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Sentencia AA-392-22 — Registro 14841

Resumen

Resolución que deniega conciliación en relación a la causa instruida contra recurrente, a quien se le supone responsable del delito de Conducción Temeraria , en perjuicio del Orden Vial considerando la Sala Constitucional la motivación recurrida entre las cuales está que la víctima no está obligada a aceptar la reparación que se le ofrece recurrente como indemnización del daño causado pues es su potestad aceptar o negarse a ello, esto bajo el principio de autonomía de la voluntad de la víctima, no advirtiendo que con dicha resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que el recurrente adjunta a su escrito de interposición del recurso de mérito el acto reclamado, del cual esta Sala aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está que la víctima no está obligada a aceptar la reparación que se le ofrece como indemnización del daño causado pues es su potestad aceptar o negarse a ello, esto bajo el principio de autonomía de la voluntad de la víctima, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL, a favor de ELÍ OBED HERNANDEZ DOMIGUEZ, contra la resolución de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), referente según indica el recurrente a la causa instruida contra ELÍ OBED HERNANDEZ DOMIGUEZ, a quien se le supone responsable del delito de CONDUCIÓN TEMERARIA, en perjuicio del ORDEN VIAL. CONSIDERANDO: Que el impetrante estima que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), entorpece los propósitos previstos por el legislador en cuanto a las medidas desjudicializadoras, por ser del criterio el recurrente que en el caso de estudio se reúnen los requisitos exigidos por la ley para que se conceda el acuerdo de reparación del daño que pretende por lo que el ente que denuncia no debe en su opinión abstenerse en el caso de estudio sino que debe limitarse a fijar el daño ocasionado al Estado. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como quebrantadas las declaraciones y derechos establecidos en los artículos 64, 90 y 321 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la procuraduría General de la República es la institución que, por determinación del constituyente originario, representa legalmente al Estado de Honduras, según lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República, por virtud de tal disposición, tiene a su cargo la representación legal del Estado y la Defensa de sus intereses. En el marco de sus atribuciones Constitucionales y legales la procuraduría General constituye en primer término, un órgano de ejecución al cual corresponde ejercer la acción penal pública en contra de quienes cometan delitos tributarios o delitos contra la propiedad estatal, la Administración Pública, la seguridad interior del Estado; así como, los que atenten contra el patrimonio cultural de la nación, además, le corresponde ejercer la acción civil cuando se trate de hechos punibles que hayan dañado el Estado. Como órgano de ejecución corresponde a la Procuraduría General de la República también, promover demandas ante los Juzgados y Tribunales de la República en defensa de los derechos y bienes del Estado y practicar las acciones que sean necesarias para ejecutar las resoluciones de la Administración Pública; así como las multas y responsabilidades civiles determinadas por el Tribunal Superior de Cuentas; asimismo contestar y oponerse a todo tipo de demanda y acciones, que los particulares promuevan en contra del Estado de Honduras.[1] CONSIDERANDO: Que la conciliación es una medida desjudicializadora que en éste caso, está condicionada a la aquiescencia de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), por ende, la aplicación de la conciliación resulta potestativa y no imperativa a ésta, por lo que su aprobación o su denegación en su caso no puede por sí solo apreciarse como una violación de derechos o garantías constitucionales, toda vez que dicha facultad se la otorga expresamente la ley en el artículo 45 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que el recurrente adjunta a su escrito de interposición del recurso de mérito el acto reclamado, del cual esta Sala aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está que la víctima no está obligada a aceptar la reparación que se le ofrece como indemnización del daño causado pues es su potestad aceptar o negarse a ello, esto bajo el principio de autonomía de la voluntad de la víctima, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 403 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL, a favor de ELÍ OBED HERNANDEZ DOMIGUEZ, contra la resolución de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-392-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Considerando segundo de la Sentencia de fecha 17 de octubre del año2017, recaída en el AP 0177-2015.