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Sentencia AA-346-21 — Registro 14744

Resumen

Resolución que declaró con lugar recurso de revisión en relación a la solicitud de información presentada ante impetrante, exponiendo el peticionario que no proporcionaron la información solicitada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[2] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[3]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[4]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[5].-"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Abogado JESUS EDUARDO HAM ALVAREZ, actuando en su condición personal, contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Se ordena a la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible al recurrente la información siguiente…” –Folios 32v y 33f de la pieza de antecedentes del IAIP, lo subrayado es nuestro.- CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordena se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas por ley al Instituto de Acceso a la Información Pública.-CONSIDERANDO (12): Que, en los argumentos expuesto por el recurrente en Amparo, en atención a la vulneración del derecho al debido proceso, este invoca el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública[6] y sostiene que su representada no tenía dicha información. No obstante, a ello y como bien se indica en el Dictamen No. USL-168-2019[7], emitido por el jefe de la Unidad de Servicios Legales del IAIP, el artículo 28 del Decreto 404-2013 establece que “Los recursos materiales y financieros que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren a cargo de la Comisión Nacional de Energía serán traspasados a la Comisión Nacional Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la juramentación de los primeros comisionados de la Comisión.-Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)”.-CONSIDERANDO (13): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el debido proceso, derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito"

Legislación citada

  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 27, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JIMMY FRANCISCO AGUILAR LOPEZ a favor de la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), contra la resolución No.SO-171-2020, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de revisión interpuesto por el Abogado JESUS EDUARDO HAM ALVAREZ, contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE). Estima el recurrente que el acto reclamado inobserva la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la de la Constitución de la República, que prohíbe que nadie puede ser juzgado sino con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-ANTECEDENTES: 1) Que mediante la Plataforma del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), el Abogado JESUS EDUARDO HAM ALVAREZ interpuso recurso de revisión, en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve, ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en relación a la solicitud de información presentada ante la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), exponiendo el peticionario que no proporcionaron la información solicitada, alegando que los comisionados de la CREE entraron en funciones en el año dos mil quince (2015) para dar inicio formal a las actividades de la CREE y que por lo tanto lo solicitado fue remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el año dos mil catorce (2014) y no a la CREE, siendo una respuesta contraproducente a los que se esta solicitando, en vista que la CNE fue derogada mediante Decreto 404-2013 contentivo en la Ley General de la Industria Eléctrica para dar entrada a la CREE; señalando el peticionario de la información, lo que establece el artículo 28.A de la referida ley. (Folios del 01–09 de la pieza de antecedentes del IAIP).-2) Que seguido que fue el trámite correspondiente, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), dictó la Resolución No.SO-171-2020 mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Abogado JESUS EDUARDO HAM ALVAREZ, actuando en su condición personal, contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y 52 numeral 1 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Se ordena a la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible al recurrente la información siguiente: “copia del archivo digital en formato Excel siguiente: TAROT2014, mismo que tal como consta el Diario Oficial La Gaceta Numero 34,082 de fecha 11 de julio del 2016; fue aportado a la CNE por parte de la Compañía RECO (Roatán Electric Company) para proveer soporte al documento titulado “Propuestas de Tarifas del Servicio Eléctrico Periodo 2014-2019 con sus fórmulas de ajuste automático ++Roatán++septiembre del 2014” TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014…” (Folios del 31-33fv de la pieza de antecedentes del IAIP).-3) Que el Abogado JIMMY FRANCISCO AGUILAR LÓPEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo recurso de amparo a favor de la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), contra la Resolución No.SO-171-2020 de fecha treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de Amparo de mérito, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), pero al apreciarse que del escrito de interposición que el recurrente ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el tramite de la presente acción de Amparo, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios del 01–07 y 54 de los autos).-4) Que en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista”. Argumenta la Fiscal del Despacho que sobre el particular, esa representación fiscal advierte que el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha determinado la obligatoriedad de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, como una institución obligada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo cumplimiento fue inobservado por dicha Comisión, al no haber dado respuesta a la solicitud de información realizada por el señor Jesús Eduardo Ham Álvarez y que por ley (Decreto 404-2013) están obligados a mantener la información que se encontraba en poder del CNE, dentro de sus archivos. En virtud de ello el Ministerio Público considera que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho y en ella se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, pues el tramite se ha desarrollado ante la instancia correspondiente que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fundamento en derecho y de lo que resulto acreditado en autos. (Folios del 57–59 y 61 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha cuatro de julio del año dos mil diecinueve, fecha en la que el Abogado JESÚS EDUARDO HAM ÁLVAREZ, en su condición personal, mediante la Plataforma del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, al no habérsele proporcionado la información pública solicitada, en contra de la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE).-CONSIDERANDO (3): Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JIMMY FRANCISCO AGUILAR LÓPEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor de la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), contra la Resolución No.SO-171-2020 de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE); resolución que declara Con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Jesús Eduardo Ham Álvarez, contra la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de la garantía del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente sostiene que la resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)[1], en contra de la CREE y recurrida ante esta Corte se promueve con ocasión a la inobservancia de la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que prohíbe que nadie puede ser juzgado sino con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Resulta claro que resolución No. SO-171-2020, emitida en fecha 30 de octubre del año 2020 por el Instituto de Acceso de Información Pública, fue extendida en clara violación a la garantía constitucional antes apuntada, soslayando hechos acaecidos en la causa en cuestión y en inobservancia de la sana critica, imparcialidad y respeto al debido proceso. Dicha resolución afirma que no se dio respuesta a la solicitud de información solicitada por el Abogado Jesús Eduardo Ham Álvarez, misma que es totalmente falso, ya que tiene pruebas que su representada si entrego la documentación e información que estaba a su alcance. Continua el recurrente advirtiendo sobre que dicha resolución se apartó de un análisis en su conjunto de los documentos presentados ni la cronología del tiempo en que fueron entregados. Asimismo y citando de manera específica, violentaron los artículos 90 de la Constitución de la República sobre el debido proceso y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que en caso de inexistencia de la información solicitada, la institución le comunicara por escrito este hecho al solicitante; asimismo violentaron el artículo 21 de la ley en mención, en el cual su representada tenia un plazo de 10 días para entregar la información solicitada y como se mostró en la relación de hechos, se hizo conforme a ley, haciendo uso procesal oportuno de la facultad de prorrogar dicho plazo, mismo que lo reconoce la Ley y establece que el plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-171-2020 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Jesús Eduardo Ham Álvarez, contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), por la falta de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP) .- CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.-CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[2] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[3]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[4]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[5].-CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresion que no se observa, ya que mediante providencia de fecha 8 de julio del año 2019, el IAIP ordenó requerir al Ingeniero Gerardo Antonio Salgado Ochoa, en su condición de Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), a afecto que en el plazo de tres días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Jesús Eduardo Ham Álvarez, asimismo hiciera entrega de la información solicitada al recurrente; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrían las sanciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento que se realizó en fecha 11 de julio del año 2019. En fecha 12 de julio del año 2019, se recibió en IAIP el oficio No. CREE-158-2019, firmado por el Comisionado Presidente de la CREE y dando respuesta al requerimiento relacionado se responde en los siguientes términos (Sic) “R:/ En cuanto a la información solicitada, le informo que los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) fueron nombrados en el 2015 para dar inicio formal a las actividades de la CREE, por lo tanto, la información del archivo TAROT2014 fue remitida a la CNE y no a la CREE en el 2014. Considerando lo anterior y como parte de la actividad que le corresponde a CREE y que actualmente realiza, es fiscalizar que se cumplan los pliegos tarifarios que se le aprobaron a la empresa RECO.” –Folios del 9-11 de la pieza de antecedentes del IAIP- CONSIDERANDO (9): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. En ese orden de ideas, el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en cuanto a las infracciones administrativas en el numeral 1 la siguiente: “1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;…”.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Abogado JESUS EDUARDO HAM ALVAREZ, actuando en su condición personal, contra la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Se ordena a la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible al recurrente la información siguiente…” –Folios 32v y 33f de la pieza de antecedentes del IAIP, lo subrayado es nuestro.- CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordena se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas por ley al Instituto de Acceso a la Información Pública.-CONSIDERANDO (12): Que, en los argumentos expuesto por el recurrente en Amparo, en atención a la vulneración del derecho al debido proceso, este invoca el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública[6] y sostiene que su representada no tenía dicha información. No obstante, a ello y como bien se indica en el Dictamen No. USL-168-2019[7], emitido por el jefe de la Unidad de Servicios Legales del IAIP, el artículo 28 del Decreto 404-2013 establece que “Los recursos materiales y financieros que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren a cargo de la Comisión Nacional de Energía serán traspasados a la Comisión Nacional Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la juramentación de los primeros comisionados de la Comisión.-Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)”.-CONSIDERANDO (13): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el debido proceso, derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 8, 11, 21 y 27.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JIMMY FRANCISCO AGUILAR LÓPEZ, a favor de la COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE), contra la Resolución No.SO-171-2020 de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Órgano de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0346-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En Adelante IAIP.

[2] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

[3] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf

[4] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).

[5] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf

[6] ENTREGA Y USO DE LA INFORMACIÓN. La información pública deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en que se encuentre disponible. En caso de inexistencia de la información solicitada, se le comunicará por escrito este hecho al solicitante…

[7] Ver folios del 20-23 de la pieza de antecedentes del IAIP.