Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-292-20 — Registro 15249

Resumen

Se interpuso Recursos de Amparo, contra actuaciones de la Secretarías de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, de Salud y contra el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), relacionadas según las recurrentes: “…a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad nacional y global del Covid-19, lo cual afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras domésticas…”. Estimando las recurrentes que tal omisión de autoridad reclamada causa perjuicio a las personas trabajadoras agraviadas, en la vigencia y cumplimiento de los derechos positivados en los artículos 59, 65, 68, 128 numeral 6); 135, y 145 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, tales criterios denotan la inexistencia de discriminación injustificada hacia las trabajadoras domésticas solicitantes, en particular, y para el colectivo laboral en su conjunto; comprobándose de los informes emitidos por las autoridades concernidas, la existencia de planes y protocolos establecidos en atención a la Pandemia del Coronavirus “Covid – 19” para la población hondureña en general; portadores de recomendaciones generales emitidas por el Estado de Honduras para la prevención, contención y mitigación de la Pandemia del Coronavirus “Covid – 19”; en sujeción a las directrices sectoriales vertidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras. Asimismo, en coincidencia parcial a lo que establecen los escritos de amparo, reconocen las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social,[3] que si bien no existe un protocolo específico, los Centros de Trabajo deben aplicar y dar cumplimiento obligatorio al “Manual General de Bioseguridad para Centros de Trabajo”, emitido en el marco de la Pandemia COVID-19; información que fue compartida con las peticionarias y se encuentra disponible para la población en general en la página oficial de dicha Secretaria de Estado. Por lo tanto, corresponde dictar sentencia denegatoria a la presente acción constitucional de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por la señora Preferida Suyapa Martínez Amador, en su condición de Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH) a favor de las Trabajadoras Domésticas en Honduras. (Registros No.292-20 y 380-20), asimismo, por las señoras Gabriela Pineda Bustillo, María de la Cruz Bustillo López, Sandra Elizabeth Laínez Flores y Eda Marina Santos Luna, a favor de Sí Mismas, en sus condiciones de Trabajadoras Domésticas Remuneradas, todas, contra actuaciones de la Secretarías de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, de Salud y contra el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), relacionadas según las recurrentes: “…a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad nacional y global del Covid-19, lo cual afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras domésticas…”. Estimando las recurrentes que tal omisión de autoridad reclamada causa perjuicio a las personas trabajadoras agraviadas, en la vigencia y cumplimiento de los derechos positivados en los artículos 59, 65, 68, 128 numeral 6); 135, y 145 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fechas veintitrés de abril y veinte de mayo de dos mil veinte, respectivamente, mediante correo electrónico remitido al Secretario de la Sala de lo Constitucional, las señoras Preferida Suyapa Martínez Amador, en su condición de Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), Gabriela Pineda Bustillo, María de la Cruz Bustillo López, Sandra Elizabeth Laínez Flores y Eda Marina Santos Luna, en su condición de Trabajadoras Domésticas Remuneradas, interpusieron recurso de amparo a favor de las Trabajadoras Domésticas de Honduras y de Sí Mismas, respectivamente, contra actuaciones de la Secretarías de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, de Salud y contra el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), relacionadas según las recurrentes: “…a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad nacional y global del Covid-19, lo cual afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras domésticas…”. 2) En fecha tres de junio de dos mil veinte, esta Sala CONSIDERANDO: Que se aprecia de los escritos de interposición, que los recursos de mérito se dirigen contra las mismas actuaciones y se contraen a relacionar los mismos hechos, por lo que se resuelve acumular los recursos de amparos relacionados para efecto de mantener la unidad y continencia de la causa, y así producir una sola sentencia…. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE las ciudadanas PREFERIDA SUYAPA MARTINEZ AMADOR en su condición de Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH) (Registro No.292-20) y por GABRIELA PINEDA BYSTILLO, MARIA DE LA CRUZ BUSTILLO LOPEZ, SANDRA ELIZABETH LAINEZ FLORES y EDA MARINA SANTOS LUNA en sus condiciones de trabajadoras domésticas remuneradas, contra actuaciones de las SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD, ASIMISMO, CONTRA EL SISTEMA NACIONAL DE RIESGOS (SINAGER), por tener expeditos recursos o acciones legales en la vía Contenciosa Administrativa. (Folios 67-68 vuelto del recurso de amparo) 3) En fecha nueve de junio de dos mil veinte, mediante correo electrónico enviado al Receptor Adscrito de la Sala de lo Constitucional, la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, en su condición de representante procesal de las señoras Gabriela Pineda Bustillo, María de la Cruz Bustillo López, Sandra Elizabeth Laínez Flores, Eda Marina Santos Luna y Preferida Suyapa Martínez Amador, interpuso recurso de reposición contra la resolución de fecha tres de junio de dos mil veinte, que inadmite los recursos interpuestos, que han sido relacionados en los numerales anteriores. (Folios 71-75 del recurso de amparo) 4) En fecha treinta de julio de dos mil veinte, esta Sala, resolvió: PRIMERO: Tener por personada en legal y debida forma a la Abogada KENIA VELIZA CARDONA, en la condición en la que actúa; SEGUNDO: DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito, a favor de las señoras GABRIELA PINEDA BUSTILLO, MARÍA DE LA CRUZ BUSTILLO LÓPEZ, SANDRA ELIZABETH LAINEZ FLORES, EDA MARINA SANTOS LUNA y PREFERIDA SUYAPA MARTINEZ, contra la resolución dictada por esta Sala el tres de junio de dos mil veinte; TERCERO: ADMITIR el recurso de amparo interpuesto por las ciudadanas PREFERIDA SUYAPA MARTINEZ AMADOR en su condición de Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH) y por las señoras GABRIELA PINEDA BUSTILLO, MARÍA DE LA CRUZ BUSTILLO LÓPEZ, SANDRA ELIZABETH LAINEZ FLORES y EDA MARINA SANTOS LUNA, en sus condiciones de trabajadoras domésticas remuneradas de manera excepcional, contra actuaciones de las SECRETARÍAS DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD, asimismo, contra el SISTEMA NACIONAL DE RIESGOS (SINAGER), relacionadas según las recurrentes “…a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad para el desarrollo del trabajo doméstico en el contexto de la actual pandemia…”, en consecuencia, se ordena librar comunicación con las inserciones de estilo a las Secretarías de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, así como al Sistema Nacional de Riesgo (SINAGER), para que dentro del plazo de tres (3) días hábiles se remitan los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del acto reclamado… (Folios 77-79 del recurso de amparo) 5) En fechas siete, ocho de septiembre y once de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, se tuvieron por remitidos los informes emitidos por las autoridades recurridas. (Folios 89-245 del recurso de amparo) 6) En fecha uno de diciembre de dos mil veinte, Remitidos y analizados que fueron los antecedentes en el presente recurso de mérito, se dispuso continuar con la substanciación del mismo, concediéndose vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a la recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 247 del recurso de amparo) 7) En fecha once de enero de dos mil veintiuno, vista la manifestación hecha por la Abogada Kenia Veliza Oliva Cardona, asimismo, revisadas que han sido las actuaciones contenidas en el recurso de ampro de mérito; desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedidos para formalizar su acción venció el día nueve de diciembre de dos mil veinte, siendo las tres con doce minutos de la tarde, en consecuencia, se dispuso: 1°…2°Declarar caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, sin embargo, se aprecia que del escrito de interposición de la acción, que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual se procedió con el trámite de la presente acción, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 290 del recurso de amparo) 8) Esta Sala en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: De lo expuesto, esta Representación Fiscal es del parecer que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas la atención de la salud, con el establecimiento de políticas para la prestación del servicio y el ejercicio de una vigilancia y control de las mismas; si bien los recurrentes denuncian varias omisiones por parte de los entes recurridos que ponen en precario el trabajo, la salud y, la vida de las empleadas domésticas, se advierte de los autos que dichas omisiones no han sido acreditadas por los recurrentes en autos, circunstancia que dificulta a esta Representación Fiscal poder determinar que dichas omisiones constituyen una vulneración directa al derecho al trabajo, a la salud, la igualdad y sobre todo al derecho fundamental a la vida de las trabajadoras domésticas. Las recurrentes demandan de un protocolo de bioseguridad para las trabajadoras domésticas, sin embargo de los autos se desprende que los protocolos y manuales relacionados con la bioseguridad que fueron aprobados se realizaron para ser implementados en centros de trabajo con grandes concentraciones de personas, es decir, se consideraron las condiciones propias del trabajo; no obstante lo anterior existe el Manual de Equipos de Protección Personal (EPP) para dar respuesta ante el nuevo COVID-19, siendo este de carácter general, es decir, para toda la población hondureña, en el que se incluye las trabajadoras domésticas, y en el cual se indica las recomendaciones de protección personal en el contexto de salud COVID-19, a seguir tanto por el personal de salud y personal en general. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales del debido proceso y principio de legalidad, a las que la recurrente hace referencia en su petición de amparo. IV.-OPINIÓN: Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE por no concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por la amparista. (Folios 293-299 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, acorde la interposición de escritos de garantía constitucional, por parte de las ciudadanas peticionarias, señora Preferida Suyapa Martínez Amador, en su condición de Coordinadora General del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), a favor de las Trabajadoras Domésticas en Honduras. (Registros No.292-20 y 380-20). Asimismo, por las señoras Gabriela Pineda Bustillo, María de la Cruz Bustillo López, Sandra Elizabeth Laínez Flores y Eda Marina Santos Luna, a favor de Sí Mismas, en su condición de Trabajadoras Domésticas Remuneradas; se conoce en vías de Amparo la omisión de actuaciones de las Secretarías de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, de Salud y del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), inclusive, relacionadas según las recurrentes: “… a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad nacional y global del Covid-19, lo cual afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras domésticas…”: en infracción a las garantías constitucionales establecidas en los artículos 59, 65, 68, 128 numeral 6); 135, y 145 de la Constitución de la República; y convencionales, establecidas en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con relación al trabajo doméstico; inter alia. CONSIDERANDO (4): Que, en argumentación del planteamiento garantista interpuesto en las acciones constitucionales de amparo, ha operado tal lesión a su derecho fundamental al colectivo del trabajo doméstico, relacionando que alrededor de 139 mil mujeres están realizando trabajo doméstico en la modalidad externa e interna, sin contar con los insumos de bioseguridad necesarios; sujetas al aumento de jornada laboral con el mismo goce de salario, sin derecho a descanso y en exposición al acoso sexual y machista en hogares de terceros; no habiendo podido acompañar a sus familias¸ Asimismo, apreciándose una agudización de los despidos, de la discriminación, la retención de pagos y suspensión temporal, en fin, en condiciones de explotación laboral al obligarlas a presentarse a sus trabajos, exponiéndolas a la violencia generalizada que caracteriza al Estado de Honduras. Observan también las amparistas que el Estado generó un amplio número de medidas de prevención, contención y mitigación en el marco de la Pandemia del Coronavirus Covid – 19, entre ellas varias relacionadas con la realización del trabajo en el sector público y privado; viéndose en todas esas actuaciones, invisibilizado el sector del trabajo doméstico, desde el primer comunicado emitido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), de fecha 14 de marzo de 2020, y subsiguientes Decretos Ejecutivos (PCM-019-2020), en adelante; los cuales dispusieron un Protocolo de Higiene y Seguridad de Prevención del COVID-19, entre otras medidas garantes para los trabajadores; como es el “Manual General de Bioseguridad por motivo de Pandemia COVID-19 para Centros de Trabajo”, emitido por la Secretaria en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 12 de abril de 2020; observándose que no se ha elaborado, ni está en construcción, un protocolo de seguridad para las trabajadoras domésticas, no habiéndose incluido, siquiera, en la lista de protocolos a generar. CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, han señalado las garantistas que tal falta de elaboración y aprobación de un protocolo de seguridad para el desarrollo del trabajo doméstico, en el contexto de la actual Pandemia, por parte de las autoridades recurridas afecta gravemente la prevención y contención de la Pandemia en relación con las trabajadoras domésticas y sus empleadores; por lo cual, habiéndosele conculcado las garantías constitucionales a la salud, al trabajo digno y a la igualdad, procede el otorgamiento del presente amparo de conformidad a los artículos 41, 42 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en reconocimiento la acción de amparo puede presentarse en contra de acciones u omisiones que perjudican, o puedan perjudicar al afectado, o a quien tenga conocimiento; estando la autoridad pública obligada a proteger la salud de los trabajadores por designio del artículo 128 numeral 6) de la Constitución de la República, teniendo por nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, restricción o tergiversación de las garantías sociales, aun de amenazas, si estas inciden en grave perturbación al derecho de la salud y, consiguientemente, al de la vida; ambos tutelados legal, convencional y constitucionalmente. Finalmente, motivan la procedencia del amparo, en su modalidad colectiva “para proteger a todas las personas que realizan trabajo doméstico”, según la jurisprudencia que dimana de la propia Sala de lo Constitucional, conforme a su pronunciamiento en el amparo colectivo AA 587=2013, sentencia recaída en fecha 01 de abril de 2014, Numeral Tercero, la cual cita, inter alia. Solicitando, en definitiva, se resuelva conforme, reconociendo su legitimación constitucional para interponer acciones constitucionales a favor de la promoción y preservación del derecho a la salud individual y colectiva; peticionando que se ordene a la autoridad recurrida realice dentro del término de Ley un informe sucinto sobre la implementación de un protocolo de bioseguridad para las trabajadoras domésticas; en determinación de la conducta a cumplir por las autoridades recurridas, con las especificaciones para su debida ejecución. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que, de conformidad a los antecedentes y acorde a lo solicitado, se reconoce por parte de la Sala la legitimación constitucional del colectivo peticionario para interponer las acciones constitucionales que resulten conducentes al derecho a la protección de la salud.[1] En cuanto a lo peticionado para que se ordenare a la autoridad recurrida la realización, dentro del término de Ley, de un informe sucinto sobre la implementación de un protocolo de bioseguridad para las trabajadoras domésticas, éste se cumplimentó en legal y debida forma; no encontrándose mérito según el dictamen fiscal,[2] para el otorgamiento de la garantía constitucional impetrada. Lo anterior, tomando en consideración que tales omisiones no fueron acreditadas en autos por las recurrentes, desestimándose exista desigualdad material en el tratamiento protocolario de bioseguridad para las trabajadoras domésticas, en el marco de las medidas de prevención, contención y mitigación adoptadas por el Estado de Honduras en contra la propagación de la Pandemia del Coronavirus “Covid – 19”. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, tales criterios denotan la inexistencia de discriminación injustificada hacia las trabajadoras domésticas solicitantes, en particular, y para el colectivo laboral en su conjunto; comprobándose de los informes emitidos por las autoridades concernidas, la existencia de planes y protocolos establecidos en atención a la Pandemia del Coronavirus “Covid – 19” para la población hondureña en general; portadores de recomendaciones generales emitidas por el Estado de Honduras para la prevención, contención y mitigación de la Pandemia del Coronavirus “Covid – 19”; en sujeción a las directrices sectoriales vertidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras. Asimismo, en coincidencia parcial a lo que establecen los escritos de amparo, reconocen las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social,[3] que si bien no existe un protocolo específico, los Centros de Trabajo deben aplicar y dar cumplimiento obligatorio al “Manual General de Bioseguridad para Centros de Trabajo”, emitido en el marco de la Pandemia COVID-19; información que fue compartida con las peticionarias y se encuentra disponible para la población en general en la página oficial de dicha Secretaria de Estado. Por lo tanto, corresponde dictar sentencia denegatoria a la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 65, 80, 128 numeral 6), 135, 145, 183 numeral 1), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: 1) Que con certificación de esta sentencia se proceda a hacer del conocimiento de las garantistas el presente fallo, y; 2) Que firme que sea el presente fallo se proceda al archivo de las diligencias en la Secretaría de la Sala. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-292, 293 y 380-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver lo establecido en el artículo 145, párrafo primero, de la Constitución de la República.

[2] Relacionado in extenso en el Antecedente 8) de la presente sentencia.

[3] Ver el Oficio No. SG-STSS-062-2020 emitido por la Secretaría General, en fecha 02 de noviembre de 2020, a folio 205 frente de la foliada.