Sentencia RP-887-20 — Registro 15044
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la condena impuesta por haber sido hallado culpable por el delito de secuestro.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIEZ (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, la pena principal de QUINCE AÑOS de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, precepto establecido en el artículo 192 párrafo cuarto del Código Penal derogado, en perjuicio E. J. T. R.. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO, previsto en el artículo 239 dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”; Sumado a lo anterior, el artículo 241 del mismo cuerpo legal hace referencia del: “SECUESTRO ATENUADO. Se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a siete (7) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando el sujeto deja en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de la privación de libertad, voluntariamente o como producto de negociaciones, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto”; Más las penas accesorias correspondientes. Al analizar la sentencia objeto del Recurso de Revisión nos damos cuenta que el Código Penal derogado contemplaba una pena que oscilaba entre 10 a 20 años de reclusión, cuando los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, por otro lado, el actual Código Penal contiene el mismo presupuesto estipulado en el artículo 241 que se refiere al delito del Secuestro Atenuado que en su parte objetiva requiere que el sujeto activo deje en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras 72 horas de la privación de la libertad, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto, sancionando dicha conducta con una pena abstracta que va de 5 a 7 años de prisión. Al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 100 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 106 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticuatro(24) de abril del dos mil diecinueve (2019), a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION en perjuicio de E. J. T. R. como pena principal, las que deberán cumplir simultáneamente; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó al ciudadano JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 párrafo cuarto del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, mismas que disponía “Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado la pena aplicable será de 10 a 20 años de reclusión”, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIEZ (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, la pena principal de QUINCE AÑOS de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, precepto establecido en el artículo 192 párrafo cuarto del Código Penal derogado, en perjuicio E. J. T. R.. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO, previsto en el artículo 239 dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”; Sumado a lo anterior, el artículo 241 del mismo cuerpo legal hace referencia del: “SECUESTRO ATENUADO. Se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a siete (7) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando el sujeto deja en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de la privación de libertad, voluntariamente o como producto de negociaciones, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto”; Más las penas accesorias correspondientes. Al analizar la sentencia objeto del Recurso de Revisión nos damos cuenta que el Código Penal derogado contemplaba una pena que oscilaba entre 10 a 20 años de reclusión, cuando los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, por otro lado, el actual Código Penal contiene el mismo presupuesto estipulado en el artículo 241 que se refiere al delito del Secuestro Atenuado que en su parte objetiva requiere que el sujeto activo deje en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras 72 horas de la privación de la libertad, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto, sancionando dicha conducta con una pena abstracta que va de 5 a 7 años de prisión. Al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 320 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, a favor del señor José Manuel Romero Cruz, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, con relación a la condena impuesta al señor José Manuel Romero Cruz, por haber sido hallado culpable por el delito de Secuestro, en perjuicio del señor E. J. T. Ramos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Territorial Nacional, el Abogado Miguel Ángel Sosa, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación en contra del señor José Manuel Romero Cruz, por suponerlo responsable del delito de Secuestro, en perjuicio de E. J. T. R.. (Folios 1-4 del antecedente). 2) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por unanimidad de votos falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, al señor JOSÉ MANUEL ROMERO CRUZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como coautor penalmente de la comisión del delito de SECUESTRO, en perjuicio del joven E. J. T. R., a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, a la cual se le ha de computar el tiempo en que los imputados hubieran estado detenidos o privados de libertad por esta causa, condena que deberán cumplir los condenados en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSÉ MANUEL ROMERO CRUZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No se condena al señor JOSÉ MANUEL ROMERO CRUZ, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara el comiso del teléfono celular marca ZTE, color negro y una sim card con numero 99-79-95-78, que fue puesto a disposición de este Tribunal de Sentencia como pieza de convicción. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil del señor JOSÉ MANUEL ROMERO CRUZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia…”. (Folios 171-175 del antecedente) 3) En fecha seis de octubre de dos mil veinte, esta Sala, tuvo por recibido las diligencias que contienen el Recurso de Revisión Penal, impetrado por la Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, a favor del señor José Manuel Romero Cruz, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, fundamentando su acción, en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), a través de su artículo 239 que contempla el delito de Secuestro e impone una pena de prisión de 8 a 12 años.(Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) En fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), a las tres de la tarde (03:00 p.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 25 del recurso de mérito) 5) En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sussy G. Coello García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Miryan Ivone Palomo Romero Cruz, en su condición de Apoderada Legal del señor José Manuel Romero Cruz; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “Formaliza el recurso extraordinario de revisión que se ha presentado en contra de la sentencia firme de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal”. El Ministerio Público consideró: “Ésta Representación Fiscal estima que efectivamente con la entrada en vigencia del actual Código Penal, la pena aplicable al delito de Secuestro representa un beneficio al sentenciado, de conformidad a lo establecido en el artículo 241, por lo que es de la opinión que se declare con lugar el recurso de revisión de mérito y solicita se le imponga una pena dentro del marco punitivo señalado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil”. IV. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión, en atención a los argumentos que anteceden. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 28-31 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala: “Que actualmente, el Código Penal Vigente mediante Decreto 130-2017, en su artículo 239 contempla el Delito del Secuestro e impone una pena de prisión de 8 a 12 años, y aun y cuando establece determinadas agravantes de la pena a imponer a un condenado, no menos cierto es que mi representado no incurre en ninguna de las agravantes descritas en la ley penal, no consta en la sentencia emitida en su contra, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y conforme a lo descrito en los artículos precitados, se establece una pena más favorable al acusado; lo anterior teniendo en consideración que al imputado le impusieron las penas agravadas por otras circunstancias, que ahora no las determina la ley penal vigente”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintiséis (26) de agosto de año dos mil veintiuno (2021), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, como garantista a favor del ciudadano JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, y la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, quien expuso: “En mi condición de Apoderada Legal del señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, esta defensa formaliza el recurso extraordinario de revisión que se ha presentado en contra de la sentencia firme dictada por los Tribunales de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con los antecedentes siguientes, mi representado su señoría, efectivamente fue detenido en fecha diecinueve (19) del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), incoándose la presente acción hasta su juicio oral y público donde se le emitió sentencia por el delito de Secuestro, imponiéndole en ese momento una pena acordada por las partes mediante estricta conformidad de 15 años de reclusión. Los fundamentos bajo los cuales se le impuso esta sentencia su señoría fueron los expuestos o los contenidos en ese momento en el Código Penal vigente bajo Decreto 144-83 bajo el artículo 92 y subsiguiente en el cual mi representado en virtud de que los hechos probados en el juicio fueron de que si bien es cierto él fue coautor del secuestro, este secuestro es atenuado porque hubo una liberación voluntaria por parte del acusado de la víctima en las primeras 24 horas antes de las 72 horas que exige el Código Penal, de igual manera no hubo daño a la víctima y tampoco se logró cumplir con el cumplimiento de la condición que se había pedido para este aspecto, en ese sentido esta defensa considera que actualmente con el Código Penal bajo el Decreto 130-2017 la calificación jurídica más pertinente para incluir lo que son los actos realizados por mi representado es el artículo 241 que corresponde al Secuestro Atenuado, el cual tiene una pena a imponer de 5 a 7 años de reclusión…”.- Seguidamente se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando:” Que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, declaró culpable en estricta conformidad al señor José Manuel Romero Cruz, como autor directo del delito de secuestro y lo condeno a la pena concreta de quince años de reclusión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 192 del Código Penal, que contemplaba una pena de diez(10) a veinte (20) años de reclusión, cuando los secuestradores desistieren liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado. Por otro parte, el actual Código Penal aprobado mediante decreto 130-2017, contiene este mismo supuesto en el artículo 241, tipificado como delito de secuestro atenuado, el cual requiere que el sujeto deja en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de la privación de la libertad, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición propuesta, debiendo imponer la pena de cinco (5) a siete (7) años de prisión…. Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que efectivamente con la entrada en vigencia del actual código penal, la pena aplicable al delito de secuestro representa un beneficio al sentenciado, de conformidad a lo establecido en el artículo 241. En virtud de lo expuesto peticiona a la Sala de lo Constitucional que SE OTORGUE la garantía constitucional de revisión”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal.” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que consideren que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo con la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así como la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticuatro(24) de abril del dos mil diecinueve (2019), a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION en perjuicio de E. J. T. R. como pena principal, las que deberán cumplir simultáneamente; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó al ciudadano JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 párrafo cuarto del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, mismas que disponía “Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado la pena aplicable será de 10 a 20 años de reclusión”, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIEZ (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, la pena principal de QUINCE AÑOS de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, precepto establecido en el artículo 192 párrafo cuarto del Código Penal derogado, en perjuicio E. J. T. R.. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO, previsto en el artículo 239 dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”; Sumado a lo anterior, el artículo 241 del mismo cuerpo legal hace referencia del: “SECUESTRO ATENUADO. Se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a siete (7) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando el sujeto deja en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de la privación de libertad, voluntariamente o como producto de negociaciones, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto”; Más las penas accesorias correspondientes. Al analizar la sentencia objeto del Recurso de Revisión nos damos cuenta que el Código Penal derogado contemplaba una pena que oscilaba entre 10 a 20 años de reclusión, cuando los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, por otro lado, el actual Código Penal contiene el mismo presupuesto estipulado en el artículo 241 que se refiere al delito del Secuestro Atenuado que en su parte objetiva requiere que el sujeto activo deje en libertad a la persona secuestrada dentro de las primeras 72 horas de la privación de la libertad, sin daño en su salud e integridad física y sin haber logrado el cumplimiento de la condición que se había propuesto, sancionando dicha conducta con una pena abstracta que va de 5 a 7 años de prisión. Al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el articulo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el articulo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 58, 239 y 241 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, a favor del señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de E. J. T. R., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE MANUEL ROMERO CRUZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO ATENUADO a la pena de 6 años DE PRISIÓN EN PERJUICIO DE E. J. T. R.. SEGUNDO: Se condena a las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta. No se observa la concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. – Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-887-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.