Sentencia AA-229-20 — Registro 15858
Resumen
Recurso de amparo interpuesto a favor de impetrantes, de todos los habitantes del estado de honduras y todo el personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel nacional, contra actuaciones del Presidente De La República De Honduras, La Secretaria De Estado En El Despacho De Salud (SESAL) y La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)relacionadas, según los recurrentes, a la falta de insumos para el manejo de la crisis sanitaria decretada en el PCM-005-2020
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."XXII. La Sala observa que el informe emitido por la Presidencia de la República se limitó a señalar los decretos ministeriales que fueron aprobados para enfrentar la pandemia, así como el presupuesto asignado para tal fin. No obstante, este informe resultó oportuno para establecer la respuesta del Poder Ejecutivo frente a la crisis sanitaria, así como la asignación de los recursos para tal fin, los que serían manejados por el Comité Nacional de Contingencias (COPECO). -Al respecto, la Sala estima que el manejo de una emergencia sanitaria de tan alto impacto debió serle delegada primordialmente a la Secretaría de Salud, atendiendo a la naturaleza estrictamente sanitaria de una pandemia, la cual supone la extensa y prolongada propagación geográfica de una enfermedad infecciosa, campos que claramente le competen fundamentalmente a máxima autoridad sanitaria del país.- Así también, se considera que debió verificarse con mayor diligencia la correcta administración y manejo del presupuesto asignado a las distintas instituciones para la previsión y dotación de servicios médicos y la adquisición del equipamiento, insumos y material de protección en torno a la pandemia del Covid19, no obstante, este es una cuestión que se disgrega del ámbito de aplicación de la presente acción de amparo, puesto que si bien la correcta administración del presupuesto designado para la atención a la pandemia constituye un aspecto esencial en torno al adecuado y eficiente uso de los recursos nacionales para tal propósito, este no constituye en sí un acto cuyo cumplimiento sea reclamado expresamente por los impetrantes, siendo además que esta es una tarea que le compete a los órganos contralores del Estado, principalmente al Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, al cual por disposición constitucional le compete la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, entre otros.- XXIII.- En virtud las anteriores consideraciones, analizados que han sido los antecedentes, las alegaciones de los recurrentes, los informes de las entidades del Estado que han sido denunciadas en el presente recurso, así como la prueba allegada al trámite, esta Sala de lo Constitucional puede concluir: 1) Que, si bien las autoridades denunciadas llevaron a cabo esfuerzos importantes y medidas oportunas y necesarias para hacer frente a la pandemia provocada por el virus Covid19, estas no han sido suficientes; 2) Que no ha existió la debida planificación para dotar y abastecer en forma periódica y eficiente a los hospitales y centros de salud del país con los insumos, equipo médico e implementos de bioseguridad que el personal de salud requiere y ha requerido para atender debidamente a los pacientes que asisten a dichos centros sean o no afectados por el virus COVID-19; 3) Que los principales hospitales públicos del país, debido a sus deficientes condiciones de funcionamiento, no tuvieron la capacidad para dar atención médica inmediata y oportuna a sus pacientes, y tampoco lograron brindar servicios de salud apropiados y de calidad a la población del país; 4) Todas estas situaciones causaron un deterioro gradual y sistemático del derecho fundamental a la salud y a la vida tanto de las personas en cuyo favor se ha promovido la presente acción constitucional de amparo, como de las personas que acuden a la red hospitalaria nacional en busca de una asistencia médica.- XXIV. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y relacionado, esta Sala, de acuerdo con el parecer del Ministerio Público, estima el OTORGAMIENTO PARCIAL de la garantía de amparo invocada por los recurrentes, por lo que las actuales autoridades que conforman el Poder Ejecutivo, la Secretaría en el Despacho de Salud y el Comité Nacional de Contingencias (COPECO), deberán continuar tomando todas las medidas y acciones que sean necesarias para asegurar, proteger y garantizar de manera efectiva el goce del derecho a la salud a todos los habitantes del país y en especial al personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel nacional, tal y como fue ordenado ya por esta Sala en la sentencia que fue dictada en los recursos de amparo acumulados 222-227, 253, 255, 267 y 277-2020, y que son las siguientes: 1.Mejorar las condiciones de funcionamiento e infraestructura de la red de hospitales a nivel nacional; 2. Gestionar la disponibilidad d periódica y la optimización de los insumos y equipo de bioseguridad necesarios para el personal sanitario de los hospitales y centros de salud; 3.Mejorar los espacios para atención diferenciada de pacientes por afección del COVID-19 y otras enfermedades; 4.Crear espacio para la higiene corporal de todo el personal de salud con el fin de hacerse una limpieza antes de abandonar el centro asistencial y evitar el contagio para terceras personas; 5. Aplicar estrictamente los Protocolos acordados por la Organización Mundial de la Salud; 6.- Revisar con miras a mejorar la práctica para el manejo de cadáveres, en el acto del levantamiento de los cuerpos (de forma oportuna y con las medidas necesarias), entrega del cuerpo (de forma pronta, segura y en condiciones dignas) y posterior sepultura en condiciones dignas; 7.- Revisar la práctica sobre el traslado de una persona afectada por COVID 19 de un centro hospitalario a otro, incluyendo el transporte en ambulancias; 8. Mejorar el laboratorio de virología y la respuesta laboratorial para dar a conocer los resultados de manera inmediata al personal médico tratante de pacientes afectados con la finalidad de adoptar las medidas de prevención que el caso exija, incluyendo los mecanismos de aislamiento y cuarentena requeridos para poder contrarrestar los graves efectos de esta pandemia; 9. Proteger a las mujeres en estado de gestación que laboran en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal sanitario que presenta comorbilidades, así como a aquellas personas con rango de edad entre 50 y 60 años, mediante permisos u otras medidas, sin que se comprometa sus derechos laborales, así como cualquier otra que resulte idónea; 10. Revisar todas áreas, unidades o departamento de los centros hospitalarios habilitados para la atención y tratamiento de pacientes por COVID 19 para crear las condiciones de abordaje por COVID 19 y de bioseguridad para todo el personal; 11. Habilitar un mayor número de camas para pacientes por COVID 19 y demás pacientes hospitalarios; 12. Acondicionar áreas efectivas para dar asistencia a pacientes que ya están en estado crítico y aquellos que próximamente presentarán la misma condición; 13. Adoptar medidas para que los centros de salud cuenten con lo necesario para diagnóstico del COVID19, incluyendo el triaje para una buena gestión del riesgo clínico y manejar adecuadamente los flujos de pacientes, de conformidad a los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La señora JENSY JAZMÍN TURCIOS RÍOS, registrado bajo en número de expediente no. SCO-0229-2020; 2) El señor IVANS ARIEL ANDRADE ANDINO, registrado bajo en número de expediente no. SCO-0232-2020; 3) La señora GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRÍGUEZ, registrada bajo en número de expediente no. SCO-0241-2020, y; 4) El señor SAUL HERIBERTO BUESO LICONA, registrado bajo en número de expediente no. SCO-0250-2020; todos, actuando a favor de SÍ MISMOS, DE TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE HONDURAS Y TODO EL PERSONAL SANITARIO DE LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, contra actuaciones del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL) Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO); relacionadas, según los recurrentes, a la falta de insumos para el manejo de la crisis sanitaria decretada en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” no. 35,171, de fecha diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020). Estimando los recurrentes, que con el acto reclamado se han violentado, los derechos consignados en los artículos 59, 63-65, 67, 80, 82, 90, 145, 303-305, 313 y 321-327 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo San Salvador). ANTECEDENTES: 1) Que en fechas: A) Diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), interpusieron mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, las señoras ODUEMI YESELI IRIAS RAMOS, JENSY JAZMÍN TURCIOS RÍOS y DILCIA LORENA VÁSQUEZ NÁJERA, los recursos de Amparo que quedaron registrados bajo los no. SCO-0228, 0229 y 0230-2020; B) Once (11) de abril de dos mil veinte (2020), interpusieron mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, los señores ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ y IVANS ARIEL ANDRADE ANDINO, los recursos de Amparo que quedaron registrados bajo los no. SCO-0231 y 0232-2020; C) Trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), interpusieron mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, los señores DONNY RAMÓN REYES VELÁSQUEZ y GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRÍGUEZ, los recursos de Amparo que quedaron registrados bajo los no. SCO-0240 y 0241-2020, y; D) Catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), interpuso mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, el señor SAUL HERIBERTO BUESO LICONA, el recurso de Amparo que quedó registrado bajo el no. SCO-0250-2020; todos a favor de SI MISMOS, DE TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE HONDURAS Y TODO EL PERSONAL SANITARIO DE LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, contra la contra actuaciones del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL) Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO); consistentes, según los recurrentes, en la falta de insumos para el manejo de la crisis sanitaria decretada en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” no. 35,171, de fecha diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020). Estimando los recurrentes, que con el acto reclamado se han violentado, los derechos consignados en los artículos 59, 63-65, 67, 80, 82, 90, 145, 303-305, 313 y 321-327 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, sociales y Culturales (Protocolo San Salvador). (Folios 1–112 del presente Recurso).-2) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1. Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa se resuelve acumular los amparos descritos, por lo que se deberá producir una sola sentencia; 2. Previo a su admisión, conceder el plazo de tres (03) días hábiles a los recurrentes, para que corrijan su demanda, ajustando la misma a los requisitos establecidos en el artículo 49 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la firma o huella digital si no sabe leer o escribir el recurrente(s) o agraviado(s), y en su caso, firma del representante o apoderado legal.” (Folios 113 y 113v del presente Recurso).-3) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), continuando con el proceso legal correspondiente, este alto Tribunal Resolvió: (SIC) “1. ADMITIR los recursos de amparo interpuestos por los ciudadanos JENSY JAZMÍN TURCIOS RÍOS (Reg. No. 229-20), IVANS ARIEL ANDRADE ANDINO (Reg. No. 232-20), GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRÍGUEZ (Reg. No. 241-20), y SAUL HERIBERTO BUESO LICONA (Reg. No. 250-20). Se admite de manera excepcional en virtud de que su interposición no cumple el requisito establecido en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de cuya lectura se entiende que la presentación de la Acción de Amparo es por escrito y de manera física, debido a que por el estado de excepción decretada se encuentra restringido el derecho a la libre circulación. 2. Se omite el libramiento de comunicación en virtud de obrar en los expedientes SCO-0222 al 226, 227, 253, 255, 267 y 277-2020 en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional los informes circunstanciados del acto reclamado, remitidos tanto por la Presidencia de la República, la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Haciéndose la observación a los referidos órganos de la Administración Pública que el envío de los antecedentes o informes solicitados no obsta para que tales funcionarios continúen su gestión pertinente; y Previo a pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, la Sala de lo Constitucional revisará los informes remitidos, para establecer de forma concreta, de qué manera las medidas pretendidas se enmarcan dentro de las causales presupuestadas en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Dese cuenta del presente auto a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público para el debido cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Se autoriza de ser posible, que todas las actuaciones se realicen por medios electrónicos u otro medio oportuno que puede ser verificable, para garantizar el aislamiento necesario y disminuir los riesgos de contagio. 3. DECLARAR INADMISIBLE los recursos de amparo interpuestos por los ciudadanos ODUEMI YESELI IRIAS RAMOS (Reg. No. 228-20), DILCIA LORENA VÁSQUEZ NÁJERA (Reg. No. 230-20), ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRÍGUEZ (Reg. No. 231-20), DONNY RAMON REYES VELÁSQUEZ (Reg. No. 240-20) relacionadas según los recurrentes a la falta de insumos médicos y de bioseguridad para el manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35171 el diez de marzo de dos mil veinte en el marco de la emergencia por el COVID-19, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución.” (Folios 174-175v del presente Recurso).-4) Que en fecha treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020), la Sala tiene por vistos los antecedentes de los recursos de mérito, y conceden vista a los recurrentes por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los recurrentes JENSY JAZMÍN TURCIOS RÍOS (Reg. No. 229-20), IVANS ARIEL ANDRADE ANDINO (Reg. No. 232-20), GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRÍGUEZ (Reg. No. 241-20), y SAUL HERIBERTO BUESO LICONA (Reg. No. 250-2020), para que formalizaran su petición por escrito. (Folio 180 del presente Recurso).-5) Que en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por recibido el escrito de formalización, presentado vía correo electrónico por el abogado SAUL HERIBRANDO BUESO LICONA, pero revisado que han sido las actuaciones, la Sala dio por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse, que de los escritos de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso. (Folio 195 del presente Recurso).-6) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Sala agregó los informes relacionados en el numeral 3 de los antecedentes, debido a que su ausencia, provocó que el Fiscal del Ministerio Público (MP), se abstuviera de emitir su dictamen. Por lo tanto, se puede observar: A) Que, en el informe solicitado a la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, se establece: “Lo anterior nos muestra que el presupuesto de la Secretaria de Salud ha obtenido aumentos, pero los mismos no corresponden a la emergencia COVID-19, por lo que ha hecho uso de su propio presupuesto para compra de insumos a través del FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE. … Honduras al igual que otros países continuará su preparación con las capacidades existentes y manteniendo un alto nivel de frecuencia, transparencia y volumen de comunicación con las instancias que corresponden para definir las acciones en cumplimiento a lo que el Reglamento Sanitario Internacional establece, por lo que es necesario superar todos los obstáculos que ahora enfrentamos. Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de la sociedad entre sí y para la paz a nivel nacional. No dudamos que la actual situación por la presencia de Coronavirus pone a prueba los sistemas de salud de países como el nuestro, y los gobiernos deben actuar haciendo uso de los mecanismos de respuesta disponibles y ante todo fortalecer las instancias de coordinación a nivel de gobierno y con las instancias de sociedad civil y empresa privada. Que ante la situación antes descrita y debido a la Situación mundial de la Pandemia de Coronavirus, la situación dentro de la provisión de servicios se agudiza aún más, pero a pesar de ello las autoridades de la Secretaria de Salud, han realizado acciones estratégicas para afrontar la actual crisis. … Con lo anterior se puede apreciar que las acciones realizadas por la Secretaría de Salud, dentro de las limitaciones que han sido apuntadas, han sido orientadas a generar el escenario más propicio para poder combatir las consecuencias de la pandemia y que ninguna de las acciones o decisiones tomadas por esta Institución pueden ser calificadas como ofensivas al derecho a la Vida, así como tampoco se puede sugerir una inactividad por parte de la institución, al contrario, cada decisión, que por si anula cualquier argumento que sugiera una inacción, tiene la finalidad de proteger el Derecho a la Vida del personal Sanitario y a la población en general. … Las acciones constitucionales aluden a sucesos acaecidos el 11 de marzo del presente año (solicitud realizada por la Asociación de Médicos Residentes de equipos de bioseguridad), solicitud que, como ya se señaló, ha sido satisfecha a través del Fideicomiso, quien realizó la compra y entrega de los implementos de bioseguridad, … Todas las acciones realizadas no permiten de manera lógica el señalamiento de un comportamiento omisivo de las instituciones del Estado, ya que se han generados las políticas de manera integral y se han entregado insumos para hacer frente a la pandemia, así como la realización de las correspondientes capacitaciones, todo dentro de la medida de nuestras posibilidades, todo esto bajo los principios señalados por los recurrente como ser la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la buena calidad. En ningún momento las acciones realizadas por la Secretaria ha puesto en peligro el derecho a la vida o a la salud de nuestro personal o la población, al contrario, han pretendido defenderla, y en cuanto a la vulneración al derecho al trabajo este le ha sido garantizado a cada uno de los trabajadores de la salud, desarrollando la Secretaria políticas laborales tendientes a darles de condiciones de bioseguridad adecuadas que garanticen el desarrollo de las actividades encomendadas dentro de legalidad, higiene y salubridad. Garantizando así la Secretaria de Salud como rector en dicho campo de los derechos fundamentales como ser el derecho a la salud, vida y Trabajo.” B) Que en el informe solicitado a la SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, se establece: “RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS E IMPLEMENTADAS: a. Análisis e identificación los recursos dentro del Fideicomiso de reducción de la pobreza, FINA 2 y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2020, en todas sus fuentes de financiamiento, …, para garantizar el fortalecimiento de la provisión de servicios con el recurso humano, equipamiento médico, adquisición de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder ante la emergencia del dengue y esta nueva enfermedad, coronavirus (2019-nCoV).- b. Autorizar a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a utilizar de su partida presupuestaria lo que sea necesario para poder hacerle frente a este ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, declarado en el presente Decreto; garantizando su manejo de manera transparente y con veeduría social. Asimismo, la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, junto con la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, deben gestionar, la obtención de recursos financieros, servicios y bienes materiales en calidad de donación destinados a cubrir todo o parte de la actual emergencia, ante las Agencias Internacionales de Cooperación y Gobiernos amigos. c. Iniciativas de ley para la exoneración del pago de Impuesto Sobre Ventas e “Impuesto Producción y Consumo”. d. en la compra local e importaciones de materias primas, insumos, material de empaque y envases necesarios para la fabricación de productos sanitizantes y medicamentos para atender la emergencia sanitaria y combatir los efectos del probable riesgo de infección por CORONAVIRUS. e. Exoneración del pago de toda clase de tributos en las compras locales e importaciones de bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria y combatir los efectos del probable riesgo de infección por Coronavirus para La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y el Comité Permanente de Contingencia (COPECO). f. Autorización a las zonas libres a vender el cien por ciento (100%), libre de impuestos de su producción dentro del territorio nacional, el equipo médico para el tratamiento de esta pandemia, siempre que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria en el marco de este Decreto Legislativo. Asimismo, incrementar el equipamiento médico debiendo hacerse en una forma expedita g. Suspensión de clases en todo el territorio nacional, en el Sistema Educativo Gubernamental y No Gubernamental, incluyendo los niveles de: Educación Prebásica, básica y media, por un plazo de catorce (14) días, los cuales deben ser efectivos a partir del trece (13) de marzo del presente año, a efecto de prevenir contagios o riesgo de infección por Coronavirus. h. Cancelación de todo evento y espectáculo público, por un periodo de catorce (14) días, para la prevención de la propagación de este virus. i. Iniciativa de LEY ESPECIAL DE ACELERACIÓN ECONÓMICA Y PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LOS EFECTOS LA ATENCIÓN QUE RECIBA LA POBLACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. j. Restringir debido a la EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA A NIVEL NACIONAL por plazos de siete (7) días Decreto Ejecutivo las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República Las supra referidas son las acciones tomadas por la Presidencia de la Republica en el marco de sus atribuciones, ordenando a las instituciones competentes atiendan todo lo relacionado con: 1. LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN GENERAL Y PACIENTES AFECTADOS. 2. LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES EN GENERAL Y PACIENTES AFECTADOS. 3. LA CARENCIA DE INSUMOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ENCARGADOS DE ATENDER LA ACTUAL PANDEMIA DE CORONAVIRUS.” C) Que en el informe solicitado a COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), se establece: “COPECO en coordinación en el SINAGER ha realizado las siguientes acciones.- Tegucigalpa, 18 de febrero de 2020. Se realizó una conferencia de prensa para informar a la población y a los medios de comunicación sobre un primer caso sospechoso por COVID-19 fue realizada por la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y la Representante de la OPS/OMS en Honduras, Piedad Huerta, acompañada de otros funcionarios de salud. … Se aseguró que hasta la fecha no hay casos confirmados de COVID-19 en el país y que se mantendrá el aislamiento a esta o cualquier otra persona sospechosa. Se pidió mantener la calma y estar atentos a la comunicación oficial que se emitirá oportunamente por la Secretaría de Salud. Se recomendó a la población mantener las medidas de higiene personal: el lavado frecuente de manos, con agua y jabón, taparse la boca al toser o estornudar con el antebrazo o pañuelo desechable, evitar saludos de beso o abrazo, no escupir en el piso y cocinar bien los alimentos.- Tegucigalpa M.D.C 2 de marzo de 2020, el presidente Juan Orlando Hernández convocó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de Salud OPS/PMS en el país, para organizar la prevención y respuesta integrada de todas las instituciones ante la emergencia del COVID-19, además de la socialización de medidas implementadas por la Secretaría de Salud hasta la fecha estipuladas en el plan de contingencia que el gobierno tiene para contrarrestar la enfermedad si llega al país.- Durante la misma se informó de algunas decisiones y acciones para acelerar las intervenciones ante las necesidades identificadas a nivel nacional.- Tegucigalpa M.D.C 9 de marzo de 2020, Para realizar trabajos conjuntos en la prevención y respuesta del Coronavirus, el Gobierno de Honduras activó esta mañana el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de la Secretaría en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO).- El espacio físico albergará a enlaces de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER) para articular información sobre la situación del Covid-19 a nivel mundial, así como el mapeo de recursos de cada Secretaría o institución para fortalecer los procesos de prevención contra esta enfermedad.