Sentencia AA-1045-22 — Registro 15565
Resumen
Sentencia otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR) en el trámite de un proceso de fiscalización; La Autoridad recurrida consideró que el inicio del proceso de fiscalización se hizo fuera del plazo legal ya que para la fecha en la que se requirió a recurrente el término ya estaba prescrito por lo que no se vulneran derechos fundamentales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en la sentencia que resolvió y otorgó el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque efectivamente, el inicio del proceso de fiscalización se hizo fuera del plazo establecido por la ley, considerando en su sentencia que dicho plazo finalizó el 20 de marzo de 2020, estimándose así que para la fecha en la que se requirió a la empresa obligada, que fue el 10 de enero de 2022, el término se encontraba ya prescrito..."…"esta Sala concuerda con el criterio que el transcurso del tiempo—requisito para estimar la prescripción o la caducidad de los plazos legales— consolida situaciones de hecho en los casos expresamente previstos por la ley, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley..."..."siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos..."..."esta Sala advierte que la sentencia objeto de examen hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, es decir que la misma ha sido dictada en consonancia con la ley, respetándose todos los derechos, principios y garantías que reglan el procedimiento conforme con nuestra legislación..."..."este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional..."..."analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, de fecha diecisiete (17) de junio del dos mil veintidós (2022), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado JULIO CESAR FRANCISCO GÓMEZ SUAZO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LEASING ATLÁNTIDA S.A., contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), relacionadas según el recurrente, a los actos administrativos de cédula de notificación de fecha diez de enero del dos mil veintidós, donde se notifica la citación N SAR DGCT DAT 03 A 2022 , derivadas de la orden de inicio de actuaciones de fiscalización número 311 19 800 87, para comparecer a una auditoría tributaria en la DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, en fecha doce de enero del dos mil veintidós, asimismo notificación de requerimiento adicional desinformación N 342 22 8000 1 realizada a la señora ANA LÍA MEDINA ELVIR, en su condición de representante legal del obligado tributario LA SOCIEDAD MERCANTIL LEASING ATLÁNTIDA S.A.. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha once (11)de enero del dos mil veinte (2020),compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional el Abogado JULIO CESAR FRANCISCO GÓMEZ SUAZO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL LEASING ATLÁNTIDA S.A., contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), relacionadas según el recurrente, a los actos administrativos de cedula de notificación de fecha diez de enero del dos mil veintidós, donde se notifica la citación N SAR DGCT DAT 03 A 2022, derivadas de la orden de inicio de actuaciones de fiscalización numero 311 19 800 87, para comparecer a una auditoria tributaria en la DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA, en fecha doce de enero del dos mil veintidós, asimismo notificación de requerimiento adicional desinformación N 342 22 8000 1 realizada a la señora ANA LÍA MEDINA ELVIR, en su condición de representante legal del obligado tributario LA SOCIEDAD MERCANTIL LEASING ATLÁNTIDA S.A. (Folio 1 al 6 de la pieza de los Antecedentes) 2) Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022), la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, se declara Incompetente de conocer la demanda de amparo interpuesta por el Abogado JULIO CESAR FRANCISCO GÓMEZ SUAZO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LEASING ATLÁNTIDA S.A., por lo que ordena remitir los antecedentes a la Corte de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. (Folio 22 al 23 de la Pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil veintidós (2022), LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, tiene por recibido el recurso de Amparo con procedencia de la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, interpuesto por el Abogado JULIO CESAR FRANCISCO GÓMEZ SUAZO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LEASING ATLÁNTIDA S.A., contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veintidós (2022) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “…PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL LEASING ATLÁNTIDA S.A. contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), dirección de grandes contribuyentes declarando que no les es aplicable al amparista el seguimiento del procedimiento de fiscalización iniciado en fecha 19 de julio del 2019 número 311-19-8000-87 contenido en el expediente 321-19-12000-1364 y demás actuaciones que se deriven del mismo procedimiento de fiscalización…”. (Folio 119 al 129de la pieza de Corte de apelaciones) 5) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, a petición de parte el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la acción de amparo que nos ocupa fue incoada en contra de una resolución emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS en el trámite de un proceso de fiscalización. En su acción, el recurrente, actuando como representante de la sociedad LEASING ATLÁNTIDA, S.A., sostuvo la improcedencia de una notificación hecha a la representante legal de la empresa por la autoridad denunciada en un momento en el cual, según se argumentó, el plazo para iniciar dicho proceso había finalizado, omitiendo además la entidad estatal darles respuesta a solicitudes presentadas por la empresa en torno al caso. El proceder del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS fue catalogado por el recurrente como violatorio a la garantía a un debido proceso y al derecho de petición, que son reconocidos ampliamente por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió y otorgó el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque efectivamente, el inicio del proceso de fiscalización se hizo fuera del plazo establecido por la ley, considerando en su sentencia que dicho plazo finalizó el 20 de marzo de 2020, estimándose así que para la fecha en la que se requirió a la empresa obligada, que fue el 10 de enero de 2022, el término se encontraba ya prescrito. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala concuerda con el criterio que el transcurso del tiempo—requisito para estimar la prescripción o la caducidad de los plazos legales— consolida situaciones de hecho en los casos expresamente previstos por la ley, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley. CONSIDERANDO (8): Que como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente a la autoridad estatal. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala advierte que la sentencia objeto de examen hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, es decir que la misma ha sido dictada en consonancia con la ley, respetándose todos los derechos, principios y garantías que reglan el procedimiento conforme con nuestra legislación. CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (11): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada el diecisiete de junio de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-1045-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL