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Sentencia AA-1204-21 — Registro 14596

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo que inadmitió medio de prueba pericial de demandanate-incidentista y desestimó el recurso de reposición recaído en el incidente de Liquidación de daños y perjuicios de sentencia firme en relación a demanda de nulidad de acto administrativo que se declare una situación jurídica individualizada para que se conde al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud al pago de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Este tribunal constitucional no ve que se hayan vulnerado garantías constitucionales- aducidas ya que tuvo su derecho a la defensa, debido proceso, trato igualitario y juzgado por juez competente...”..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo la DENEGATORIA DE LA ACCION DE AMPARO que se conoce en esta sala, en consulta y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que lo procedente es CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintidós.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso presentado por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, a favor de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la solicitud de ejecución forzosa de título judicial de condena mediante solicitud de liquidación inmediata de daños y perjuicios promovida por la Señora BARBARA MARTINEZ REYES contra el ESTADO DE HONDURA, A TRAVES, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 305, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos (02) de mayo del dos mil siete (2007), ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ANTONIO MEJIA Y MEJIA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, promoviendo Demanda de nulidad de un acto administrativo, que se declare una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento, que se condene al Estado de Honduras al pago de daños y perjuicios. (Folios 01–12 de la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), comparecieron ante el Juzgado antes citado, los Abogados SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA Y DAFNE LILY FUGON HANDAL en su condición de Apoderados Legales de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, interponiendo incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios recaídos en sentencia firme. (Folios 01-07 de la pieza de Incidente de Ejecución Forzosa).-3) Que en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “En cuanto a los medios de prueba propuestos por el apoderado legal de la parte demandante-incidentista, en el cual propone el medio de prueba pericial… dicho medio de prueba se inadmite en base al artículo 884 numeral 2 del Código Procesal Civil” “El Juzgado resuelve sin lugar en cuanto al recurso de reposición, en base a los preceptos establecidos anteriormente y en base al artículo 884.2 y asimismo todo el 884 del Código Procesal Civil, haciendo énfasis en el numeral 2, que indica el requisito necesario para que sea admitido dicho medio de prueba. Por lo que se inadmite dicho medio de prueba y se le devuelven en este acto los documentos presentados que son los dos curriculum y el listado de actuarios.” (Folios 32-37 de la pieza de Incidente de Ejecución Forzosa).-4) Que en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, interponiendo acción de amparo a favor de su representada, contra el Auto Resolutivo, emitido en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) dictado por el Juzgado referido en la pieza de Ejecución Forzosa.- (Folios 01–10 de la pieza del Ad-Quem).-5) Que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Ciudadana BARBARA MARTINEZ REYES.” (Folios 52–59 de la Pieza del Ad-Quem).-6) Que en fecha cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), recaído en el incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios de sentencia firme, emitiendo dicho Juzgado el auto resolutivo siguiente: “En cuanto a los medios de prueba propuestos por el apoderado legal de la parte demandante-incidentista, en el cual propone el medio de prueba pericial… dicho medio de prueba se inadmite en base al artículo 884 numeral 2 del Código Procesal Civil” “El Juzgado resuelve sin lugar en cuanto al recurso de reposición, en base a los preceptos establecidos anteriormente y en base al artículo 884.2 y asimismo todo el 884 del Código Procesal Civil, haciendo énfasis en el numeral 2, que indica el requisito necesario para que sea admitido dicho medio de prueba. Por lo que se inadmite dicho medio de prueba y se le devuelven en este acto los documentos presentados que son los dos curriculum y el listado de actuarios.”-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ante la Acción de Amparo interpuesta, contra el auto de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), resolvió mediante sentencia de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, lo siguiente: “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Ciudadana BARBARA MARTINEZ REYES.” CONSIDERANDO (5): Que Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, motivo la sentencia de Amparo en mención así; “QUINTO (5): La acción de amparo, como todas las acciones judiciales, se encuentra sometida a una serie de requisitos y condiciones de admisibilidad, en este caso establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional (artículos 46 y 49) siendo la acción de amparo un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares, establecidos en la Constitucion, leyes y tratados internacionales, con el objetivo de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida, en la que no se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustentación de recursos ordinarios, se trata de la reafirmación de derechos constitucionales, revisando si los hechos denunciados constituyen o no derechos constitucionales.- SEXTO: Es menester referir que para que se despliegue la tutela que brinda el Recurso de Amparo judiciales competentes, las actuaciones de del proceso, una vez que se haya producido se despliegue la por los órganos las partes dentro el acto que según su criterio considera viola torio, debe ser activa Y permanente procurando su reparación, agotando dentro del momento procesal oportuno todos los medios a su alcance y que legalmente estén establecidos. Uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo lo constituye el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, con expresión del juicio o diligencia en que ha sido dictada la resolución, orden o mandato reclamado. Y esto es así, porque sobre ese hecho, acto, resolución, orden o mandato es que deben recaer los supuestos derechos constitucionales violentados o amenazados, así como las supuestas causas de inadmisibilidad.- SEPTIMO: En el caso que nos ocupa, esta acción de Amparo, se interpone por lo resuelto en la resolución de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veintiuno (2021), en la cual, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del Departamento de Francisco Morazán, resuelve rechazar al impetrante en audiencia de procedimiento abreviado la proposición del medio de prueba denominado peritaje, fundamentándose en el artículo 884 numeral 2, del Código Procesal Civil.- OCTAVO: Manifiesta el impetrante que como puede observarse norma aplicable no establece una obligatoriedad de presentación de medios de prueba, y que es hasta conocer la oposición es que puede considerarse medio de prueba alguno, ya que la solicitud es derivada de derechos subjetivos originados de un título de ejecución judicial, para el pago de una cantidad de dinero, y por lo tanto proponer el medio de prueba en ese momento , considerando violentados el articulo 60 y 90 constitucional, que expresa la igualdad en derechos, en virtud que le negó la tutela de derechos provocando indefensión al no apegarse al debido proceso, impidiendo la realización de actos procesales esenciales; el impetrante también considera violados los artículos 64, 70 Y 82 constitucionales en el sentido de aplicar leyes que disminuyen garantías, nadie puede juzgado por tribunal o juez competente, así como el que nadie puede hacer algo que perjudique a otro.- DECIMO: Cabe hacer mención que la resolución por la cual el amparista aduce violentaron derechos y garantías constitucionales enunciadas anteriormente, deviene del incidente de liquidación de sentencia, incidente cuyo procedimiento se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil conforme lo establece el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el que leído los hechos que conllevan a interponer la presente garantía de amparo, se ha observado que la denegación del medio de prueba pericial, no obedece al antojo del juez sino a la obligatoriedad del A quo en aplicar la ley al caso concreto, ley que ya establece un procedimiento para el caso de concreto como es el caso -de liquidación de sentencia, mismo que ya establece como requisito en el artículo 884 del Código Procesal Civil, que dicho medio de prueba debió presentarse junto con el escrito de solicitud y con ello la justificaciones o informes que considere procedentes, en el que garantizando el principio de contradicción se da traslado a la otra parte para haga sus consideraciones conforme a los literales a, b y c establecidos en la normativa en mención, caso contrario exponer en audiencia motivos que le impiden llevar a cabo el mismo, pero no utilizar la audiencia de oposición (abreviado) con la finalidad de proponer hoja de vida del perito, sino para someter a discusión los cálculos actuariales correspondientes lo que considera para solicitar la indemnización de daños y perjuicios declarada en sentencia definitiva, y al mismo tiempo ver la oposición realizada por el Estado al respecto, y de esta manera el juez tenga elementos probatorios para proceder a liquidar la sentencia . Precisamente por ello, para hacer efectivo ese derecho, necesita el Aguo que esos medios de prueba sean presentados con la solicitud para darle traslado al Estado y luego realizar una audiencia para evacuarlos y realizar sentencia conforme a lo valorado conforme a datos concretos, realizados por expertos que ayudan a establecer la cantidad establecida por el incidentista—impetrante.- DECIMO PRIMERO: Este tribunal constitucional no ve que se hayan vulnerado garantías constitucionales- aducidas ya que tuvo su derecho a la defensa, debido proceso, trato igualitario y juzgado por juez competente”. CONSIDERANDO (6): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo la DENEGATORIA DE LA ACCION DE AMPARO que se conoce en esta sala, en consulta y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que lo procedente es CONFIRMAR la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 82, 90, 129, 303, 304, 313.3, 321 y 324 de la Constitucion de la Republica; 10 y 11 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 7.b), 9, 33, 34, 35 párrafo primero, 46, 47, 63, 65, 79.a), 80.e).c), 82.c), 89, 90, 108, 109, 129.c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 22, 190, 193, 195, 200, 204, 479, 704, 705, 709, 710 y 713 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta emitido por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en la acción de amparo presentada por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán en el incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios de sentencia firme.- En el auto dictado en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).- DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1204-2021.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintidós.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso presentado por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, a favor de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la solicitud de ejecución forzosa de título judicial de condena mediante solicitud de liquidación inmediata de daños y perjuicios promovida por la Señora BARBARA MARTINEZ REYES contra el ESTADO DE HONDURA, A TRAVES, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 305, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dos (02) de mayo del dos mil siete (2007), ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ANTONIO MEJIA Y MEJIA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, promoviendo Demanda de nulidad de un acto administrativo, que se declare una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento, que se condene al Estado de Honduras al pago de daños y perjuicios. (Folios 01–12 de la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), comparecieron ante el Juzgado antes citado, los Abogados SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA Y DAFNE LILY FUGON HANDAL en su condición de Apoderados Legales de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, interponiendo incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios recaídos en sentencia firme. (Folios 01-07 de la pieza de Incidente de Ejecución Forzosa).-3) Que en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “En cuanto a los medios de prueba propuestos por el apoderado legal de la parte demandante-incidentista, en el cual propone el medio de prueba pericial… dicho medio de prueba se inadmite en base al artículo 884 numeral 2 del Código Procesal Civil” “El Juzgado resuelve sin lugar en cuanto al recurso de reposición, en base a los preceptos establecidos anteriormente y en base al artículo 884.2 y asimismo todo el 884 del Código Procesal Civil, haciendo énfasis en el numeral 2, que indica el requisito necesario para que sea admitido dicho medio de prueba. Por lo que se inadmite dicho medio de prueba y se le devuelven en este acto los documentos presentados que son los dos curriculum y el listado de actuarios.” (Folios 32-37 de la pieza de Incidente de Ejecución Forzosa).-4) Que en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora BARBARA MARTINEZ REYES, interponiendo acción de amparo a favor de su representada, contra el Auto Resolutivo, emitido en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) dictado por el Juzgado referido en la pieza de Ejecución Forzosa.- (Folios 01–10 de la pieza del Ad-Quem).-5) Que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Ciudadana BARBARA MARTINEZ REYES.” (Folios 52–59 de la Pieza del Ad-Quem).-6) Que en fecha cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), recaído en el incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios de sentencia firme, emitiendo dicho Juzgado el auto resolutivo siguiente: “En cuanto a los medios de prueba propuestos por el apoderado legal de la parte demandante-incidentista, en el cual propone el medio de prueba pericial… dicho medio de prueba se inadmite en base al artículo 884 numeral 2 del Código Procesal Civil” “El Juzgado resuelve sin lugar en cuanto al recurso de reposición, en base a los preceptos establecidos anteriormente y en base al artículo 884.2 y asimismo todo el 884 del Código Procesal Civil, haciendo énfasis en el numeral 2, que indica el requisito necesario para que sea admitido dicho medio de prueba. Por lo que se inadmite dicho medio de prueba y se le devuelven en este acto los documentos presentados que son los dos curriculum y el listado de actuarios.”-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ante la Acción de Amparo interpuesta, contra el auto de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021), resolvió mediante sentencia de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, lo siguiente: “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de la Ciudadana BARBARA MARTINEZ REYES.” CONSIDERANDO (5): Que Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, motivo la sentencia de Amparo en mención así; “QUINTO (5): La acción de amparo, como todas las acciones judiciales, se encuentra sometida a una serie de requisitos y condiciones de admisibilidad, en este caso establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional (artículos 46 y 49) siendo la acción de amparo un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares, establecidos en la Constitucion, leyes y tratados internacionales, con el objetivo de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida, en la que no se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustentación de recursos ordinarios, se trata de la reafirmación de derechos constitucionales, revisando si los hechos denunciados constituyen o no derechos constitucionales.- SEXTO: Es menester referir que para que se despliegue la tutela que brinda el Recurso de Amparo judiciales competentes, las actuaciones de del proceso, una vez que se haya producido se despliegue la por los órganos las partes dentro el acto que según su criterio considera viola torio, debe ser activa Y permanente procurando su reparación, agotando dentro del momento procesal oportuno todos los medios a su alcance y que legalmente estén establecidos. Uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo lo constituye el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, con expresión del juicio o diligencia en que ha sido dictada la resolución, orden o mandato reclamado. Y esto es así, porque sobre ese hecho, acto, resolución, orden o mandato es que deben recaer los supuestos derechos constitucionales violentados o amenazados, así como las supuestas causas de inadmisibilidad.- SEPTIMO: En el caso que nos ocupa, esta acción de Amparo, se interpone por lo resuelto en la resolución de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veintiuno (2021), en la cual, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del Departamento de Francisco Morazán, resuelve rechazar al impetrante en audiencia de procedimiento abreviado la proposición del medio de prueba denominado peritaje, fundamentándose en el artículo 884 numeral 2, del Código Procesal Civil.- OCTAVO: Manifiesta el impetrante que como puede observarse norma aplicable no establece una obligatoriedad de presentación de medios de prueba, y que es hasta conocer la oposición es que puede considerarse medio de prueba alguno, ya que la solicitud es derivada de derechos subjetivos originados de un título de ejecución judicial, para el pago de una cantidad de dinero, y por lo tanto proponer el medio de prueba en ese momento , considerando violentados el articulo 60 y 90 constitucional, que expresa la igualdad en derechos, en virtud que le negó la tutela de derechos provocando indefensión al no apegarse al debido proceso, impidiendo la realización de actos procesales esenciales; el impetrante también considera violados los artículos 64, 70 Y 82 constitucionales en el sentido de aplicar leyes que disminuyen garantías, nadie puede juzgado por tribunal o juez competente, así como el que nadie puede hacer algo que perjudique a otro.- DECIMO: Cabe hacer mención que la resolución por la cual el amparista aduce violentaron derechos y garantías constitucionales enunciadas anteriormente, deviene del incidente de liquidación de sentencia, incidente cuyo procedimiento se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil conforme lo establece el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el que leído los hechos que conllevan a interponer la presente garantía de amparo, se ha observado que la denegación del medio de prueba pericial, no obedece al antojo del juez sino a la obligatoriedad del A quo en aplicar la ley al caso concreto, ley que ya establece un procedimiento para el caso de concreto como es el caso -de liquidación de sentencia, mismo que ya establece como requisito en el artículo 884 del Código Procesal Civil, que dicho medio de prueba debió presentarse junto con el escrito de solicitud y con ello la justificaciones o informes que considere procedentes, en el que garantizando el principio de contradicción se da traslado a la otra parte para haga sus consideraciones conforme a los literales a, b y c establecidos en la normativa en mención, caso contrario exponer en audiencia motivos que le impiden llevar a cabo el mismo, pero no utilizar la audiencia de oposición (abreviado) con la finalidad de proponer hoja de vida del perito, sino para someter a discusión los cálculos actuariales correspondientes lo que considera para solicitar la indemnización de daños y perjuicios declarada en sentencia definitiva, y al mismo tiempo ver la oposición realizada por el Estado al respecto, y de esta manera el juez tenga elementos probatorios para proceder a liquidar la sentencia . Precisamente por ello, para hacer efectivo ese derecho, necesita el Aguo que esos medios de prueba sean presentados con la solicitud para darle traslado al Estado y luego realizar una audiencia para evacuarlos y realizar sentencia conforme a lo valorado conforme a datos concretos, realizados por expertos que ayudan a establecer la cantidad establecida por el incidentista—impetrante.- DECIMO PRIMERO: Este tribunal constitucional no ve que se hayan vulnerado garantías constitucionales- aducidas ya que tuvo su derecho a la defensa, debido proceso, trato igualitario y juzgado por juez competente”. CONSIDERANDO (6): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo la DENEGATORIA DE LA ACCION DE AMPARO que se conoce en esta sala, en consulta y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que lo procedente es CONFIRMAR la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 82, 90, 129, 303, 304, 313.3, 321 y 324 de la Constitucion de la Republica; 10 y 11 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 7.b), 9, 33, 34, 35 párrafo primero, 46, 47, 63, 65, 79.a), 80.e).c), 82.c), 89, 90, 108, 109, 129.c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 22, 190, 193, 195, 200, 204, 479, 704, 705, 709, 710 y 713 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta emitido por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en la acción de amparo presentada por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán en el incidente de Liquidación de Daños y Perjuicios de sentencia firme.- En el auto dictado en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).- DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1204-2021.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL