Sentencia AA-404-21 — Registro 15114
Resumen
Resolución No. SE-032-2020 declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por Joan Humberto Suazo Roque contra recurrente referente a petición de información de manuales de uso y cuidado de hospitales móviles entregado por el fabricante; La Autoridad recurrida considera que recurrente no dió respuesta a la solicitud de información dentro del plazo legal, que lo solicitado es información pública y no existe resolución de reserva de información por lo que ordenó entregar de forma inmediata la información que no fue entregada al solicitante y abrir expediente sancionatorio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-032-2021 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en contra de INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), como Institución Obligada, por la negación de acceso a la información pública solicitada por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE; arguyendo el cumplimiento, si bien extemporáneo, a la solicitud derivada por la solicitante, y, descartando el supuesto de omisión de entrega de la información pública solicitada por JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, actuando en su condición personal..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer, recibió respuestas a sus peticiones, y, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición. Todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consiguiente respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Concluyendo esta Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de vulneración a los derechos constitucionales..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano interesado, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no asistir elementos probatorios y argumentativos que justificaren el actuar omisivo de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE en contra de INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), como Institución Obligada, en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 52, numerales 1) y 2), del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública; habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), no siendo brindada la información disponible por la Institución Obligada, sino hasta en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020); mediando la presentación de Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). De todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional se ha observado el derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo y a su representación legal..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio la aplicación correcta de la Ley adjetiva, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados; siendo lo procedente, por tanto, denegar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[2]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4]..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DEXTER ALEJANDRO COELLO MAYORGA, a favor del señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES, en su condición de presidente de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), contra la resolución No SE-032-2020 (Sic.) dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de revisión presentado por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE contra INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H). Estima el recurrente que, con la resolución emitida, se le han violentado a su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, actuando en su condición personal, presentó Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), mediante el SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE HONDURAS (SIELHO), en referencia a una solicitud de Información presentada ante INVEST-H, quienes no proporcionaron la información solicitudes, manifestando que la información que solicitó, es propiedad del proveedor y que, por lo tanto, estaban en la obligación de resguardarla por haber sido brindada con carácter confidencial. 2) Que seguido el trámite correspondiente, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, dicto la resolución N° SO-032-2021, mediante la cual resolvió: POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, quien actúa en su condición personal, contra INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVEST-H), en virtud de que la Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 21 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica y, en relación a la aplicabilidad del articulo 52 numeral 1, 2, 3 del Reglamento de La Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEGUNDO: Se ordena a INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVEST), a hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible al señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, la información que no fue entregada y referente a: “1) Petición de Información de manuales de uso y cuidado de los hospitales móviles entregado por el fabricante”, por considerarse que es información pública y no existir resolución alguna de reserva de información emitida por este Instituto de Acceso a la Información Publica. TERCERO: Se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar a o los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVEST-H), conforme a lo establecido en el artículo 59 del REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de marzo 2014. CUARTO: Se exhorta a INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVEST-H), a través de su titular, el señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES, en su condición de PRESIDENTE de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVEST-H) a dar trámite y respuesta en tiempo y forma de todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicara sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan el Código de Conducta Ética del Servidor Público y otras leyes. QUINTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; Artículo 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional…. SEXTO: Extiéndase Certificación Integra de esta Resolución a la parte interesada una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del gasto Publico y remítase copia de la misma al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para los efectos legales correspondiente. (Folios 40 al 43 de la pieza de antecedentes). 3) El recurrente el Abogado DEXTER ALEJANDRO COELLO MAYORGA, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES, en su condición de presidente de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), por considerar que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, violenta los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 4) En fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, la sala declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar; asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo. (Folio 32 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos que INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H) proporcionó una respuesta incompleta a la información legalmente solicitada por el recurrente en revisión, ya que no dio respuesta sobre la información de manuales de uso y cuidado de los Hospitales Móviles entregados por el fabricante. Descarta, por otra parte, el alegato formulado por el amparista de arbitrariedad en la resolución del recurso de revisión respectivo, por supuesta infracción a los lineamientos que señala el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no haberse determinado la celebración de audiencias con las partes, así como de libramiento de solicitud de información adicional a la institución obligada, para un mejor estudio del recurso. Puntualiza, a este respecto, la Censora, que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley, observando respeto al derecho de defensa; siendo que INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), al ser requerida para brindar la información del caso, tuvo la oportunidad de informar y remitir a cabalidad los antecedentes relacionados al caso; mientras que el ejercicio propio del presente recurso es una manifestación que materializaría su derecho a la defensa, contra una resolución ajustada a derecho. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, del examen de las diligencias que forman los antecedentes, se observa que el Abogado DEXTER ALEJANDRO COELLO MAYORGA ha promovido garantía constitucional de Amparo ante este Alto Tribunal, a favor de la institución denominada JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), contra la resolución No SE-032-2020 (Sic.) dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha tres de febrero de dos mil veintiuno; resolución cuyo contenido prescriptivo obra literalmente en el Antecedente 2) de la presente sentencia. Considerando el recurrente en amparo, que la resolución impugnada es violatoria de las garantías constitucionales de la Institución Obligada en lo concerniente al debido proceso y al derecho de defensa, según contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, las cuales resultarían infringidas por la errónea aplicación e interpretación de las normas de derecho al caso concreto; vulnerando, asimismo, el debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que, en promoción de tal acción constitucional, ha expuesto el recurrente, que las diligencias que fueron desarrolladas en el curso del procedimiento administrativo que diera pie a la denuncia presentada ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en contra de su representada, se realizaron con regularidad y le fueron entregadas en tiempo y forma, en fecha 14 de septiembre de 2020, al señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, actuando en su preindicada condición, entregándole la información existente, con posterioridad, según disponible en los archivos correspondientes; hecho que pudo haber sido alegado en audiencia previo a emisión de la Resolución, en garantía al derecho de defensa de la institución obligada; vulnerando los derechos constitucionales invocados, así como la garantía de igualdad ante la ley, ante la no aplicación igualitaria del artículo 55 del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y, específicamente, de lo contemplado en su numeral segundo, al no determinarse por el Pleno del Instituto la celebración de audiencia inter partes; así como la solicitud de información adicional para el mejor estudio del recurso. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-032-2021 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en contra de INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), como Institución Obligada, por la negación de acceso a la información pública solicitada por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE; arguyendo el cumplimiento, si bien extemporáneo, a la solicitud derivada por la solicitante, y, descartando el supuesto de omisión de entrega de la información pública solicitada por JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE, actuando en su condición personal. CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria, en respeto al debido proceso y principio de legalidad, lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia y el Estado de Derecho, derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales; con miras a optimizar la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones legalmente obligadas. CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[2]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4]. CONSIDERANDO (8): Que como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada el recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer, recibió respuestas a sus peticiones, y, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición. Todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consiguiente respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Concluyendo esta Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de vulneración a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (9): Que, vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano interesado, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no asistir elementos probatorios y argumentativos que justificaren el actuar omisivo de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE en contra de INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), como Institución Obligada, en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 52, numerales 1) y 2), del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública; habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), no siendo brindada la información disponible por la Institución Obligada, sino hasta en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020); mediando la presentación de Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). De todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional se ha observado el derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo y a su representación legal. CONSIDERANDO (10): Que según determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio la aplicación correcta de la Ley adjetiva, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados; siendo lo procedente, por tanto, denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5° y 316 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 9, 11 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 63 y 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO LA GARANTÍA DE AMPARO promovida por el Abogado DEXTER ALEJANDRO COELLO MAYORGA a favor del señor JOSE ERNESTO LEVA BULNES, en su condición de presidente de la JUNTA INTERVENTORA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), contra la resolución No SE-032-2020 (Sic.) dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de revisión presentado por el señor JOAN HUMBERTO SUAZO ROQUE en contra de INVERSIONES ESTRATEGICAS DE HONDURAS (INVEST-H), en tanto Institución Obligada; en virtud no brindar cumplida respuesta a la Solicitud de Información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 52, numerales 1) y 2), del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-404-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[2] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[3] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[4] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf