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Sentencia AA-140-21 — Registro 17760

Resumen

con relación al contrato de fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental celebrado entre el Estado de Honduras, a través de COALIANZA y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.)en el cual, según recurrente en ninguna de sus trigésimas clausulas, determina que se les cobrará a los empleados de las instituciones (que tienen sus oficinas en dicho edificio) contra el cobro arbitrario por uso del estacionamiento en el centro cívico gubernamental a los empleados de la Secretaria de Educación, el Estado de Honduras a través de la promoción de la alianza público-privada coalianza, quien suscribió un contrato de fideicomiso para la administración del proyecto “Centro Cívico Gubernamental” en el cual hizo omisión de las necesidades del estacionamiento de los empleados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(5): Que estudiado que fue el caso, ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la amplitud de la garantía constitucional de amparo, según lo normativizado en la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Artículo 42. De la procedencia de la acción. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida”; con relación a lo establecido en el Artículo 25, párrafo primero, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.CONSIDERANDO (6): Que, para la Sala de lo Constitucional, la remuneración o el salario, es una condición esencial de las relaciones y contratos de trabajo. En tal sentido, la Constitución de la República en los numerales 3 y 4 del artículo 128, hace especial referencia al salario, garantizando la igualdad y no discriminación en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y, su condición singularmente privilegiada de conformidad con la ley; de forma tal que no queda duda, que a toda actividad laboral corresponde un salario, que además debe estar previamente establecido; y que a no ser por razones justificadas, no puede ser objeto de deducciones indebidas por parte del Patrono. Para la Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones efectuadas por el recurrente, en sustento de la presente acción de amparo; no han demostrado afectación alguna a tal derecho fundamental con el acto público conocido en amparo, según ha invocado el Letrado garantista. CONSIDERANDO (7): Que no se percibe, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por el Abogado recurrente, los cuales no contrastan el principio de legalidad, según lo observado en los sucesivos informes de las autoridades u organismos fideicomisarios; en los cuales se menciona expresamente la afectación de áreas de parqueo, con especificaciones para uso gratuito a favor de las personas que designen las instituciones usuarias, y aún con previsión para las personas con vulnerabilidad y retos especiales, con relación al contrato de fideicomiso del “Centro Cívico Gubernamental” celebrado entre el Estado de Honduras y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.); de lo cual discrepa la manifestación de hechos estipulada por el Letrado recurrente. CONSIDERANDO (8): Que lo anterior deja a salvo las acciones civiles que correspondieren al solicitante, acorde a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. Por lo cual resulta del caso desestimar la presente garantía constitucional

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo y Reposición que literalmente dicen “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ a favor de SI MISMO y en Representación de los Señores ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, JOSE EDMUNDO LOPEZ CASTILLO, DORIS ARAVELY SANTOS Y MARIA LIZETH CRUZ SALGADO, contra actuaciones de la COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), con relación al contrato de fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental celebrado entre el Estado de Honduras, a través de COALIANZA y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.), en el cual, según el recurrente en ninguna de sus trigésimas clausulas, determina que se les cobrará a los empleados de las instituciones (que tienen sus oficinas en dicho edificio) el uso del estacionamiento, entre otras alegaciones. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 15, 16, 59, 60, 63, 183, 313 numeral 5, 128 numeral 6, 15, 135 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (09) febrero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ a favor de SI MISMO y en Representación de los Señores ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, JOSE EDMUNDO LOPEZ CASTILLO, DORIS ARAVELY SANTOS Y MARIA LIZETH CRUZ SALGADO, compareció ante este Tribunal interponiendo recurso de amparo, contra el cobro arbitrario por uso del estacionamiento en el centro cívico gubernamental a los empleados de la Secretaria de Educación, el Estado de Honduras a través de la promoción de la alianza público-privada coalianza, quien suscribió un contrato de fideicomiso para la administración del proyecto “Centro Cívico Gubernamental” en el cual hizo omisión de las necesidades del estacionamiento de los empleados. (Folios 01–35 del presente Recurso) 2) Que en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en el cual se establece: (SIC): “1) La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) se creo mediante el Decreto Legislativo 143-2010, contentivo de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, como un ente Desconcentrado de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de gestionar y promover los proyectos y procesos de las Alianzas Público-Privada (APP). 2) Mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-064-2019 se ordeno suprimir y liquidar la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y que las funciones y atribuciones que le corresponde a COALIANZA serán reasignadas por el Consejo Superior de APP a partir de la vigencia del referido Decreto. 3) Mediante Decreto Ejecutivo No.PCM-081-2020 se autoriza que los Proyectos APP manejados hasta la fecha por COALIANZA y cualquier otra entidad especial, bajo cualquier figura, sean liderados por el correspondiente concedente. EN el mismo acto administrativo se establece que lo referente al diseño, financiamiento, demolición construcción, equipamiento, provisión del mobiliario, operación, explotación y mantenimiento de las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental en el Municipio del Distrito Central de la República de Honduras (concedente, contratante y representación en Comité Técnico del Fideicomiso) recaen en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 4) La Procuraduría General de la República, en su condición de representante legal del Estado, no tiene participación en la estructuración, adjudicación-formalización y ejecución de los contratos de alianza público-privada, ni participa en la gestación de los proyectos o procesos APP; recayendo toda legitimación y competencia en los órganos, organismos y entidades administrativas que tengan la condición de concedentes en los respectivos contratos. 5) En síntesis, la información solicitada no puede ser brindada por la Procuraduría General de la República por no tener vinculación directa con el contrato de fideicomiso relacionado, ni con las actuaciones objeto del recurso de merito. En consecuencia, esta representación tampoco puede establecer si los interesados interpusieron todos los recursos o acciones pertinentes y si hicieron uso de ellos; lo solicitado solo puede ser atendido por el actual concedente.” (Folios 52–64 del Recurso de Mérito) 3) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), la Sala tiene por recibido el informe solicitado al BANCO LAFISE, en el cual se establece: (SIC): “1) Mediante Decreto Legislativo número 307-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 12 de mayo de 2014, el Congreso Nacional conforme al artículo 205 numeral 19) de la Constitución de la República de Honduras, aprobó el contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto “Centro Cívico Gubernamental” suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013), entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada y BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) El contrato del Fideicomiso en mención, establece en la Clausula Cuarta. Fines del Fideicomiso, como Fin Especifico: “Preparar él o los proceso de selección y de contratación del o los Inversionistas-Operadores Privados que llevaran a cabo la revisión o desarrollo de diseño, financiamiento, construcción, operación, arrendamiento, mantenimiento y transferencia de los bienes, mediante los procesos competitivos establecidos en la ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y su Reglamento, bajo un contrato de tipo “Llave en Mano” y administrar los recursos generados por la recaudación de tarifas de estacionamiento, arrendamiento a terceros de áreas del edificio y demás que se determine en la estructuración de los proyecto de desarrollo del Centro Cívico Gubernamental, según corresponda, durante la ejecución del contrato con el o los inversionistas y posteriormente hasta finalizar los treinta (30) años de duración del fideicomiso. 3) Para dar cumplimiento al fin especifico del Contrato de Fideicomiso, en fecha 23 de febrero del 2015 COALIANZA y el fiduciario actuando de manera coordinada y mancomunada. Como la Convocante, publicaron el Pliego de Condiciones del Concurso Público Internacional para Adjudicar el Contrato de Alianza Público Privada para la Prestación de los Servicios y Diseño, Financiamiento, Demolición, Construcción, Equipamiento, Operación, Explotación t Mantenimiento de las Instalaciones, relacionados con el Centro Cívico Gubernamental, en el Municipio del Distrito Central de la República de Honduras. En el concurso participó la Empresa Constructora y Edificadora GIA + A. S.A. de C.V., que acredito contar con la Experiencia de inversión y Capacidad Financiera, así como capacidad técnica, jurídica y administrativa requeridas en el Pliego de Condiciones, y toda vez que su Propuesta Técnica fue aprobada y presento la mejor Oferta Económica resulto ganadora del Concurso y Adjudicatario. Empresa, que una vez adjudicada, constituyo la Sociedad Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH) S.A. de C.V. 4) El 20 de abril de 2016 se suscribió el CONTRATO DE ALIANZA PÙBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, DEMOLICION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PROVISION DEL MOBILIARIO, OPERACIÓN, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, RELACIONADOS CON EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, denominado Contrato APP, entre la Secretaría de Finanzas, Coalianza, Banco Lafise en su condición de Fiduciario y la Sociedad Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH), también referida como Inversionista Operador Privado (IOP). DOIH tiene a su cargo la construcción y la operación del Centro Cívico Gubernamental. 5) Por otro lado, el Contrato APP en mención, en su Anexo 7, numerales 7.7.3. Lugares de estacionamiento para vehículos, motocicletas y bicicletas literalmente establece: “Los lugares de estacionamiento se localizarán tanto en Planta Baja como en Sótanos, según lo conceptualice el Inversionista Operador Privado. El número total de plazas de estacionamiento se obtendrá en función de la superficie (m2) total de Oficinas y de la superficie (m2) total de Comercios. Para la obtención del número de plazas totales, se deberán seguir los lineamientos que se enuncian en las Normas de Actualización de la Zonificación y Normas de Fraccionamiento, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central. Del total del número de plazas de estacionamiento que resulte, deberán destinarse plazas para personas con capacidades especiales según las Leyes Aplicables y 520 plazas, sin cobro para funcionarios de altos mandos. El resto de plazas serán con cobro tanto para públicos como para empleados en general. Dentro del estacionamiento, se deberán destinar plazas de estacionamiento para 550 motocicletas aproximadamente. Se sugiere incluir plazas de parqueo para bicicletas, tanto en sótanos como en planta baja”. Finalmente, confirmo que esta institución fiduciaria no ha recibido ninguna reclamación de parte de alguno de los reclamantes, ni a través de los canales de Atención al Usuario Financiero ni a través de ninguna otra instancia.” (Folios 66–69 del Recurso de Mérito) 4) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la SECRETARÌA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, en el cual se establece: (SIC): “PRIMERO: En fecha 09 de febrero de 2021, el Abogado Oscar Rolando Martínez Martínez, en su condición de empleado de la Secretaría de Educación y en representación personal y de los señores Ángela Rosibel Moreno Varela, José Edmundo López Castillo, Doris Aravely Santos, Maria Lizeth Cruz Salgado, interpuso recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, contra el cobro arbitrario por uso del estacionamiento en el centro cívico gubernamental a los empleados de la Secretaría de Educación, el Estado de Honduras a través de la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), quien suscribió un contrato de fideicomiso para la administración del proyecto “Centro Cívico Gubernamental”, en el cual hizo omisión de las necesidades del estacionamiento de los empleados, omisión manifiesta en la clausula primera ultimas tres líneas, clausula cuarta ultimo párrafo y la clausula sexta en su numeral 4 del fideicomiso en su diseño omitió las necesidades de los empleados en el contrato de fideicomiso en mención, según expresa el recurrente en el escrito de acción de amparo. SEGUNDO: En fecha 26 de julio de 2021, el BANCO LAFISE presente ante la Receptoría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, escrito denominado “PRESENTACION DE INFORME SOLICITADO EN RECURSO DE AMPARO ADMINISTRATIVO No.SCO-0140-2021” dirigido a la Honorable Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, en virtud de haber recibido comunicación por parte de la Sala de lo Constitucional en fecha 21 de julio de 2021, atendiendo a dicha solicitud en su condición de fiduciario del contrato de fideicomiso para la administración del Proyecto “Centro Cívico Gubernamental” manifiesta literalmente: 1) Mediante Decreto Legislativo número 307-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 12 de mayo de 2014, el Congreso Nacional conforme al artículo 205 numeral 19) de la Constitución de la República de Honduras, aprobó el contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto “Centro Cívico Gubernamental” suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013), entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada y BANCO LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) El contrato del Fideicomiso en mención, establece en la Clausula Cuarta. Fines del Fideicomiso, como Fin Especifico: “Preparar él o los proceso de selección y de contratación del o los Inversionistas-Operadores Privados que llevaran a cabo la revisión o desarrollo de diseño, financiamiento, construcción, operación, arrendamiento, mantenimiento y transferencia de los bienes, mediante los procesos competitivos establecidos en la ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y su Reglamento, bajo un contrato de tipo “Llave en Mano” y administrar los recursos generados por la recaudación de tarifas de estacionamiento, arrendamiento a terceros de áreas del edificio y demás que se determine en la estructuración de los proyecto de desarrollo del Centro Cívico Gubernamental, según corresponda, durante la ejecución del contrato con el o los inversionistas y posteriormente hasta finalizar los treinta (30) años de duración del fideicomiso. 3) Para dar cumplimiento al fin especifico del Contrato de Fideicomiso, en fecha 23 de febrero del 2015 COALIANZA y el fiduciario actuando de manera coordinada y mancomunada. Como la Convocante, publicaron el Pliego de Condiciones del Concurso Público Internacional para Adjudicar el Contrato de Alianza Público Privada para la Prestación de los Servicios y Diseño, Financiamiento, Demolición, Construcción, Equipamiento, Operación, Explotación t Mantenimiento de las Instalaciones, relacionados con el Centro Cívico Gubernamental, en el Municipio del Distrito Central de la República de Honduras. En el concurso participó la Empresa Constructora y Edificadora GIA + A. S.A. de C.V., que acredito contar con la Experiencia de inversión y Capacidad Financiera, así como capacidad técnica, jurídica y administrativa requeridas en el Pliego de Condiciones, y toda vez que su Propuesta Técnica fue aprobada y presento la mejor Oferta Económica resulto ganadora del Concurso y Adjudicatario. Empresa, que una vez adjudicada, constituyo la Sociedad Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH) S.A. de C.V. 4) El 20 de abril de 2016 se suscribió el CONTRATO DE ALIANZA PÙBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, DEMOLICION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PROVISION DEL MOBILIARIO, OPERACIÓN, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, RELACIONADOS CON EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, denominado Contrato APP, entre la Secretaría de Finanzas, Coalianza, Banco Lafise en su condición de Fiduciario y la Sociedad Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH), también referida como Inversionista Operador Privado (IOP). DOIH tiene a su cargo la construcción y la operación del Centro Cívico Gubernamental. 5) Por otro lado, el Contrato APP en mención, en su Anexo 7, numerales 7.7.3. Lugares de estacionamiento para vehículos, motocicletas y bicicletas literalmente establece: “Los lugares de estacionamiento se localizarán tanto en Planta Baja como en Sótanos, según lo conceptualice el Inversionista Operador Privado. El número total de plazas de estacionamiento se obtendrá en función de la superficie (m2) total de Oficinas y de la superficie (m2) total de Comercios. Para la obtención del número de plazas totales, se deberán seguir los lineamientos que se enuncian en las Normas de Actualización de la Zonificación y Normas de Fraccionamiento, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central. Del total del número de plazas de estacionamiento que resulte, deberán destinarse plazas para personas con capacidades especiales según las Leyes Aplicables y 520 plazas, sin cobro para funcionarios de altos mandos. El resto de plazas serán con cobro tanto para públicos como para empleados en general. Dentro del estacionamiento, se deberán destinar plazas de estacionamiento para 550 motocicletas aproximadamente. Se sugiere incluir plazas de parqueo para bicicletas, tanto en sótanos como en planta baja” TERCERO: En atención a la comunicación del 08 de septiembre de 2021, recibida en esta Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 21 de septiembre de 2021, referente a la acción de amparo con orden de ingreso No.SCO-0140-2021; interpuesta por el Abogado Oscar Rolando Martínez Martínez, a favor de si mismo y de los señores Ángela Rosibel Moreno Varela, José Edmundo López Castillo, Doris Aravely Santos y Maria Lizeth Cruz Salgado, en el cual recurre contra actuaciones de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA), con relación de fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental. Se INFORMA: Que con fundamento en el Código de Comercio y de conformidad al Decreto Legislativo No.307-013 de fecha 12 de mayo del 2014 se suscribió el “CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO “CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL”. Celebrando entre el Estado de Honduras por medio de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada y el Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima. Este contrato establece en su clausula sexta, en relación con la fase de administración del proyecto, lo siguiente: “1. El Fideicomiso administrará los flujos que se produzcan el cobro de las tarifas de estacionamiento, arrendamientos, mantenimientos y cualquier otra tarifa definida, que se requerirá al inversionista depositar en las cuentas del Fideicomiso constituido para tal efecto, por los periodos de concesión establecidos…” En consecuencia, es competencia de Banco LAFISE, en su condición de fiduciario suministrar la información requerida. De esta manera, habiendo cumplimentado la comunicación antes relacionada, manifiesto mi permanente anuencia a seguir colaborando con su Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.” (Folios 75–78 del Recurso de Mérito) 5) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de merito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 578 del Recurso de Mérito). 6) Que en fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “No procede declarar con lugar la acción de amparo presentada”; lo cual tuvo como fundamento la revisión y análisis del antecedente de mérito, del cual no se desprende el cobro de parqueo sea obligatorio, es decir que la deducción se realice por planilla. Por el contrario, se estableció que el pago se efectuará si el empleado hace uso del espacio de estacionamiento de manera individual. Manifiesta el amparista que fue omiso el Estado en dejar determinado el beneficio de parqueo, sin cobro alguno, para los empleados que laboran en el Centro Cívico; lo cual carece de sustento, en vista a que el Empleador (Estado), lo que está llamado a suministrar, son los recursos necesarios para que se cumpla con la labor para la que fue contratada la persona. Bajo esta consideración, no constituye obligatoriedad por parte del contratante el proporcionar un sitio de estacionamiento que no genere costo alguno para el empleado, circunstancias que permiten determinar que no existe quebrantamiento a la garantía invocada. (Folio 582–584 y 586 del Recurso de Mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce vista para sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ a favor de SI MISMO y en representación de los señores ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA, JOSE EDMUNDO LOPEZ CASTILLO, DORIS ARAVELY SANTOS Y MARIA LIZETH CRUZ SALGADO, contra actuaciones de la COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), con relación al contrato de fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental celebrado entre el Estado de Honduras, a través de COALIANZA y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.), en el cual, según el recurrente, en ninguna de sus trigésimas clausulas, determina que se les cobrará a los empleados de las Instituciones que tienen sus oficinas en dicho edificio, el uso del estacionamiento. Estimando el recurrente que tal cobro es ilegal e arbitrario, por afectar, en concreto, el salario de los susodichos empleados públicos. Que se ha gozado de tal beneficio por más de cuarenta años, con lo cual ha adquirido por medio de la costumbre, la consideración de derecho inalienable e imprescriptible; lo cual sería reconocido, inclusive, por la jurisprudencia interamericana del artículo 26 del Pacto de San José, correlativo al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; contentivos del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, al goce del salario mínimo y de goce del mismo salario por trabajo igual, medidas de seguridad e higiene, igualdad de oportunidades en promociones por capacidad y tiempo de servicio, el límite del horario laboral y la remuneración de días festivos, entre otras; por corresponder tales condiciones a una necesidad jurídica, de carácter obligatorio, de la cual el Estado de Honduras, por ser parte, está obligado a respetar, cumplir y promover. CONSIDERANDO (4): Que finaliza manifestando el garantista, Abogado OSCAR ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ, en formalización de su recurso, que el acto arbitrario de autoridad que califica como arbitrariedad omisiva, viene a lesionar el principio de legalidad y sus derechos humanos como derechohabiente de prestaciones laborales, tales como el salario que es afectación concreta a la comida de sus hijos, su educación, salud, derecho a una vida digna; más aun habiéndosele proporcionado dicho beneficio a otros compañeros en forma gratuita, lo que representa una discriminación laboral; siendo violatorio de los derechos constitucionales de los empleados del Centro Cívico Gubernamental, contenidos en los artículos 15, 16, 59, 60, 63, 128 numeral 6) y 15); 135, 183 y 313 numeral 5), todos de la Constitución de la República; por lo cual pide se admita el amparo interpuesto, con la consiguiente suspensión del acto reclamado y los efectos del mismo; haciendo prevalecer sus derechos humanos y la dignidad de la persona humana. CONSIDERANDO (5): Que estudiado que fue el caso, ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la amplitud de la garantía constitucional de amparo, según lo normativizado en la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Artículo 42. De la procedencia de la acción. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida”; con relación a lo establecido en el Artículo 25, párrafo primero, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.CONSIDERANDO (6): Que, para la Sala de lo Constitucional, la remuneración o el salario, es una condición esencial de las relaciones y contratos de trabajo. En tal sentido, la Constitución de la República en los numerales 3 y 4 del artículo 128, hace especial referencia al salario, garantizando la igualdad y no discriminación en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y, su condición singularmente privilegiada de conformidad con la ley; de forma tal que no queda duda, que a toda actividad laboral corresponde un salario, que además debe estar previamente establecido; y que a no ser por razones justificadas, no puede ser objeto de deducciones indebidas por parte del Patrono. Para la Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones efectuadas por el recurrente, en sustento de la presente acción de amparo; no han demostrado afectación alguna a tal derecho fundamental con el acto público conocido en amparo, según ha invocado el Letrado garantista. CONSIDERANDO (7): Que no se percibe, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por el Abogado recurrente, los cuales no contrastan el principio de legalidad, según lo observado en los sucesivos informes de las autoridades u organismos fideicomisarios; en los cuales se menciona expresamente la afectación de áreas de parqueo, con especificaciones para uso gratuito a favor de las personas que designen las instituciones usuarias, y aún con previsión para las personas con vulnerabilidad y retos especiales, con relación al contrato de fideicomiso del “Centro Cívico Gubernamental” celebrado entre el Estado de Honduras y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.); de lo cual discrepa la manifestación de hechos estipulada por el Letrado recurrente. CONSIDERANDO (8): Que lo anterior deja a salvo las acciones civiles que correspondieren al solicitante, acorde a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. Por lo cual resulta del caso desestimar la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, artículo 128 numerales 3) y 4), 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que firme que sea la presente sentencia, se proceda por la Secretaría al archivo de la foliada y demás efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Oscar Rolando Martínez Martínez, actuando en causa propia y a favor de los empleados públicos Angela Rosibel Moreno Varela, José Edmundo López Castillo, Doris Aracely Santos y María Lizeth Cruz Salgado, contra la sentencia emitida por este Alto Tribunal de Justicia en fecha Quince (15) de noviembre del dos mil veintidós (2022), relacionada al cobro arbitrario por uso del estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental a los empleados de la Secretaria de Educación, de conformidad al Contrato de Fideicomiso suscrito por el CCG con COALIANZA y la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE (Honduras) concesión que otorgó el Estado de Honduras. Contrato de Fideicomiso suscrito para la administración del proyecto Centro Cívico Gubernamental, por omisiones a necesidades de estacionamiento de los empleados, omisión manifiesta en la cláusula primera últimas tres líneas, clausula cuarta último párrafo y la cláusula sexta en su numeral 4 el Fideicomitente en su diseño omitió las necesidades de los empleados en el contrato de fideicomiso en mención. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha comprobado en principio, que el suplicante interpuso recurso de reposición contra la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha 15 de noviembre del 2022, mediante la cual DENEGÓ LA ACCIÓN DE AMPARO presentada por el Abogado Oscar Rolando Martínez Martínez, actuando en causa propia y a favor de los empleados públicos Angela Rosibel Moreno Varela, José Edmundo López Castillo, Doris Aracely Santos y María Lizeth Cruz Salgado contra un acto de autoridad arbitrario a la economía de un colectivo social representado por empleados públicos, por el cobro arbitrario por uso del estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental a los empleados de la Secretaria de Educación, el Estado de Honduras a través de la Promoción de la Alianza Publico Privado COALIANZA, suscribo un contrato de fideicomiso para la administración del proyecto del CCG. CONSIDERANDO : Que el recurso de reposición se interpuso en tiempo y forma, el mismo parte de la inconformidad del recurrente con el fallo pronunciado por esta Sala de lo Constitucional mediante el cual se denegó la acción de amparo solicitada, debido a que no se percibe violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por el recurrente, como se deduce de los informes de las autoridades y organismos fideicomisarios, los que reseñan exclusivamente la afectación de áreas de parqueo, con especificaciones para uso gratuito a favor de las personas que designen las instituciones usuarias, y aun con previsión para las personas con vulnerabilidad y retos especiales, con relación al Contrato de Fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental, celebrado entre el Estado de Honduras y el Banco Lafise (Honduras S.A.), de lo cual discrepa la manifestación de hechos estipulada por el recurrente.CONSIDERANDO: Que leída la argumentación planteada por el demandante, esta versa en que la Sala de lo Constitucional con el fallo proferido, vulnera la economía del colectivo social (empleados públicos del sector Secretaria de Educación) al haber denegado la suspensión del acto reclamado, por no aplicar el control de convencionalidad y solicita que se enmiende la resolución en cuanto se vulnera al colectivo social al no actuar apegado al derecho sustantivo constitucional, economía que es protegida por la primera jurisprudencia vertida por la Corte Interamericana en su interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en protección de lo DESCA, el Control de Convencionalidad, cuyo ombligo de origen lo tiene en la jurisprudencia internacional que declara que Iura Novit Curia es obligación del Juez, Magistrado dar los derechos que las personas pidan o no pidan, el Juez está en la obligación de beneficiar al administrado, los empleados públicos estamos en indefensión ante este fallo, solicitamos aplicación de la norma constitucional del artículo 321. CONSIDERANDO: Que tal y como ha quedado expresado en la sentencia proferida por la Sala en los considerandos 6 y 7; la remuneración o el salario, es una condición esencial de las relaciones y contratos de trabajo. En tal sentido, la Constitución de la República en los numerales 3 y 4 del artículo 128, hace especial referencia en cuanto al salario, y las modalidades y condiciones del mismo, de tal manera que no permite discriminación alguna, por otro lado, los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley, es por ello que en cuanto las deducciones, estas no pueden darse porque se consideran indebidas, concluyendo entonces, que las motivaciones del Amparista no tiene sustento para la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes, en atención a las alegaciones efectuadas por el recurrente, en sustento al petitorio; no se vislumbra afectación alguna a derecho fundamental con el acto público conocido en amparo, como ha quedado expresado en el fallo proferido, pues el servicio de parqueo no un servicio obligatorio para los empleados del CCG que a través de los instrumentos suscritos se haga saber, es un acto voluntario del empleado a tomar o no el servicio ofertado, con lo cual no se vulnera derecho o garantía alguna; y por otro lado, con respecto a la omisión que alude el Amparista, que el Estado debió dejar el beneficio del estacionamiento sin cobro alguno, es un petitorio sin sustento, pues la obligatoriedad del Patrono en este caso (El Estado) es dotar al empleado de los insumos para el cargo que ha sido seleccionado, es decir, dotarlo de los recursos necesarios para que cumpla con la labor para la cual fue contratado; desde ese punto de vista no se percibe, en definitiva, violación a los derechos constitucionales en los términos expresados por el recurrente, pues no contrastan el principio de legalidad, esto como resultado del examen a los informes rendidos por las autoridades u organismos fideicomisarios, en ellos (contratos) se menciona expresamente la afectación de áreas de parqueo, con especificaciones para uso gratuito a favor de las personas que designen las instituciones usuarias, y aún con previsión para las personas con vulnerabilidad y retos especiales, con relación al contrato de fideicomiso del “Centro Cívico Gubernamental” celebrado entre el Estado de Honduras y el BANCO LAFISE (HONDURAS S.A.). CONSIDERANDO: Que pretender que el Juez o Magistrado, en alusión al Principio Iura Novit Curia -según el recurrente- tiene la obligación de resolver favorablemente, el artículo 12.5) del Código Procesal Civil, establece: “El juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. (lo Subrayado es nuestro). En ese sentido, lo que la norma intuye es que la Ley concede al Juez autoridad para ordenar la realización de los actos procesales dentro del orden lógico que todo procedimiento impone. En ello no existe arbitrariedad ni discrecionalidad, pues el juez está sometido al principio de legalidad. De otro lado, el artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en la situación protectoria colectiva planteada, es relevante hacer valer los comentarios interpretativos de la CIDH, en cuanto al artículo 26, relativo al “desarrollo progresivo”, señala que la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, no pueden lograrse en un breve período de tiempo, y requieren la flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo y las dificultades que enfrenta cada país, de lo que se colige que no se han vulnerado las garantías al impetrante en favor de si mismo y otros, por tanto, esta Sala es del parecer que se declare Sin Lugar el recurso de reposición planteado. CONSIDERANDO: Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; las actuaciones jurisdiccionales deben ceñirse a los procesos marcados por el legislador a través de la aplicación de normas precisas. En el caso que nos ocupa, no encuentra esta Sala argumentos contundentes que permitan variar la decisión tomada en el fallo proferido en fecha 15 de noviembre del 2022 que denegó el recurso de amparo solicitado. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 12.5 del Código Procesal Civil RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por Oscar Rolando Martínez Martínez actuando por si y a favor de los empleados Angela Rosibel Moreno Varela, José Edmundo López Castillo, Doris Aracely Santos y María Lizeth Cruz Salgado contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha quince de noviembre del dos mil veintidós, contra actuaciones de la Comisión para la Promoción de la Alianza Publio Privada (COALIANZA) con relación a un Contrato de Fideicomiso con el Centro Cívico Gubernamental celebrado entre el Estado de Honduras a través de COALIANZA y el Banco Lafise (Honduras S.A.) en cuanto al cobro del uso de estacionamiento vehicular; y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redacto magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFIQUESE. – MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas quince de noviembre de dos mil veintidós, y reposición de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0140-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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