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Sentencia AA-191-21 — Registro 14769

Resumen

Sentencia decretó nulidad de sentencia dictada por juzgado de primera instancia que declaró procedente demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter personal, pago de prestaciones e indemnizaciones y derechos laborales promovida por recurrente contra el Estado de Honduras; El Tribunal de Apelaciones consideró que la sentencia es incongruente con la pretensión de demandante en inicio, al fallar la nulidad de diverso acto al entablado en la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones de la recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a la conclusión que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y no infringe las demás disposiciones jurídicas general y pertinentemente aplicables; lo cual inclusive, ha resultado admitido en el propio escrito de formalización de amparo, por parte de la Abogada garantista..."..."para esta Sala de lo Constitucional, la razonabilidad de lo fallado se constata con suma puntualidad, al observar el ajuste entre la motivación y fundamentación jurídica vertida por la Alzada para decretar la nulidad de la sentencia dictada por el Iudex A Quo en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dada la falta de congruencia de lo resuelto respecto al principio dispositivo. Asimismo, por no observar el Iudex A Quo la firmeza de la resolución que admite las defensas previas formuladas por la parte demandada. No percibiéndose, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por la Abogada recurrente, los cuales no contrastan el principio de legalidad, en su doble dimensión de vinculación a la Constitución y a la Ley observado en fundamentación y motivación de la sentencia de apelaciones con sentido anulatorio que se conoce en amparo, de la cual discrepa condicionalmente la Letrada recurrente, compareciente en su condición personal..."..."considera la Sala que no se ha vislumbrado en la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, infracción alguna a los derechos invocados por la garantista. Lo anterior, dejando a salvo las acciones civiles que correspondieren, acorde lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. - Por lo cual resulta del caso, desestimar la presente garantía constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, treinta y uno de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que decretó la nulidad de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda promovida por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS. Aduce la recurrente que el acto reclamado le ha violentado los derechos reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, promoviendo demanda Ordinaria para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter personal, que se reconozca una situación jurídica individualizada derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla, que se ordene mediante sentencia definitiva, el pago por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos durante esa relación contractual continuada y consecutiva, beneficios a título de Daños y Perjuicios, más salarios caídos y demás derechos adquiridos, pago a la fecha de UN MILLÓN SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, (L.1,060,086,88). (Folios 01 al 9 del expediente del A-quo).-2) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR procedente la Acción incoada por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la providencia de fecha 13 de noviembre del año 2015 folio 194 emitida por la secretaria de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos. SEGUNDO Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve; Se le reconoce el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos que se cuantificaran en la etapa de liquidación.…” (Folios 316 al 321 del expediente del A-Quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANDREA STEFANIA LAGOS HERRERA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), mediante la cual FALLA: “DECRETAR LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, por las razones expuestas en el presente fallo. SIN COSTAS por existir motivos bastantes para litigar.” (Folios 10 al 15 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente, Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a que se ha hecho anterior referencia, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). (Folio 50 de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por la amparista; en vista a no haberse desarrollado debidamente el concepto de la violación de la normativa constitucional invocada, no pudiéndose inferir de los antecedentes, de qué forma la resolución jurídica bajo análisis pudo provocar tal infracción. Por otra parte, del estudio detenido de tal resolución se desprende la razonabilidad de dictar la nulidad de la sentencia impugnada, con base en la resolución emitida en pieza separada de defensas previas; consistente en la inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa y en la observación de que el A Quo causó una mala conducción del juicio, al dejar en suspenso el procedimiento cuando ya lo había declarado inadmisible, quedando firme la resolución: “(…) y, pese a ello, continua con las actuaciones en el presente caso hasta dictar sentencia definitiva, lo que ocasionó la vulneración al debido proceso por la incorrecta aplicación de la ley”.[1] Conforme a lo antes expuesto, estima la representación del Ministerio Público, que la motivación del Tribunal Ad Quem cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que decretó la nulidad de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda Ordinaria promovida por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter personal, que se reconozca una situación jurídica individualizada derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla, que se ordene mediante sentencia definitiva, el pago por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos durante esa relación contractual continuada y consecutiva, beneficios a título de Daños y Perjuicios, más salarios caídos y demás derechos adquiridos, pago a la fecha de UN MILLÓN SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, (L 1,060,086. 88); lo cual fundamentó en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: a) Que debido a la confusa e improcedente resolución emitida por el Juez A Quo, la parte actora presenta escrito de agotamiento de vía administrativa sobre un proceso ya declarado inadmisible, cuya resolución quedó firme ya que no fue objeto de recurso alguno.[2] b) Que no obstante, se continuó por el Juzgado A Quo con el conocimiento del caso, emitiendo sentencia definitiva declarando procedente la acción por no ajustarse el acto administrativo impugnado, consistente en la providencia de fecha 13 de noviembre de 2015. Observa aquí, inter alia, la Corte de Apelaciones en su fallo, que este no fue el acto impugnado que se planteó ab initio por la demandante, lo que deja en completa indefensión a su contraparte, lo que acaece también con el pronunciamiento de condena; ocasionando graves errores procesales que generan indefensión, falta la igualdad procesal y grave infracción al debido proceso. En consecuencia, procede anular la sentencia incongruente con la pretensión de la demandante en inicio, al fallar la nulidad de diverso acto al entablado en la demanda.-CONSIDERANDO (4): Que ha manifestado la garantista, abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, en formalización de su recurso, que lo resuelto por la Jurisdicción es violatorio de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al no considerarse ajustado a las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Admite que la resolución judicial del A Quo, fue anulada por adolecer de falencias, fallando, en otro sentido, al inicial reclamo; según ha motivado la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la que habría determinado la falta de requisitos legales en el título. Juzga tal omisión atribuible al señor Juez, no a su persona. Que afecta, más bien, el fallo en mención, el principio de legalidad y sus derechos humanos como derechohabiente de prestaciones, y a todo lo señalado en la demanda. Considera, asimismo, que tal reclamo judicial no ha prescrito ni caducado, y que tampoco recaería sobre este cosa juzgada; encontrándose latente y justificada documentalmente la obligación del Estado hacia su persona.- CONSIDERANDO (5): Que la determinación por la cual promueve la presente garantía constitucional de amparo, se relaciona jurídicamente con la demanda ordinaria para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter general, promovida en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013); fecha desde la cual, según relaciona de los antecedentes, se anuló la sentencia favorable a su persona, en calidad de demandante. Considera finalmente, la garantista, que se han violentando sus derechos laborales por el tiempo transcurrido, y aun por transcurrir, más daños y perjuicios claramente señalados durante el proceso judicial de primera instancia, ganada en aquel momento, ya que la Procuraduría General de la República jamás pudo probar que no tiene derecho a sus prestaciones o beneficios laborales; las cuales continúan aumentando en cuantía con la duración del largo y lento proceso judicial. Por todo lo cual se acoge a esta jurisdicción constitucional, en defensa de su derecho, solicitando se proceda al otorgamiento de la presente garantía constitucional; manifestándose la Sala con relación a las circunstancias antes solicitadas y teniéndole como representada procesalmente en causa propia.-CONSIDERANDO (6): Que, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones de la recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a la conclusión que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y no infringe las demás disposiciones jurídicas general y pertinentemente aplicables; lo cual inclusive, ha resultado admitido en el propio escrito de formalización de amparo, por parte de la Abogada garantista.-CONSIDERANDO (7): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la razonabilidad de lo fallado se constata con suma puntualidad, al observar el ajuste entre la motivación y fundamentación jurídica vertida por la Alzada para decretar la nulidad de la sentencia dictada por el Iudex A Quo en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dada la falta de congruencia de lo resuelto respecto al principio dispositivo. Asimismo, por no observar el Iudex A Quo la firmeza de la resolución que admite las defensas previas formuladas por la parte demandada. No percibiéndose, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por la Abogada recurrente, los cuales no contrastan el principio de legalidad, en su doble dimensión de vinculación a la Constitución y a la Ley observado en fundamentación y motivación de la sentencia de apelaciones con sentido anulatorio que se conoce en amparo, de la cual discrepa condicionalmente la Letrada recurrente, compareciente en su condición personal.-CONSIDERANDO (8): Que en tal concepto y en virtud de todo lo antes expuesto, considera la Sala que no se ha vislumbrado en la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, infracción alguna a los derechos invocados por la garantista. Lo anterior, dejando a salvo las acciones civiles que correspondieren, acorde lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. - Por lo cual resulta del caso, desestimar la presente garantía constitucional.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0191-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, treinta y uno de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que decretó la nulidad de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda promovida por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS. Aduce la recurrente que el acto reclamado le ha violentado los derechos reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, promoviendo demanda Ordinaria para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter personal, que se reconozca una situación jurídica individualizada derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla, que se ordene mediante sentencia definitiva, el pago por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos durante esa relación contractual continuada y consecutiva, beneficios a título de Daños y Perjuicios, más salarios caídos y demás derechos adquiridos, pago a la fecha de UN MILLÓN SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, (L.1,060,086,88). (Folios 01 al 9 del expediente del A-quo).-2) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR procedente la Acción incoada por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la providencia de fecha 13 de noviembre del año 2015 folio 194 emitida por la secretaria de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos. SEGUNDO Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve; Se le reconoce el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos que se cuantificaran en la etapa de liquidación.…” (Folios 316 al 321 del expediente del A-Quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANDREA STEFANIA LAGOS HERRERA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), mediante la cual FALLA: “DECRETAR LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, por las razones expuestas en el presente fallo. SIN COSTAS por existir motivos bastantes para litigar.” (Folios 10 al 15 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente, Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a que se ha hecho anterior referencia, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). (Folio 50 de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por la amparista; en vista a no haberse desarrollado debidamente el concepto de la violación de la normativa constitucional invocada, no pudiéndose inferir de los antecedentes, de qué forma la resolución jurídica bajo análisis pudo provocar tal infracción. Por otra parte, del estudio detenido de tal resolución se desprende la razonabilidad de dictar la nulidad de la sentencia impugnada, con base en la resolución emitida en pieza separada de defensas previas; consistente en la inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa y en la observación de que el A Quo causó una mala conducción del juicio, al dejar en suspenso el procedimiento cuando ya lo había declarado inadmisible, quedando firme la resolución: “(…) y, pese a ello, continua con las actuaciones en el presente caso hasta dictar sentencia definitiva, lo que ocasionó la vulneración al debido proceso por la incorrecta aplicación de la ley”.[3] Conforme a lo antes expuesto, estima la representación del Ministerio Público, que la motivación del Tribunal Ad Quem cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que decretó la nulidad de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda Ordinaria promovida por la Abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter personal, que se reconozca una situación jurídica individualizada derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla, que se ordene mediante sentencia definitiva, el pago por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos durante esa relación contractual continuada y consecutiva, beneficios a título de Daños y Perjuicios, más salarios caídos y demás derechos adquiridos, pago a la fecha de UN MILLÓN SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, (L 1,060,086. 88); lo cual fundamentó en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: a) Que debido a la confusa e improcedente resolución emitida por el Juez A Quo, la parte actora presenta escrito de agotamiento de vía administrativa sobre un proceso ya declarado inadmisible, cuya resolución quedó firme ya que no fue objeto de recurso alguno.[4] b) Que no obstante, se continuó por el Juzgado A Quo con el conocimiento del caso, emitiendo sentencia definitiva declarando procedente la acción por no ajustarse el acto administrativo impugnado, consistente en la providencia de fecha 13 de noviembre de 2015. Observa aquí, inter alia, la Corte de Apelaciones en su fallo, que este no fue el acto impugnado que se planteó ab initio por la demandante, lo que deja en completa indefensión a su contraparte, lo que acaece también con el pronunciamiento de condena; ocasionando graves errores procesales que generan indefensión, falta la igualdad procesal y grave infracción al debido proceso. En consecuencia, procede anular la sentencia incongruente con la pretensión de la demandante en inicio, al fallar la nulidad de diverso acto al entablado en la demanda.-CONSIDERANDO (4): Que ha manifestado la garantista, abogada GRETHEL NINOSCA MELARA IRIAS, en formalización de su recurso, que lo resuelto por la Jurisdicción es violatorio de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al no considerarse ajustado a las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Admite que la resolución judicial del A Quo, fue anulada por adolecer de falencias, fallando, en otro sentido, al inicial reclamo; según ha motivado la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la que habría determinado la falta de requisitos legales en el título. Juzga tal omisión atribuible al señor Juez, no a su persona. Que afecta, más bien, el fallo en mención, el principio de legalidad y sus derechos humanos como derechohabiente de prestaciones, y a todo lo señalado en la demanda. Considera, asimismo, que tal reclamo judicial no ha prescrito ni caducado, y que tampoco recaería sobre este cosa juzgada; encontrándose latente y justificada documentalmente la obligación del Estado hacia su persona.- CONSIDERANDO (5): Que la determinación por la cual promueve la presente garantía constitucional de amparo, se relaciona jurídicamente con la demanda ordinaria para la impugnación de una providencia administrativa y su declaratoria de nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter general, promovida en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013); fecha desde la cual, según relaciona de los antecedentes, se anuló la sentencia favorable a su persona, en calidad de demandante. Considera finalmente, la garantista, que se han violentando sus derechos laborales por el tiempo transcurrido, y aun por transcurrir, más daños y perjuicios claramente señalados durante el proceso judicial de primera instancia, ganada en aquel momento, ya que la Procuraduría General de la República jamás pudo probar que no tiene derecho a sus prestaciones o beneficios laborales; las cuales continúan aumentando en cuantía con la duración del largo y lento proceso judicial. Por todo lo cual se acoge a esta jurisdicción constitucional, en defensa de su derecho, solicitando se proceda al otorgamiento de la presente garantía constitucional; manifestándose la Sala con relación a las circunstancias antes solicitadas y teniéndole como representada procesalmente en causa propia.-CONSIDERANDO (6): Que, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones de la recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a la conclusión que la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y no infringe las demás disposiciones jurídicas general y pertinentemente aplicables; lo cual inclusive, ha resultado admitido en el propio escrito de formalización de amparo, por parte de la Abogada garantista.-CONSIDERANDO (7): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la razonabilidad de lo fallado se constata con suma puntualidad, al observar el ajuste entre la motivación y fundamentación jurídica vertida por la Alzada para decretar la nulidad de la sentencia dictada por el Iudex A Quo en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dada la falta de congruencia de lo resuelto respecto al principio dispositivo. Asimismo, por no observar el Iudex A Quo la firmeza de la resolución que admite las defensas previas formuladas por la parte demandada. No percibiéndose, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por la Abogada recurrente, los cuales no contrastan el principio de legalidad, en su doble dimensión de vinculación a la Constitución y a la Ley observado en fundamentación y motivación de la sentencia de apelaciones con sentido anulatorio que se conoce en amparo, de la cual discrepa condicionalmente la Letrada recurrente, compareciente en su condición personal.-CONSIDERANDO (8): Que en tal concepto y en virtud de todo lo antes expuesto, considera la Sala que no se ha vislumbrado en la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, infracción alguna a los derechos invocados por la garantista. Lo anterior, dejando a salvo las acciones civiles que correspondieren, acorde lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. - Por lo cual resulta del caso, desestimar la presente garantía constitucional.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0191-2021.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver folio cincuenta y ocho (58) frente de la pieza de amparo.

[2] Ver folio 86 de la pieza de defensas previas.

[3] Ver folio cincuenta y ocho (58) frente de la pieza de amparo.

[4] Ver folio 86 de la pieza de defensas previas.