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Sentencia AA-356-21 — Registro 15489

Resumen

con relación a la solicitud de nulidad absoluta de resolución por el Tribunal de Honor del institución recurrente en la que resolvió expulsar a miembros de la misma , en virtud que los procedimientos y faltas establecidas en los estatutos acusándolos de que en el proceso electoral anterior, éstos participaron como candidatos a cargos de elección popular dentro de las fórmulas de otros partidos políticos distintos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, con relación a la violación al derecho a un debido proceso expuesto en el considerando cinco de esta sentencia, esta Sala de lo Constitucional estima y acepta en todas sus partes lo planteado por la recurrente, observando una flagrante vulneración al debido proceso, mismo que vendría a constituir parte fundamental del derecho de defensa y consecuentemente de un debido proceso plasmados en los artículos 82 y 90 constitucional. La Sala de lo Constitucional manifiesta que se ha vulnerado el derecho fundamental a la doble instancia, misma que consiste en una garantía indispensable en todo Estado Constitucional de Derecho, esencial en materia penal y también importante en todas las ramas del derecho, en este caso derecho administrativo; pues nos otorga la posibilidad de acudir ante el superior jerárquico del que ha resuelto, para que revise si la respuesta favorable o desfavorable, no solo esté dictada en observancia al principio de legalidad, sino que además en ella haya justicia. En esa misma línea, y siendo que Honduras es suscriptora de instrumentos internacionales y por mandato constitucional está obligada a cumplirlos ( artículos 15 y 16 CH), es menester tener siempre presente que en el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluyen el derecho fundamental a la doble instancia formando parte del derecho a que los procesos sean judiciales o administrativos, deben ser desarrollados observando el debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que, en materia electoral, la primera instancia para dirimir los conflictos electorales en esa vía administrativa la constituye el Consejo Nacional Electoral, legitimándolo para ello lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que, dicho sea de paso, es la ley especial por aplicar. En dicho ordenamiento legal se señala que es competencia del Consejo Nacional Electoral, hacer cumplir la normativa en relación con la “inclusión política” y al mismo tiempo conocer de las infracciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos previsto en Ley, por lo que determinar que el Tribunal de Justicia Electoral es el competente para conocer en primera instancia, es vulneratorio del debido proceso ya que lo dispuesto en la ley especial citada, (artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales) determina que sea el Consejo Nacional Electoral quien conozca del fondo del asunto planteado y posteriormente, en una segunda instancia sea el Tribunal Supremo Electoral que conozca del caso de mérito, competencias que se pronunciaran sobre la legalidad o no de aplicar la retroactividad de la ley a unos mismos hechos que ya fueron revisados y sancionados en la vía administrativa. CONSIDERANDO (8): Que, el artículo de la ley especial aplicable al caso manda como atribución del CNE hacer cumplir la normativa con “inclusión política”; en ese sentido, el término inclusión según la Real Academia Española (RAE), es lograr que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. Asimismo, define «político, política» según el Diccionario de la lengua española: 1. adj. Perteneciente o relativo a la doctrina política. CONSIDERANDO (9): Que, el génesis del presente caso trata de determinar la legalidad o no de la expulsión o exclusión de pertenecer al Partido Anti Corrupción PAC, es decir que trata específicamente de inclusión política que como quedó dicho, es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Así las cosas, al haberse determinado la vulneración al derecho de defensa, por desconocer su competencia el Consejo Nacional Electoral, de lo cual deviene la vulneración a la doble instancia y finalmente al debido proceso, esta sala estima que no es necesario pronunciarse sobre las otras partes de la resolución acusadas de vulnerar derechos fundamentales tales como habilitación de días y horas inhábiles o la no evacuación de medios de pruebas admitidos, que es lo que alega la recurrente, en tanto se ha estimado procedente amparar a la recurrente por traer al conocimiento de esta Sala una resolución de un Tribunal incompetente, sin haberse emitido resolución en primera instancia, pues son precisamente los temas a decidir en el fondo una vez que se ha ordenado el respeto al juez competente y sobre todo al principio derecho a una doble instancia, que, como quedó dicho es una manifestación del derecho de defensa a ser oído por un superior que revise lo actuado por el inferior, y será posteriormente que entra la competencia de la acción constitucional del amparo. CONSIDERANDO (10): Que, conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; y habiéndose acreditado la vulneración del derecho fundamental a la doble instancia, al derecho a la defensa y consecuentemente al debido proceso, es procedente otorgar el amparo interpuesto. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos a cumplir en una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho garantizado es decir el debido proceso, se OTORGA EL AMPARO INTERPUESTO y: 1.- REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Electoral de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, en virtud de ser patente su falta de competencia, pues debió conocer en segunda instancia la resolución que no dictó el Consejo Nacional Electoral, ello, como se dijo, en vulneración al debido proceso, lo anterior en aplicación del numeral segundo del artículo 22 numeral 2 literal a) de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que manda al Tribunal de Justicia Electoral, a resolver los recursos electorales en contra de actos y resoluciones que violente derechos políticos electorales de la ciudadanía. 2.- Que se devuelvan los antecedentes al Consejo Nacional Electoral a efecto de que se dé cumplimiento al artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que manda a hacer cumplir la normativa en relación con la “inclusión política” y al mismo tiempo “conocer de las infracciones administrativas”, que es precisamente de lo que se alega ser la Resolución PAC 001-2019, de fecha veinticinco de Julio de 2019, emitida por el Tribunal de Honor del PAC. 3.- Que se garantice la doble instancia contemplada en el párrafo segundo del artículo 303 constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, a favor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), contra la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral, en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, con relación a la solicitud de nulidad absoluta de la resolución PAC-001-2019 dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC). Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 70, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, interponiendo acción de amparo a favor Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), contra la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral, en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, con relación a la solicitud de nulidad absoluta de la resolución PAC-001-2019 dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC). (Folios 1-18 del amparo) 2) Que en fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, a favor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 20 del recurso) 3) ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR las solicitudes de Nulidad Absoluta de la Resolución PAC-001-2019 de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), en la que resolvió expulsar a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, en virtud que los procedimientos y faltas establecidas en los estatutos reformados en el año dos mil diecinueve (2019), no pueden ser aplicados de forma retroactiva al caso concreto y que está prohibido una doble imputación y un doble juzgamiento o investigación por los mismos hechos. SEGUNDO: ANULAR la resolución PAC-001-2019 de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC) en la que se resolvió expulsar a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILAR y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ. TERCERO: Que se tenga por reconocida la militancia y pertenencia como miembros del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC) a los ciudadanos WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, con todas las garantías de sus derechos políticos. CUARTO: Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional. QUINTO: Que se comunique la presente sentencia al Consejo Nacional Electoral, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” (Folios 21-23 vuelto del antecedente) 4) Que en fecha tres de junio del año dos mil veintiuno, visto el escrito presentado por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, en virtud que el caso de autos se enmarca en los preceptos que señala el artículo 59 inciso 3): “cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, persona o entidad contra la que se reclama”; debiendo librar comunicación con las inserciones de estilo al Tribunal de Justicia Electoral para los efectos legales pertinentes. Por consiguiente y habiendo sido remitidos los antecedentes, sígase con la substanciación del presente recurso, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 27 del recurso de mérito) 5) En fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, visto los antecedentes en el recurso de amparo de mérito, se desprende del mismo, que el término de cuarenta y ocho (48) horas concedidos para formalizar su acción, venció el día veintiocho de julio de dos mil veintiuno, siendo las diez de la mañana con treinta y dos minutos, se declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar; asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo cual procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas (48) al Fiscal para que emita su dictamen. (Folio 31 del recurso de mérito) 6) Esta Sala, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de las diligencias estima esta Representación Fiscal al observar que la denegatoria a la pretensión de la demanda de nulidad se encuentra fundamentada en el contenido de los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República, los