Sentencia AA-389-21 — Registro 14840
Resumen
con relación al recurso de revisión interpuesto contra impetrante en virtud de no haber dado respuesta a solicitud de información en tiempo y forma referente a Número de personas enterradas en cementerios municipales con sospecha o confirmadas de COVID 19 de marzo a junio, segmentadas por mes. 2) Número de personas enterradas en cementerios municipales de marzo a junio, segmentadas por mes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”,[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”.[2] En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4]"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."(10): Como la garantía del debido proceso supone una serie de derechos a ser respetados y observados en todo proceso, tanto penal como administrativo, o cualquier otra índole. Conforme a la tutela judicial efectiva que dimana normativamente del artículo 90 constitucional párrafo primero, se establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; desprendiéndose, de la argumentación formalizada por la parte garantista y de la práctica de la prueba admitida evacuada, conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional, la efectiva vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica agraviada; debido a no haberse notificado adecuadamente a la entidad obligada, la apertura de un procedimiento en el Sistema de Información acorde las formalidades, derechos y garantías que determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,[5] norma rectora del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Impidiéndose así, que fuera escuchada la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS respecto a lo expuesto por la ciudadana recurrente; así como la oportunidad de proponer y de brindar respuesta a su petición, en el marco de un debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que lo anteriormente relacionado guarda gran relevancia para la tutela constitucional, dado que la doctrina y jurisprudencia consultada ha conceptuado a las notificaciones en el núcleo del debido proceso, manifestando que éste: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”.[6] CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional que la omisión de cumplimiento al trámite o procedimiento reglamentario, por falta de un acto de comunicación razonable y eficiente hacia la institución obligada, entraña no sólo anomalía a la legalidad positiva vigente, sino que compromete la viabilidad del derecho constitucional de defensa y del debido proceso; siendo tal actuación procesal el cauce que permitiría verificar la denegatoria de información alegada en los antecedentes y radicar, por parte de la Institución Obligada, los descargos que estimaré procedentes, dentro de los plazos legales. Por ende, no encontrándose la notificación de la resolución impugnada ajustada a derecho, acorde a las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley; estima la Sala de lo Constitucional que en el presente caso se han inobservado los derechos de defensa y al debido proceso; los cuales atañen por extensión lógica y, en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales – como titulares indubitados del derecho fundamental invocado -, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales;[7] por lo que resulta de mérito otorgar la presente garantía de amparo."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Porfirio Díaz Sierra, a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución No.SO-69-2020, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha siete de octubre de dos mil veinte, con relación al recurso de revisión interpuesto por la señora Cesia Patricia Garay, contra la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Estimando el recurrente que, con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Porfirio Díaz Sierra, interponiendo acción de amparo a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución No.SO-69-2020, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha siete de octubre de dos mil veinte, con relación al recurso de revisión interpuesto por la señora Cesia Patricia Garay, contra la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folios 1-11 del amparo) 2) Que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Porfirio Díaz Sierra, a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 40 del recurso) 3) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No.SO-69-2020, de fecha siete de octubre de dos mil veinte, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); objeto del presente recurso, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: Declarar: CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la señora CESIA PATRICIA GARAY, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en tiempo, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEGUNDO: Se ordena a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, a hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible a la señora CESIA PATRICIA GARAY, la información referente a: "1) Número de personas enterradas en cementerios municipales con sospecha o confirmadas de COVID 19 de marzo a junio, segmentadas por mes. 2) Número de personas enterradas en cementerios municipales de marzo a junio, segmentadas por mes." TERCERO: Se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al o los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por la recurrente a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, conforme a lo establecido en el artículo 59 numerales 1 y 2 del REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. CUARTO: Se exhorta a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, a través de su titular, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, a dar trámite y respuesta en tiempo y forma de todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan el Código de Conducta Ética del Servidor Público y otras leyes. QUINTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; Artículos 41. 44. 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional; artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 66 de la Ley do Procedimiento Administrativo, y, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. SEXTO: Extiéndase Certificación íntegra de ésta Resolución a la parte interesada una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del gasto público y remítase copia de la misma al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” (Folios 21-23 vuelto del antecedente) 4) En fecha once de agosto de dos mil veintiuno, remitidos que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 47 del recurso de amparo) 5) En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, se admitió el escrito presentado por la Abogada Danelia Ferrera Turcios, teniéndose por personada y por formalizado en tiempo y forma el presente recurso, y en virtud de haberse solicitado la apertura a pruebas, determinando en su escrito la vinculación de la prueba indicada para demostrar la violación alegada con el acto reclamado en amparo, se ordenó la apertura del periodo probatorio por el término de 8 días comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 68 del recurso de amparo) 6) En fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, se admitió el escrito de proposición de pruebas presentado por la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en cuanto a los mismos, SE DISPUSO: 1° Tener por propuesto y evacuado los medios de prueba denominados "Medio de Prueba Número Uno, Dos, Tres y Cuatro: Documento Público", respectivamente, asimismo, los "Medio de Prueba Numero Cinco y Seis: Denominados Medio Técnico de Archivo"; respectivamente, en virtud, de los mismos constan agregadas al expediente del recurso de amparo de mérito (folios 15, 21, 22 al 25), los cuales serán objeto de estudio previo a dictar la sentencia correspondiente; y, 2° Habiendo vencido en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, al cumplirse las doce de la media noche, el periodo probatorio y al no haber que evacuar medios de prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional, en consecuencia, se decreta el cierre del mismo, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente dando vista de los autos por cuarenta y ocho horas, al Fiscal del despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folio 73 del recurso de amparo) 7) Esta Sala, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, y de los análisis de los antecedentes, esta Representación Fiscal, observa que el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impone a las instituciones obligadas, el término de diez (10) días para resolver la solicitud de acceso a la información pública que se le presente, declarando con o sin lugar la petición, y en caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma. Sin embargo, al realizar el análisis del caso sub judice, se desprende de las pruebas ofertadas y evacuadas por el amparista, que la Dirección del correo electrónico al que remitieron tanto los requerimientos de información y las notificaciones hechas por el IAIP a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, era inexistente, con lo que se acredita que dicha institución obligada no tuvo conocimiento alguno del requerimiento de información y de la existencia de un procedimiento administrativo iniciado en su contra. En virtud de lo anterior, el Ministerio Público estima que en caso de autos la resolución No. SO-069-2020 emitida por el IAIP, NO es congruente y justa, por lo que se aprecia violación al debido proceso y derecho de defensa alegadas por el recurrente. VI.-OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista”. (Folios 75-80 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso por el cual se solicita la garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en la solicitud ciudadana de fecha once (11) de junio de dos mil veinte (2020), presentada por la señora CESÍA PATRICIA GARAY en su condición personal y dirigida a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a efecto se le brindara información sobre: “1).- Número de personas enterradas en cementerios municipales con sospechas o confirmadas de COVID 19, de marzo a junio, segmentadas por mes; 2).- Número de personas enterradas por muertes ya sean naturales o violentas en cementerios municipales de marzo a junio, segmentados por mes”. CONSIDERANDO (4): Que, en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020), compareció la señora CESÍA PATRICIA GARAY, de generales conocidas y e-mail: cesiapatogaray@gmail.com ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), interponiendo Recurso de Revisión por habérsele denegado el acceso a la información pública segmentada; asignándosele el número de recurso REC-ASPS-7-2020 y el número de expediente número 074-2020-R. CONSIDERANDO (5): Que, acorde los antecedentes, en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante este Alto Tribunal, compareció ante este Tribunal, el Abogado Porfirio Díaz Sierra, interponiendo acción de amparo a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la resolución No.SO-69-2020, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha siete de octubre de dos mil veinte; cuyo contenido resolutivo obra transcripto en el Antecedente 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (6): Que, en formalización de la acción constitucional así promovida, la apoderada sustituta, Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, manifestó que la resolución del recurso de revisión preindicado es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, pues las diligencias desarrolladas en el curso de la denuncia presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), no se han observado las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, según lo preceptuado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Lo anterior en virtud de haberse girado por el IAIP requerimiento de información a la entidad obligada mediante el envío de un supuesto correo electrónico a una dirección electrónica inexistente como es: cortessanpedrosula@municipalidad.info en fecha 29 de junio del año 2020, dando lugar a que, por aplicación del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública se diera por caducado el plazo del requerimiento, por no haberse brindado la información y los antecedentes requeridos. Por todo lo cual solicita, dictar sentencia definitiva OTORGANDO el amparo solicitado en contra de la resolución No.SO-069-2020 de fecha siete (7) de octubre del dos mil veintiuno (2021), por haberse comprobado la infracción del derecho de defensa y el debido proceso de su representada; habilitando el plazo de ocho (8) días para la proposición y evacuación de pruebas solicitada y decretada. CONSIDERANDO (7): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la institución recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es también importante para la Sala de lo Constitucional hacer prevalecer el respeto al debido proceso y al principio de legalidad, específicamente en observancia a los desarrollos legislativos de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información, según contenidos en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.” En el mismo orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada, establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. CONSIDERANDO (8): Que, de la lectura de los preceptos relacionados, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, en ejercicio activo y participativo de la democracia y en consolidación del Estado de Derecho. Rige aquí, primordialmente, el principio de máxima divulgación de la información, desarrollado bajo estándares internacionales, con el propósito de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades públicas o privadas que administran los fondos públicos. CONSIDERANDO (9): Que El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”,[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”.[2] En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4]. CONSIDERANDO (10): Como la garantía del debido proceso supone una serie de derechos a ser respetados y observados en todo proceso, tanto penal como administrativo, o cualquier otra índole. Conforme a la tutela judicial efectiva que dimana normativamente del artículo 90 constitucional párrafo primero, se establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; desprendiéndose, de la argumentación formalizada por la parte garantista y de la práctica de la prueba admitida evacuada, conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional, la efectiva vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica agraviada; debido a no haberse notificado adecuadamente a la entidad obligada, la apertura de un procedimiento en el Sistema de Información acorde las formalidades, derechos y garantías que determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,[5] norma rectora del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Impidiéndose así, que fuera escuchada la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS respecto a lo expuesto por la ciudadana recurrente; así como la oportunidad de proponer y de brindar respuesta a su petición, en el marco de un debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que lo anteriormente relacionado guarda gran relevancia para la tutela constitucional, dado que la doctrina y jurisprudencia consultada ha conceptuado a las notificaciones en el núcleo del debido proceso, manifestando que éste: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”.[6] CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional que la omisión de cumplimiento al trámite o procedimiento reglamentario, por falta de un acto de comunicación razonable y eficiente hacia la institución obligada, entraña no sólo anomalía a la legalidad positiva vigente, sino que compromete la viabilidad del derecho constitucional de defensa y del debido proceso; siendo tal actuación procesal el cauce que permitiría verificar la denegatoria de información alegada en los antecedentes y radicar, por parte de la Institución Obligada, los descargos que estimaré procedentes, dentro de los plazos legales. Por ende, no encontrándose la notificación de la resolución impugnada ajustada a derecho, acorde a las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley; estima la Sala de lo Constitucional que en el presente caso se han inobservado los derechos de defensa y al debido proceso; los cuales atañen por extensión lógica y, en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales – como titulares indubitados del derecho fundamental invocado -, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales;[7] por lo que resulta de mérito otorgar la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 70, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 55, 56, 63, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado PORFIRIO DÍAZ SIERRA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la resolución No.SO-69-2020, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha siete de octubre de dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-389-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[2] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[3] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[4] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
[5] Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”.
[6] Ver: HOYOS, A. “El Debido Proceso en la Sociedad Contemporánea”, aporte a: LIBER AMICORUM: HÉCTOR FÍX-ZAMUDIO. Vol. II. (1998). San José: Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Págs. 911-913.
[7] La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre este punto, al emitir la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, a solicitud de la República de Panamá, conforme a la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, se opinó lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva”. Opinión asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 28 de mayo de 2019]