- Tegucigalpa M.D.C. 10 de marzo de 2020, autoridades SINAGER se reunieron con concesionaria de Aeropuertos de Honduras (Interairports) Toncontín para que lo que fue la supervisión de que los protocolos de vigilancia contra el Coronavirus Covid-19, se aplicara de la manera correcta en Toncontín.- De igual manera se socializó el plan para la Contención y Respuesta a casos de Covid-19 en Honduras, el protocolo será ejecutado bajo lineamientos establecidos por la OMS, que son requeridos para enfrentar y dar respuesta a las personas que están en contacto o contrajeron el virus y que acceden al país por los principales puertos aéreos, marítimos y aduanas terrestres.- Tegucigalpa M.D.C 11 de marzo de 2020, … La Secretaría de Salud por medio del Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado mediante examen de laboratorio, los dos primeros casos de COVID-19 en el territorio hondureño.- ….- Tegucigalpa M.D.C 13 de marzo de 2020 El Gobierno de la República en Consejo de Ministros, aprobó las siguientes medidas para prevenir el contagio de COVID-19 en el país: 1. Se suspenden las labores en los Centros Educativos gubernamentales y no gubernamentales de los niveles de pre-básica, básica y media para el personal directivo, administrativo y docente a nivel nacional durante catorce (14) días calendario.- 2. Se cancelan todos los eventos y espectáculos públicos gubernamentales y no gubernamentales durante catorce (14) días calendario con excepción de las iglesias, exhortándolas a tomar todas las medidas de prevención anunciadas por la Secretaria en el Despacho de Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como invitándolas a sumarse a la divulgación de la información oficial y ser un apoyo en las demás acciones de prevención que realiza el Gobierno.- 3. No se permitirá el ingreso al país, de personas procedentes de Europa, China, Irán, y corea del Sur, vía aérea y terrestre a excepción de los nacionales hondureños, el cuerpo diplomático acreditado en Honduras, residentes permanentes y temporales quienes serán puestos en asilamiento domiciliario inmediatamente al ingresar al país. El resto de las nacionalidades se países con incidencia de COVID-19, deberán someterse a los protocolos y restricciones establecidas por la Secretaria en los Despachos de Salud.- 4. La misma medida aplica a viajeros vía marítima con excepción de los cruceros miembros de la Asociación Internacional de Líneas Crucero (CLIA) y la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) las cuales han implementado medidas de prevención que cumplen con los protocolos de vigilancia epidemiológica aprobadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.- Tegucigalpa M.D.C 14 de marzo de 2020 SINAGER toma las siguientes medidas en aras de salvaguardar la salud y la vida de la población, en el marco de esta emergencia, SINAGER toma las siguientes medidas efectivas a partir del 14 de marzo 2020 10:00 a.m. hasta el 28 de marzo 2020: 1. Prohibidos los eventos públicos y privados de más de 50 personas, incluyendo bodas, cumpleaños, reuniones sociales, bares, discotecas, restaurantes u otros similares.- 2. En las áreas laborales que lo permitan, se deberán dividir los equipos de trabajo en no más de 50 personas.- 3. Todo empleador está obligado a aplicar el protocolo de higiene y seguridad en los centros de trabajo a nivel nacional en prevención de COVID-19 (adjunto).- 4. En el caso de empresas comerciales que atienden al público en general (tiendas, centros comerciales, mercados, gimnasios, etc.) deberán asegurarse de la no aglomeración de más de 50 personas y aplicar todas las medidas de prevención que la Secretaría en el Despacho de Salud ha hecho públicas.- 5.Las medidas anteriores no implican suspensión de labores ni en el sector privado ni en el sector público.- 6. Se exhorta a las iglesias utilizar modalidades digitales para la celebración de cultos y misas como el uso de televisión, radio o redes sociales, para evitar la aglomeración de más de 50 personas. 7. Permanecerán cerrados los todos los parques de recreación incluyendo los parques Para Una Vida Mejor. 8. Todo empleado público arriba de 60 años deberá permanecer en casa con excepción de personal de asistencia médica, cuerpos de seguridad y socorro, por lo cual se les instruye a los titulares de cada dependencia promover el teletrabajo o trabajo desde casa. 9. Los aeropuertos no deben permitir el ingreso a sus instalaciones de personas que no sean colaboradores del mismo o viajeros quienes deberán presentar sus boletos aéreos al ingresar, con el fin de evitar las aglomeraciones- 10. Se suspenden las visitas a asilo de ancianos, hospitales, centros de cuidado infantil, así como todos los lugares en los que estén personas de grumos vulnerables.- 11. Las actividades deportivas deben celebrarse a puertas cerradas con no más de 50 personas.- 12. En cuanto al transporte público, los transportistas deben fumigar todas sus unidades y no transportar más de 50 personas a la vez, así como aplicar todas las medidas de higiene antes mencionadas. 13. Todas las personas que tuvieron contacto con algún paciente que haya dado positivo por COVID-19, deberá presentarse de inmediato al centro de salud más cercano.-” Por lo tanto, se ordenó una nueva vista al Fiscal, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, emita su dictamen en las presentes diligencias. (Folios 207-1132 de la presente Recurso).-7) Que en fecha dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de las presentes Acciones, el Ministerio Público opina que SE OTORGUE PARCIALMENTE las mismas, de conformidad con las premisas expuestas.” (Folio 1135–1146 del presente Recurso).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5 A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3. a y d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por el Presidente de la República, una Secretaría de Estado, en específico, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y de autoridades cometidas por funcionarios con autoridad en toda la República, como lo son los miembros de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), siendo además que ambas instituciones están sostenidas con fondos públicos. -OBJETO DEL RECURSO.- I.El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituyen las omisiones incurridas por el Gobierno de la República en el contexto de la pandemia del COVID-19, con respecto a: a) la exposición al contagio en la que se coloca la población atendida por el Sistema Nacional de Salud; b) las condiciones inadecuadas de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes afectados; y, c) la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para las y los profesionales de la salud encargados de atender la pandemia. II.Los recurrentes señalaron que la autoridad contra quien se interpone la presente acción de amparo es el Presidente de la República a través del señor Juan Orlando Hernández Alvarado por ser el funcionario que ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo y en consecuencia tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, así como la de adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes, asimismo contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de su titular Alba Consuelo Flores, como el ente responsable de la formulación, coordinación, ejecución, y evaluación de las políticas relacionadas con la protección, fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población , debido a que son las autoridades responsables del estado actual del Sistema Nacional de Salud y que en virtud de su omisión se constituye un acto de naturaleza grave y violatorio del derecho a la salud y la vida por desprotección del primero, ambos tutelados en la Constitución de la República, leyes nacionales, jurisprudencia nacional e internacional, y tratados y convenios internacionales. III. Se señalaron además como responsables de las omisiones reclamadas, al Comité Permanente de Contingencias (COPECO), a través del señor Gabriel Alfredo Rubí Paredes.-ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES.- I. Los recurrentes han explicado a esta Sala que las omisiones cometidas por las autoridades recurridas implican que el Gobierno de la República no ha adoptado las medidas necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia generada por el COVID-19. II. Los impetrantes manifestaron que los hospitales y demás centros asistenciales a nivel nacional no cuentan con las condiciones para atender de manera diferenciada a las y los pacientes que acuden por otras patologías y aquellos que acuden por presentar síntomas e incluso por ser positivos de infección por COVID 19.- III. Según lo han puesto de manifiesto los comparecientes las omisiones incurridas por las autoridades del Estado tienen el deber se asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de la población, en específico su derecho a la vida y a la salud, debiéndose garantizar el tratamiento adecuado y as condiciones de bioseguridad para la población y el personal sanitario, por lo que se debe de contar como mínimo de los insumos siguientes: a) Ventiladores mecánicos, b) Succionadores de secreciones, c) Laringoscopios o video laringoscopios, d) Mascarillas N95, e) Batas desechables, gabachas hidrofóbicas u overoles impermeables, f) Gorros, g) Fundas para zapatos, h) Guantes, i) Anteojos de protección adecuados, j) Gel antibacterial, k) Alcohol, l) Jabón, m) Detergente, n) Desinfectantes de superficies, o) Cloro, y, p)Abastecimiento de agua, entre otros. Además, se deben adoptar de inmediato otras medidas como: a .Mejorar los espacios para atención diferenciada de pacientes por afección del COVID-19 y otras enfermedades; b)Crear espacio para la higiene corporal de todo el personal de salud con el fin de hacerse una limpieza antes de abandonar el centro asistencial y evitar el contagio para terceras personas; c) Aplicar estrictamente los Protocolos acordados por la Organización Mundial de la Salud; d) Revisar con miras a mejorar la práctica para el manejo de cadáveres, en el acto del levantamiento de los cuerpos (de forma oportuna y con las medidas necesarias), entrega del cuerpo (de forma pronta, segura y en condiciones dignas) y posterior sepultura en condiciones dignas; e) Revisar la práctica sobre el traslado de una persona afectada por COVID 19 de un centro hospitalario a otro, incluyendo el transporte en ambulancias; f) Mejorar el laboratorio de virología y la respuesta laboratorial para dar a conocer los resultados de manera inmediata al personal médico tratante de pacientes afectados con la finalidad de adoptar las medidas de prevención que el caso exija, incluyendo los mecanismos de aislamiento y cuarentena requeridos para poder contrarrestar los graves efectos de esta pandemia; g) Proteger a las mujeres en estado de gestación que laboran en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal sanitario que presenta comorbilidades, así como a aquellas personas con rango de edad entre 50 y 60 años, mediante permisos u otras medidas, sin que se comprometa sus derechos laborales, así como cualquier otra que resulte idónea; h) Habilitar un mayor número de camas para pacientes por COVID 19, en vista que el número de camas no fue previsto según el número de pacientes que pudieran ser afectados por la pandemia; i)Acondicionar áreas efectivas para dar asistencia a pacientes que ya están en estado crítico y aquellos que próximamente presentarán la misma condición. IV. Sostienen los peticionarios que la falta de estos insumos afecta directamente la situación de trabajo de las y los profesionales de la salud y demás personal auxiliar, como del público que recibe atención, la que se ha tornado, de acuerdo con los comparecientes, no solo en condiciones desfavorables sino, también, en inhumanas con consecuencias negativas sobre el derecho a la vida. V. Para los censores, la situación de peligro a la que se enfrentan tanto el personal de salud pública como la población no ha sido debidamente atendida por las autoridades responsables de actuar de acuerdo con la normativa dictada por los órganos especializados y los estándares internacionales de derechos humanos al no proveer de manera oportuna, adecuada y necesaria el equipo antes citado. VI. Se señaló que estas graves y reiteradas omisiones, tienen como consecuencia en primer término, la vulneración del derecho a la salud de las y los profesionales de la medicina, así como de todo el personal que labora en los distintos centros para llevar a cabo su tarea; y luego, al carecer del personal sanitario (por enfermedad) que pueda atender a la población, ésta queda en gravísima desprotección, vulnerabilidad y con eminentes riesgos a la vida.- VII.También se afirma una vulneración al derecho a la vida, en cuanto que éste queda seriamente amenazado en el más estricto sentido. Según argumentan los impetrantes, en situaciones límites como la que ocurre por la actual pandemia el COVID 19, el derecho a la salud resulta una condición necesaria para que el derecho a la vida sea asegurado dentro del ámbito de lo que, en la doctrina contemporánea se denomina "mandato de optimización", el cual no es otra cosa, que el deber de cumplir un mandato constitucional para la plena concreción de un derecho. Este mandato se incumple, al contrastar la incidencia del contagio en Honduras y las posibilidades de sobrevivencia. -Al momento de la interposición del recurso, Honduras era el país que ocupaba el primer lugar de Latinoamérica en la tasa de mortalidad con un 6.39%..-. VIII. Los reclamantes concluyen que, si el derecho a la salud está en desprotección, entonces la vida de las personas relacionadas en sí se encontraría en un estado de vulneración. Y, ante ello, la Acción de Amparo abre paso para el mantenimiento o restitución en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados y otros instrumentos internacionales establecen, ello conforme a nuestra ley fundamental.- IX. Los imperantes señalaron que para que dicha restitución se lleve a cabo es necesario que cese la omisión que en este momento se efectúa por parte del Gobierno de la República. Esto se alcanzaría si se suministra de todos los insumos e implementos necesarios para que el personal de salud, en primer término, no ponga en peligro su propia vida; y en segundo, que, con un personal sanitario debidamente protegido, se tendrá asegurada también—en la medida de las posibilidades—la vida de la población, por lo que en definitiva se peticiona que por medio de la garantía de amparo, se mantenga y restituya en el goce del derecho a la salud y el derecho a la vida del personal sanitario y de la población en general. X. De los postulantes solamente formalizó su recurso el señor SAUL HERIBRANDO BUESO LICONA, quien lo hizo en forma extemporánea, pero al apreciarse que los recurrentes desarrollaron en forma puntual el concepto de la violación, esta Sala consideró oportuno continuar con el procedimiento de ley.-RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS.- 1.- La Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia presentó en tiempo el respectivo informe referente a las acciones de amparo interpuestas ante esta Sala, constando el resumen de las [sic] “medidas tomadas e implementadas” por dicha Secretaría, las que se han descrito en la relación de antecedentes fijada en el preámbulo de esta sentencia.- La Secretaría de la Presidencia explicó las funciones y responsabilidades de cada una de las entidades estatales denunciadas en el presente recurso, adjuntando, como documentación de soporte, todos los acuerdos y decretos ejecutivos emitidos por la Presidencia de la República, relacionados a la respuesta estatal a la pandemia del Covid-19 en el país. - De la documentación incorporada se pudo constatar inter alia, lo siguiente: 1.-El Poder Ejecutivo emitió el 10 de febrero de 2020 declaración de un [sic] “estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional”, instruyéndose a la Comisión Permanente de Contingencias (en adelante COPECO) a mantener activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (en adelante SINAGER), en coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con el fin de que todas las instituciones que integran dicho sistema trabajen en forma [sic] “articulada” para combatir la pandemia.- 2.-Se instruyó a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (en adelante SESAL) a coordinar con las organizaciones del sector salud y con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a fin de garantizar la provisión de servicios y la atención oportuna de las personas afectadas con la enfermedad; 3.Se ordenó a la Secretaría de Finanzas y la de Coordinación General de Gobierno [sic] “analizar e identificar” recursos dentro del fideicomiso de reducción de la pobreza FINA 2 y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2020, en todas sus fuentes de financiamiento, un presupuesto por la suma de hasta CIENTO DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS para garantizar [sic] “…el fortalecimiento de la provisión de servicios con el recurso humano, equipamiento médico, adquisición de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder ante la emergencia del dengue y esta nueva enfermedad coronavirus (2019-nCoV), que por su alta contagiosidad es necesario proteger a los proveedores de servicio y a la población en general…”. El manejo de la [sic] “totalidad” de los fondos estará a cargo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) e utilizados de acuerdo con el plan de trabajo ya establecido.4. Se autorizó a la SESAL y a COPECO para utilizar su partida presupuestaria en lo que fuera necesario para hacer frente al estado de emergencia sanitaria declarada. II. Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) presentó un informe que incluyó una narración cronológica de sucesos relacionados con la pandemia y de acciones de seguimiento a los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, lo que ya ha sido detallado en apartados anteriores.-Siendo que por medio de la acción de amparo que nos ocupa se ha denunciado la condición de los centros hospitalarios del país y la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal médico, de la información proporcionada por esta entidad estatal resultaron relevantes los cuadros concernientes a la entrega de insumos a algunas regiones Departamentales del país, que comprenden hospitales y regiones de salud, así como la información de compra y almacenamiento de material de bioseguridad correspondiente al mes de abril del año 2020—únicamente en el Distrito Central y la ciudad de San Pedro Sula—que incluyó: 1. Guantes de látex 2. Mascarillas (N95 y [sic] “normales” 3. Galones de gel antibacterial 4. Lentes protección 5. Overoles 6. Cubre zapatos 7. Batas médicas.- Mas allá de estos cuadros, no se adjuntó documentación de soporte en donde se hiciera constar el recibo y/o entrega de estos insumos al personal médico y hospitalario y tampoco si estas entregas fuesen coordinadas en forma periódica.- Se detallaron las empresas proveedoras de estos materiales, y se informó sobre dos acciones de reparaciones en hospitales: construcción de triaje y remodelación del centro de emergencias del hospital de El Tórax y mejoras a infraestructura del gimnasio número 1 de la Villa Olímpica, ambas obras ubicadas en la capital de la República. III. El informe correspondiente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, además de los datos que se han reproducido previamente, estableció que la entidad presenta problemas presupuestarios que no les ha permitido afrontar la emergencia decretada por el Poder Ejecutivo, lo que ha provocado que el sistema de salud tenga cobertura e insumos restringidos, reconociéndose que efectivamente impera un desabastecimiento de insumos de bioseguridad para la red hospitalaria nacional. La Secretaría estableció planes, lineamientos directrices y estrategias para hacer frente a la emergencia decretada por el virus COVID19, y se detallaron cuadros de los insumos solicitados por medio del fideicomiso para dotar al personal de salud con equipo de bioseguridad.- RAZONAMIENTO DE LA SALA I.- Esta Sala advierte que las argumentaciones de las acciones constitucionales promovidas por los recurrentes son, en su mayor parte, idénticas a las que se hicieran en su momento también en los recursos de amparo acumulados 222-227, 253, 255, 267 y 277-2020 que interpusieron la Doctora SUYAPA MARÍA FIGUEROA, la abogada CLAUDIA HERMANNSDORFER ACOSTA, entre otros, en los que esta Sala decidió el OTORGAMIENTO PARCIAL de dicha garantía de amparo, la cual se dirigió en contra de las mismas autoridades que las que se indican en el presente recurso, con la excepción del Instituto Hondureño de Seguridad Social, razón por la que estas acciones no fueron acumuladas a aquél recurso, sin embargo, las consideraciones y razonamientos que hará esta Sala en el presente fallo deben ir en consonancia con los de la sentencia dictada en los recursos de amparo acumulados 222-227, 253, 255, 267 y 277-2020 antes referidos, por cuanto las alegaciones de los impetrantes en este caso son prácticamente las mismas, debiéndose tener en cuenta que ya ha sido ordenado por esta Sala en la sentencia que se dictó en aquella oportunidad, que las autoridades denunciadas debían tomar todas las medidas y acciones que fueran necesarias para asegurar, proteger y garantizar de manera efectiva el goce del derecho a la salud a todos los habitantes del país y en especial al personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel. II. Dicho lo anterior, esta Sala aprecia que los recurrentes han enfocado igualmente su reclamo en el hecho que, debido a omisiones por parte de las instituciones del Estado cuyas actuaciones son denunciadas de violentar derechos y garantías constitucionales, no se ha dotado al personal médico de los distintos hospitales públicos del país con los insumos y el equipamiento necesario para poder realizar sus funciones en forma segura, eficaz y apropiada, con lo que se ha puesto en precario su salud, así como la de las personas que son atendidas en los distintos hospitales y centros de asistencia sanitaria del país.- De igual forma, se denuncia que las condiciones deficientes que predominan en los hospitales y centros de salud públicos han contribuido a su vez a poner en alto riesgo la salud de las personas en cuyo favor se ha promovido la presente acción constitucional de amparo, más aún ante la propagación del Covid19 que ha derivado en una pandemia que ha afectado a cientos de millones de personas a nivel global.- III. Ha habido consenso en esta Sala en afirmar que el derecho a la salud comporta el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. - Este derecho a su vez incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación.- IV.Esta Sala concuerda en que la salud es un derecho humano, fundamental e indispensable para el goce y ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, por ende, toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.- V.Los derechos que conforman el contenido del derecho a la salud han sido reconocidos por normas internacionales comprendidas en tratados sobre derechos humanos ratificados por Honduras. Estos tratados imponen al Estado una serie de obligaciones en torno a la realización del derecho a la salud, los que, al formar parte de nuestro derecho interno, adquieren, consecuentemente, fuerza normativa de carácter constitucional.- VI. Por su parte, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha precisado que el derecho a la salud no solamente puede ser entendido como la ausencia de afecciones o de enfermedades y que el goce máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y que este derecho incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.- VII. Bajo estas premisas es lógico asumir entonces que, para asegurar la efectividad del derecho a la salud, se exige la práctica de actividades de prevención, promoción y protección, correspondiendo también un enfoque integral en donde debe incluirse los entornos físico y sociales que correspondan y que aseguren su eficacia. - VIII.Si asumimos que el derecho a la salud conlleva el mantenimiento de ese estado de bienestar físico y mental de las personas, también debe abarcar el restablecimiento de ese estado de salud en aquellos casos en los que este se vea disminuido ante una enfermedad o a cualquier perturbación que lo limite, sea orgánica o funcional. En este sentido, ha habido consenso en afirmar que, en virtud de ello, el poder público adquiere la obligación de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias tanto para la conservación como para el restablecimiento de la salud a las personas.- IX.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha plasmado con claridad esta idea al considerar que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones que permiten a las personas llevar una vida sana. Estos factores contemplan la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.- X. Podemos apreciar entonces que debe existir una interrelación y una línea de continuidad entre los elementos esenciales del derecho a la salud, partiendo de la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios de salud, lo que exige la dotación de la infraestructura y los elementos necesarios para la realización plena de este derecho, que debe incluir la existencia de un sistema organizado de hospitales, personal y medicamentos.- XI. Por supuesto que, al igual como acontece con todos los derechos fundamentales en general, la mera enunciación o reconocimiento de estos no garantiza su efectividad, por ello, no basta la existencia de la infraestructura necesaria, bienes y servicios, sino que estos servicios de salud que se brinden sean además accesibles es decir, de amplia cobertura para la población, y que sean, como se apunta previamente, de calidad, y aceptabilidad, que conlleva por un lado que cumplan con los estándares básicos de calidad y por el otro, que los servicios de salud sean respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir que estos elementos se enlazan y vinculan entre sí. - Como ya queda dicho, la salud debe percibirse o definirse de manera integral, lo que implica que sus elementos no pueden entenderse ni aplicarse de manera aislada.- XII. Con respecto a la disponibilidad como elemento esencial del derecho a la salud de la que hablamos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Observación General 14, párr. 12, h dicho que cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. - Si bien se dice que la naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte, se enfatiza en que esos servicios incluirán inter alia los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.- XIII.- Al referirse a la calidad como otro elemento esencial, la Observación General 14 (párr. 12) del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala que se requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y también agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.- XIV. En este sentido, se ha establecido la necesidad de que existan mecanismos que garanticen el control y la evaluación de los servicios de salud que se prestan y la calidad debe evaluarse conforme a los fines del Estado Social de Derecho, de allí su estrecha relación con valores como la vida y la dignidad humana.- XV. En lo que respecta de la relación conexa que existe entre el derecho a la vida y el derecho a la salud, esta Sala asiente en que el concepto de vida no se limita a excluir el peligro a la muerte, sino que el derecho a la vida se inclina por la garantía a una existencia en condiciones dignas, lo cual comprende sin duda, a una vida en condiciones de salud o donde se asegure la salud de las personas, de ahí que podemos afirmar que la falta de protección del derecho a la salud pondrá a la vida en situación de riesgo. Cuando un Estado desatiende la salud de sus ciudadanos desatiende también su derecho a la vida.- XVI. En el presente asunto, si bien los recurrentes no presentaron ningún medio de prueba para fundamentar sus reclamos, esta Sala considera—como lo estableció ya en el fallo pronunciado en los recursos de amparo acumulados 222-227, 253, 255, 267 y 277-2020—que la infortunada condición sanitaria de los centros hospitalarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, es un hecho que ha pasado a ser ampliamente conocido, e independientemente que esta situación pueda ser transitoria, no puede ser ignorado por esta Sala, pues las propias autoridades del sector salud han admitido abiertamente las deficiencias de los hospitales públicos, no solo en sus intervenciones dentro del presente recurso sino que de manera pública y constante.- XVII. En la doctrina procesal, se les denomina hechos notorios a aquellos que están exentos de prueba porque son conocidos directamente por cualquier persona que se halle en capacidad de observarlos. - Para esta Sala, este es el caso del estado de nuestros hospitales públicos, en especial el Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa y el Hospital Mario Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula, al ser ampliamente conocidas sus precarias condiciones, carencias y limitaciones. -Con regularidad se conocen las manifestaciones de médicos, personal auxiliar, pacientes y público en general que se refieren a la débil e insuficiente infraestructura de estos centros, su falta de capacidad—y en algunos casos voluntad—de brindar atención de calidad a los pacientes, la escasez de medicamentos y de equipo médico adecuado y funcional, siendo, como ya dijimos, reconocidas estas deficiencias por la propia autoridad estatal y que tienen como evidente consecuencia que los servicios de salud que brindan no cumplan con las exigencias básicas para que en ellos se brinde una atención de calidad e igualmente su disponibilidad es muy limitada.-XVIII. La situación de nuestros hospitales y centros de salud ha sido precaria por décadas, volviéndose más crítica con la pandemia mundial del Covid19 y esto tiene como una inevitable consecuencia que el Estado se vea en la incapacidad de asegurar el derecho a la salud de manera efectiva a la población que procura ser atendida en los mismos. Esto conlleva a que, de manera constante, se ponga en grave riesgo las vidas de sus pacientes, médicos y el personal auxiliar de salud en general, al verse expuestos, a razón de estas deficiencias, a condiciones insalubres, inseguras e insostenibles, provocándose un deterioro gradual y sistemático del derecho fundamental a la salud y a la vida, como derecho conexo.- XIX. La Constitución de la República proclama la inviolabilidad de la vida y es enfática al declarar a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, imponiendo a todos la obligación de respetarla y protegerla.- La autoridad estatal debe entender que la observancia de este mandato es ineludible e inexcusable, ya sea por cuestiones de presupuesto, infraestructura o circunstancias históricas, políticas o sociales.- La situación de la pandemia y el impacto que ha tenido en otros países—como lo resalta el informe de la Secretaría de Salud—tampoco podría dispensar de ninguna manera a las autoridades del Estado de Honduras de cumplir a cabalidad con su mandato y con los deberes que le imponen tanto nuestras leyes como los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que somos parte.- XX. Esta Sala advierte que de los actos reclamados por los impetrantes se han logrado establecer en el desarrollo del presente recurso, las deficientes condiciones de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes y la insuficiencia de insumos y medidas de bioseguridad para las y los profesionales de la salud encargados de atender la pandemia. La Sala encuentra que, no obstante que las autoridades denunciadas llevaron a cabo actividades dirigidas hacia la prevención, tratamiento y protección de pacientes y personal de salud en torno a la pandemia del COVID19, estas han resultado insuficientes en este respecto, lo cual, sumado a las condiciones de los centros hospitalarios han consumado en la afectación del derecho a la salud, al ponerse en riesgo al personal médico y auxiliar de los hospitales públicos, así como la de las personas que son atendidas en los mismos. – XXI. De lo informado por la Secretaría de Salud, no obstante que se remitió cuantiosa documentación sobre los planes de acción implementados en torno a la pandemia, en el caso específico de la Secretaría de Salud, se aprecia que ésta ha reconocido que: 1) Enfrenta un déficit presupuestario importante; 2) El sistema de salud del país tiene cobertura e insumos restringidos; 3) Existe en el país una limitada capacidad de respuesta de la red de servicios de salud; 3) El presupuesto de la Secretaría de Salud ha tenido aumentos pero los mismos no corresponden a la emergencia decretada por el Covid19; 4) Existe desabastecimiento de insumos de bioseguridad para la red hospitalaria nacional; 5) Las carencias en los hospitales nacionales siempre han sido muchas y ello responde al grado de pobreza del país; 6) Las carencias como país han puesto al sector salud en una situación crítica.- Tampoco se advierte que se haya hecho lo necesario para acondicionar adecuadamente a los hospitales públicos del país con salas debidamente equipadas con respiradores mecánicos, camas y el equipo necesario para asegurar que los pacientes de Covid sean atendidos en forma adecuada e inclusive en forma digna. Sobre este punto en específico, fue también de conocimiento público que los pacientes COVID19 estuvieron siendo atendidos a la intemperie en el Hospital Escuela Universitario protegidos únicamente por una carpa, lo cual resulta, a criterio de esta Sala inaceptable pues ningún paciente hospitalario debería recibir atenciones en esta forma.