cuales establecen claramente la obligación de la norma previa, escrita y estricta, la prohibición de doble juzgamiento, así como la prohibición de irretroactividad de la ley; en base a ello, el Tribunal de Justicia Electoral explica que al dictarse la resolución PAC-001-2019, se infringieron las disposiciones constitucionales antes citadas. Sumado a lo anterior, del examen de los antecedentes se aprecia que la propia amparista señala que las denuncias interpuestas en el año 2019, se refieren a los mismos hechos que fueron denunciados en el año 2017, relacionado a que varios militantes del Partido Anticorrupción de Honduras, entre ellos los ciudadanos Walter Alex Banegas Aguilera y Rafael Virgilio Padilla Paz, participaron en cargos de elección popular en otros partidos políticos para las elecciones del 2017, los cuales ya fueron objeto de un proceso disciplinario ante el mismo Tribunal de Honor de PAC y sobre los mismos, ya que existe un pronunciamiento por el Tribunal Supremo Electoral, que mediante resolución No.11-2018 (F.403-407 tomo V), que declaró parcialmente con lugar la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones de la asamblea de la referida institución política en la que inicialmente se declaró la expulsión de los ciudadanos Walter Alex Banegas Aguilera y Rafael Virgilio Padilla Paz y otros miembros del PAC; en virtud de lo anterior, resulta infructuoso referirse al resto de los aspectos alegados por la amparista. Conforme lo antes expuesto, el Ministerio Público estima que la sentencia firme emitida por el Tribunal de Justicia Electoral no ha vulnerado los derechos constitucionales a los que la amparista hace referencia en su petición de Amparo. IV. OPINIÓN: Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de amparo, el Ministerio Público opina que NO SE OTORGUE, de acuerdo con las consideraciones que preceden.” (Folios 35-38 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que, en fecha 21 de abril de 2021, compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la apoderada judicial del Partido Anticorrupción de Honduras (P.A.C), solicitando amparo para su representada, pues a su juicio, la sentencia de fecha ocho de abril de 2021, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, vulnera el derecho a un debido proceso y dentro de este el derecho a la legalidad, el derecho a la defensa a ser Juzgado por el Juez Natural. CONSIDERANDO (3): Que como antecedentes a la presentación de esta acción constitucional se deben mencionar los siguientes: 1.- La Señora Clarissa Elizabeth Poveda, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras, en adelante (PAC), denunciando formalmente a 35 personas integrantes de ese partido político y dentro de este grupo específicamente a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, acusándolos de que en el proceso electoral del 26 de noviembre del año 2017, éstos participaron como candidatos a cargos de elección popular dentro de las fórmulas de otros partidos políticos distintos al PAC. 2.- El PAC, reunido en Asamblea de fecha 20 de abril de dos mil 2018, ratificó la expulsión de esa institución política a WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, expulsión determinada por primera vez en Asamblea anterior de fecha 19 de octubre de 2017. 3.- La expulsión antes referida, fue conocida por el Tribunal Supremo Electoral, quien emitió la resolución No. 11-2018 de fecha 06 de diciembre de 2019, mediante la cual decretó nulidad absoluta de lo actuado por la Asamblea del PAC, argumentando que las faltas impuestas no existían en sus estatutos al momento de la comisión de los hechos en el año 2017, estatutos que fueron reformados y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,935 de fecha 4 de mayo de 2019. 4.- El PAC, una vez con nuevos Estatutos, mismos que ahora si contienen las sanciones a las faltas supuestamente cometidas por WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ; conoció a través del Tribunal de Honor de esa institución política, los mismos hechos acaecidos en el año 2017, emitiendo la Resolución PAC-001-2019 de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), en la que resolvió expulsar a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ. 5.- La resolución administrativa dictada por el Tribunal de Honor PAC-001-2019 de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, fue recurrida ante el Consejo Nacional Electoral quien por Mayoría de votos, resolvió no ser competentes para conocer dicho asunto, mismo que fue remitido ante el Tribunal de Justicia Electoral, quien pronunció resolución en fecha 08 de abril de 2021 recaída en el expediente 0801-2020-00001, la que en su parte resolutiva dice: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR las solicitudes de Nulidad Absoluta de la Resolución PAC-001-2019 de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), en la que resolvió expulsar a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, en virtud que los procedimientos y faltas establecidas en los estatutos reformados en el año dos mil diecinueve (2019), no pueden ser aplicados de forma retroactiva al caso concreto y que está prohibido una doble imputación y un doble juzgamiento o investigación por los mismos hechos. SEGUNDO: ANULAR la resolución PAC-001-2019 de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC) en la que se resolvió expulsar a los señores WALTER ALEX BANEGAS AGUILAR y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ. TERCERO: Que se tenga por reconocida la militancia y pertenencia como miembros del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC) a los ciudadanos WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, con todas las garantías de sus derechos políticos. CUARTO: Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional. QUINTO: Que se comunique la presente sentencia al Consejo Nacional Electoral, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” CONSIDERANDO (4): Que, contra la decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral, la Abogada DORIS IMELDA MADRID, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que, en la acción constitucional de amparo, la recurrente sostiene que la sentencia de fecha 8 de abril de 2021, causa fundamentalmente el agravio siguiente: Violación al derecho constitucional establecido en el artículo 90 de la constitución de la República que contiene el derecho de defensa y de un justo y debido proceso garantizado a todos los habitantes del país, al señalar que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. Y lo desarrolla literalmente así: “De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por Ley. En ese sentido, La competencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL se encuentra contenido en el artículo 22 LEY ESPECIAL PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES ELECTORALES. ATRIBUCIONES. COMPETENCIAS Y PROHIBICIONES. De la simple lectura de dicho artículo no se desprende que sea competencia de ese Tribunal, el conocer en primera instancia, las impugnaciones contra las decisiones de los partidos políticos (artículo 16 numeral 2 letra h). Esta facultad es única y exclusiva del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, que en su artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la LEY ESPECIAL PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES ELECTORALES. Sus ATRIBUCIONES, señala que es competencia del Consejo Nacional Electoral, hacer cumplir la normativa en relación con la inclusión política [en los partidos políticos] y Conocer de las infracciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos previsto en Ley... De la simple lectura de este precepto queda claro que, al menos en primera instancia, no es facultad del TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, y conocer del asunto contenido en el expediente con orden de ingreso número TJE-0801-2020-0001, ya que este contiene la solicitud para que se declare la nulidad absoluta de la RESOLUCION PAC-001-2019, dictada por el Tribunal de Honor del PARTIDO ANTICORRUPCIÓN DE HONDURAS (PAC) de 25 de julio de 2019, presentada por el abogado WALTER ALEX BANEGAS AGUILERA y RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ. Resolución que a su vez impuso una sanción a una infracción administrativa a ambos sancionados.” CONSIDERANDO (6): Que, con relación a la violación al derecho a un debido proceso expuesto en el considerando cinco de esta sentencia, esta Sala de lo Constitucional estima y acepta en todas sus partes lo planteado por la recurrente, observando una flagrante vulneración al debido proceso, mismo que vendría a constituir parte fundamental del derecho de defensa y consecuentemente de un debido proceso plasmados en los artículos 82 y 90 constitucional. La Sala de lo Constitucional manifiesta que se ha vulnerado el derecho fundamental a la doble instancia, misma que consiste en una garantía indispensable en todo Estado Constitucional de Derecho, esencial en materia penal y también importante en todas las ramas del derecho, en este caso derecho administrativo; pues nos otorga la posibilidad de acudir ante el superior jerárquico del que ha resuelto, para que revise si la respuesta favorable o desfavorable, no solo esté dictada en observancia al principio de legalidad, sino que además en ella haya justicia. En esa misma línea, y siendo que Honduras es suscriptora de instrumentos internacionales y por mandato constitucional está obligada a cumplirlos ( artículos 15 y 16 CH), es menester tener siempre presente que en el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluyen el derecho fundamental a la doble instancia formando parte del derecho a que los procesos sean judiciales o administrativos, deben ser desarrollados observando el debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que, en materia electoral, la primera instancia para dirimir los conflictos electorales en esa vía administrativa la constituye el Consejo Nacional Electoral, legitimándolo para ello lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que, dicho sea de paso, es la ley especial por aplicar. En dicho ordenamiento legal se señala que es competencia del Consejo Nacional Electoral, hacer cumplir la normativa en relación con la “inclusión política” y al mismo tiempo conocer de las infracciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos previsto en Ley, por lo que determinar que el Tribunal de Justicia Electoral es el competente para conocer en primera instancia, es vulneratorio del debido proceso ya que lo dispuesto en la ley especial citada, (artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales) determina que sea el Consejo Nacional Electoral quien conozca del fondo del asunto planteado y posteriormente, en una segunda instancia sea el Tribunal Supremo Electoral que conozca del caso de mérito, competencias que se pronunciaran sobre la legalidad o no de aplicar la retroactividad de la ley a unos mismos hechos que ya fueron revisados y sancionados en la vía administrativa. CONSIDERANDO (8): Que, el artículo de la ley especial aplicable al caso manda como atribución del CNE hacer cumplir la normativa con “inclusión política”; en ese sentido, el término inclusión según la Real Academia Española (RAE), es lograr que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. Asimismo, define «político, política» según el Diccionario de la lengua española: 1. adj. Perteneciente o relativo a la doctrina política. CONSIDERANDO (9): Que, el génesis del presente caso trata de determinar la legalidad o no de la expulsión o exclusión de pertenecer al Partido Anti Corrupción PAC, es decir que trata específicamente de inclusión política que como quedó dicho, es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Así las cosas, al haberse determinado la vulneración al derecho de defensa, por desconocer su competencia el Consejo Nacional Electoral, de lo cual deviene la vulneración a la doble instancia y finalmente al debido proceso, esta sala estima que no es necesario pronunciarse sobre las otras partes de la resolución acusadas de vulnerar derechos fundamentales tales como habilitación de días y horas inhábiles o la no evacuación de medios de pruebas admitidos, que es lo que alega la recurrente, en tanto se ha estimado procedente amparar a la recurrente por traer al conocimiento de esta Sala una resolución de un Tribunal incompetente, sin haberse emitido resolución en primera instancia, pues son precisamente los temas a decidir en el fondo una vez que se ha ordenado el respeto al juez competente y sobre todo al principio derecho a una doble instancia, que, como quedó dicho es una manifestación del derecho de defensa a ser oído por un superior que revise lo actuado por el inferior, y será posteriormente que entra la competencia de la acción constitucional del amparo. CONSIDERANDO (10): Que, conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; y habiéndose acreditado la vulneración del derecho fundamental a la doble instancia, al derecho a la defensa y consecuentemente al debido proceso, es procedente otorgar el amparo interpuesto. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos a cumplir en una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho garantizado es decir el debido proceso, se OTORGA EL AMPARO INTERPUESTO y: 1.- REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Electoral de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, en virtud de ser patente su falta de competencia, pues debió conocer en segunda instancia la resolución que no dictó el Consejo Nacional Electoral, ello, como se dijo, en vulneración al debido proceso, lo anterior en aplicación del numeral segundo del artículo 22 numeral 2 literal a) de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que manda al Tribunal de Justicia Electoral, a resolver los recursos electorales en contra de actos y resoluciones que violente derechos políticos electorales de la ciudadanía. 2.- Que se devuelvan los antecedentes al Consejo Nacional Electoral a efecto de que se dé cumplimiento al artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, que manda a hacer cumplir la normativa en relación con la “inclusión política” y al mismo tiempo “conocer de las infracciones administrativas”, que es precisamente de lo que se alega ser la Resolución PAC 001-2019, de fecha veinticinco de Julio de 2019, emitida por el Tribunal de Honor del PAC. 3.- Que se garantice la doble instancia contemplada en el párrafo segundo del artículo 303 constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 184, 303 párrafo segundo, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, de la Constitución de la República; 8, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 16 numeral 2) incisos d) y h), 17, 22 numeral 2 literal a) todos de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, ; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón, a favor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), contra la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral, en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, con relación a la solicitud de nulidad absoluta de la resolución PAC-001-2019 dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Honor del Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), Y MANDA: 1.- Que se REVOQUE la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Electoral de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno; 2.- Que se devuelvan los antecedentes al Consejo Nacional Electoral a efecto de que se conozca en el fondo de la petición es decir de determinar la legalidad o no de la expulsión o exclusión de pertenecer al Partido Anti Corrupción PAC, cuya resolución deberá ser conocida nuevamente por el Tribunal de Justicia Electoral. 3.- Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-356-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL