Sentencia AA-1263-22 — Registro 16321
Resumen
Acto recurrido que otorga amparo contra actuaciones de El Servicio de Administracion de Rentas, relacionado a la solicitud de archivo del proceso de fiscalización originado en la orden de fiscalización número 311- 19- 9000-60, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés.En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, sí amerita el otorgamiento de la garantía de amparo, en aras asegurar la tutela judicial efectiva que es debida a los habitantes por todos los poderes y órganos del Estado, inclusive, por el Poder Ejecutivo a través de la Administración Pública desconcentrada; la cual se ha visto reconocido sustancialmente en los términos del fallo vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha once (11) de agosto del dos mil veintidós (2022)..." ..." Que, lo anteriormente motivado y considerado por la Sala de lo Constitucional, resulta no obstante la puntual observación que la resolución estimatoria de amparo, con motivo en la prescripción legal de las diligencias relacionadas, ordena la no aplicabilidad al amparista del seguimiento del procedimiento de fiscalización: “… iniciado en fecha 29 de mayo del año 2019 número 311- 19-800-60 y demás actuaciones que se deriven del mismo procedimiento de fiscalización. SIN COSTAS”; en lugar de fundamentarlo legalmente en lo establecido por el artículo 10 numeral 2), literal b), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; que establece competencia objetiva a las Cortes de Apelaciones, en su respectiva jurisdicción, para amparar violación a los derechos fundamentales de empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar; a efecto se mantenga o restituya a la persona agraviada en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen;[5] razones netamente formales por las cuales resulta procedente dictar reformatoria, única y exclusivamente en cuanto a los efectos que dimanan de la estimatoria de la garantía de amparo, con base a lo normado por la Ley Sobre Justicia Constitucional; procediendo, en tal sentido, el dictado de sentencia confirmatoria en las demás partes y consideraciones sustantivas de la garantía constitucional de amparo que es venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha once (11) de agosto del dos mil veintidós (2022), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE MARIA DIAZ ROJAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS CARRION S.A de C.V, contra actuaciones de SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) relacionadas según el recurrente a la solicitud de archivo del proceso de fiscalización originado en la orden de fiscalización número 311- 19- 9000-60, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL TIENDAS CARRION S.A DE C.V (RTN 01019000044799.-Estimando el recurrente que con el acto reclamado se le infringen a su representación procesal los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dos (02) de marzo del dos mil veinte (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el Abogado JOSE MARIA DIAZ ROJAS, interponiendo Recurso de Amparo, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS CARRION S.A de C.V, contra actuaciones de SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) relacionadas según el recurrente a la solicitud de archivo del proceso de fiscalización originado en la orden de fiscalización número 311- 19- 9000-60, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL TIENDAS CARRION S.A DE C.V (RTN 01019000044799). (Folio 1 al 6 de la pieza de los Antecedentes) 2) Que en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional, se declaró Incompetente de conocer la demanda de amparo interpuesta por el Abogado JOSE MARIA DIAZ ROJAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS CARRION S.A de C.V, contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), por lo que ordena remitir los antecedentes a la Corte de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. (Folio 18 al 19 de la Pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, tiene por recibido el recurso de Amparo con procedencia de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, interpuesto por el Abogado por el Abogado JOSE MARIA DIAZ ROJAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS CARRION S.A de C.V. 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022) emitió su fallo, mediante el cual RESUELVE: “SE OTORGA la acción de amparo interpuesta a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS CARRION S.A DE C.V, interpuesta por el Abogado JOSE MARIA DIAZ ROJAS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil, contra las actuaciones del Servicio de Administración de Rentas, Dirección de Grandes Contribuyentes de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, declarando que no le es aplicable al amparista el seguimiento del procedimiento de fiscalización iniciado en fecha 29 de mayo del año 2019 número 311- 19-800-60 y demás actuaciones que se deriven del mismo procedimiento de fiscalización. SIN COSTAS”; lo cual tuvo inferencia en que el plazo legal para realizar actuaciones de fiscalización por parte del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) transcurrió, sin que conste resolución, la que se encuentra prescrita, por ende, acorde a los artículos 125.6, 144.1, y 147.1 del Código Tributario;[1] de todo lo cual se evidencia una franca violación a los derechos fundamentales como son el debido proceso, el derecho de petición y el derecho a la defensa. (Folios 141 al 150 de la pieza de Corte de apelaciones) 5) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, a petición de parte el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha once (11) de agosto del dos mil veintidós (2022), por la cual otorga la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ MARÍA DÍAZ ROJAS, a favor de la Sociedad Mercantil TIENDAS CARRION S.A de C.V, contra actuaciones de SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), relativas a la procedencia de la solicitud de archivo del proceso de fiscalización originado en la orden de fiscalización número 311- 19- 9000-60, a través de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL TIENDAS CARRION S.A DE C.V (RTN 01019000044799, por haber dejado transcurrir el tiempo establecido en el artículo 125 numeral 6) del Código Tributario, inter alia, sin haber emitido ni notificado la resolución relacionada a dicho proceso de fiscalización, como correspondería de conformidad al debido proceso, al derecho de petición y al derecho de defensa; según resuelto por el Tribunal Garante, con base a las consideraciones explicitadas en el Antecedente 4) de la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (3): Que, conforme pacífica jurisprudencia de la Sala, la declaración unilateral de la voluntad de la Administración que produce efectos subjetivos, siguiendo al doctrinario Rafael Bielsa.[2] “En suma el acto administrativo es la manifestación de la voluntad administrativa del Estado, materializada en un reglamento o resolución de carácter particular que crea, modificar o extingue situaciones jurídicas de las personas”;[3] encontrándose los órganos y entidades de la Administración Pública sujetos a la Ley de Procedimiento Administrativo: “Cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares”;[4] realzando la contribución del principio de legalidad y proscripción de analogía, como marco general del ordenamiento administrativo, también en lo atinente a la materia tributaria. CONSIDERANDO (4): Que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, sí amerita el otorgamiento de la garantía de amparo, en aras asegurar la tutela judicial efectiva que es debida a los habitantes por todos los poderes y órganos del Estado, inclusive, por el Poder Ejecutivo a través de la Administración Pública desconcentrada; la cual se ha visto reconocido sustancialmente en los términos del fallo vertido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha once (11) de agosto del dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO (5): Que, lo anteriormente motivado y considerado por la Sala de lo Constitucional, resulta no obstante la puntual observación que la resolución estimatoria de amparo, con motivo en la prescripción legal de las diligencias relacionadas, ordena la no aplicabilidad al amparista del seguimiento del procedimiento de fiscalización: “… iniciado en fecha 29 de mayo del año 2019 número 311- 19-800-60 y demás actuaciones que se deriven del mismo procedimiento de fiscalización. SIN COSTAS”; en lugar de fundamentarlo legalmente en lo establecido por el artículo 10 numeral 2), literal b), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; que establece competencia objetiva a las Cortes de Apelaciones, en su respectiva jurisdicción, para amparar violación a los derechos fundamentales de empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar; a efecto se mantenga o restituya a la persona agraviada en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen;[5] razones netamente formales por las cuales resulta procedente dictar reformatoria, única y exclusivamente en cuanto a los efectos que dimanan de la estimatoria de la garantía de amparo, con base a lo normado por la Ley Sobre Justicia Constitucional; procediendo, en tal sentido, el dictado de sentencia confirmatoria en las demás partes y consideraciones sustantivas de la garantía constitucional de amparo que es venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 1), 303, 304, 313 No.5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 10 numeral 2), literal b), 41, 42, 43, 45, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.-REFORMA la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022), única y exclusivamente en cuanto al establecimiento de los efectos que dimanan de la estimatoria de la garantía de amparo impetrada por el abogado JOSÉ MARÍA DÍAZ ROJAS, a favor de la Sociedad Mercantil TIENDAS CARRION S.A de C.V, contra actuaciones de SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR); la cual debe sujetarse a lo normado en el artículo 10 numeral 2), literal b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; con relación a lo preceptuado en el artículo 183 numeral 1) de la Constitución de la República, 2.- CONFIRMANDO la resolución en sus demás partes y consideraciones sustantivas de la garantía constitucional de Amparo. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1263-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Decreto No. 170-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 34, 224 y vigente a partir del 1 de enero de 2017.
[2] Citado por Ramos, Rigoberto A., en: El Reclamo Administrativo. Tegucigalpa: Editorial Universitaria. 2000. Pág. 17.
[3] Ramos A. Rigoberto. Ibidem.
[4] Artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
[5] Artículo 41, numeral 1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional.