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Sentencia AA-108-21 — Registro 15712

Resumen

Se interpuso recurso de reposición interpuesto contra la sentencia en la que se deniega el Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió de apelación con relación a la “demanda por la vía del procedimiento ordinario de primera instancia para que se declare que los actos administrativos de carácter particular consistente en los autos de fecha 15 de junio y 4 de septiembre ambos del año 2017, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas…” contra el Estado de Honduras, a través de su Representante Legal, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición Procurador General del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “CONSIDERANDO (2): Que, el recurso de reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo Tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración. Es así como en aplicación del párrafo primero del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y numeral uno del artículo 694 del Código Procesal Civil y en aras de la efectividad del derecho al recurso, el cual es una manifestación del derecho a la defensa y consecuentemente del debido proceso, esta Sala de lo Constitucional, ha procedido analizar de nuevo los antecedentes traídos a la vista, concluyendo que la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo No. SCO108-2021, adolece de coherencia entre la motivación contenida en el considerando cuatro y la parte resolutiva de la misma, siendo procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional determina la necesidad de reponer la sentencia emitida en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, manifestando que el considerando fundamental en el cual se motiva la decisión de la denegatoria del recurso de amparo se contrae a señalar lo siguiente: “…CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional, una vez revisadas las diligencias y analizados los planteamientos hechos tanto en la interposición como en la formalización de la demanda de amparo por la Procuraduría General de la República, estima que la sentencia que se impugna no es violatoria del derecho de defensa ni del derecho a un debido proceso, por el contrario, es una sentencia garante de estos derechos constitucionales y convencionales y sobre todo del derecho a una sentencia dictada en observancia a lo que dispone la ley adjetiva, específicamente el numeral uno del artículo 480 del Código Procesal Civil, que manda que la sentencia habrá de resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, es decir, la Corte de Apelaciones señala que una de las partes planteó cuatro supuestos de defensas previas y el A-quo no se pronunció sobre tres, solamente sobre el primero es decir Falta de competencia del Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso. Esta falencia del A-quo se sanciona con nulidad, pues ha dictado una sentencia incongruente entre las pretensiones de la parte y lo resuelto en la misma, dejándole sin la posibilidad de defenderse al respecto y sin oportunidad de ejercer su derecho al recurso, es decir una sentencia incompleta; razones por las cuales la Sala estima procedente la denegatoria del recurso de amparo interpuesto…”. CONSIDERANDO(4): La Sala de lo Constitucional reconsidera su decisión y señala que está de acuerdo parcialmente con la resolución que anula el auto de fecha 19 de junio de 2018, en el sentido de que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en aplicación a lo dispuesto en el numeral dos del artículo 208 del Código Procesal Civil, deberá pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, es decir de cada una de las defensas previas expuestas por el demandante. El A quo deberá ratificar su criterio jurídico con relación a la primera defensa previa es decir sobre una causal de inadmisibilidad de la demanda “Su conocimiento no corresponde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” o sea, Falta de competencia del Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y asimismo deberá dar una respuesta a cada una de las defensas previas restantes. De esta manera la Sala de lo Constitucional, garante del debido proceso, asegura el derecho a la defensa y el derecho al recurso del demandante, determinando que la nulidad del auto de fecha 19 de junio del año dos mil dieciocho, ha quedado incompleto y manda que se anule dicha providencia señalada y se proceda a pronunciarse sobre las restantes tres defensas previas interpuestas. CONSIDERANDO(5): Que, por las consideraciones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional reconsidera y consecuentemente repone la sentencia que se recurre y en ese sentido. RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado DANIEL ANIBAL ORELLANA MALDONADO, actuando en su condición de apoderado judicial de la Procuraduría General de la República; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha diez de mayo del año dos mil veintidós. 2) OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DANIEL ANIBAL ORELLANA MALDONADO, actuando en su condición de apoderado judicial de la Procuraduría General de la República; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha diez de mayo del año dos mil veintidós, en la que se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Daniel Aníbal Orellana Maldonado, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, que resolvió de apelación interpuesto contra auto resolutivo de defensas previas dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE DECLARE QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR CONSISTENTE EN LOS AUTOS DE FECHA 15 DE JUNIO Y 4 DE SEPTIEMBRE AMBOS DEL AÑO 2017, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS…” interpuesta por el Abogado Wilfredo Misael García Castillo, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS IMET, S. DE R.L. DE C.V., contra el Estado de Honduras, a través de su Representante Legal, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición Procurador General del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente estima que la sentencia emitida en amparo y recurrida mediante recurso de reposición, no está apegada a derecho por violentar a su representada el derecho fundamental al debido proceso, en tanto si bien el recurrente interpuso cuatro defensas previas, los órganos jurisdiccionales de primera como de segunda instancia solamente se pronunciaron sobre una causal de inadmisibilidad de la demanda “Su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” o Falta de competencia del Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando de contestar sobre tres causales de inadmisibilidad interpuestas, consistente en: La segunda causal: por tratarse de actos no susceptibles de ser impugnados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tercera causal consistente en: Por haberse presentado la demanda fuera de los plazos respectivos. Y la cuarta y última causal de inadmisibilidad: por existir un defecto que impide verter pronunciamientos en el fondo del asunto. CONSIDERANDO (2): Que, el recurso de reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo Tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración. Es así como en aplicación del párrafo primero del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y numeral uno del artículo 694 del Código Procesal Civil y en aras de la efectividad del derecho al recurso, el cual es una manifestación del derecho a la defensa y consecuentemente del debido proceso, esta Sala de lo Constitucional, ha procedido analizar de nuevo los antecedentes traídos a la vista, concluyendo que la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo No. SCO108-2021, adolece de coherencia entre la motivación contenida en el considerando cuatro y la parte resolutiva de la misma, siendo procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional determina la necesidad de reponer la sentencia emitida en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, manifestando que el considerando fundamental en el cual se motiva la decisión de la denegatoria del recurso de amparo se contrae a señalar lo siguiente: “…CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional, una vez revisadas las diligencias y analizados los planteamientos hechos tanto en la interposición como en la formalización de la demanda de amparo por la Procuraduría General de la República, estima que la sentencia que se impugna no es violatoria del derecho de defensa ni del derecho a un debido proceso, por el contrario, es una sentencia garante de estos derechos constitucionales y convencionales y sobre todo del derecho a una sentencia dictada en observancia a lo que dispone la ley adjetiva, específicamente el numeral uno del artículo 480 del Código Procesal Civil, que manda que la sentencia habrá de resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, es decir, la Corte de Apelaciones señala que una de las partes planteó cuatro supuestos de defensas previas y el A-quo no se pronunció sobre tres, solamente sobre el primero es decir Falta de competencia del Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso. Esta falencia del A-quo se sanciona con nulidad, pues ha dictado una sentencia incongruente entre las pretensiones de la parte y lo resuelto en la misma, dejándole sin la posibilidad de defenderse al respecto y sin oportunidad de ejercer su derecho al recurso, es decir una sentencia incompleta; razones por las cuales la Sala estima procedente la denegatoria del recurso de amparo interpuesto…”. CONSIDERANDO(4): La Sala de lo Constitucional reconsidera su decisión y señala que está de acuerdo parcialmente con la resolución que anula el auto de fecha 19 de junio de 2018, en el sentido de que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en aplicación a lo dispuesto en el numeral dos del artículo 208 del Código Procesal Civil, deberá pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, es decir de cada una de las defensas previas expuestas por el demandante. El A quo deberá ratificar su criterio jurídico con relación a la primera defensa previa es decir sobre una causal de inadmisibilidad de la demanda “Su conocimiento no corresponde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” o sea, Falta de competencia del Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y asimismo deberá dar una respuesta a cada una de las defensas previas restantes. De esta manera la Sala de lo Constitucional, garante del debido proceso, asegura el derecho a la defensa y el derecho al recurso del demandante, determinando que la nulidad del auto de fecha 19 de junio del año dos mil dieciocho, ha quedado incompleto y manda que se anule dicha providencia señalada y se proceda a pronunciarse sobre las restantes tres defensas previas interpuestas. CONSIDERANDO(5): Que, por las consideraciones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional reconsidera y consecuentemente repone la sentencia que se recurre y en ese sentido. RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado DANIEL ANIBAL ORELLANA MALDONADO, actuando en su condición de apoderado judicial de la Procuraduría General de la República; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha diez de mayo del año dos mil veintidós. 2) OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO, lo anterior en aplicación de los artículos 183 303 y 321 de la Constitución de la República, 1, 3.2, 4, 41, 51, 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 208 y numeral uno del artículo 694 del Código Procesal Civil; y en observancia del articulo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional MANDA: 1.- Que la Corte de Apelaciones recurrida, emita providencia disponiendo que el A quo se pronuncie en el fondo sobre cada una de las tres defensas previas restantes, ratificando la primera, a efecto de garantizar el derecho de defensa de la parte demandada y en caso de ser recurrida en apelación la nueva resolución emitida, el A-quem proceda a conocer el fondo de la cuatro defensas previas interpuestas. 2.- Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-108-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL