presentado por la recurrente basó su desestimatoria en los mismos argumentos que la Fiscalía General; tampoco sabemos si su decisión se fundó en razonamientos jurídicos y proporcionados, pues se ha decidido que el acto fue consentido por no haberse promovido el recurso establecido en la ley, pero únicamente basándose en la mera designación del escrito sin que se haya analizado el mismo.- XXI. Esta Sala considera que resulta desproporcionado y excesivamente rigorista, contrario al principio pro actione y una disminución del derecho de acceso al proceso, la desestimación de una impugnación por parte de la autoridad, partiendo únicamente de una formalismo como lo puede ser el encabezado o la designación que se emplee en un escrito, que pudiese resultar de un error por parte de quien reclama, el cual, a nuestro juicio podría ser subsanable. -La denegación basada en este único motivo comporta una desproporción que ha impedido en este caso un pronunciamiento razonado sobre el reclamo presentado por la recurrente, a quien le asiste ese derecho bajo la garantía constitucional a un debido proceso.- XXII.- Esta Sala considera que un recurso, reclamo o impugnación no puede ser desechado basándose únicamente en el encabezado del escrito que lo contiene, y del pronunciamiento de la Fiscalía General se infiere que esta ha sido la razón de la desestimatoria, pues de sus consideraciones no se advierte que haya verificado si el escrito presentado ante a Unidad Fiscal llenaba o no los requisitos formales y de contenido, para poder ser calificado o no como un medio de impugnación conforme a la ley, o en su caso, que éste fue debidamente denegado por la autoridad inferior. -El pronunciamiento de la autoridad recurrida se asemeja más a una sanción que a un medio de preservación de la integridad del procedimiento, que es lo que se debe contemplar en la desestimación legal de un recurso.-La preservación de la garantía a un debido proceso, y del derecho de acceso al mismo exigía que en este caso, la decisión denunciada debía contener la suficiente motivación y exhaustividad que no dejase duda que la decisión de la Unidad Fiscal se fundó en razonamientos jurídicos y proporcionales y que la desestimación de la petición de la reclamante no obedeció exclusivamente al encabezado del escrito o por el hecho que precedió un error en la designación de este.- XXIII. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que la garantía genérica a un debido proceso requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.- XXIV.- A su vez, esta Sala asiente con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que el derecho a recurrir es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. Dicho esto, y como ya lo hemos sostenido, la regulación de los recursos es válida y necesaria, así como establecer límites legales para determinados procedimientos, sin embargo, esta Sala considera que se niega o impide la posibilidad real de impugnación por razones no fundadas en derecho, deviene una eminente infracción a este derecho. – XXV. Por todo lo anterior, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución objeto del presente recurso de amparo, se traduce en una afectación a la garantía del debido proceso en la forma del derecho de acceso al proceso y al recurso, por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo, siendo además que la resolución denunciada adolece, por los mismas causas, de una debida y exhaustiva motivación.- XXVI. Así entonces, analizada que ha sido dicha resolución, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma no comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, por lo que procede el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por la recurrente, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación precisa, exhaustiva y coherente, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del señor MAURICIO OLIVA HERRERA, contra la resolución emitida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por las razones que se han dejado aquí establecidas; por lo que la autoridad recurrida deberá proceder a emitir una nueva resolución, tomando en cuenta las consideraciones de este fallo y subsanando así la falta de exhaustividad en la motivación que ha sido advertida por esta Sala; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 252.
[2] Así, Picó I Junoy, citando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en su “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012
[3] Del Tribunal Constitucional español
[4] Así también Picó I Junoy
[5] Artículo 131
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr. 77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.