Sentencia RP-703-20 — Registro 14715
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el delito de secuestro.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NUEVE (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete de enero de dos mil trece, a la pena de 20 AÑOS DE RECLUSION en perjuicio de MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA, como pena principal, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, del Valle de Tamara, Francisco Morazán; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha siete de enero de dos mil trece, mediante la cual se condenó al ciudadano DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-1983. estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIEZ (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, la pena principal de 20 AÑOS de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como cómplice de un delito de SECUESTRO, en perjuicio MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO, previsto en el artículo 239 dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”; más las penas accesorias correspondientes. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva sin agravante la pena abstracta de 8 a 12 años de Prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS. II. Esta sala aprecia del estudio de la sentencia que hoy se revisa que el señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA fue condenado a la pena mínima, ya que el Tribunal Sentenciador no apreció la concurrencia de ninguna circunstancia agravante, haciendo una ponderación en el sentido que al momento de cometer el ilícito el penado era menor de 21 años (primodelicuente). Por lo que en base al principio pro homine esta Sala es del criterio que se debe aplicar la pena mínima. III. Que al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente, verificamos que el condenado está recluido desde el siete de mayo del 2009, concluyendo que tiene más de 12 años de efectiva reclusión a la fecha, por lo tanto, es procedente aplicar lo señalado en el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna y lo estipulado en el artículo 107 numeral 5 del actual Código que señala las causas que extinguen la responsabilidad penal, donde con la nueva pena es patente que el encausado ya habría cumplido su tiempo de condena. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 107 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 201 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Elvin Noel Carrillo Herrera, a favor del señor Dagoberto Said Zuniga Lagos, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha siete de enero de dos mil trece, con relación a la condena impuesta al señor Dagoberto Said Zuniga Lagos, por haber sido hallado culpable por el delito de Secuestro en perjuicio de las ciudadanas Melesia Cristina Licona Raudales y Dirian Mariely Ávila Zuniga. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de mayo de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ana Patricia Domínguez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Dagoberto Said Zuniga Lagos, por suponerlo responsable del delito de Secuestro en perjuicio de las señoritas Melesia Cristina Licona Raudales y Dirian Mariely Ávila Zuniga. (Folios 10-15 del antecedente) 2) Que en fecha siete de enero de dos mil trece, el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Condenar al señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, como cómplice de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES y DIRIAN MARIELY ÁVILA ZUNIGA, a la pena de VEINTE (20) AÑOS de RECLUSIÓN; la que deberá cumplir en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, del Valle de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenar al imputado DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Condenar al señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. CUARTO: Declarar la responsabilidad civil del condenado. QUINTO: Exonerar del pago en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio al acusado DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales.” (Folios 157-172 del antecedente) 3) Que el Abogado Elvin Noel Carrillo Herrera, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor Dagoberto Said Zuniga Lagos, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, fundamentando su acción, en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017, a través de su artículo 239 que establece una pena aplicable al delito de Secuestro de ocho (8) a doce (12) años de prisión. (Folios 1—4 del recurso de mérito) 4) Que en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, disponiendo librar comunicación con las inserciones de estilo a: 1) TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, y; 2) JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a efecto de que remita dentro del plazo de un (1) día hábil, el expediente contentivo de la causa antes indicada. (Folio 7 del recurso de mérito) 5) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor Dagoberto Said Zuniga Lagos, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 21 del recurso de mérito) 6) En fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, visto el recurso de mérito, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las once de la mañana con treinta minutos (11: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 22 del recurso de mérito) 7) En fecha tres de junio de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Elvin Noel Carrillo Herrera en su condición de Apoderado Legal del señor Dagoberto Said Zuniga Lagos; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifica el Recurso de Revisión presentado a favor de mi representado, lo anterior por la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, que conlleva una nueva pena para la aplicación de una ley más benigna y favorable en aplicación al principio de retroactividad de la ley, asimismo, se declare extinguida la acción penal, se emita carta de libertad y excarcelación del mismo, ya que corre agregado al expediente 703-2020, la sentencia del Tribunal de Sentencia del folio 157 al 172, sentencia condenatoria firme y objeto de revisión por esta Sala, mediante la cual se le impuso la pena de 20 años más inhabilitación absoluta e interdicción civil; con el nuevo Código Penal en su artículo 239, el delito de Secuestro pasa de 8 a 12 años de reclusión, en consecuencia, considera que se declare ha lugar el recurso a favor de su representado, utilizando el computo emitido por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, que obra a folio 216 del antecedente. El Ministerio Público consideró: Que lo peticionado por el recurrente se encuentra conforme a la Ley, según el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser ésta más benigno al hoy condenado. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: 1) Constancia de antecedentes penales emitida por la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para probar que es el único proceso incoado en su contra; 2) Constancia del Juzgado de Paz Penal de Tegucigalpa, para acreditar que no tiene proceso pendiente o denuncia por falta alguna; 3) Fotocopia de Carnet del Centro Penal de Támara, que acredita que a su representado se le otorgó el beneficio de pre liberación que garantiza sometimiento en el proceso. Acto seguido, se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tiene ningún medio de prueba que ofrecer. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 26-28 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición señala lo siguiente:” Mi representado, el señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, fue condenado a la pena de 20 años de reclusión, más Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, mediante sentencia firme dictada por el Honorable Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Tegucigalpa, en fecha 07 de enero del 2013, por hallarlo responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES y DIRIAN MARIELY ÁVILA ZUNIGA, empezando a cumplir su condena el 07 de mayo del 2009, fecha en que fue aprehendido y a la fecha ha cumplido más de 11 años de reclusión en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en la localidad de “Tamara”. Tomando en consideración que el nuevo Código Penal Vigente, en su artículo 239 establece una pena aplicable al delito de Secuestro de ocho (8) a doce (12) años de prisión, indudablemente la nueva ley penal favorece a mi representado, tomando en cuenta se le aplicó la pena mínima conforme al Código Penal derogado, en consecuencia por aplicación de la analogía en buena parte y por el principio de interpretación Pro Homine se solicita la revisión del quantum de la pena a fin de que a mi representado le sea aplicada la pena mínima aplicable al delito de Secuestro según el Nuevo Código Penal la cual es de ocho (8) años, y siendo que del cómputo de la pena se puede determinar que mi representado efectivamente ha cumplido ya más de once (11) años de estar recluido en la Penitenciaría Nacional, es procedente emitir la correspondiente carta de excarcelación y se extinga la responsabilidad penal de mi patrocinado”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la Audiencia de Oposición. Que la Audiencia de Oposición a la garantía de Revisión se celebró el día tres (03) días del mes de junio de 2021, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRERA, como garantista a favor del ciudadano DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRERA, quien expuso: “Ratifico el recurso de revisión presentado a favor de mi representado, lo anterior por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que conlleva una nueva pena para la aplicación de una ley más benigna y favorable en aplicación al principio de retroactividad de la Ley, mismo que fue presentado en fecha 27/8/2021, es notorio la entrada en vigencia nuevo Código para invocar icho instrumento jurídico favorable a mi representado, lo anterior es criterio esta representación el nuevo código es más favorable la aplicación de la pena para que mi representado sea beneficiario con esta pena, se declare extinguida acción penal, se emita carta de libertad y excarcelación del mismo, ya que corre agregado al expediente 703-2020, la sentencia Tribunal de sentencia 157 al 172 sentencia condenatoria firme y objeto de revisión por esta Sala, impuso pena de 20 años más inhabilitación absoluta e interdicción civil, nuevo código articulo 239 delito secuestro penal de 8 a 12 años, mi representado desde inicio proceso lleva 12 años 10 días de prisión y se le otorgo en fecha 15/5/2021 beneficio pre liberación nuevas reformas Ley del Sistema Penitenciario, por lo que en aplicación de analogía que mi representado le impuso pena mínima el Tribunal en su momento, solicitamos que sea de dicho criterio por consiguiente estaríamos acreditándole que conlleva cumplimiento total de la pena máxima de 132 años, considerados declare ha lugar recurso a favor de mi representado obra folio 216 computo del Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, aplica nuevo código para beneficio de libertad condicional es de menester de esta sala imponer pena beneficiosa a mi representado”.- Seguidamente se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público quien manifestó: “El ministerio publico después de haber escuchado planteamiento del apoderado defensor de hoy condenado Dagoberto Said Zuniga Lagos condenado por el delito de secuestro a una pena de 20 años de reclusión, analizando el argumento expuesto en el cual ha sido fundamentado principio retroactividad de la ley argumentando nueva ley penal es más favorable al condenado, de lo expuesto revisionista hemos observado delito condenado establecida de 20 años a libertad de por vida, nuevo código articulo 239 pena de 8 a 12 años de reclusión, dicho precepto constitucional artículo 96 constitucional, numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional el cual regula el principio de retroactividad de la Ley Penal por ser esta más benigna al hoy condenado”. En virtud de lo expuesto peticiona a la Sala de lo Constitucional que otorgue la garantía constitucional de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal.” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete de enero de dos mil trece, a la pena de 20 AÑOS DE RECLUSION en perjuicio de MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA, como pena principal, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, del Valle de Tamara, Francisco Morazán; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha siete de enero de dos mil trece, mediante la cual se condenó al ciudadano DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-1983. estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIEZ (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, la pena principal de 20 AÑOS de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como cómplice de un delito de SECUESTRO, en perjuicio MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO, previsto en el artículo 239 dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”; más las penas accesorias correspondientes. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva sin agravante la pena abstracta de 8 a 12 años de Prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS. II. Esta sala aprecia del estudio de la sentencia que hoy se revisa que el señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA fue condenado a la pena mínima, ya que el Tribunal Sentenciador no apreció la concurrencia de ninguna circunstancia agravante, haciendo una ponderación en el sentido que al momento de cometer el ilícito el penado era menor de 21 años (primodelicuente). Por lo que en base al principio pro homine esta Sala es del criterio que se debe aplicar la pena mínima. III. Que al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente, verificamos que el condenado está recluido desde el siete de mayo del 2009, concluyendo que tiene más de 12 años de efectiva reclusión a la fecha, por lo tanto, es procedente aplicar lo señalado en el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna y lo estipulado en el artículo 107 numeral 5 del actual Código que señala las causas que extinguen la responsabilidad penal, donde con la nueva pena es patente que el encausado ya habría cumplido su tiempo de condena. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 58, 107 numeral 5 y 239 del Código Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ELVIN NOEL CARRILLO HERRERA, a favor del señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN en fecha siete (07) de enero de dos mil trece (2013); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO AL SEÑOR DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia como cómplice del delito de SECUESTRO, a la pena de 8 años DE PRISIÓN EN PERJUICIO DE MELESIA CRISTINA LICONA RAUDALES Y DIRIAN MARIELY AVILA ZUNIGA, y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena conforme lo estipulado en el artículo 51 del Código Penal Vigente. SEGUNDO: Se CONDENA a las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta. No se observa la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. TERCERO: Ordenar al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán Declarar extinguida la Responsabilidad Penal del condenado DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, por el cumplimiento de la condena por el delito de Secuestro. CUARTO: Ordenar al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán extienda Carta de Libertad Definitiva y Nota de Excarcelación a favor del señor DAGOBERTO SAID ZUNIGA LAGOS, por el cumplimiento de la condena. Las Prohibiciones de Residencia y acercamiento a las víctimas iniciaran cuando el sujeto haya sido puesto en libertad. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-703-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.