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Sentencia AA-183-22 — Registro 14803

Resumen

Acción de amparo contra la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa carencias en la fundamentación del recurso, su procedencia, el concepto de las infracciones constitucionales denunciadas y sus efectos, siendo que los argumentos del recurrente se diluyen primero en una abultada e ininteligible exposición de hechos relacionados con la elección denunciada como ilegal por el quejoso, para después denunciar la supuesta intervención del Poder Ejecutivo en asuntos propios del Poder Legislativo, lo cual, constituye según el quejoso, un intento de (sic) "golpe de Estado” instigado por la señora IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO en su condición de Presidenta electa de la nación, la que, según se infiere de la exposición del recurrente, ha hecho uso de una de las formas "degenerativas" de la democracia, la que ha calificado como "oclocracia o gobierno de la muchedumbre". Con este planteamiento, que no guarda relación con el acto que se ha denunciado originalmente como el objeto del presente recurso, el quejoso parece confundir o equiparar a la acción constitucional de amparo con la potestad legal que tiene la Sala de lo Constitucional de resolver conflictos de competencia entre los Poderes del Estado y otras autoridades estatales, la cual se regula en el Título V de la Ley Sobre Justicia Constitucional y se conforma como un procedimiento potestativo de la Sala, pero independiente de las demás acciones constitucionales que la misma ley regula. CONSIDERANDO (7): Que estas claras deficiencias de forma en el planteamiento del recurso de amparo que se conoce resultan insubsanables a criterio de esta Sala, en tal virtud, la acción pretendida por el recurrente resulta impropia y debe ser inadmitida por adolecer la misma de defectos de forma insubsanables que se han dejado señalados en la presente resolución, y estando esta Sala facultada por ley, y en virtud del principio de taxatividad, para emitir pronunciamiento en cuanto a la no admisión de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley, procede la inadmisión de la presente acción de amparo y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022). VISTA: La acción de amparo promovida por el abogado JOSÉ ADALID RODRÍGUEZ SOSA, a favor de la señora DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL, en contra del diputado LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO y la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional de la República. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en forma taxativa los requisitos formales que debe contener la demanda de amparo, entre los que destaca la indicación concreta de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se interpone el amparo, así como el hecho, acto resolución, orden o mandato contra el cual se reclama y la indicación de los recursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación. La Ley Sobre Justicia Constitucional asigna al recurrente la responsabilidad de fundamentar la acción de amparo indicando los hechos que motivan la misma, así como los derechos que se estimen violados o amenazados con el acto reclamado. CONSIDERANDO (4): Que dicho lo anterior, esta Sala advierte que del escrito de interposición del recurso objeto de examen no se logran establecer con precisión aspectos esenciales e inherentes a la acción constitucional de amparo y esto se debe a la falta de claridad y de congruencia en el planteamiento del recurso por parte del quejoso, quien no parece ser coherente en cuanto a la determinación de su objeto, la autoridad recurrida e inclusive los supuestos agraviados con la ejecución del acto cuyo cumplimiento se reclama. CONSIDERANDO (5): Que la determinación precisa de estos elementos es de vital importancia para la correcta resolución de la acción de amparo porque esta atañe al restablecimiento y la restitución de derechos constitucionales que se aducen violados o disminuidos en perjuicio de personas que se consideren agraviados por dichos actos. En el recurso que nos ocupa, sin embargo, no parece haber coherencia en varios aspectos relevantes, como lo es para el caso, la designación concreta de la autoridad responsable de las alegadas violaciones o el acto cuyo cumplimiento se reclama, puesto que, a pesar de haberse indicado inicialmente que el acto reclamado lo es la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, no se denuncia específicamente a quiénes llevaron a cabo dicha elección, sino que el quejoso se limita a singularizar como autoridad denunciada a una persona en particular, el diputado al Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro. Es decir que, no obstante que el quejoso denuncia la elección de la junta directiva como acto reclamado en amparo, atribuye dicho acto no al Congreso Nacional como tal o sus diputados, a quienes corresponde por disposición constitucional la elección de su junta directiva, sino a un diputado en particular que forma parte del Poder Legislativo. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa carencias en la fundamentación del recurso, su procedencia, el concepto de las infracciones constitucionales denunciadas y sus efectos, siendo que los argumentos del recurrente se diluyen primero en una abultada e ininteligible exposición de hechos relacionados con la elección denunciada como ilegal por el quejoso, para después denunciar la supuesta intervención del Poder Ejecutivo en asuntos propios del Poder Legislativo, lo cual, constituye según el quejoso, un intento de (sic) "golpe de Estado” instigado por la señora IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO en su condición de Presidenta electa de la nación, la que, según se infiere de la exposición del recurrente, ha hecho uso de una de las formas "degenerativas" de la democracia, la que ha calificado como "oclocracia o gobierno de la muchedumbre". Con este planteamiento, que no guarda relación con el acto que se ha denunciado originalmente como el objeto del presente recurso, el quejoso parece confundir o equiparar a la acción constitucional de amparo con la potestad legal que tiene la Sala de lo Constitucional de resolver conflictos de competencia entre los Poderes del Estado y otras autoridades estatales, la cual se regula en el Título V de la Ley Sobre Justicia Constitucional y se conforma como un procedimiento potestativo de la Sala, pero independiente de las demás acciones constitucionales que la misma ley regula. CONSIDERANDO (7): Que estas claras deficiencias de forma en el planteamiento del recurso de amparo que se conoce resultan insubsanables a criterio de esta Sala, en tal virtud, la acción pretendida por el recurrente resulta impropia y debe ser inadmitida por adolecer la misma de defectos de forma insubsanables que se han dejado señalados en la presente resolución, y estando esta Sala facultada por ley, y en virtud del principio de taxatividad, para emitir pronunciamiento en cuanto a la no admisión de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley, procede la inadmisión de la presente acción de amparo y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 10. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 párrafo último, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo del cual se ha hecho mérito, promovido por el abogado JOSÉ ADALID RODRÍGUEZ SOSA a favor de la señora DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL, en contra del diputado LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO y la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional de la República; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” ““CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintidós. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, que declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto a favor de la señora DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL en contra del diputado LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO y la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional de la República. CONSIDERANDO (1): Que en fecha tres de febrero de dos mil veintidós, el recurrente Abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, por considerar que la misma es violatoria de los principios de informalidad y eficacia del debido proceso, además de los artículos 42, 43 y 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 2 capítulo I, 8, 23 numeral 1, incisos a), b) y c) de la Convención Americana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Que ha quedado estipulado en los considerandos 4 y 5 de la resolución de mérito, que en la interposición del recurso en estudio, no se logran establecer con precisión aspectos esenciales e inherentes a la acción constitucional de amparo debido a la falta de claridad y congruencia en el planteamiento del mismo, siendo de vital, importancia para la correcta resolución de la presente acción de amparo, ya que atañe al restablecimiento y restitución de derechos constitucionales que se aducen violados o disminuidos en perjuicio de personas que se consideran agraviadas por dichos actos; sin embargo, no parece haber coherencia en varios aspectos relevantes, entre ellos, la designación concreta de la autoridad responsable de las alegadas violaciones o el acto cuyo cumplimiento se reclama, resultando estas deficiencias de forma, insubsanables a criterio de esta Sala, tal como ha quedado claramente establecido en el fallo que hoy se pretende reponer. CONSIDERANDO (3): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional у extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N° 7 Y N° 8, 1 119, 120, 124 у demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha dos de febrero de dos mil veintidós; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente у se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fecha dos y cuatro de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-183-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL