Sentencia AA-1175-21 — Registro 14963
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra los Oficios Nos. 478-PECSJ-2021 emitido por la Pagaduría Especial De Justicia, en fecha 16 de septiembre de 2021 y 322-2021/UAI/PJ emitida por la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de septiembre de 2021; con relación a la auditoría especial que le fuera practicada por el período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, donde se le consigna que existen valores que le fueron pagados indebidamente en concepto de viáticos al exterior, por el valor de Ochocientos Dólares ($.800.00).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, en aplicación de lo establecido por los artículos 41 y 42 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no ser los actos reclamados en amparo susceptibles de ser impugnadas mediante un recurso de amparo, por no ser un acto que tenga un carácter de definitividad emanado de una autoridad pública en el ejercicio de su facultad legal, procede declarar inadmisible la presente acción sin perjuicio de la acción que comprenda contra la emanada de una autoridad legalmente constituida.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y el auto que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE a favor de SÍ MISMO, contra los Oficios Nos. 478-PECSJ-2021 emitido por la PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA, en fecha 16 de septiembre de 2021 y 322-2021/UAI/PJ emitida por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 24 de septiembre de 2021; con relación a la auditoría especial que le fuera practicada por el período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, donde se le consigna que existen valores que le fueron pagados indebidamente en concepto de viáticos al exterior, por el valor de Ochocientos Dólares ($.800.00). CONSIDERANDO: Que en fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala, dispuso que, previo a admitir el presente recurso, las autoridades recurridas emitieran un informe circunstanciado sobre las actuaciones reclamadas en amparo, indicando además los recursos o acciones disponibles para obtener su subsanación y de haber hecho uso de los mismos la fecha en que se notificó de lo que se resolvió. CONSIDERANDO: Que se desprende del informe emitido por el departamento de Pagaduría Especial de Justicia del Poder Judicial, que se le notificó en fecha 30 de agosto del año 2021 al Abogado Jose Tomás Arita Valle, la existencia de valores pagados indebidamente en concepto de viáticos al exterior por valor de Ochocientos Dólares exactos o su equivalente en lempiras al factor cambiario del día que se efectuara dicho pago, lo anterior producto de una auditoría especial practicada del período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016. Se remitió el Oficio No. 478-PECSJ-2021, al Abogado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE el 16 de septiembre de dos mil 2021, en el cual se le comunicó que únicamente estaban dando cumplimiento al Oficio No. 253-2021/UAI/PJ de la Unidad de Auditoría Interna, a fin de que se avocara a dicha Unidad de Auditoría para que fueran despejadas las dudas o consultas respectivas, sin embargo el 21 de septiembre de 2021, la Licenciada Zoila María Rivera Banegas, Auditora Interna, mediante Oficio No. 318-2021/UAI/PJ, solicitó a la Licenciada María Elizabeth Ramos Alvarado, en su condición de Pagadora Especial de Justicia, que dejara sin valor ni efecto las actuaciones requeridas en el Oficio No. 253-2021/UAI/PJ, informándole en fecha 26 de octubre de 2021 al Abogado Arita Valle mediante Oficio No. 541-PECSJ-2021, que a partir de la fecha su caso quedaba a disposición de la Unidad Auditora, por lo que cualquier comunicación relacionada a su caso debía ser dirigida a dicha Unidad. CONSIDERANDO: Que del informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna del Poder Judicial, se desprende que las actividades realizadas por dicho ente, son una gestión administrativa donde únicamente se pretende documentar y, en su caso, desvanecer el hecho identificado, en el caso de mérito se le consultaron ciertas interrogantes al hoy recurrente en cuanto al viaje realizado a Madrid, España del 19 al 25 de octubre de 2015, que a la fecha de remitir dicho informe aún no habían sido evacuadas, con el fin de elaborar un informe contentivo del resultado final de la auditoría, el cual se tendrá por concluido cuando el TSC apruebe el mismo y sean individualizados en Pliegos las Responsabilidades derivadas de éste. Las anteriores gestiones se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entidad que funcional y normativamente rige la unidad de Auditoría Interna, es ante ese máximo Ente Fiscalizador del Estado donde puede presentarse una impugnación en el momento en que el TSC le haya notificado el pliego de responsabilidad respectivo, no obstante, compete al Abg. José Tomás Arita valle, decidir sobre la realización del pago a favor del Poder Judicial en virtud del perjuicio económico que le es atribuido, sin embargo, sino paga, la Unidad de Auditoría Interna procederá a la elaboración del respectivo pliego de responsabilidad, que será remitido posteriormente al TSC. Por lo que se concluye que corresponde al TSC emitir las normas generales de auditoría interna en ejercicio de la rectoría constitucional del control interno, tal como lo dispone su Ley Orgánica. CONSIDERANDO: Que el artículo 41 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone que toda persona tiene derecho a interponer recurso de amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, en aplicación de lo establecido por los artículos 41 y 42 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al no ser los actos reclamados en amparo susceptibles de ser impugnadas mediante un recurso de amparo, por no ser un acto que tenga un carácter de definitividad emanado de una autoridad pública en el ejercicio de su facultad legal, procede declarar inadmisible la presente acción sin perjuicio de la acción que comprenda contra la emanada de una autoridad legalmente constituida. POR TANTO: Esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 719, 741 del Código del Trabajo; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 41 inciso 2), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo presentado por el Abogado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE a favor de SÍ MISMO, contra los Oficios Nos. 478-PECSJ-2021 emitida por la PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA, en fecha 16 de septiembre de 2021 y 322-2021/UAI/PJ emitida por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 24 de septiembre de 2021, por no ser actos que tenga un carácter de definitividad emanado de una autoridad pública en el ejercicio de su facultad legal; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE TOMAS ARITA VALLE contra la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor de SI MISMO contra actuaciones de la PAGADURIA ESPECIAL DE JUSTICIA, asimismo, de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL PODER JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE, relacionadas a la emisión de los Oficios Nos. 478-PECSJ-2021 y 322-2021-UAI/PJ de fechas dieciséis y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, mediante los cuales se indica que a raíz de una Auditoria Especial que le fuera practicada a aquella dependencia, por la Unidad de Auditoría Interna, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016, se consigna que existen valores que fueron pagados indebidamente en concepto de viáticos al exterior, por el valor de ochocientos dólares ($800.00), por lo que deberá hacer efectivo dicho valor en término de 10 días hábiles. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala de lo Constitucional el Abogado JOSE TOMAS ARITA VALLE presentando escrito de solicitud de nulidad de la notificación realizada por medios electrónicos en fecha dieciocho de marzo del presente año, asimismo, interponiendo recurso de reposición contra la resolución de fecha diecisiete de febrero del presente año, mediante la cual esta Sala declaró inadmisible el recurso de amparo de mérito, alegando el recurrente que la actuación de notificación antes relacionada, no cumplió su propósito de comunicar lo actuado por la Sala, procediendo a desarrollar sus argumentos de reposición de la resolución impugnada. CONSIDERANDO (2): Que esta Sala de lo Constitucional, mediante Acuerdo No. SCO-001-2020, ordenó a la Secretaría, que sin perjuicio de las notificaciones personales, se procediera a notificar a los Abogados recurrentes por medio de correo electrónico o números de celulares brindados por ellos mismos, dejando constancia de dicha actuación en el expediente de mérito, con lo cual se garantiza el derecho a la defensa y el derecho a una justicia expedita. CONSIDERANDO (3): Que de los autos se aprecia a folios 103 y 104 constancia de actuación de llamada telefónica realizada, al celular 9518-0739 del recurrente, en fecha dieciocho de marzo del año en curso siendo las dos de la tarde con diez minutos, donde se acredita que fue imposible contactarle en virtud de no haber contestado la llamada respectiva, consecuentemente, en la misma fecha se procedió a realizar la notificación al correo electrónico taritav@hotmail.com, al cual, se transcribió la respectiva cedula de notificación y se realizaron las advertencias de ley pertinentes; cabe acotar que ambos medios (celular y correo electrónico), fueron señalados por el recurrente en el escrito de interposición del recurso de amparo de mérito para efecto de recibir notificaciones o actos de comunicación, razón por la cual, esta Sala aprecia que esta última si cumplió el propósito de comunicar lo actuado por la Sala, contrario a lo alegado por el recurrente. CONSIDERANDO (4): Que se aprecia de los autos, que la resolución que se impugna fue notificada en legal y debida forma al recurrente, mediante correo electrónico, en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, siendo las dos de la tarde con diecinueve minutos (f-104), siendo evidente que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto de manera extemporánea, pues el plazo para acudir ante esta Sala, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, venció la media noche del día lunes veintiuno de marzo del presente año, en consecuencia, al haber vencido el plazo concedido para tal efecto es extemporánea, y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso de reposición de mérito. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 4, 5, 7, 41, 44, 45, 49, 50 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3 numeral 1 y demás aplicables de la Ley Sobre Firmas Electrónicas; 62, 78, 249, 257, 258 y 259 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Acuerdo No. SCO-001-2020; RESUELVE: 1° Declarar sin lugar la petición de anular la notificación realizada por correo electrónico, en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós; y, 2° Declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE TOMAS ARITA VALLE contra la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por las razones antes expuestas. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el peticionario y se certifique a la autoridad recurrida.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha diecisiete de febrero y del auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, recaídos en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1175-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL