Sentencia AA-1077-22 — Registro 15899
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra el Decreto Legislativo 46-2022 emitido por el Congreso Nacional de la República, que contiene la Ley especial para garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,924 en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós y vigente desde el día de su publicación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 183 de la Constitución de la República, (sic) “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de está, tiene derecho a interponer recurso de amparo. 1)…; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución.”. CONSIDERANDO: Que el TITULO IV de nuestra Constitución de la República, en su capítulo segundo, dispone que esta Sala de lo Constitucional en su carácter de legislador negativo podrá declarar a las leyes inconstitucionales por razón de forma o de contenido, previo al agotamiento del procedimiento y estudio de constitucionalidad pertinentes, establecidos por la Ley Sobre Justicia Constitucional, pudiendo esta declaración ser solicitada únicamente por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, por vía de acción, excepción u oficio en caso de ser una autoridad del orden jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que de conformidad a las reglas de interpretación establecidas por la doctrina constitucional, es preciso indicar a la recurrente que la Constitucionalidad de los actos legislativos se presume desde el momento de su publicación en el Diario oficial La Gaceta y que, por lo tanto, los mismos están investidos de toda legalidad, salvo sentencia declaratoria de inconstitucionalidad que determine lo contrario; definiéndose de esta manera que el acto impugnado y los efectos directos que de este se derivan, no se enmarcan dentro de la esfera de competencia que corresponde a la garantía de amparo. CONSIDERANDO: Que la compareciente la Abogada ALEJANDRA MARÍA SUAREZ FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada MERCADOS ELÉCTRICOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (MERELEC), en forma expresa ha dejado claramente establecida su reclamación, señalando una serie de violaciones constitucionales que se observan del decreto impugnado y que vulnera los artículos 1, 59, 80, 89 y 183 128 de la Constitución de la República en perjuicio de su representada. CONSIDERANDO: Que esta Sala, tutelando el derecho de petición que asiste a la recurrente conforme la Constitución de la República, deniega la admisión de la presente acción de amparo, sin perjuicio de que ésta intente, si así lo estima oportuno, la acción Constitucional correspondiente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre del año dos mil veintidós. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARÍA SUAREZ FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada MERCADOS ELÉCTRICOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (MERELEC), contra el Decreto Legislativo 46-2022 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, que contiene la LEY ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO UN BIEN PÚBLICO DE SEGURIDAD NACIONAL Y UN DERECHO HUMANO DE NATURALEZA ECONÓMICA Y SOCIAL, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,924 en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós y vigente desde el día de su publicación. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 183 de la Constitución de la República, (sic) “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de está, tiene derecho a interponer recurso de amparo. 1)…; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución.”. CONSIDERANDO: Que el TITULO IV de nuestra Constitución de la República, en su capítulo segundo, dispone que esta Sala de lo Constitucional en su carácter de legislador negativo podrá declarar a las leyes inconstitucionales por razón de forma o de contenido, previo al agotamiento del procedimiento y estudio de constitucionalidad pertinentes, establecidos por la Ley Sobre Justicia Constitucional, pudiendo esta declaración ser solicitada únicamente por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, por vía de acción, excepción u oficio en caso de ser una autoridad del orden jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que de conformidad a las reglas de interpretación establecidas por la doctrina constitucional, es preciso indicar a la recurrente que la Constitucionalidad de los actos legislativos se presume desde el momento de su publicación en el Diario oficial La Gaceta y que, por lo tanto, los mismos están investidos de toda legalidad, salvo sentencia declaratoria de inconstitucionalidad que determine lo contrario; definiéndose de esta manera que el acto impugnado y los efectos directos que de este se derivan, no se enmarcan dentro de la esfera de competencia que corresponde a la garantía de amparo. CONSIDERANDO: Que la compareciente la Abogada ALEJANDRA MARÍA SUAREZ FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada MERCADOS ELÉCTRICOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (MERELEC), en forma expresa ha dejado claramente establecida su reclamación, señalando una serie de violaciones constitucionales que se observan del decreto impugnado y que vulnera los artículos 1, 59, 80, 89 y 183 128 de la Constitución de la República en perjuicio de su representada. CONSIDERANDO: Que esta Sala, tutelando el derecho de petición que asiste a la recurrente conforme la Constitución de la República, deniega la admisión de la presente acción de amparo, sin perjuicio de que ésta intente, si así lo estima oportuno, la acción Constitucional correspondiente. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 De la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 46, 49, 74, 78, 79, 119 y de más aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional ; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE la demanda de amparo interpuesto por la señora MARÍA YANETH ALMENDÁREZ RIVAS, a favor de SÍ MISMA y de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS Y ENFERMERAS AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH), contra el Decreto Legislativo 46-2022 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, por no enmarcarse el acto reclamado dentro de la esfera de competencia de las acciones de amparo; y MANDA: Que se notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales consiguientes y una vez firme la presente resolución se archiven los autos. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre del año dos mil veintidós. VISTAS, las diligencias en el presente recurso de amparo el cual fue inadmitido en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós, y del que se advierte se consignó erróneamente en su parte resolutiva los datos referentes a la presente causa; En consecuencia, ENMIÉNDESE dicho auto en el único sentido de corregir el error material ya indicado, debiendo leerse dicho resuelve de la siguiente manera: “… RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE la demanda de amparo interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARÍA SUAREZ FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada MERCADOS ELÉCTRICOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (MERELEC), contra el Decreto Legislativo 46-2022 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, por no enmarcarse el acto reclamado dentro de la esfera de competencia de las acciones de amparo; y MANDA: Que se notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales consiguientes y una vez firme la presente resolución se archiven los autos. NOTIFIQUESE.”. - Procédase conforme a lo aquí dispuesto, notifíquese la presente resolución a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan; Artículo 4 N°4, 6 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; NOTIFQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de las resoluciones de fechas diecisiete de agosto y diez de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1077-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL