Sentencia RP-774-20 — Registro 14762
Resumen
Revisión sentencia condenatoria por aplicabilidad de Principio de retroactividad del Código penal por el delito de Violación Especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis a la PENA PRINCIPAL de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. M. R. N.; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano Olman Mauricio Hernández Quintanilla, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 140 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, la pena principal de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio A. M. R. N.. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de VIOLACIÓN, previsto en el artículo 249, prevé una pena abstracta de nueve (9) a trece (13) años de prisión y la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. La pena anterior se debe aumentar en un tercio (1/3) al concurrir la circunstancia en el caso sub júdice de ser la víctima menor de catorce años, por lo que, con el aumento de un tercio a la pena abstracta, ésta quedaría en trece (13) años a diecisiete (17) años, cuatro (4) meses de prisión, como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada. En la sentencia que se revisa de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, aprecio la atenuante de haberse presentado el condenado en forma voluntaria a la acción de la justicia, por ello al momento de determinar la pena concreta, estimó proporcionado imponer la pena privativa de libertad en su punto medio hacia abajo, al señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, por no concurrir circunstancias agravantes ni otro supuesto para aumentar la pena del punto medio hacia arriba, circunstancias atenuantes que recoge la nueva norma penal en su artículo 31, al indicar en el numeral 6) “Cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores”. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión recibido con procedencia del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Bárbara con Función en Gracias, Departamento de Lempira, interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, a favor del señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se condenó al señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de A. M. R. N.. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Lempira, la Abogada ALVA DINORA CRUZ MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA por suponerlo responsable a título de autor del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de A. M. R.. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic): “UNO.- Que se debe CONDENAR y CONDENA a OLMAN MAURICIO HERNÁNDEZ QUINTANILLA, previamente identificado como interviniente en el proceso, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL del que fue acusado, en perjuicio de A. M. R. N., a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN mas las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha mantenido en prisión preventiva. DOS.- Se declara a Olman Mauricio Hernández Quintanilla responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que hoy se le condena. TRES.- No procede condenar en costas a Olman Mauricio Hernández Quintanilla. CUATRO.- No procede el COMISO. CINCO.- Una vez firme la presente sentencia que se remita junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución de esta sección Judicial para que surta los efectos; asimismo, que se libre copia certificada de esta sentencia al Director del respectivo centro Penitenciario….” (Folios del 158-165 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 3) Que esta Sala de lo Constitucional en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, recibió del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Bárbara con Función en Gracias, Departamento de Lempira, Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, a favor del señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciséis (2016), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios del 01-05 de los autos) 4) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala de lo Constitucional tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 06 de los autos) 5) Que en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA en su condición de Apoderado Legal del señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, en cuanto a conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que la petición del revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios 10-13 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado
en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser mas benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. De conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la referida Ley, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada, es por ello que la defensa del señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, estima procedente la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más favorable, en atención a lo dispuesto en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá ser la Honorable Sala de lo constitucional una vez revisada la sentencia condenatoria y comparada con la nueva norma, es decir el Código Penal vigente que establezca cual será la pena concreta aplicable conforme al nuevo Código Penal, porque la misma es benigna y favorece a su representado. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Jorge Alberto Calix Leiva, como garantista a favor del ciudadano Olman Mauricio Hernández Quintanilla y la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Jorge Alberto Calix Leiva, quien expuso que pide la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal, vigente actualmente, pues su representado fue condenado a la pena de diecisiete años de reclusión con el código anterior, por lo que solicita se aplique la pena nueva del Decreto 130-2017 del nuevo Código Penal, donde la pena a imponer por el delito de Violación seria de nueve a trece años de reclusión, aumentado en 1/3 según el artículo 249 del nuevo Código Penal, por tratarse la víctima de una menor de catorce años, ello en atención a lo que dispone la Ley sobre Justicia Constitucional en relación a la retroactividad de la ley penal, solicita se aplique la pena más baja.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, expresando que examinado el planteamiento del apoderado defensor del hoy condenado Olman Mauricio Hernández Quintanilla, en el cual, del fallo hoy traído a revisión se extrae que fue condenado por el delito de Violación Especial a una pena de diecisiete años de reclusión, delito que en el nuevo Código Penal vigente, se encuentra regulado en el artículo 249, el que establece una pena de nueve (9) a trece (13) años de prisión, mas el aumento de 1/3 por la circunstancia agravante de que la víctima es menor de catorce años, por lo que al hacer el cálculo aritmético, queda una pena de trece (13) años a diecisiete (17) años, cuatro meses de prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, por lo cual esa representación fiscal estima que procede la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, en los mismos términos en que fue impuesta la condena anterior, ya que se impuso una pena en el término medio, por lo que se estima es procedente la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, de conformidad con los artículos 96 de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En virtud de lo expuesto esa Representación Fiscal se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley mas favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, por el delito de Violación Especial, tipificado en el Artículo 140 de la norma derogada[5] que disponía “CONSTITUYE DELITO DE VIOLACIÓN: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este articulo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Sera sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad;…”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 249 “Violación. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la victima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años”. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis a la PENA PRINCIPAL de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. M. R. N.; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis mediante la cual se condenó al ciudadano Olman Mauricio Hernández Quintanilla, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 140 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, la pena principal de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio A. M. R. N.. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de VIOLACIÓN, previsto en el artículo 249, prevé una pena abstracta de nueve (9) a trece (13) años de prisión y la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. La pena anterior se debe aumentar en un tercio (1/3) al concurrir la circunstancia en el caso sub júdice de ser la víctima menor de catorce años, por lo que, con el aumento de un tercio a la pena abstracta, ésta quedaría en trece (13) años a diecisiete (17) años, cuatro (4) meses de prisión, como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada. En la sentencia que se revisa de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, aprecio la atenuante de haberse presentado el condenado en forma voluntaria a la acción de la justicia, por ello al momento de determinar la pena concreta, estimó proporcionado imponer la pena privativa de libertad en su punto medio hacia abajo, al señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla, por no concurrir circunstancias agravantes ni otro supuesto para aumentar la pena del punto medio hacia arriba, circunstancias atenuantes que recoge la nueva norma penal en su artículo 31, al indicar en el numeral 6) “Cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores”. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Olman Mauricio Hernández Quintanilla. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 31.6, 69, 70, 249, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, a favor del señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA en fecha TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor OLMAN MAURICIO HERNANDEZ QUINTANILLA, por el delito VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. M. R. N., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor OLMAN MAURICIO HERNÁNDEZ QUINTANILLA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN, en perjuicio de A. M. R. N., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Con la concurrencia de la circunstancia atenuante de haberse presentado voluntariamente a la acción de la justicia, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-774-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Código Penal. Decreto 144-83; publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha 12 de marzo de 1984 y vigente a partir del 12 de marzo de 1985.
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.