Sentencia RP-736-20 — Registro 14716
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación al delito de homicidio simple.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintinueve de febrero del año dos mil ocho, a QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JOSE REINALDO BAUTISTA IGLESIAS así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal decreto 144-1983 relacionado, estimando que el encausado cometió el delito de Homicidio Simple. III- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, (el juzgador conoce el derecho). Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé las mismas sanciones que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SANTOS GEREMIAS HERNANDEZ ENAMORADO. I. Examinando la sentencia puesta en Revisión se ha encontrado una identidad en cuanto al concreto hecho, objetividad jurídica y la sanción penal de ambas normas, lo único que ha cambiado es el nomen iuris. II. En el cambio de Homicidio Simple a Homicidio que resalta el recursista cabe señalar que no resulta benigno en cuanto la condena del imputado. El cambio de gramática no necesariamente es motivo suficiente para la aplicación de la retroactividad. III. Esta identidad del tipo penal plasmada en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado. IV. El recurrente solicita el cambio del tipo penal en la sustanciación de la sentencia y así poder hacer posible los beneficios de la libertad condicional establecidos en la nueva norma penal, lo cual no es procedente ya que el tipo penal es el mismo en ambas normas penales (derogada y vigente), sin representar ningún beneficio en cuanto a penas, con un cambio únicamente en cuanto al nomen iuris (de homicidio simple a homicidio). De proceder así nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en conjunto. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Hermes Faustino Ramírez Ávila, a favor del señor Santos Jeremías Hernández Enamorado, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, de fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Santos Jeremías Hernández Enamorado, por haber sido condenado por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de José Reynaldo Bautista Iglesias. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil seis, compareció ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Lempira, la Abogada Rosalba Yaneth Reyes Larreinaga, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Osueld Dodadin Hernández y Santos Jeremías Hernández, por suponerlos responsables del delito de Homicidio, en perjuicio del señor José Reinaldo Bautista Iglesias. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar CULPABLE y como consecuencia de ello, CONDENAR al señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO, identificado plenamente en la parte introductoria de la presente sentencia, como responsable penalmente, a TITULO DE AUTOR, de un delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio del señor JOSÉ REINALDO BAUTISTA IGLESIAS, sin la concurrencia de eventos modificativos de la responsabilidad penal, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, a la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Gracias en el departamento de Lempira; quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario, computándose el tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, en su caso, por la presente causa. SEGUNDO: Como consecuencia de la pena principal de reclusión, se condena al señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL. TERCERO: Se declara al condenado SANTOS GEREMÍAS HERNANDEZ ENAMORADO, civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito de HOMICIDIO SIMPLE. CUARTO: No procede condenar en costas al señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO. QUINTO: No procede el comiso.” (Folios 142-156 del antecedente) 3) Que el Abogado Hermes Faustino Ramírez Ávila, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de septiembre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Santos Jeremías Hernández Ávila, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), que establece una pena más favorable para su representado. (Folios 1—4 del recurso de mérito) 4) En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las diez con treinta minutos de la mañana (10: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 21 del recurso de mérito) 5) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sussy Guadalupe Coello García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Anguie Karolina Colindres Sánchez, en su condición de Apoderado Legal del señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Actuando en mi condición referida, procedo a ratificar el recurso de revisión penal presentado el veinte (20) de agosto de dos mil veinte, manifestando lo siguiente: Que mi representado Santos Geremías Hernández Enamorado, el veintinueve de febrero de dos mil ocho, fue condenado en el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, a quince (15) años de reclusión por haberlo encontrado responsable del delito de Homicidio Simple en perjuicio del señor José Reynaldo Bautista Iglesias, que según el Código Penal anterior decreto 144-83, el delito de Homicidio contendido en su artículo 116 disponía que: Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de Homicidio Simple, e incurra en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. El nuevo Código Penal establece en su artículo 192: Que quien dé muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años”…, solicito la reforma de cómputo de la pena incluyendo el tiempo que se encontró con medidas sustitutivas señalando nueva fecha para la preliberación, libertad condicional y cumplimiento de la pena que le brinda el cambio de codificación penal. El Ministerio Público consideró: …Al realizar un análisis comparativo entre ambos cuerpos normativos, se aprecia que, conforme lo dispuesto en el artículo 81 del Código Penal, el señor Santos Geremías Hernández Enamorado, podrá ser beneficiado con la libertad condicional al haber cumplido siete (7) años seis (6) meses de reclusión, reduciendo así el término de doce (12) años nueve (9) meses de prisión que tendría que cumplir conforme la codificación penal anterior, lo cual constituye un beneficio a favor del sentenciado. De igual manera, la actual norma sustantiva no establece como uno de los requisitos para conceder el beneficio de libertad condicional de no haber sido condenado ejecutoriamente con anterioridad por otro delito doloso, lo que a su vez también representa un beneficio a favor del sentenciado, por lo que resulta evidente que las disposiciones relativas al beneficio penitenciario contenidas en la norma sustantiva vigente relacionadas con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo tercero, le resulta más beneficioso, por lo que resulta procedente su aplicación retroactiva. OPINIÓN: Con base a lo expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Propongo como medio de prueba documental público consistente en los antecedentes que ya se encuentran a la orden de este Tribunal. se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tiene ningún medio de prueba que ofrecer. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 22-25 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los motivos que funda su Recurso de Revisión “En nuestra codificación anterior, el Código Penal Decreto 144-183. Se estableció en el capítulo I Delitos Contra la vida y la integridad corporal, el artículo 116 que decía: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en os siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión…” Como lo he referido en ellos párrafos anteriores, mi representado de condenado bajo la vigencia del Código Penal anterior por el delito de HOMICIDIIO SIMPLE. Con la vigencia del nuevo código Penal de honduras Decreto 130-2017 de fecha diez de mayo del dos mil diecinueve, vigente a partir del veinticinco de junio del presente año dos mil veinte, se estableció en el titulo III Delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud, el artículo 192 que dice Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si bien se puede verificar con la simple lectura que la pena abstracta permanece en el mismo rango en ambos Códigos, como consecuencia jurídica del delito, es importante señalar que conceptualmente se ha suprimido de los elementos objetivos del delito, la palabra SIMPLE; por ende, con la vigencia del nuevo Código, el delito por el cual se estaría condenando mi representado es por el delito de HOMICIDIO y no por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, descrito en el Código anterior. Aunque resulte una precisión nominal del delito, tiene una enorme dimensión para aplicar al principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Debido a que el nuevo Código Penal por ese delito mi representado puede gozar de un beneficio en cuanto al señalamiento de una nueva fecha de preliberación, nueva fecha de libertad condicional y cumplimiento de pena” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ, quien se persono en la causa y actúa en representación del señor SANTOS JEREMIAS HERNANDEZ ENAMORADO y la abogada SUSSY GUADALUPE COELLO GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Cedida la palabra a la abogada ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ, expuso: “mi representado SANTOS JEREMIAS HERNANDEZ ENAMORADO el veintinueve (29) de febrero del dos mil ocho (2008) fue condenado en el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan a quince (15) años de reclusión por haberlo encontrado responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JOSE REYNALDO BAUTISTA IGLESIAS que según el Código Penal anterior decreto 144-83 el delito de Homicidio contenido en su artículo 116 estipulaba que “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. El nuevo Código Penal de Honduras decreto 130-2017 establece en su artículo 192 HOMICIDIO. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años”. Es importante señalar que conceptualmente se ha suprimido la palabra simple por ende con la vigencia del nuevo código penal mi representado debe de ser condenado por el delito de homicidio y no homicidio simple. Que mi representado desde el año dos mil seis (2006) hasta el año dos mil trece (2013) se encontraba gozando de medidas sustitutivas a la prisión preventiva como ser arresto domiciliario tiempo que no fue estimado o calculado cuando se modificó el computo de la pena en fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil quince (2015) por el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de Santa Rosa de Copan con función en Gracias, Lempira, extremo que obra a folio ciento treinta (130) y ocho (138) de sus antecedentes por lo tanto deberá de quedar comprendido dentro del cómputo el tiempo desde el inicio de la acción penal conformidad con los artículos 172, 173 numeral 6 y 386 del Código Procesal Penal en consecuencia solicito que de conformidad con el artículo 96 de la Constitución de la Republica, artículos 615 y 616 del nuevo código penal de Honduras decreto 130-2017 sobre la retroactividad de la ley más favorable implicaría un beneficio a favor de mi representado en cuanto a una condena por el delito de HOMICIDIO conforme al artículo 192 y en aplicación al régimen de libertad condicional contenido en el artículo 81 del nuevo Código Penal y en consecuencia por lo antes expuesto solicito la reforma del cómputo de la pena incluyendo el tiempo que se encontró con medidas sustitutivas y así señalando nueva fecha para la preliberación, libertad condicional y cumplimiento de la pena que le brinda el cambio de codificación penal.” Cedida la palabra a la fiscal, abogada SUSSY GUADALUPE COELLO GARCIA, para que presentara su oposición, manifestó: la sentencia definitiva dictada en fecha veintinueve (29) de febrero del año 2008, por el Tribunal de Letras Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual se condenó al señor Santos Jeremías Hernández Enamorado, a la pena concreta de quince (15) años de reclusión, como autor de la comisión del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor José Reinaldo Bautista Iglesias, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. II. APRECIACION JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como en base al Principio de Retroactividad de la Ley más Favorable contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que con la entrada en vigencia del actual Código Penal se han modificado las disposiciones relativas al régimen de Libertad Condicional, cuya aplicación implica un beneficio al sentenciado. Que del examen de los antecedentes se aprecia que el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, condenó al señor Santos Jeremías Hernández Enamorado, a la pena mínima de quince (15) años de reclusión, como autor directo del delito de Homicidio Simple, conforme lo dispuesto en los artículos 116 de la legislación penal derogada. Por su parte, el actual Código Penal (Decreto No. 130-2017), tipifica el delito de Homicidio en el artículo 192, el cual lo sanciona con una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por lo que resulta evidente que la pena mínima a imponer conforme el nuevo Código Penal permanece en el mismo rango que la impuesta en la sentencia que se pretende revisar. En cuanto lo relativo al beneficio de libertad condicional, la legislación penal derogada establecía en su artículo 76, que este podría ser concedido al reo que haya sufrido las tres cuartas (3/4) partes de la pena, en los casos que la condena exceda de doce (12) años de prisión, siempre que concurran las circunstancias establecidas, como la de no haber sido condenado ejecutoriamente con anterioridad, por otro delito doloso. A diferencia del anterior, el actual Código Penal dispone en el artículo 81 que se podrá otorgar, entre otras circunstancias, al penado que haya cumplido la mitad (1/2) de la pena impuesta de hasta quince (15) años de prisión y, por haber cumplido dos tercios (2/3) de la pena si la condena es mayor a los quince (15) años y menor de treinta (30) años de prisión. CONSIDRANDO CINCO (5): Como conclusión en audiencia de oposición el Ministerio Publico manifestó: “al realizar un análisis comparativo entre ambos cuerpos normativos se aprecia que, conforme lo dispuesto en el artículo 81 del Código Penal, el señor Santos Jeremías Hernández Enamorado, podrá ser beneficiado con la libertad condicional al haber cumplido siete (7) años seis (6) meses de reclusión, reduciendo así el término de doce (12) años nueve (9) meses de prisión que tendría que cumplir conforme la codificación penal anterior, lo cual constituye un beneficio a favor del sentenciado. De igual manera, la actual norma sustantiva no establece como unos de los requisitos para conceder el beneficio de libertad condicional de no haber sido condenado ejecutoriamente con anterioridad por otro delito doloso, lo que a su vez también representa un beneficio a favor del sentenciado, por lo que resulta evidente que las disposiciones relativas al beneficio penitenciario contenidas en la norma sustantiva vigente relacionado con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo tercero, le resulta más beneficioso, por lo que resulta procedente su aplicación retroactiva. El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos que preceden.”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…” CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintinueve de febrero del año dos mil ocho, a QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JOSE REINALDO BAUTISTA IGLESIAS así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal decreto 144-1983 relacionado, estimando que el encausado cometió el delito de Homicidio Simple. III- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, (el juzgador conoce el derecho). Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé las mismas sanciones que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SANTOS GEREMIAS HERNANDEZ ENAMORADO. I. Examinando la sentencia puesta en Revisión se ha encontrado una identidad en cuanto al concreto hecho, objetividad jurídica y la sanción penal de ambas normas, lo único que ha cambiado es el nomen iuris. II. En el cambio de Homicidio Simple a Homicidio que resalta el recursista cabe señalar que no resulta benigno en cuanto la condena del imputado. El cambio de gramática no necesariamente es motivo suficiente para la aplicación de la retroactividad. III. Esta identidad del tipo penal plasmada en ambas normas penales evita la procedencia con respecto a la aplicación de una ley penal más benigna ya que ambas normas tienen el mismo contenido lo cual no significa un beneficio para él encausado. IV. El recurrente solicita el cambio del tipo penal en la sustanciación de la sentencia y así poder hacer posible los beneficios de la libertad condicional establecidos en la nueva norma penal, lo cual no es procedente ya que el tipo penal es el mismo en ambas normas penales (derogada y vigente), sin representar ningún beneficio en cuanto a penas, con un cambio únicamente en cuanto al nomen iuris (de homicidio simple a homicidio). De proceder así nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Por lo estatuido en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en conjunto. Bajo estas premisas no procede la Revisión Penal por vía constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogado HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA, a favor del señor SANTOS GEREMÍAS HERNÁNDEZ ENAMORADO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-736-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.