Sentencia AA-1457-21 — Registro 15002
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra actuaciones, mediante la cual ordena la venta anticipada de subasta. Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que el ente denunciado pretende vender de manera subvaluada la propiedad que fue asegurada a su representada pese que desde el mes de junio del año dos mil veinte, está sujeto a un arriendo con vigencia de dos años, todo para beneficiar a una persona específica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso cual era el acto reclamado o el perjuicio que este le ocasiona, y aun cuando se procedió al análisis de los antecedentes no se apreció contravención a normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la perjudicada, y no obstante el recurrente invoca como violados derechos específicos, a través del acto que impugna, se aprecia ante la no determinación del agravio, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar una vez que se determine el acto administrativo concreto y consecuentemente el agravio constitucional correspondiente."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D.C., veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ERNESTO JESÚS FLORES BARDALES, a favor de la sociedad mercantil denominada FINCA ECOLÓGICA LA ROMA S.A. DE C.V., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), mediante la cual ordena la venta anticipada de subasta, un inmueble propiedad de la sociedad mercantil denominada FINCA ECOLÓGICA LA ROMA S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que el ente denunciado pretende vender de manera subvaluada la propiedad que fue asegurada a su representada pese que desde el mes de junio del año dos mil veinte, está sujeto a un arriendo con vigencia de dos años, todo para beneficiar a una persona específica. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se determina que el recurrente precisa que se han vulnerado en perjuicio de su representada la presunción de inocencia y principio de legalidad enmarcados en los artículos 82, 89 y 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que revisada la pieza remitida por el ente denunciado se aprecia que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno, el Coordinador de la Unidad de Bienes de la autoridad denunciada emitió Informe sugiriendo la venta anticipada del inmueble conforme el artículo 23 del Reglamento de Administración de bienes Incautados y Decomisados de la OABI, y siendo que este no tiene carácter de resolución ordene o autorice la venta anticipada del inmueble que relaciona el recurrente, por cuanto al no existir una resolución que en todo caso cause el agravio real a un derecho o garantía a la parte agraviada, se hace evidente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que el recurrente insta el presente recurso sin determinar el acto reclamado, y pese al estudio de los antecedentes, no fue posible percibir una resolución que ordene la venta del inmueble propiedad del mandante del reclamante, apreciando esta Sala que el reclamante ha omitido señalar el defecto del que adolecen las actuaciones que impugna para determinar el perjuicio que le ocasiona, razón por la que no se pudo proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que del estudio del acto reclamado y de los antecedentes, no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, circunstancia que se percibe toda vez que el Informe fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno, no declara, otorga ni deniega una garantía o derecho por consistir en opiniones que pueden o no incidir en la posible decisión que emita el ente denunciado, mismo que debe basarse en la ley y no en dictámenes, informes o solicitudes de terceros. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso cual era el acto reclamado o el perjuicio que este le ocasiona, y aun cuando se procedió al análisis de los antecedentes no se apreció contravención a normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la perjudicada, y no obstante el recurrente invoca como violados derechos específicos, a través del acto que impugna, se aprecia ante la no determinación del agravio, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar una vez que se determine el acto administrativo concreto y consecuentemente el agravio constitucional correspondiente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ERNESTO JESÚS FLORES BARDALES, a favor de la sociedad mercantil denominada FINCA ECOLÓGICA LA ROMA S.A. DE C.V., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la perjudicada; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1457-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL