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Sentencia AA-387-21 — Registro 14839

Resumen

la no aplicación de los Decretos N° 59-2009 y 32-2019 emitidos por el Congreso Nacional de la República, los que han causado a recurrentes vulneración de derechos fundamentales, al no beneficiarse de la nivelación de sus pensiones y ha existido un trato discriminatorio por parte de autoridad recurrida como administrador de los recursos otorgados por el Estado y estando obligados a otorgar en base a los mencionados decretos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que del análisis de los antecedentes remitidos a esta Sala, en específico del oficio G.I.P.M. N° 0935, de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Coronel ALFREDO FABRICIO ERAZO PUERTO, se puede apreciar: a) que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), la firma legal Capricornio Group en representación de 33 peticionarios del Instituto de Previsión Militar (IPM), presentaron ante la Secretaría de dicho ente escrito dirigido a la Junta Directiva, en el cual solicitaban una reunión con dicha Junta Directiva, para exponer consideraciones en relación al caso, la cual no es considerado un reclamo administrativo conforme a lo establecido a la Ley de Procedimientos Administrativos. b) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), la gerencia del Instituto de Previsión Militar (IPM) mediante oficio G.I.P.M. N°1044, se notificó a la parte recurrente que la petición realizada fue declarada SIN LUGAR en virtud que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS (CNBS), mediante oficio OF-SSYP_0641/2010 de fecha dos (02) de octubre de dos mi diez, validó que la metodología utilizada para el otorgamiento de dicho beneficio económico, fue aceptada en su momento, por un grupo de pensionados que se jubilaron ante de agosto de dos mil siete (2007), por lo que el Instituto supra citado, aclara que su única obligación era dar cumplimiento al Decreto Legislativo N° 59-2009, así mismo, tal como lo ratificó en su momento la (CNBS), la distribución de los montos se realizó en base a estudios actuariales procurando utilizar la metodología más equitativa en pro de los intereses de los afiliados del Instituto de Previsión Militar (IPM). c) En cuanto a los Decretos Legislativos 32-2019 y 76-2019, no se ha dado cumplimiento, en virtud de que la Secretaría de Finanzas no ha presupuestado los fondos correspondientes para dicho beneficio; ambos beneficios establecidos en los Decretos Legislativos antes mencionados, son otorgados por el Estado y no son parte de las obligaciones que establece la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), por lo que dicho Instituto funge como Administrador de los Recursos y se apega a las normativas y a la disposición presupuestaria del Estado; situaciones por las cuales no reviste de las solemnidades exigidas en el Capítulo Segundo del Título final de la Ley General de la Administración Pública, mismas que son indispensables para que un acto administrativo sea recurrible en la vía administrativa. CONSIDERANDO: Siendo así, resulta evidente para esta Sala, que no existe afectación alguna de derechos en perjuicio del recurrente, al dirigirse el presente amparo contra una solicitud con el objetivo de exponer ante dicho Instituto sus consideraciones respecto a la aplicación de los Decretos N° 59-2009 y 32-2019 emitidos por el Congreso Nacional de la República, que no tergiversa o disminuye derechos de ninguna índole, por lo que resulta improcedente la acción de amparo contra dicha solicitud. CONSIDERANDO: Que si bien se han establecido por parte del recurrente los motivos que lo llevaron a interponer la presente acción constitucional, esta Sala no alcanza a concretizar la existencia de una afectación real que pueda derivarse de una solicitud ante la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), presentada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), toda vez que la misma, no representa una resolución que resuelva dicha solicitud, por ende la autoridad recurrida no ha hecho declaración o afectación alguna de garantías constitucionales en perjuicio del recurrente, por una simple solicitud presentada ante dicho Instituto de Previsión Militar (IPM). CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Así, en lo atinente a la acción de mérito, al no determinarse que solicitud contra el cual se reclama causa una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente, éstos no ameritan ser amparados, siendo que al ser una solicitud dirigida a sostener una reunión ante la Junta Directiva de la autoridad recurrida, el acto reclamado no causa afectación o reconocimiento de derecho alguno, consecuentemente, no cabría su restitución, volviendo inocua la garantía que se ha invocado y es en tal virtud, que procede sobreseer la acción de amparo intentada, sin perjuicio de las acciones legales que le puedan corresponder al agraviado para impugnar un acto concreto, una vez que se determine el agravio constitucional reclamado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: El dictamen del Ministerio Público y los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto el Abogado GUSTAVO GÓNZALEZ COBOS, a favor de los señores AARON ALVARADO MEJÍA, FÉLIX RAMÓN ESPINAL PORTILLO, POMPILIO LIBERATO MARADIAGA, GERMÁN CANELO BERBENA, SAÚL OMAR PERDONMO, HÉCTOR EMILIO HERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ DANIEL MARADIGA CASTRO, MANUEL DE JESÚS ALAVRADO, REYNALDO ZELAYA BUSTILLO, ARNALDO LAÍNEZ CARDENAS, MARIO ALBERTO SOTO VALLE, pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM) contra actuaciones de la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), relacionados según el recurrente al hecho de la ilegal exclusión de los derechos establecidos en los Decretos N° 59-2009 y 32-2019 emitidos por el Congreso Nacional de la República. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que las actuaciones de la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), arriba relacionadas, son violatorias de los derechos de defensa y debido proceso contenidas en los artículos 1, 37, 59, 64, y 80 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por el recurrente en su escrito de interposición así como en el de formalización del presente recurso de mérito, indica que el acto reclamado en amparo lo constituye una solicitud ante la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), presentada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), con el objetivo de exponer ante dicho Instituto sus consideraciones respecto a la no aplicación de los Decretos N° 59-2009 y 32-2019 emitidos por el Congreso Nacional de la República, los que le han causado a sus representados vulneración de los artículos constitucionales antes citados, al no beneficiarse de la nivelación de sus pensiones y ha existido un trato discriminatorio por parte del Instituto de Previsión Militar (IPM), como administrador de los recursos otorgados por el Estado y que estaba obligado a otorgar en base a los mencionados decretos. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Público, se advierte que su representante es de la opinión que en el presente recurso concurre la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 8º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo cuando se tienen expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; sin embargo, la Sala estima que en efecto el presente recurso de amparo debe sobreseerse pero no por la causal de inadmisión referida sino conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en sus artículos 41 y 42. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes remitidos a esta Sala, en específico del oficio G.I.P.M. N° 0935, de fecha ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Coronel ALFREDO FABRICIO ERAZO PUERTO, se puede apreciar: a) que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), la firma legal Capricornio Group en representación de 33 peticionarios del Instituto de Previsión Militar (IPM), presentaron ante la Secretaría de dicho ente escrito dirigido a la Junta Directiva, en el cual solicitaban una reunión con dicha Junta Directiva, para exponer consideraciones en relación al caso, la cual no es considerado un reclamo administrativo conforme a lo establecido a la Ley de Procedimientos Administrativos. b) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), la gerencia del Instituto de Previsión Militar (IPM) mediante oficio G.I.P.M. N°1044, se notificó a la parte recurrente que la petición realizada fue declarada SIN LUGAR en virtud que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS (CNBS), mediante oficio OF-SSYP_0641/2010 de fecha dos (02) de octubre de dos mi diez, validó que la metodología utilizada para el otorgamiento de dicho beneficio económico, fue aceptada en su momento, por un grupo de pensionados que se jubilaron ante de agosto de dos mil siete (2007), por lo que el Instituto supra citado, aclara que su única obligación era dar cumplimiento al Decreto Legislativo N° 59-2009, así mismo, tal como lo ratificó en su momento la (CNBS), la distribución de los montos se realizó en base a estudios actuariales procurando utilizar la metodología más equitativa en pro de los intereses de los afiliados del Instituto de Previsión Militar (IPM). c) En cuanto a los Decretos Legislativos 32-2019 y 76-2019, no se ha dado cumplimiento, en virtud de que la Secretaría de Finanzas no ha presupuestado los fondos correspondientes para dicho beneficio; ambos beneficios establecidos en los Decretos Legislativos antes mencionados, son otorgados por el Estado y no son parte de las obligaciones que establece la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), por lo que dicho Instituto funge como Administrador de los Recursos y se apega a las normativas y a la disposición presupuestaria del Estado; situaciones por las cuales no reviste de las solemnidades exigidas en el Capítulo Segundo del Título final de la Ley General de la Administración Pública, mismas que son indispensables para que un acto administrativo sea recurrible en la vía administrativa. CONSIDERANDO: Siendo así, resulta evidente para esta Sala, que no existe afectación alguna de derechos en perjuicio del recurrente, al dirigirse el presente amparo contra una solicitud con el objetivo de exponer ante dicho Instituto sus consideraciones respecto a la aplicación de los Decretos N° 59-2009 y 32-2019 emitidos por el Congreso Nacional de la República, que no tergiversa o disminuye derechos de ninguna índole, por lo que resulta improcedente la acción de amparo contra dicha solicitud. CONSIDERANDO: Que si bien se han establecido por parte del recurrente los motivos que lo llevaron a interponer la presente acción constitucional, esta Sala no alcanza a concretizar la existencia de una afectación real que pueda derivarse de una solicitud ante la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), presentada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), toda vez que la misma, no representa una resolución que resuelva dicha solicitud, por ende la autoridad recurrida no ha hecho declaración o afectación alguna de garantías constitucionales en perjuicio del recurrente, por una simple solicitud presentada ante dicho Instituto de Previsión Militar (IPM). CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Así, en lo atinente a la acción de mérito, al no determinarse que solicitud contra el cual se reclama causa una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del recurrente, éstos no ameritan ser amparados, siendo que al ser una solicitud dirigida a sostener una reunión ante la Junta Directiva de la autoridad recurrida, el acto reclamado no causa afectación o reconocimiento de derecho alguno, consecuentemente, no cabría su restitución, volviendo inocua la garantía que se ha invocado y es en tal virtud, que procede sobreseer la acción de amparo intentada, sin perjuicio de las acciones legales que le puedan corresponder al agraviado para impugnar un acto concreto, una vez que se determine el agravio constitucional reclamado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 313 atribución 5ta y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 6 numeral 1, 10, 70 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; RESUELVE: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO interpuesto contra la solicitud ante la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM), presentada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes recibidos al Tribunal de su procedencia y se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0387-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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