- Por mandato constitucional a todos los habitantes de esta nación les asiste el derecho a ser tratados con dignidad y a que se les garantice su derecho a la vida y a la salud. Tal iniquidad no debería ser aceptada ni justificada por nuestras autoridades bajo ningún punto.- XXII. La Sala observa que el informe emitido por la Presidencia de la República se limitó a señalar los decretos ministeriales que fueron aprobados para enfrentar la pandemia, así como el presupuesto asignado para tal fin. No obstante, este informe resultó oportuno para establecer la respuesta del Poder Ejecutivo frente a la crisis sanitaria, así como la asignación de los recursos para tal fin, los que serían manejados por el Comité Nacional de Contingencias (COPECO). -Al respecto, la Sala estima que el manejo de una emergencia sanitaria de tan alto impacto debió serle delegada primordialmente a la Secretaría de Salud, atendiendo a la naturaleza estrictamente sanitaria de una pandemia, la cual supone la extensa y prolongada propagación geográfica de una enfermedad infecciosa, campos que claramente le competen fundamentalmente a máxima autoridad sanitaria del país.- Así también, se considera que debió verificarse con mayor diligencia la correcta administración y manejo del presupuesto asignado a las distintas instituciones para la previsión y dotación de servicios médicos y la adquisición del equipamiento, insumos y material de protección en torno a la pandemia del Covid19, no obstante, este es una cuestión que se disgrega del ámbito de aplicación de la presente acción de amparo, puesto que si bien la correcta administración del presupuesto designado para la atención a la pandemia constituye un aspecto esencial en torno al adecuado y eficiente uso de los recursos nacionales para tal propósito, este no constituye en sí un acto cuyo cumplimiento sea reclamado expresamente por los impetrantes, siendo además que esta es una tarea que le compete a los órganos contralores del Estado, principalmente al Tribunal Superior de Cuentas como ente rector del sistema de control de los recursos públicos, al cual por disposición constitucional le compete la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, entre otros.- XXIII.- En virtud las anteriores consideraciones, analizados que han sido los antecedentes, las alegaciones de los recurrentes, los informes de las entidades del Estado que han sido denunciadas en el presente recurso, así como la prueba allegada al trámite, esta Sala de lo Constitucional puede concluir: 1) Que, si bien las autoridades denunciadas llevaron a cabo esfuerzos importantes y medidas oportunas y necesarias para hacer frente a la pandemia provocada por el virus Covid19, estas no han sido suficientes; 2) Que no ha existió la debida planificación para dotar y abastecer en forma periódica y eficiente a los hospitales y centros de salud del país con los insumos, equipo médico e implementos de bioseguridad que el personal de salud requiere y ha requerido para atender debidamente a los pacientes que asisten a dichos centros sean o no afectados por el virus COVID-19; 3) Que los principales hospitales públicos del país, debido a sus deficientes condiciones de funcionamiento, no tuvieron la capacidad para dar atención médica inmediata y oportuna a sus pacientes, y tampoco lograron brindar servicios de salud apropiados y de calidad a la población del país; 4) Todas estas situaciones causaron un deterioro gradual y sistemático del derecho fundamental a la salud y a la vida tanto de las personas en cuyo favor se ha promovido la presente acción constitucional de amparo, como de las personas que acuden a la red hospitalaria nacional en busca de una asistencia médica.- XXIV. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y relacionado, esta Sala, de acuerdo con el parecer del Ministerio Público, estima el OTORGAMIENTO PARCIAL de la garantía de amparo invocada por los recurrentes, por lo que las actuales autoridades que conforman el Poder Ejecutivo, la Secretaría en el Despacho de Salud y el Comité Nacional de Contingencias (COPECO), deberán continuar tomando todas las medidas y acciones que sean necesarias para asegurar, proteger y garantizar de manera efectiva el goce del derecho a la salud a todos los habitantes del país y en especial al personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel nacional, tal y como fue ordenado ya por esta Sala en la sentencia que fue dictada en los recursos de amparo acumulados 222-227, 253, 255, 267 y 277-2020, y que son las siguientes: 1.Mejorar las condiciones de funcionamiento e infraestructura de la red de hospitales a nivel nacional; 2. Gestionar la disponibilidad d periódica y la optimización de los insumos y equipo de bioseguridad necesarios para el personal sanitario de los hospitales y centros de salud; 3.Mejorar los espacios para atención diferenciada de pacientes por afección del COVID-19 y otras enfermedades; 4.Crear espacio para la higiene corporal de todo el personal de salud con el fin de hacerse una limpieza antes de abandonar el centro asistencial y evitar el contagio para terceras personas; 5. Aplicar estrictamente los Protocolos acordados por la Organización Mundial de la Salud; 6.- Revisar con miras a mejorar la práctica para el manejo de cadáveres, en el acto del levantamiento de los cuerpos (de forma oportuna y con las medidas necesarias), entrega del cuerpo (de forma pronta, segura y en condiciones dignas) y posterior sepultura en condiciones dignas; 7.- Revisar la práctica sobre el traslado de una persona afectada por COVID 19 de un centro hospitalario a otro, incluyendo el transporte en ambulancias; 8. Mejorar el laboratorio de virología y la respuesta laboratorial para dar a conocer los resultados de manera inmediata al personal médico tratante de pacientes afectados con la finalidad de adoptar las medidas de prevención que el caso exija, incluyendo los mecanismos de aislamiento y cuarentena requeridos para poder contrarrestar los graves efectos de esta pandemia; 9. Proteger a las mujeres en estado de gestación que laboran en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal sanitario que presenta comorbilidades, así como a aquellas personas con rango de edad entre 50 y 60 años, mediante permisos u otras medidas, sin que se comprometa sus derechos laborales, así como cualquier otra que resulte idónea; 10. Revisar todas áreas, unidades o departamento de los centros hospitalarios habilitados para la atención y tratamiento de pacientes por COVID 19 para crear las condiciones de abordaje por COVID 19 y de bioseguridad para todo el personal; 11. Habilitar un mayor número de camas para pacientes por COVID 19 y demás pacientes hospitalarios; 12. Acondicionar áreas efectivas para dar asistencia a pacientes que ya están en estado crítico y aquellos que próximamente presentarán la misma condición; 13. Adoptar medidas para que los centros de salud cuenten con lo necesario para diagnóstico del COVID19, incluyendo el triaje para una buena gestión del riesgo clínico y manejar adecuadamente los flujos de pacientes, de conformidad a los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud.- PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por: 1) La señora JENSY JAZMÍN TURCIOS RÍOS, registrada bajo en número de expediente no. SCO-0229-2020; 2) El señor IVANS ARIEL ANDRADE ANDINO, registrado bajo en número de expediente no. SCO-0232-2020; 3) La señora GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRÍGUEZ, registrada bajo en número de expediente no. SCO-0241-2020, y; 4) El señor SAUL HERIBERTO BUESO LICONA, registrado bajo en número de expediente no. SCO-0250-2020; todos, actuando a favor de SÍ MISMOS, DE TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE HONDURAS Y TODO EL PERSONAL SANITARIO DE LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, contra actuaciones de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL) Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), por lo cual las actuales autoridades deberán continuar tomando todas las medidas y acciones que sean necesarias para asegurar, proteger y garantizar de manera efectiva el goce del derecho a la salud a todos los habitantes del país y en especial al personal sanitario de la red integral de servicios de salud a nivel nacional; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se le dé cumplimiento inmediato. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 229, 232, 241 y 250-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL