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Sentencia AA-1161-21 — Registro 16227

Resumen

Resolución que resolvió el otorgamiento de personería jurídica a Sindicato así como el registro de las juntas directivas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa, infracción a la legalidad y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas consideraciones, sino alegaciones de falta de aplicación de la legalidad, por parte del amparista, respecto a actuaciones administrativas que contrarían su pretensión anulatoria de organizaciones sindicales de base y de la conformación concreta de juntas directivas, por considerar restringirían sus derechos como representación procesal del sector patronal; más sin allegar argumentativamente criterios sostenidos, objetivos y coherentes que indiquen trascendencia hacia las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO (8): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (9): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[1] CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de las diligencias, resulta no encontrarse apta la formalización del recurso para dilucidar el objeto y alcance de los legítimos derechos invocados en sede de garantía de amparo, por lo que conceptúa el amparista como denegatoria de pronunciamiento a su petición, por parte de las autoridades administrativas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; particularmente con referencia a las acciones de nulidad planteadas por el planteadas, al tenor del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativo, con relación a los casos de nulidad que estipula el artículo 34 de la misma ley; disposición legal que, a la vez, es desestimada expresamente en vía administrativa, como aplicable a la pretensión anulatoria; tal como lo recoge la resolución emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General del Trabajo, en fecha uno (1) de septiembre del año 2021, en la situación de hecho que la demanda de amparo plantea; incurriendo así en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional promovida, en alegaciones de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan José Martínez Espinal, a favor de la sociedad mercantil Empire of Honduras, S.A., contra la resolución dictada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en fecha uno de septiembre de dos mi veintiuno, que resolvió el otorgamiento de personería jurídica al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Electronics of Honduras. (SITRAEMHSA), así como el registro de las juntas directivas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representación procesal, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Juan José Martínez Espinal, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Empire of Honduras, S.A., contra la resolución dictada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veintidós de septiembre de dos mi veintiuno (Sic.), que resolvió el otorgamiento de personería jurídica al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Electronics of Honduras. (SITRAEMHSA), así como el registro de las juntas directivas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. (Folios 1-10 del amparo de mérito) 2) Que en fecha nueve de noviembre mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Juan José Martínez Espinal, sin suspensión del acto reclamado, asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso. (Folio 42 del recurso) 3) Esta sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, que contiene el auto de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría de Estado los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, desprendiéndose lo que literalmente dice: “…Por recibido el escrito que antecede presentado por el abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, en su condición de Apoderado Legal de la empresa EMPIRE ELECTRONICS OF HONDURAS S.A. mediante el cual solicita de dejar sin valor y efecto resolución por medio de la cual ésta Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección General de Trabajo declaro cerrado el proceso de arreglo directo y dio apertura a su vez el proceso de mediación, incluso procediendo al nombramiento de mediadores en lo que según estos se denominó un conflicto de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Empire Electronics Of Honduras S.A (SITRAEMHSA) y la Empresa Empire Electronics Of Honduras S.A, y que se declare ilegal y ordene la anulación del referido acto Administrativo, en cuanto a lo solicitado: 1) Sin Lugar lo solicitado de dejar sin valor efecto resolución mediante la cual esta Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección General del Trabajo declaro cerrado proceso de arreglo directo y apertura a su vez el proceso de Mediación, en virtud de que el peticionario no señala número ni fecha de la Resolución de la cual pretende su nulidad; 2) Sin Lugar a la solicitud de apertura a prueba, la evacuación de los mismos, y la Liberación de la Comunicación solicitada a la Regional de San Pedro Sula; y la solicitud de declaración de ilegalidad, anulabilidad del acto administrativo, y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, en virtud de que dicha solicitud no se enmarca dentro de los preceptos establecidos en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Artículo 80 de la Constitución de la República,791, 792, 793 y 794 del Código de Trabajo; 19, 20, 23, 24, 27, 31, 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Acuerdo de Delegación de Firma No. STSS-195-2021 de fecha cinco (05) de julio del año dos mil veintiuno (2021); Acuerdo de Delegación de Firma No. STSS-142-2021 de fecha doce (12) de abril del año dos veintiuno (2021). NOTIFIQUESE.” (Folio 54 del antecedente) 4) En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por el Abogado Juan José Martínez Espinal, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 67 del recurso de mérito) 5) Esta Sala, en fecha uno de agosto de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición del recurso se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículo 90, 321 y 322 de la Constitución de la República, por considerar que la resolución emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General del Trabajo, de fecha uno (1) de septiembre del año 2021, con relación a una solicitud de nulidad para invalidar la personería jurídica de un sindicato y su reestructuración de una supuesta junta directiva, se le ha violentado el derecho de petición de conformidad con el artículo 80 de la Constitución de la República, al no recibir respuesta de la solicitud de nulidad planteada sobre actos ilegales de parte de la autoridad que le compete hacerlo, asimismo dando cierre al proceso de arreglo directo sin que su representada haya participado en el mismo, constituyendo esto una violación directa al derecho que legalmente le asiste, y negándole así el derecho de defensa. Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, pues como bien se establece en el auto de fecha primero (01) de septiembre del 2021, en la solicitud presentada para que se declare sin lugar la nulidad planteada por el recurrente no señaló en su escrito número y fecha de la resolución impugnada, aspecto que imposibilita a la autoridad competente para que pueda pronunciarse sobre la pretensión del recurrente, pues no señala con claridad cuál es la resolución que pretende anular. Asimismo, se aprecia del escrito de nulidad planteado (Folio 19 de la pieza de amparo), ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, que se solicita el libramiento de atenta comunicación a la Regional de San Pedro Sula, a efecto de que se proporcione copia íntegra del expediente administrativo abierto en el año 2018 de notificación de la Junta Directiva, asimismo que se envié copia íntegra del expediente abierto en la etapa de mediación, sin señalar el número de expediente con el cual fue registrado estos procesos, impidiendo de esta manera que la autoridad competente se pronuncie sobre su pretensión inicial. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que NO se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por la impetrante.” (Folios 70-73 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que el acto reclamado en el presente Recurso de Amparo lo constituye la resolución emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General del Trabajo, de fecha uno (1) de septiembre del año 2021, con relación a una solicitud de nulidad para invalidar la personería jurídica de un sindicato y su reestructuración de una supuesta junta directiva. En la misma dicha entidad pública, declaró Sin Lugar la solicitud para dejar sin lugar ni efecto la resolución por la cual se declaró cerrado el proceso de arreglo directo, dando apertura al proceso de mediación en el expediente 504, contentivo del otorgamiento de Personería Jurídica al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EMPIRE ELECTRONICS OF HONDURAS (SITRAEMHSA); así como el registro de juntas directivas que corre agregado a tomo XV folio 338 y todos sus expedientes anexos, como es la dejar sin valor ni efecto el expediente que manejan, en la Secretaria de Trabajo (Regional de San Pedro Sula), los mediadores DUNIA HERRERA ANDURAY y ALEXANDER LEIVA; de los cuales no se consigna número de expediente, por derivarse del principal. Lo anteriormente descrito fuerza a su representada a participar en un proceso de negociación colectiva sin evacuarse correctamente procedimientos previos. CONSIDERANDO (4): Que en el caso sub examine, sostiene el amparista, que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social ha violentado el derecho de petición de conformidad con el artículo 80 de la Constitución de la República a la sociedad mercantil Empire of Honduras, S.A.: “… al no recibir respuesta de la solicitud de nulidad planteada sobre actos ilegales de parte de la autoridad que le compete hacerlo, asimismo dando cierre al proceso de arreglo directo sin que su representada haya participado en el mismo”; sucesos que la relación de hechos que motivan la acción de amparo fijan inicio en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), en la cual un grupo de trabajadores de la empresa notificó a la gerencia de Recursos Humanos sobre la existencia de la personería jurídica de un Sindicato y la reestructuración de una supuesta Junta Directiva, encontrando faltas en el procedimiento legal supuestamente realizado. Ello motivó la solicitud para que se invalidara, al tenor de los artículos 517 del Código de Trabajo y 72 de la Ley de Inspección del Trabajo, los cuales transcribe. Dicha solicitud, manifiesta el recurrente, fue conforme a la ley general de procedimientos administrativos (Sic.), no obstante, a la fecha dicha solicitud fue prácticamente archivada. Ulteriores situaciones o escenarios de nulidad se suceden, por infracción a los artículos 489, y del 790 al 794 del Código de Trabajo, cerrando la posibilidad de que existiera una reunión entre las partes interesadas para que se sentaran a discutir y evacuar sus diferencias, tratando de sanear cualquier vicio de nulidad, previo al desarrollo del proceso de negociación colectiva; falta de pronunciamiento que conllevaría, asimismo, infracción a los derechos contemplados en los artículos 90, 321 y 322 de la Constitución de la República; relativos a la garantía de derechos y libertades, debido proceso y principio de legalidad, en perjuicio de su representada. CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, a criterio del recurrente, Abogado Juan José Martínez Espinal, el cumplimiento del debido proceso legal conlleva a que se garantice una conducta gubernamental que asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; lo cual no acaece, en el presente caso, al darse por concluidas etapas que ni siquiera han comenzado, y que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social tiene la obligación de subsanar de oficio, de conformidad al artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, con relación a los casos de nulidad que estipula el artículo 34 de la misma ley, incurriendo en exceso de poder. Por todo lo cual, solicita el garantista se tenga por formalizada la acción de amparo y se otorgue, a efecto sea resuelta la nulidad planteada en tiempo y forma. CONSIDERANDO (6): Que, la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa, infracción a la legalidad y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas consideraciones, sino alegaciones de falta de aplicación de la legalidad, por parte del amparista, respecto a actuaciones administrativas que contrarían su pretensión anulatoria de organizaciones sindicales de base y de la conformación concreta de juntas directivas, por considerar restringirían sus derechos como representación procesal del sector patronal; más sin allegar argumentativamente criterios sostenidos, objetivos y coherentes que indiquen trascendencia hacia las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO (8): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (9): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[1] CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de las diligencias, resulta no encontrarse apta la formalización del recurso para dilucidar el objeto y alcance de los legítimos derechos invocados en sede de garantía de amparo, por lo que conceptúa el amparista como denegatoria de pronunciamiento a su petición, por parte de las autoridades administrativas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; particularmente con referencia a las acciones de nulidad planteadas por el planteadas, al tenor del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativo, con relación a los casos de nulidad que estipula el artículo 34 de la misma ley; disposición legal que, a la vez, es desestimada expresamente en vía administrativa, como aplicable a la pretensión anulatoria; tal como lo recoge la resolución emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General del Trabajo, en fecha uno (1) de septiembre del año 2021, en la situación de hecho que la demanda de amparo plantea; incurriendo así en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional promovida, en alegaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 46 numeral 1), 63, y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que, con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número SCO-1161-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] AGURCIA, G. Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño (2013). Tegucigalpa: OIM. Pág. 136.