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Sentencia AA-1018-21 — Registro 15898

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por resolución No.SO-305-2021, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que resolvió un recurso de revisión interpuesto por la señora Georgina Sierra Carvajal, contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Estima el recurrente, que con el acto reclamado se le han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 70, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada se desprende, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda persona tiene derecho al acceso a la información pública para fortalecimiento del estado de derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana, también es cierto que esta regla general encuentra sus excepciones en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido el artículo 3 numeral 6 y 7 de dicho cuerpo legal señalan: Numeral 6: Que es información reservada aquella información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público; de igual forma el numeral 7 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que son datos confidenciales personales, los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular etc. De forma complementaria el artículo 18 del mismo cuerpo legal señala que, para clasificar la información como reservada en base a cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 17 o cualquier otro de este cuerpo legal, el titular de cualquier órgano público deberá de elevar la petición por medio de la escala máxima de la jerarquía de la Institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo o resolución de clasificación de la información, debidamente motivada y sustentada. En el presente caso de autos tal y como se desprende de los folios, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución GES-No.746/21-08-2018 del 21 de agosto del 2018, ha declarado como reservada la información relacionada con la petición de acceso solicitada por el peticionario, es decir el recurrente ha peticionado una información que previamente estaba declarada como reservada de conformidad con el artículo 3 numeral 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por propia resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en ese sentido el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que todo acto de la administración pública adquiere eficacia al ser firme; en el presente caso, una vez que se emitió la resolución por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros avalada por el Instituto de Acceso a la Información Pública como reservada, no consta de autos que se haya presentado algún recurso en contra de ella, ni mucho menos que haya sido declarada nula, en ese sentido, la declaración de clasificada de dicha información sigue estando vigente y por lo tanto el acceso reclamado por el recurrente encuentra sus límites precisamente en los artículos 3 numeral 6 y 7, así como en los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comprendiendo una excepción de acceso a la información contemplada precisamente en la misma ley, lo cual hace que se declare con lugar el presente amparo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al ordenar un procedimiento sancionatorio, sin tomar en cuanta, ni dar respuestas a las justificaciones alegadas por el amparista. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José René Renderos Hernández, a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, contra la resolución No.SO-305-2021, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de revisión interpuesto por la señora Georgina Sierra Carvajal, contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Estima el recurrente, que con el acto reclamado se le han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado José René Renderos Hernández, interponiendo acción de amparo a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), contra la resolución No.SO-305-2021, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de revisión interpuesto por la señora Georgina Sierra Carvajal, contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Estima el recurrente, que con el acto reclamado se le han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-18 del amparo de mérito) 2) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José René Renderos Hernández, asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de tres (3) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 58 del recurso) 3) Esta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No.SO-305-2021, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: Declarar: PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la Señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en virtud de que la Institución Obligada, proporcionó de manera incompleta, la información pública solicitada por la parte recurrente señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, violentando el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionado con el articulo 52 numerales 1 y 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encontrándose la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) dentro de las infracciones establecidas en el artículo 27 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEGUNDO: Se ordena a la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible, a favor de la Señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, la información referente a: "Listado de expedientes que ha conocido y resuelto la CNBS, Así como los pendientes de resolver sobre las reclamaciones de los usuarios financieros contra el banco Ficohsa desde el año 2014 a la actualidad, que contenga: con número de expediente, fecha de ingreso, fecha de resolución, si fue declarada con lugar o sin lugar la petición de la reclamación del usuario financiero. Y si el expediente se encuentra pendiente de resolver, establecer el estado del mismo. Asimismo, que se establezca si al usuario financiero le notificaron o no, cada actuación procesal, en el expediente que conoció o resolvió y se encuentra pendiente de devolver la CNBS", con la aclaración que la institución obligada solamente deberá de entregar esta información en formato de datos estadísticos, es decir, en el "Listado de expedientes que ha conocido y resuelto la CNBS, la institución obligada proporcionara una versión publica de números de expedientes y cantidades de expedientes; y, en lo que concierne a la información "Así como los pendientes de resolver sobre las reclamaciones de los usuarios financieros contra el banco Ficohsa desde el año 2014 a la actualidad, que contenga: con número de expediente, fecha de ingreso, fecha de resolución, si fue declarada con lugar o sin lugar la petición de la reclamación del usuario financiero. Y si el expediente se encuentra pendiente de resolver, establecer el estado del mismo. Asimismo, que se establezca si al usuario financiero le notificaron o no, cada actuación procesal, en el expediente que conoció o resolvió y se encuentra pendiente de devolver la CNBS" pues esta se entregará como versión pública, es decir, en cuadros como datos estadísticos, ya que en ningún momento se solicitó copias de los expedientes completos en los que llevan implícitos datos personales confidenciales, los que ya se encuentran reservados por ley y que no pueden ser entregados, así como de no entregar cualquier otra información contenida en los expedientes y que se encuentra en reserva según resolución No. SO-191-2018. TERCERO: Se exhorta a la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS a dar entrega, en tiempo y forma, la información solicitada pública solicitada por la ciudadanía. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; Artículos 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional; artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Se aclara que se emite la presente resolución hasta la fecha, por la alta carga de trabajo que se tiene en la institución.” (Folios 125-130 del antecedente). 4) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintidós, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, y habiendo quedado pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, la misma no se ajusta a lo que estipula el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En consecuencia, concédase la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 65 del recurso de mérito). 5) En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por el Abogado José René Renderos Hernández, teniéndose por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 85 del recurso de mérito). 6) Esta Sala, en fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, así como de los antecedentes del caso, esta Representación Fiscal, observa que el Amparista centra su reproche en que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA vulnera su derecho a un Debido Proceso, conculcando los derechos de legalidad y de defensa, al emitir una Resolución en clara violación a las disposiciones legales supra mencionadas y que contraviene las Resoluciones N° SO-191-2018 y N° SO- 026-2019, de fecha 5 de Diciembre de 2018 y 06 de febrero de 2019 respectivamente, mismas que fueron emitidas por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; sin embargo, de la simple lectura de la Resolución recurrida N° SO-305-2021 de fecha 14 de julio de 2021, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en sus fundamentos de derecho, específicamente en el numeral 12, establece lo siguiente: ". la institución obligada proporcionará una versión pública de números de expedientes y cantidades de expedientes; en lo que concierne a la información solicitada por la Doctora Georgina Sierra Carvajal, .... se entregará una versión pública, es decir, en cuadros como datos estadísticos, ya que en ningún momento se solicitó copias de expedientes completos en los que llevan implícitos datos personales confidenciales, los que ya se encuentran reservados por la ley y que no pueden ser entregados, así como de no entregar cualquier otra información contenida en los expedientes y que se encuentran en reserva según resolución N° SO-191-2018": y en el caso subjudice la recurrente únicamente está solicitando datos puntuales que no comprometen los datos personales de ningún usuario financiero, en vista de lo antes expresado no se visualiza vulneración de ninguna garantía constitucional, por lo que el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución No.SO-312-2021, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, es congruente y justa, por lo que NO se aprecia violación al Debido Proceso alegado por el recurrente. VI.-OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 88-94 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE RENE RENDEROS HERNANDEZ a favor de la COMISION NACIONAL DE BAMCOS Y SEGUROS (CNBS), se dirige contra la Resolución No.SO-305-2021 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revisión interpuesto por la señora GEORGINA SIERRA CARVAJAL, contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el derecho a la defensa y al debido proceso que tiene derecho su representada, en virtud que en el antecedente seis (6), el Instituto de Acceso a la Información Pública, no tomo en cuenta en lo absoluto los argumentos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) señalados en el escrito presentado el ocho de abril del dos mil veintiuno, violentando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa; aunado a esto, en el antecedente siete (7), se señala que el traslado que se le da a la señora Georgina Sierra Carvajal para que pronuncie su conformidad sobre la documentación presentada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dejándole todo el juicio de valor de los de los argumentos a la señora Georgina Sierra Carvajal; Además se observa que el Instituto de Acceso a la Información Pública no cito a las partes a audiencia que señala el artículo 55 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y tampoco solicito información adicional a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), emitiendo la Resolución SO-305-2021 del 14 de julio de 2021, al arbitrio de la señora Georgina Sierra Carvajal y del mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, violentando de esta manera el derecho de defensa y debido proceso establecido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que fue emitida sin tomar en cuenta las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece al ordenar entregar información clasificada como reservada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada se desprende, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda persona tiene derecho al acceso a la información pública para fortalecimiento del estado de derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana, también es cierto que esta regla general encuentra sus excepciones en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido el artículo 3 numeral 6 y 7 de dicho cuerpo legal señalan: Numeral 6: Que es información reservada aquella información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público; de igual forma el numeral 7 del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que son datos confidenciales personales, los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular etc. De forma complementaria el artículo 18 del mismo cuerpo legal señala que, para clasificar la información como reservada en base a cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 17 o cualquier otro de este cuerpo legal, el titular de cualquier órgano público deberá de elevar la petición por medio de la escala máxima de la jerarquía de la Institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo o resolución de clasificación de la información, debidamente motivada y sustentada. En el presente caso de autos tal y como se desprende de los folios, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución GES-No.746/21-08-2018 del 21 de agosto del 2018, ha declarado como reservada la información relacionada con la petición de acceso solicitada por el peticionario, es decir el recurrente ha peticionado una información que previamente estaba declarada como reservada de conformidad con el artículo 3 numeral 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por propia resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en ese sentido el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que todo acto de la administración pública adquiere eficacia al ser firme; en el presente caso, una vez que se emitió la resolución por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros avalada por el Instituto de Acceso a la Información Pública como reservada, no consta de autos que se haya presentado algún recurso en contra de ella, ni mucho menos que haya sido declarada nula, en ese sentido, la declaración de clasificada de dicha información sigue estando vigente y por lo tanto el acceso reclamado por el recurrente encuentra sus límites precisamente en los artículos 3 numeral 6 y 7, así como en los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comprendiendo una excepción de acceso a la información contemplada precisamente en la misma ley, lo cual hace que se declare con lugar el presente amparo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al ordenar un procedimiento sancionatorio, sin tomar en cuanta, ni dar respuestas a las justificaciones alegadas por el amparista. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, artículos 3 numeral 6 y 7; 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto en contra de la Resolución SO-305-2021 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1018-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL