Sentencia AA-401-20 — Registro 15490
Resumen
con relación a la denuncia antes mencionada presentada por recurrente ante autoridad recurrida través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de la revisión de los informes y oficios remitidos a esta Sala por parte de la autoridad recurrida se advierte que el Ministerio Púbico, le dio respuesta debida a las solicitudes presentados por el recurrente presentados ante la referida autoridad; sin embargo se puede apreciar que el recurrente no utilizo los medios de impugnación adecuados, los cuales fueron mediante correos electrónicos, referentes en específico a la impugnación da la resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021) en la cual se ordena el cierre administrativo de la Denuncia 1628519110-2021, por parte de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, al no apegarse a las disposiciones contenidas en la normativa procesal penal, en virtud de que el correo electrónico enviado no reúne los requisitos formales para ser considerado un Recurso Impugnativo, ya que no representa un escrito donde establezca el Recurso del que esta haciendo uso, ni tampoco, indica los supuestos Agravios que le causaban al recurrente el cierre de la supra referida denuncia. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 356 del Código Procesal Penal “… La apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, ante el Juez que dictó la resolución que se impugna, mediante escrito en el que se expresarán los correspondientes agravios…”. CONSIDERANDO: Que éste Tribunal aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que por otra parte, el recurrente, ha remitido a este Tribunal, manifestaciones contenidas en los correos electrónicos de fechas veinticuatro y veintisiete de agosto del presente año respectivamente, mismos que deben ser resueltos atendiendo el derecho de petición que le asiste"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de septiembre de dos mil veintidós. VISTO: Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO a favor de SÍ MISMO, según el recurrente contra el Fiscal General de la República de Honduras, Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA y el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO por el cierre de la denuncia 1628519110-2021, oficio DL-C-679-2022 de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), con relación a la denuncia antes mencionada presentada por el recurrente ante el MINISTERIO PÚBLICO través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, por suponerlo responsable del delito de LAVADOS DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición así como del de subsanación del presente recurso se desprende que el recurrente señala como agravio el cierre de la denuncia 1628519110-2021, de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), por parte del MINISTERIO PÚBLICO través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, vulnerándosele sus derechos constitucionales, específicamente el derecho de acceso a la justicia; al interponer tres recursos de apelación ante la citada autoridad sin obtener respuesta de los mismos. CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida, rindiera un informe circunstanciado del acto reclamado en amparo, así como también los recursos disponibles por la parte recurrente para obtener la subsanación de los actos reclamados en amparo, si hizo uso de ellos, y de haberlo hecho la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo. CONSIDERANDO: Que de la revisión de los informes y oficios remitidos a esta Sala por parte de la autoridad recurrida se advierte que el Ministerio Púbico, le dio respuesta debida a las solicitudes presentados por el recurrente presentados ante la referida autoridad; sin embargo se puede apreciar que el recurrente no utilizo los medios de impugnación adecuados, los cuales fueron mediante correos electrónicos, referentes en específico a la impugnación da la resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021) en la cual se ordena el cierre administrativo de la Denuncia 1628519110-2021, por parte de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, al no apegarse a las disposiciones contenidas en la normativa procesal penal, en virtud de que el correo electrónico enviado no reúne los requisitos formales para ser considerado un Recurso Impugnativo, ya que no representa un escrito donde establezca el Recurso del que esta haciendo uso, ni tampoco, indica los supuestos Agravios que le causaban al recurrente el cierre de la supra referida denuncia. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 356 del Código Procesal Penal “… La apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, ante el Juez que dictó la resolución que se impugna, mediante escrito en el que se expresarán los correspondientes agravios…”. CONSIDERANDO: Que éste Tribunal aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que por otra parte, el recurrente, ha remitido a este Tribunal, manifestaciones contenidas en los correos electrónicos de fechas veinticuatro y veintisiete de agosto del presente año respectivamente, mismos que deben ser resueltos atendiendo el derecho de petición que le asiste. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 403 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1)DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO a favor de SÍ MISMO, según el recurrente contra el Fiscal General de la República de Honduras, Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA y el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO por el cierre de la denuncia 1628519110-2021, oficio DL-C-679-2022 de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; y, 2) Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en los correos electrónicos de fechas veinticuatro y veintisiete de agosto del presente año respectivamente, disponiéndose en cuanto a sus peticiones, estarse a lo resuelto por esta Sala en el numeral uno de esta resolución. Y MANDA: una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la Resolución de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0401-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.