Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1060-20 — Registro 14887

Resumen

Acuerdo No. 122-2020 con relación a solicitud de impugnación al proceso de asignación de cuota de importación de contenedores de cebolla para los meses de junio hasta noviembre de 2020 promovida contra recurrida; Autoridad recurrida considera que es el Comité Nacional de la Cadena Hortícola del Rubro de la Cebolla el ente facultado para resolver la petición inicial y no a la Secretaría de Estado recurrida, para dar continuidad al trámite legal se remitió el expediente a la Cadena Nacional de Cebolla adscrita al Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional, en tanto titular del control constitucional de las leyes, reglamentos y actos de autoridad y demás reñidos con los principios, valores y derechos que otorga la Constitución de la República a los ciudadanos y a las personas jurídicas, puede apreciar la inconstitucionalidad del Acuerdo en referencia, por la afectación de derechos fundamentales que genera; aplicando ilegalmente el marco normativo de la regulación de la asignación de los permisos de importación de las empresas, en un acto de abuso de poder de la SAG; evitando no se aplique de manera justa el artículo 13 numeral j y el artículo 23 del Reglamento;[1] sin tomar en consideración el criterio de compras por desempeño, dando oportunidad a su representada para que importare los otros 2 contenedores a que tiene derecho, durante la temporada de asignación del año 2020..."..."esta Sala analiza que la actuación cuestionada por parte del amparista contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, como órganos ejecutivo para la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas del sector agropecuario, adicional a que se aprobó el Reglamento General de los Comités de Cadena Agroalimentaria por rubro, conformada por distintos actores públicos y privados, la reclamante señala que forma parte del Comité Nacional de la Cadena de la Cebolla, habiéndosele asignado 3 contenedores para importar a partir de 2018; aspecto que fue modificado posteriormente por parte de dicho órgano, aspecto que ha sido impugnado y del que acredita que ya gozaba. Con los documentos aportados y la información referida por la Secretaría de Estado, este órgano jurisdiccional observa que la modificación dada en cuanto a la autorización sobre los permisos de importación asignados se realiza en vulneración del principio de confianza legitima..."..."El principio jurisprudencial de confianza legitima, se ve alterado en vista de que la amparista ya poseía y ejercitaba un derecho adquirido, que puede ser modificado, bajo un proceso regulado con suficiente anticipación al periodo en que ya se esté ejerciendo y bajo los parámetros objetivos que señala la normativa aplicable en el caso, aspecto que no se cumple en el caso de mérito..."..."se está ante una mera expectativa cuando no se reúna ninguna de los presupuestos de acceso a la prestación del derecho, pero se pueda acceder a él. La protección de los derechos adquiridos posee una fuerte protección, porque ya se consideran ingresados al patrimonio y derecho a ejercicio de la persona titular, como es el caso de la sociedad que presenta el caso constitucional..."..."considera la Sala de la Constitucional que con la modificación de la asignación autorizada, ya en ejecución de los actos particulares de la amparistas, cuando ya estaba gozando de un derecho reconocido para ese periodo fiscal, la SAG y los otorgados que se han creado para el Gobierno de la agroalimentación, quienes también actúan y son entes públicos, no actuación en garantía del derecho de propiedad, debido proceso y derecho de defensa al diferir la revisión de la decisión tomadas, evitando así solventar el perjuicio causado, por tal razón esta Sala de lo Constitucional considera otorgar la presente acción de amparo, para que sea restituidos los derechos vulnerados y se le devuelta la autorización para la importación asignada de los contenedores originalmente a favor de la sociedad mercantil ESCOL..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del dos mil veintidós. Visto: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesto por el abogado José Félix Escalante Mendoza, a favor de la sociedad mercantil denominada Distribuidora E Importadora De Frutas Y Verdura Sociedad De Responsabilidad Limitada (ESCOL S. de R.L.), contra el Acuerdo Número 122-2020, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), en fecha nueve de noviembre del año 2020, con relación a la Solicitud de Impugnación al Proceso de Asignación de Contenedores de Importación de Cebolla para los meses de junio a noviembre de 2020, promovida por la ESCOL S. de R.L.; estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82, 90, 97, 103, 109, 321, 323, 324, 328, 330, 331 y 333 de la Constitución de la República. Antecedentes 1) Que, en fecha 20 de noviembre de 2020, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado José Félix Escalante Mendoza, interponiendo amparo a favor de la sociedad mercantil ESCOL S. de R.L., contra las actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, que constan en el preámbulo de la presente resolución. 2) Que en fecha 12 de febrero de 2021, esta Sala resolvió declarar inadmisible el recurso de amparo interpuesto por el abogado José Félix Escalante Mendoza a favor de ESCOL, S. de R.L. el 12 de marzo de 2021, el abogado Escalante Mendoza, presentó escrito de reposición contra la resolución de fecha 12 de febrero de 2021 por no estar dictada conforme a derecho. 3) Que, en fecha 22 de marzo de 2021, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 4, 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resolvió: 1. declarar sin lugar el recurso de reposicion interpuesto por el abogado José Félix Escalante Mendoza, contra la resolución dictada por esta Sala el 12 de febrero de 2021, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de amparo, al haberse presentado el mismo de manera extemporánea; 2. de oficio se repone la resolución de 12 de febrero de 2021, en consecuencia, se admite el recurso de amparo interpuesto a favor de ESCOL, S. de R.L., contra el Acuerdo No. 122-2020 emitido por el Secretario De Estado En El Despacho De Agricultura Y Ganadería (SAG), en fecha 9 de noviembre de 2020; sin suspensión del acto reclamado, en virtud de que el recurrente no ha establecido en forma concreta de qué manera su pretensión se enmarca dentro de las causales estipuladas por el Artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referentes al otorgamiento de la medida cautelar solicitada; y 3. Se ordena librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos días hábiles remita los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. Haciéndose la observación a la referida autoridad que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales. Dese cuenta de la presente providencia al Fiscal del Despacho para el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. 4) Que en fecha 26 de enero de 2021, la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, Informo: Que el Acuerdo No. SAG-122-2020, de fecha 9 de noviembre del 2020, en el cual, recomendó a la Secretaría de Desarrollo Económico, habilitar las licencias de importación de cebolla para el mes de diciembre del año 2020, actualmente no está vigente. (El cual, se adjunta). Asimismo, el Acuerdo No. 076-2020 de fecha 19 de junio del año 2020, no está vigente. 3.- Que en virtud de la Pandemia del COVID 19, la Secretaría General de ese Ente de Estado, continuo realizando de firma digital, el procedimiento administrativo en los expedientes que contienen las solicitudes que los peticionarios formulan, habilitando para ello, el correo electrónico sagsecretariageneral.hn@gmail.com es así, que en fecha doce (12) de junio del años do mil veinte (2020), se admitió vía correo electrónico, el expediente Administrativo Número 99-2020, contentivo de la peticiones denominadas “SE PRESENTA IMPUGNACION AL PROCESO DE ASIGNACION DE LA CUOTA DE IMPORTACION DE CONTENEDORES, ASIGNADA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN REUNION CELEBRADA VIA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM EN FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2020”; “SE PRESENTA MANIFESTACION” presentadas por el abogado José Félix Escalante Mendoza, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, bajo el número 12936, quien actúa en su condición de Apoderado legal de la sociedad mercantil ESCOL, S. de R.L., las que se contraen a lo siguiente: La habilitación de la Asignación de la cuota de por los menos dos (2) contenedores más, aparte del que ya tiene asignado y así, poder importar 3 contenedores en esta nueva temporada de importación de junio a noviembre del año 2020, tal como se estableció en la cuota de importación asignada en el año 2018, trasladando dicho expediente la Cadena de Nacional de Cebolla adscrita al Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), dependiente de la SAG, para que se pronunciara sobre la factibilidad o no de la presente solicitud, dicho auto le fue notificado vía correo electrónico al abogado José Félix Escalante Mendoza, en fecha 16 de julio del año 2020, a las 10.53. 4. Que en fecha 17 de julio del año 2020, se trasladó el precipitado expediente junto con el dictamen técnico a la Dirección de Servicios Legales d la SAG para que emitiera el dictamen legal correspondiente, dicho auto le fue notificado al apoderado legal de la peticionaria, vía correo electrónico, en fecha 17 de julio del año 2020, siendo las 8:55. 5. Que en fecha veintiuno 21 de julio del año 2020, la dirección de Servicios Legales de la SAG, emitió el Dictamen Legal DSL-E-No.106-2020, en la cual, entre otras aspectos, establece lo siguiente: Es de conocimiento de la Dirección de Servicios Legales de la SAG, que existe Reunión Extraordinaria del Comité Nacional de Cebolla, convocada por el titular de PRONAGO, a celebrarse de forma virtual a través de la plataforma ZOOM para el día 24 de julio de 2020 a las 2:00 p.m., en donde ya se tiene contemplado en Agenda (Puntos 2, 3 y 4) la solicitud presentada por la empresa ESCOL S. DE R.L.; Asimismo se consigna en dicho dictamen que es el Comité Nacional De La Cadena Hortícola Del Rubro De La Cebolla, el ente facultado para resolver la petición planteada por el abogado José Félix Escalante apoderado legal de la empresa ESCOL S. de R.L; Tomando en cuenta lo expresado en Dictamen Técnico de PRONAGRO, cualquier decisión positiva a las expectativas de la empresa ESCOL S. de R.L., será a partir del mes de agosto considerando que la SAG emitió el Acuerdo Ministerial No. SAG-076-2020 en fecha 19 de julio de 2020 en el que ya recomendó la habilitación de licencias para la empresa en las cantidades ya establecidas para el mes de julio de 2020 y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico (SDE), según dictamen técnico, ya emitió las respectivas licencias de los meses de junio y julio 2020; Se deben respetar los Acuerdos y compromisos adquiridos por los actores del Comité Nacional de la Cadena Hortícola del Rubro de La Cebolla, en sesiones celebradas en fechas 19 de mayo de 2020 y 15 de junio de 2020; cualquier cambio en cuanto al techo de contenedores a importar para el año 2020 o realizar una re distribución de los mismos entre los actores, debe realizarse por el mismo procedimiento en que inicialmente fueron aprobados. Existe un Reglamento Interno que rige el accionar de los actores que integran el Comité Nacional De La Cadena Hortícola Del Rubro De Cebolla, mientras no se aprueben cambios deben respetarse los proceso y procedimientos previamente establecidos y vigentes, tanto por los actores como por el titular de PRONAGRO, en su condición de secretario técnico de la Cadena. Lo descrito, en razón que dicho reglamento establece un Capítulo de DECISIONES Y ACUERDOS. El expediente en mención, se trasladó al Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO). 6. En fecha 10 de noviembre del año 2020, se admitió el escrito de manifestación titulado “SE PRESENTA MANIFESTACION. SE ACOMPAÑA DOCUMENTO DENOMINADO AYUDA MEMORIA DE LA REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE LA CADENA DE LA CEBOLLA”, realizada el 30 de octubre del año 2020, presentada por el abogado Escalante Mendoza, Apoderado Legal de ESCOL, S. de R.L., remitiéndose dicha manifestación junto con el Expediente Administrativo EXP-99-2020 a la dirección de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado, para que imita el Dictamen Legal, correspondiente. 7. En fecha 25 de noviembre del año 2020, la Dirección de Servicios Legales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ante la Manifestación presentada por la empresa ESCOL S. de R.L., por medio de apoderado legal, emitido Dictamen Legal en los siguientes términos: 1. La recomendación establecida mediante Dictamen DSL-E-106-2020 de fecha 21 de julio de 2020, aún no ha sido evacuada en su totalidad, por tanto, conforme a los acuerdos establecidos en la Ayuda Memoria de la reunión de fecha 30 de octubre y la reunión de fecha 21 de noviembre de 2020, es el Comité Nacional De La Cadena Hortícola Del Rubro De La Cebolla, el ente facultado para resolver la petición inicial, que se complementa con la manifestación presentada en fecha 09 de noviembre de 2020 por parte del abogado José Félix Escalante, apoderado legal de la empresa ESCOL S. de R.L., y no el Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), en consecuencia, para da continuidad al trámite legal, se remitió nuevamente el expediente de mérito a la cadena Nacional de Cebolla adscrita al Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), para que se pronunciaría en cuanto a los consignado en el Dictamen Legal emitido en fecha 25 de noviembre del año 2020. Dicho auto fue notificado al abogado de la empresa peticionaria vía correo electrónico, el 27 de noviembre del año 2020, a las 11.53. 5) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha 10 de mayo de 2021. 6) Que en fecha 14 de junio de 2021, la abogada Diana Elizabeth Rodríguez, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, emitió dictamen porque Se Sobresean Las Diligencias de amparo, tomando en consideración que el recurrente presentó manifestación en el expediente administrativo 99-2020, la cual fue remitida al Comité Nacional de la Cadena Hortícola del Rubro de la Cebolla por considerar que la recomendación establecida mediante Dictamen DSL-E-106-2020 de fecha 21 de julio del 2020, aún no había sido evacuada en su totalidad; y, conforme a los acuerdos establecidos en la ayuda memoria de fecha 30 de octubre y reunión de fecha 21 de noviembre de 2020, les correspondería emitir pronunciamiento; con vista a lo consignado en el Dictamen Legal de fecha 25 de noviembre del año 2020, de lo cual se notificó al ahora amparista en fecha 27 de noviembre de 2020. Por lo anteriormente manifestado, aprecia el Dictamen fiscal, que la impugnación presentada, así como la manifestación que adjunta la ayuda memoria de la reunión, no había sido resuelta por referido Comité Nacional de la Cadena de la Cebolla, al momento en que se interpuso la presente acción de amparo. (Ver folios No 252 al 260 del expediente de amparo). Fundamentos Jurídicos Considerando (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Considerando (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. Considerando (3): Que el abogado que ha promovido la presente acción de amparo a favor de ESCOL S. de R.L., contra el Acuerdo Numero 122-2020, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, en fecha 9 de noviembre del año 2020, con relación a la Solicitud de Impugnación al Proceso de Asignación de Contenedores de Importación de Cebolla para los meses de junio a noviembre de 2020, promovida por la hoy amparista; las cuales se reconducen, acorde al numeral 8) de la relación de los hechos que motivan la presente solicitud de amparo, a asegurar el abastecimiento del mercado nacional con la complementación de importaciones de cebolla, evitando no sólo el desabastecimiento, sino que el alza injustificada de los precios a los consumidores; dentro de las atribuciones y competencias de la SAG. Sin embargo, reprocha de tal acuerdo gubernativo, la no asignación adicional de 2 contenedores a su representada, lo cual no hubiere afectado a ningún sector, público o privado; estableciendo, en su acápite final, que la Sala de lo Constitucional, en tanto titular del control constitucional de las leyes, reglamentos y actos de autoridad y demás reñidos con los principios, valores y derechos que otorga la Constitución de la República a los ciudadanos y a las personas jurídicas, puede apreciar la inconstitucionalidad del Acuerdo en referencia, por la afectación de derechos fundamentales que genera; aplicando ilegalmente el marco normativo de la regulación de la asignación de los permisos de importación de las empresas, en un acto de abuso de poder de la SAG; evitando no se aplique de manera justa el artículo 13 numeral j y el artículo 23 del Reglamento;[1] sin tomar en consideración el criterio de compras por desempeño, dando oportunidad a su representada para que importare los otros 2 contenedores a que tiene derecho, durante la temporada de asignación del año 2020. Considerando (4): Que sostiene el recurrente, en sustento de la admisibilidad de su recurso, que endereza su acción constitucional contra el expediente administrativo impeditivo de derechos en relación, por considerarlo vigente al momento en que la SAG envió su informe a la Sala de lo Constitucional. Compareciendo en formalización de su recurso, manifestó encontrar reiterativa la violación de derechos a que se encuentra sujeta la empresa por él representada, en el proceso de asignación de cuota de importación de cebolla; en el cual, por aplicación errónea del Reglamento Interno del Comité Nacional de la Cadena de Cebolla, de fecha 24 de enero del año 2020, se les ha impedido importar los 3 contenedores a que tienen derecho; en violencia al artículo 64 de la Constitución de la República, el cual transcribe. Precisa, asimismo, que, contra el Acuerdo y Reglamento Ilegal Interno relacionado, ha intentado el agotamiento de recursos; procediendo la autoridad contra la cual se interpone el recurso, como es la SAG cuyo titular en ese momento, a través de auto de fecha 10 de noviembre de 2020 a remitir dicho escrito y el expediente No. 99-2020 a la Dirección de Servicios Legales de dicha Secretaría de Estado, no teniendo caso seguir esperando una respuesta favorable de dicho ente administrativo; el cual tuvo seis meses para resolver la solicitud de impugnación, debido a que la temporada de asignación de importación del año 2020 ya terminó, la cual fue asignada mediante el último Acuerdo No. 122-2020, de fecha 9 de noviembre del año 2020. Por todo lo cual, conceptúa como violentados a la empresa reclamante los derechos y garantías fundamentales reconocidas en los artículos 80, 82, 90, 97, 103, 109, 321, 323, 324, 328, 330, 331 y 333 de la Constitución de la República; por lo cual se solicita se declare con lugar la tutela jurisdiccional que el caso amerita a través de la presente acción constitucional de amparo, restituyendo a su representada en el goce y ejercicio de los derechos constitucionales que estima conculcados. Considerando (5): Que, del estudio de autos, esta Sala analiza que la actuación cuestionada por parte del amparista contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, como órganos ejecutivo para la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas del sector agropecuario, adicional a que se aprobó el Reglamento General de los Comités de Cadena Agroalimentaria por rubro, conformada por distintos actores públicos y privados, la reclamante señala que forma parte del Comité Nacional de la Cadena de la Cebolla, habiéndosele asignado 3 contenedores para importar a partir de 2018; aspecto que fue modificado posteriormente por parte de dicho órgano, aspecto que ha sido impugnado y del que acredita que ya gozaba. Con los documentos aportados y la información referida por la Secretaría de Estado, este órgano jurisdiccional observa que la modificación dada en cuanto a la autorización sobre los permisos de importación asignados se realiza en vulneración del principio de confianza legitima. Considerando (6): Que esta Sala ha desarrollado criterios sobre la confianza legitima en una situación jurídica en sentencia como la referida a la sentencia de amparo en el expediente SCO-0281-2019, al indicar que consiste en el principio de buena fe en las relaciones entre los ciudadanos y habitantes de la República con la Administración Pública y los órganos que actúan en nombre de ella, enmarcadas es el respeto del Estado Constitucional de Derecho, prestando esta última en su actuación funcional, dando previsibilidad y seguridad jurídica. Con este principio se atacan judicialmente los actos irregulares de la Administración, donde se altera la confianza los supuestos de intervención económica, social, de requisitos, para anular la irregularidad recaída, realizando un examen de ponderación entre el principio de legalidad, para dar protección a la defensa del interés individual. La confianza legitima no es una herramienta para crear o extender lo regulado en el Derecho público, sino dar un mantenimiento de lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico, cuando de realicen actos contradictorios con el interés dispuesto en una norma jurídica. El principio jurisprudencial de confianza legitima, se ve alterado en vista de que la amparista ya poseía y ejercitaba un derecho adquirido, que puede ser modificado, bajo un proceso regulado con suficiente anticipación al periodo en que ya se esté ejerciendo y bajo los parámetros objetivos que señala la normativa aplicable en el caso, aspecto que no se cumple en el caso de mérito. Considerando (7): Que también ha indicado este Tribunal de Justicia Constitucional, que frente a la violación de un derecho constitucional se pueden partir de tres distintos puntos de análisis, partiendo de las meras expectativas, las expectativas legítimas y los derechos adquiridos. Las tres figuras parten de la posición fáctica y jurídica concreta en que puede encontrarse una persona frente a un derecho subjetivo, en este caso el de propiedad. El derecho adquirido se reconoce a partir del cumplimiento total de los requisitos exigidos (pasos para la importación del producto y otorgamiento del acto administrativo para su ejercicio en el caso in examine); la expectativa legítima o derecho eventual se da cuando se logre consolidar una situación fáctica y jurídica específica, por la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de reconocimiento del derecho subjetivo; y, se está ante una mera expectativa cuando no se reúna ninguna de los presupuestos de acceso a la prestación del derecho, pero se pueda acceder a él. La protección de los derechos adquiridos posee una fuerte protección, porque ya se consideran ingresados al patrimonio y derecho a ejercicio de la persona titular, como es el caso de la sociedad que presenta el caso constitucional. Considerando (8): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa, por su parte, que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. El objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales; desde la cual irradian su efecto útil, tanto para la sociedad y como para la sujeción del Estado al orden jurídico.[2] Considerando (9): Que, en tal sentido, considera la Sala de la Constitucional que con la modificación de la asignación autorizada, ya en ejecución de los actos particulares de la amparistas, cuando ya estaba gozando de un derecho reconocido para ese periodo fiscal, la SAG y los otorgados que se han creado para el Gobierno de la agroalimentación, quienes también actúan y son entes públicos, no actuación en garantía del derecho de propiedad, debido proceso y derecho de defensa al diferir la revisión de la decisión tomadas, evitando así solventar el perjuicio causado, por tal razón esta Sala de lo Constitucional considera otorgar la presente acción de amparo, para que sea restituidos los derechos vulnerados y se le devuelta la autorización para la importación asignada de los contenedores originalmente a favor de la sociedad mercantil ESCOL. Por Tanto: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 46 No. 8), 47, 48 52 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Falla: otorgar la acción de amparo interpuesta por el abogado José Félix Escalante Mendoza, a favor de la Distribuidora E Importadora De Frutas Y Verdura Sociedad De Responsabilidad Limitada, contra el Acuerdo Número 122-2020, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, en fecha 9 de noviembre del año 2020; por lo que se debe restituir el derecho a gozar de la autorización de importación de los tres contenedores que originalmente asignada a dicha Sociedad. Y Manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número SCO-1060-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Según antecedentes relacionados por el solicitante de amparo, mediante Decreto No. 711-03 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 96 de diciembre del año 2003, se aprobó el Reglamento General de los Comités de Cadena Agroalimentaria por rubro. (Ver: folios 2 y 3 frente de la pieza de amparo)

[2] Expone Konrad HESSE la teoría del “doble carácter de los derechos fundamentales”, abrazada por antigua jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (BverfGE), según la cual los derechos fundamentales cumplen en el Estado Social de Derecho una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”. Vid.: CASTAÑEDA OTSU, S. Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú. (2001) Lima: Editorial Alternativas. Pág. 31.