Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-246-22 — Registro 14772

Resumen

Supuestos Decretos Legislativos aprobados por la minoría de Diputados propietarios del Congreso Nacional y la Sanción y Promulgación por el Poder Ejecutivo de dichos Decretos mediante actos de fuerza y violencia política por la minoría de diputados propietarios y publicados en el Diario Oficial La Gaceta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por el recurrente...es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos…Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[1], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende el recurrente (no obstante, no ostentar esta condición), de accionar en contra de la vulneración a los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado..."..."es preciso indicar al recurrente, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República..."..."en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por el recurrente, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos..."..."de lo anteriormente expuesto en lo atinente a la acción de mérito, se advierte la falta de legitimación del recurrente como de la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD), para actuar en favor de la población del Estado de Honduras, siendo procedente declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada en esta condición..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso si bien expuso los motivos por los que interpone la acción de mérito, también lo es que no planteo el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado, contraviniendo así el peticionario las normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no fue posible determinar la vulneración a los derechos que ha indicado el recurrente..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales alegados, y no obstante el quejoso ha invocado como violados derechos específicos por el acto que impugna, no obstante, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se inadmitirá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos por no reunirse los presupuestos establecidos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de febrero del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARLON OSMIN DONAIRE COELLO, a favor de SI MISMO, la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD), y la POBLACIÓN HONDUREÑA EN GENERAL, en contra de los DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en relación a la aprobación de supuestos DECRETOS LEGISLATIVOS POR UNA MINORÍA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL y la SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL PODER EJECUTIVO DE SUPUESTOS DECRETOS LEGISLATIVOS APROBADOS MEDIANTE ACTOS DE FUERZA Y VIOLENCIA POLÍTICA POR LA MINORÍA DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DEL CONGRESO NACIONAL, y que fueron publicados en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintidós, en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,840. CONSIDERANDO: Que la Sala, observa que el recurrente, interpone el presente recurso de Amparo actuando a favor de SI MISMO y a favor de la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD) y la POBLACIÓN HONDUREÑA EN GENERAL. CONSIDERANDO: Que según se desprende de la propia exposición del recurrente, que el amparo se interpone contra la aprobación de supuestos DECRETOS LEGISLATIVOS POR UNA MINORÍA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL y la SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL PODER EJECUTIVO DE SUPUESTOS DECRETOS LEGISLATIVOS APROBADOS MEDIANTE ACTOS DE FUERZA Y VIOLENCIA POLÍTICA POR LA MINORÍA DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DEL CONGRESO NACIONAL, y que fueron publicados en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintidós, en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,840. CONSIDERANDO (05): Que en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por el recurrente, para actuar en favor de: 1. la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD) que según señala el mismo reclamante tiene por objetivo la defensa de los derechos humanos y las libertades económicas de la población; y 2. la POBLACIÓN HONDUREÑA EN GENERAL, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, el artículo 59, establece en el primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual, y al ser este un principio fundamental, que legitima al recurrente para acudir ante esta Sala, el quejoso en su recurso debe exponer que el hecho/acto cuyo amparo pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República a sus derechos individuales. En este sentido, es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[1], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende el recurrente (no obstante, no ostentar esta condición), de accionar en contra de la vulneración a los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. De manera que, la intención de un particular requiere dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, a diferencia de las funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad. CONSIDERANDO: Asimismo, es preciso indicar al recurrente, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por el recurrente, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos. CONSIDERANDO: Que sobre esta temática la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO: Que de lo anteriormente expuesto en lo atinente a la acción de mérito, se advierte la falta de legitimación del recurrente como de la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD), para actuar en favor de la población del Estado de Honduras, siendo procedente declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada en esta condición. CONSIDERANDO: Que la doctrina Constitucional establece que la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiesen tener los recurrentes de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución o acto que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que el quejoso si bien expuso los motivos por los que interpone la acción de mérito, también lo es que no planteo el perjuicio que le ocasiona el acto reclamado, contraviniendo así el peticionario las normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no fue posible determinar la vulneración a los derechos que ha indicado el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales alegados, y no obstante el quejoso ha invocado como violados derechos específicos por el acto que impugna, no obstante, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se inadmitirá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos por no reunirse los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado MARLON OSMIN DONAIRE COELLO, a favor de SI MISMO, la FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD ECONÓMICA (ONGD), y la POBLACIÓN HONDUREÑA EN GENERAL, en contra de los DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en relación a la aprobación de supuestos DECRETOS LEGISLATIVOS POR UNA MINORÍA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL y la SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL PODER EJECUTIVO DE SUPUESTOS DECRETOS LEGISLATIVOS APROBADOS MEDIANTE ACTOS DE FUERZA Y VIOLENCIA POLÍTICA POR LA MINORÍA DE DIPUTADOS PROPIETARIOS DEL CONGRESO NACIONAL, y que fueron publicados en fecha cuatro de febrero del año dos mil veintidós, en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,840, al apreciarse deficiencias en la redacción no pudiendo determinarse los datos esenciales previstos en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al advertirse la falta de legitimación del recurrente; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-246-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. sentencia de fecha siete de mayo del dos mil tres, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad No. 2895=02.

[2] Vid. entre otras, fallos recaídos en acciones de inconstitucionalidad interpuestas vía acción por el Ministerio Público Nos. RI20-99, RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08 Y RI41-09 entre otras y AA 149=12, ap159=12 entre otros.

[3] STC 274/2000/2 y articulo 59 de la Constitución Hondureña.